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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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24 Febrero 2020 04:05:00
Voluntad política
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La discontinuidad de los planes impulsados por los gobiernos de José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari, y la falta de empuje de los laguneros, más atentos a la suerte del equipo Santos que a los problemas regionales –inseguridad, desabasto de agua, contaminación de los mantos freáticos y escasez de inversión pública y privada– han aplazado la creación del Estado de La Laguna. Sin embargo, “hoy existen condiciones y voluntad política para cumplir un sueño largamente pospuesto”, asegura el exdiputado Carlos Bracho González (PAN), cuya propuesta para dar ese estatus a 20 municipios de Coahuila y Durango, duerme en los archivos del Congreso.

Los vientos que hoy hinchan las velas del estado 33, a los cuales se ha referido el diputado Porfirio Muñoz Ledo (Espacio 4, 633), son de la democracia y provienen del Congreso y acaso también de Palacio Nacional. La tarea de organizarse en movimiento social verdadero y de emprender las acciones necesarias para lograr su objetivo corresponden a los laguneros. Así lo entiende Bracho. “La iniciativa para constituir el Estado de La Laguna –argumenta– obedece a una lógica histórica, no a un capricho; incluso en el siglo 18 se le denominaba “país de La Laguna”.

Detrás de la división territorial y política de la comarca, el exlegislador del PAN advierte intereses políticos y económicos. Las constituciones de Coahuila y Durango separan y dificultan el orden y la planeación en cuestiones de seguridad, educación e infraestructura. Los gobiernos de Coahuila y Durango –dice– no son culpables de la situación, pero deben entender que administran municipios de una misma región cuyas necesidades no han sido debidamente atendidas por las respectivas capitales, señala en la entrevista realizada en sus oficinas de Grupo Cimaco, donde funge como director Comercial.

El hecho de tener un Gobernador lagunero y de que al mismo tiempo cobre fuerza el movimiento por el Estado de La Laguna es circunstancial, afirma. Si Miguel Riquelme tiene sensibilidad regional, hablaría con su homólogo de Durango (José Rosas Aispuro) para crear un marco jurídico especial y afrontar los problemas de otra manera. Pero si en el proyecto del Metrobús no pudieron trabajar unidos, menos en asuntos de mayor calado. Los alcaldes y los diputados deben fijar postura sin necesidad de ser presionados por la sociedad, apunta.

Después de décadas de andar a la brega, de luchas incomprendidas, de soportar contracampañas y el desdén de presidentes y gobernadores, los promotores del estado 33 (Ciudad de México es el 32 hace cinco años) tienen hoy motivos fundados para el optimismo. Los cambios recientes a la Constitución federal y la voluntad política expresada por una gente cercana al presidente López Obrador, como es el diputado Muñoz Ledo (Morena), posibilitan el nuevo estado.

Máxime porque la actual Legislatura federal abrió las puertas para que la población se exprese libremente sobre el tema, declara Bracho, cuya iniciativa sobre el Estado de La Laguna, presentada en 2007, fue enviada a la congeladora. Si los gobiernos diseñaran políticas públicas para vincular y generar beneficios regionales, no habría necesidad de crear nuevas entidades, comenta. “En México las cosas fluyen con mayor facilidad cuando el Presidente está de acuerdo”, dice. Y AMLO parece estarlo con respecto al estado lagunero.
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