Tal parece que la voz del pueblo ha dejado de respaldar al Presidente. Lo anterior porque en las últimas fechas, este de una u otra forma le ha hecho sentir su total rechazo respecto a los feminicidios ocurridos en el país, los cuales deben decirle que si hay algo que le falta a su Gobierno, lo son precisamente políticas públicas que eviten que se sigan cometiendo crímenes contra niñas y mujeres y que logren una sociedad con justicia de género. Es decir, que si hay algo que está faltando a la actual Administración federal, lo son sin duda, el diseño de estas políticas públicas eficaces con perspectiva de género.

Para quien duda de lo anterior y considera que estas expresiones de reclamo al Presidente son injustas, y que como dice él, los feminicidios son la consecuencia de años y años de neoliberalismo podrido y no por la falta de políticas públicas con perspectiva de género en el Gobierno actual, debo aclararle lo siguiente:

En primer término, la perspectiva de género es el enfoque que debe dársele a cualquier acción que reconozca las desigualdades en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, y que por el contrario te obliga a ver el mundo consciente de estas diferencias en sus contextos. Lo que te exige no tratarlos igual, ya que hay un principio de justicia que dice: “Tratar igual a los desiguales, es injusto” y no lo contrario, como pretenden hacernos creer.

Además, políticas públicas, es cualquier programa de Gobierno o intervención de un órgano del Estado que tiene por objeto resolver un problema, para lo cual debe diseñar una política para atenderlo. Entonces, ¿a qué se refieren las políticas públicas con perspectiva de género? Pues precisamente a políticas públicas en las cuales desde su diseño se toma en cuenta la desigualdad entre hombres y mujeres.

¿Porque decimos que este Gobierno no tiene políticas con perspectiva de género? pues porque desde su llegada ha fijado su estrategia en tres programas rectores, los que sin duda han lastimado más a las mujeres que a cualquier otra persona.

¿No me cree?, veamos esto: la política de austeridad –que consiste en reducir presupuesto de cabo a rabo en el gasto del Gobierno federal– no tomó en cuenta que esa reducción afectó a las mujeres porque acabó con los refugios de mujeres maltratadas, programas de igualdad laboral y con las guarderías; en política anticorrupción –que al final consistió no en resolver la corrupción, sino en quitar de tajo cualquier programa en el que hubiera corrupción– afectó a las estancias infantiles, a pesar de que tenían un buen efecto de incorporación laboral de las mujeres, mismo que se perdió con su desaparición.

Por último, Jóvenes construyendo el futuro. Este programa jamás consideró que antes de dar dinero a los jóvenes para incorporarse a ciertos puestos, debió tomar en cuenta que también el cuidado de los hijos y de los viejos es un trabajo que debe ser pagado y que mayormente son mujeres las que los desempeñan, por lo que sin flexibilizar horarios desde la Ley laboral, sin guarderías y sin licencias de maternidad, son poco aprovechables para las mujeres.

Entonces, decir que las manifestaciones que recién han surgido carecen de legitimidad y son propiciadas por los enemigos políticos del Presidente, es tanto como decir que el desdén con el que el Gobierno trata el tema, tampoco es violencia de Estado.

Debo reconocer que los lamentables casos de las niñas Fátima en Tláhuac, Ciudad de México, y el de Karol Nahomi, en esta ciudad, me han conmovido como pocos. Lo anterior quizá sea porque, digan lo que digan, ninguno de los casos es aislado, lo que nos debe llevar a considerar que hoy más que nunca, a cualquiera puede sucederle algo similar, y eso me llena de miedo. Por desgracia, en la actualidad no existen en verdad acciones por parte del Estado mexicano que realmente puedan garantizar la seguridad de los niños ni en las escuelas, ni en las calles, ni en sus casas. Por el contrario, y lejos de buscar un remedio, nuestro Gobierno se permite lanzar como respuesta cualquier excusa u ocurrencia, como si lo sucedido fuese poca cosa.

Estoy seguro que a más de uno, estos hechos nos quitaron el aliento al punto de no poder contener las lágrimas, y cómo no, si basta cerrar los ojos para recordar la sonrisa inocente de Fátima quien, sin presentir su destino, confiada buscaba platicar y jugar mientras caminaba, aferrada a la mano de la mujer que más tarde la entregaría para ser asesinada de una horrible manera; o la imagen tierna de Karol, a quien por descuidos u omisiones quizá no intencionales por parte de su madre, se le redujo su tiempo de vida a unos cuantos meses.

Sin duda, la circunstancia de cada una de ellas era distinta, eso debe aceptarse, como cierto es también que ambas eran por demás inocentes y no merecían un final así, y que a las dos les faltó atención por parte de todos; ninguna de ellas fue debidamente cuidada por nosotros como sociedad, y no lo digo por crear una frase más, sino que lo digo con el ánimo de sacudir en verdad a esta sociedad que, por consecuencia de su apatía, día a día causa la muerte de decenas de inocentes como sucedió con Fátima y Nahomi.

Desde hace muchos años los ciudadanos hemos venido permitiendo que gobiernos vengan y vayan, sin exigirles efectivamente políticas públicas encaminadas a erradicar de tajo la violencia contra los menores, nunca hemos siquiera buscado castigar a los gobernantes que permitieron esas agresiones contra los niños. Por culpa nuestra, en la época de Calderón murieron asesinados más de 4 mil niños, y nadie hizo nada; con Peña Nieto 15 mil niños y adolescentes fueron liquidados por cualquier causa, y aún así muchos votaron por el mismo régimen a su salida, y en el sexenio del actual Presidente van cerca de 900 niños que han sido asesinados, y a pesar de ello, hay muchos que le siguen aplaudiendo.

Así pues, y por si lo anterior aún no le hace sentir culpable, debo mencionarle que por causa de la desidia de nuestra sociedad, según los datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), la violencia que sufren nuestros niños y adolescentes, en sus distintas formas de expresión, se ha incrementado hasta hoy, y desde hace cinco años, 85%, siendo la violencia psicológica, la sexual, la económica y la generada por el abandono o la negligencia, las más comunes y las más letales. Incluso, este organismo asegura que de seguir las cosas como están, es decir con nuestra permisividad, para el final del presente sexenio podrían morir cerca de 26 mil niños por causa de violencia, esto es que, si en verdad queremos bienestar y seguridad para nuestros hijos, no esperemos nada si no superamos nuestra dejadez, o lo que es lo mismo, todos somos culpables.

Sin duda es difícil abordar en este día lleno de romanticismo cualquier tema relacionado con la política, pero como el deber llama, me obliga a desarrollar esta columna de tal naturaleza. Sin embargo, y con ánimo de abonar a esta tan bella fecha, intentaré abordar únicamente temas en los cuales el amor, la amistad y el romanticismo lograron derribar cualquier barrera para encontrar su consolidación.

En primer término, debo referirme a la recién entronizada concedida al exdirigente del PAN en Coahuila, Bernardo González Morales, a quien el Congreso del Estado designó como nuevo magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Lo anterior, a propuesta del mismo gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, a pesar de que el panista, desde que asumió la presidencia de Acción Nacional en Coahuila, aprovechando su afición por conseguir los reflectores, se convirtió en el principal acusador de los últimos gobiernos priistas en el estado. Inclusive, fue quien más protestó el triunfo del actual Gobernador, dejando sentir su disconformidad con sendos juicios electorales con los cuales cuestionaba la legalidad de aquella jornada comicial.

Pues bien, y a pesar de eso, algo tuvo que pasar para que de pronto, y sin que nadie lo esperara, el que fuera su contrincante lo propusiera ahora para el puesto de magistrado, espacio en el cual, todos sabemos, no se hace otra cosa más que gozar de las mieles del presupuesto, incluso antes de impartir justicia. Sin duda este es un caso sin igual, en el cual el rencor, la animadversión y otros tantos malos sentimientos, fueron superados por la amistad, el entendimiento y la buena voluntad.

Así pues, y para quien dude de que los buenos sentimientos siempre prevalecen, les invito a que analicemos los resultados que traen este tipo de nombramientos en nuestro Poder Judicial local, ya que si al anterior hecho le agregamos que en recientes fechas e igualmente gracias al afecto, también se nombró como magistrado a otra persona que, igual que Bernardo, poca idea tiene de lo que es impartir justicia desde una magistratura, este al igual que el otro es bueno para retratar en los medios de comunicación y tiene una trayectoria por demás sensible. Fue director y miembro fundador de un organismo de nombre Academia Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene como principal objetivo desarrollar actividades académicas, artísticas, culturales, sociales y políticas para enaltecer cualquier concepto relacionado con los derechos humanos. Además, este organismo prepara y realiza la entrega del Premio Interamericano de Derechos Humanos y del premio Arte DDHH, entre otros... ¡Mejor, imposible!

Me refiero al ahora magistrado Luis Efrén Ríos Vega, el cual desde su arribo al cargo, rendidamente ha insistido en que lo único que le falta al Poder Judicial para lograr su funcionalidad, lo es el transparentar y publicar en las redes sociales las resoluciones que ahí se dicten. Como si lo anterior ayudara a los magistrados a dictar sentencias más apegadas a derecho y a la justicia. Así pues, y con estos hermosos ejemplos, es imposible dejar de creer en los valores que hoy se festejan. Disfrutemos pues de estos días.

Por desgracia seremos solo dos los estados de la República que celebraremos elecciones en este año 2020. En estas votaciones se elegirán diputaciones del Congreso local de Coahuila y Ayuntamientos de Hidalgo el próximo 7 de junio.

Y digo que por desgracia, dado que a la par de que se desarrolle nuestro proceso electoral local, el Instituto Nacional Electoral (INE), estará enfrentando una de sus más importantes transformaciones, y creo la más delicada, por la cuestión de darse en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y es que en abril próximo, cuatro de sus 11 consejeros electorales serán relevados y la Cámara de Diputados será la encargada de designarlos.

Y es que, para nadie es oculto, que ahora mismo el INE enfrenta un ambiente incierto por los recortes presupuestales y los constantes embates del Presidente, los cuales seguramente tienen como único propósito el de someter la voluntad de sus integrantes, y como no, si serán estos nuevos consejeros los que tendrán que organizar las elecciones intermedias para 2021, es decir las elecciones más importantes para el Presidente, dado que el resultado de las mismas traerá a un Poder Legislativo que pudiera significar o no el único contrapeso en su Gobierno.

Así pues, en este mes de febrero el proceso de elección de los cuatro consejeros empieza con la emisión de la respectiva convocatoria para que los aspirantes al puesto registren su solicitud. Entonces será en esta etapa cuando Morena y el Presidente promuevan a los personajes que consideran idóneos –los cuales sin problema llegarán dada la mayoría que tienen en el Congreso–. Una vez realizado lo anterior, estos nuevos consejeros se dedicarán a acomodar los procesos electorales venideros.

Por si lo anterior fuera poca mala noticia, debo mencionar que en 2023 habrá otro proceso de renovación de otras cuatro posiciones en el Consejo General, solo que ahora se trata del mismísimo consejero presidente actual, el doctor Lorenzo Córdova y de otros tres consejeros, que se distinguen por ser poco coincidentes con AMLO. Es decir, que de darse el supuesto de la imposición de los primeros cuatro consejeros, lo demás será un mero trámite para nuestro Presidente y el partido gobernante.

No quiero ser ave de mal agüero, pero por alguna extraña causa, esta elección de nuevos consejeros del INE, me trae a la mente lo sucedido en el Senado con el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat, cuestionados por su cercanía con el Presidente; pero también me recuerda a la manera en que fue nombrada Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); incluso me recuerda al método utilizado para seleccionar a los miembros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) todo esto, en el pequeño tiempo que tiene gobernando la llamada 4T.

Entonces con lo anterior, a los coahuilenses no nos resta más que estar bastante pendientes del desarrollo de todas estas elecciones, dado que del resultado de las mismas dependerá la supervivencia de la democracia, que ahora más que nunca depende de nuestra participación, esto ante la evidente desaparición de verdaderos equilibrios en el ejercicio del Gobierno, y lo digo porque la posibilidad de aniquilarla amenaza en todos lados.

Fue un 20 de enero del 2016, cuando el columnista, periodista y académico, Sergio Aguayo, osó publicar en el periódico Reforma una opinión respecto a la pasividad del Gobierno de entonces para enfrentar la corrupción, refiriéndose de manera concreta al caso del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés. Lo anterior se dio luego de la detención de este en Madrid por la presunta comisión de varios delitos, cargos que no le han sido hasta hoy demostrados.

“Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”. Fue literalmente el texto que utilizó el columnista y la principal causa de molestia del exgobernador coahuilense, según se establece en las narraciones de hechos que sirvieron de argumento en la demanda por daños morales, que interpuso luego Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, y que ahora ganó por 10 millones de pesos, por concepto de reparación.

La defensa de Aguayo, que ya ha depositado 450 mil pesos como garantía para evitar embargos a su patrimonio, asegura que el magistrado juzgador funda mal su condena, que tiene conflictos de interés y que incluso fue Humberto Moreira quien cuantificó su indemnización, sin demostrar el menoscabo a su honorabilidad por tal cantidad.

En resumen, el periodista condenado alega una serie de violaciones al procedimiento, algunas de carácter legal y otras tantas morales, sin embargo lo cierto es que, el Gobierno de Coahuila durante el mandato de Moreira, siempre observó sospechas de corrupción. La deuda pública del Estado se disparó a más de 30 mil millones de pesos, de los cuales solo la mitad fue acreditada ante la Auditoría Superior coahuilense, pero además 18 mil millones se contrataron con documentos falsos y sin la autorización del Congreso local, es decir, que por lo menos la mitad de la deuda es ilegal.

De igual forma, en tiempo de Humberto Moreira el estado sufrió un incremento de la violencia del crimen organizado y estuvo azorado por la delincuencia; Javier Villarreal, quien era su jefe de Finanzas, fue declarado culpable en Estados Unidos por lavado de dinero que extrajo del erario de Coahuila. Un empresario conocido como “El Rey de los Dragones”, confesó en Texas que en los años de Humberto Moreira como Gobernador, dio dinero a cambio de contratos para pavimentación en carreteras de Coahuila; A Jorge Torres López, quien lo sustituyó en el cargo de Gobernador y que era su secretario de Desarrollo Social y de Finanzas lo extraditaron a EU, con cargos por lavado de dinero, en octubre pasado.

En fin, es difícil opinar con certeza si la sentencia que condena al periodista es verdaderamente un acto de aplicación de derecho, o bien es un golpe seco a la libertad de expresión, dado que no conozco a plenitud el expediente formado al caso, pero lo que sí sé, es que este fallo servirá demasiado a quienes ahora pretender aplicar su voluntad sin encontrar cualquier contrapeso, a quienes a pesar de hacer mal las cosas detestan ser criticados, a aquellos a quienes les incomodan las críticas por considerarse infalibles, incluso a quienes ya preparan alianzas con estos que en otros tiempos en que si se podía, fueron descubiertos y criticados.

Fue el 27 de mayo del 2019, en la actual Administración federal, cuando en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, un grupo armado de por lo menos tres hombres entró a la casa de Gabriela Johana Ríos Blancarte, de 17 años, para sacarla por la fuerza de su domicilio, subirla a una camioneta dorada y llevársela con rumbo desconocido, todo esto en presencia de sus padres, María del Refugio Blancarte y Martín Omar Ríos, quienes poco pudieron hacer.

Por desgracia, y después de ocho meses de suplicar ayuda en la búsqueda de su menor hija, el pasado 11 de enero, la madre de Gabriela Johana, la señora Refugio, murió de tristeza e impotencia sin recibir noticia alguna del paradero de su hija, pero lo peor, sin escuchar siquiera una palabra de compromiso por parte del Gobierno federal, el cual seguramente ni por enterado se quiso dar.

Así pues, y en ese mismo contexto, el día de ayer el activista Javier Sicilia, a quien le mataron a su hijo Juan Francisco, en Temixco, Morelos, hace nueve años; los hermanos Julián y Adrián LeBarón, a quienes también, el 4 de noviembre del 2019, les asesinaran a nueve integrantes de sus familias, de las cuales seis eran menores de edad, en Sonora, y un buen número de organizaciones y colectivos de personas desaparecidas iniciaron la Caminata por la Verdad, Justicia y Paz. Esta caravana empezó en la Paloma de la Paz, en Cuernavaca, Morelos, y se dirige rumbo a la Ciudad de México.

Adrián LeBarón, movido quizá por la incertidumbre que causa la ambigua conducta del Presidente de México en los temas de seguridad, no dio el primer paso sin aclarar que esa movilización no es por nada en contra del Gobierno, sino que es un movimiento que intenta unificar una fuerza ciudadana contra la delincuencia organizada, ya que, mencionó, la muerte de su hija Ronita provocó que le cambiara su visión sobre el entorno.

Por su parte, y seguramente con el mismo terror, Javier Sicilia aseguró que esta caravana no tiene mayores exigencias ni nuevas propuestas para el Presidente más que las ya aceptadas por su Gobierno en el arranque de esta Administración, y que parece ya olvidó, esto a pesar de que la promesa de ayudar a las familias que desde hace mucho tiempo claman por justicia fue mil veces ratificada por el actual Mandatario cuando estuvo en campaña.

A pesar de lo anterior y la evidente intención de atenuar sus reclamos para no hacer enojar al Presidente, los integrantes de este movimiento por la paz con justicia y dignidad, no encontraron ninguna atención por parte del mismo, ya que desde el lunes pasado, Andrés Manuel aseguró que no recibirá a los integrantes de la caravana, y por el contrario dijo que para cuidar la investidura presidencial y no caer en “show”, quien los recibirá serán los miembros del gabinete de seguridad federal.

Tal parece que para AMLO nada significan los más de 30 mil homicidios, las 66 mil personas desaparecidas, las más de 3 mil fosas clandestinas y el millón de desplazados por la violencia, generado todo en esta su Administración, ya que para él, lo único verdaderamente importante es seguir explotando su popularidad, la cual cada día alimenta con una nueva ocurrencia, como pensando que los mexicanos no hemos caído en cuenta que, cada día más, su manera de gobernar se convierte en un cruel y calculado verdadero show.

Sin ánimo de crear más debate en torno a los lamentables sucesos del pasado 10 de enero, donde un niño de apenas 11 años mató de un tiro a una maestra y dejó heridos a varios de sus compañeros, antes de quitarse la vida en un colegio de Torreón, en esta intervención me permitiré expresar otro punto de vista al respecto.

Debo mencionar que soy consciente de que este punto de vista muy probablemente solo servirá para sumarse al montón de opiniones que se han venido vertiendo por todos aquellos que se sientes aptos, facultados o conocedores del tema y que creen tener algo que aportar al mismo, y que en la realidad en los hechos esos comentarios –como el mío– en nada remediaran lo ya sucedido. Así pues y a pesar de eso, me siento obligado a hacerlo.

En primer término, debo mencionar que estoy en franco desacuerdo con los titulares y funcionarios de las administraciones públicas respecto a que lo importante por ahora es buscar un forzoso culpable, y es que por consecuencia de esta errónea percepción, el Estado acusador, se ha dedicado a castigar inocentes al punto de mandar aprender al abuelo del menor por tener armas en su domicilio y una gruesa cuenta bancaria, logrando con eso someter al escarnio público al resto de su doliente familia, esto como una supuesta principal acción de justicia.

Para fundamentar mi desacuerdo debo mencionar que el Artículo 4º constitucional dice en tres de sus párrafos, que a la letra rezan: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.

Como es de verse en dicho precepto constitucional, la obligación primordial de velar y garantizar el desarrollo integral de un menor de edad corresponde ineludiblemente al Estado, sin posibilidad de una diversa interpretación, ya que en el mismo Artículo se establece que, “el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.

Es decir que los padres como particulares, solo son coadyuvantes en la observancia del desarrollo integral y óptimo del menor, dado que su mayor obligación, según el mismo numeral, lo es el de exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

Entonces, es necesario concluir, que quien debió velar por el desarrollo integral del menor, es decir, por el completo desarrollo óptimo del protagonista de estos lamentables hechos, es el mismo Estado, este que se ha volcado a investigar la vida privada de todos los integrantes de su familia, como queriendo despistar a la justicia, para que esta no concluya que sí existe un verdadero culpable por el delito de omisión, y que lo es precisamente él. O lo que es lo mismo, el acusador resultó ser el culpable.

Muy acorde con la austeridad republicana de AMLO, y para sorpresa de todos, el pasado 11 de diciembre del 2019 el diputado Juan Antonio García Villa, del grupo parlamentario del PAN, presentó una iniciativa con proyecto de decreto ante el Pleno del Congreso del Estado, con la cual pretende se derogue el artículo 100 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila.

Este artículo que busca quitar, establece en el primero de sus párrafos que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de los tribunales especializados y de los tribunales distritales, al final de su respectiva gestión, tendrán derecho a un “haber por retiro”, que comprenderá las percepciones de por lo menos un año, según corresponda, así como a las demás prestaciones legales. Es decir, que dicha canonjía es una prestación adicional a la pensión jubilatoria, o lo que es lo mismo, pudiera considerarse como un bono extra o gratificación por buena gente. Debo mencionar que ya en la práctica dicho “haber por retiro” o prestación adicional, se eleva a la cantidad de un millón 545 mil pesos. Como si el horno estuviera para bollos.

Debo mencionar que los diputados panistas, muy metidos ahora en su papel de defensores de la economía coahuilense, y con todo el ánimo de suplir las omisiones y carencias evidentes de los legisladores morenistas que jamás dieron señales de vida, y que se supone debieran abanderar esta iniciativa, por aquello de la disminución del gasto público que tanto promueve su Presidente, fundaron su petición de derogar este complaciente artículo, en el simple razonamiento de que, desde la misma promulgación del precepto, absolutamente nadie se dio a la tarea de explicar cuál había sido la razón que motivó a aquella legislatura para incluir semejante prestación en la ley, es decir, que jamás se dijo por qué era necesario dar esa prestación a los magistrados o bien, por lo menos, que dijeran cuál sería el beneficio social que traería aquella tierna y bien intencionada acción.

Es necesario recordar que este famoso artículo 100 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila, fue una de las principales novedades que contenía aquella iniciativa de ley recibida por nuestro Congreso el 11 de diciembre de 2007, la cual fue enviada por el entonces gobernador Humberto Moreira Valdés a complacencia y como un buen favor, en el mejor de los casos, hacia el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Iniciativa dictaminada de inmediato por la comisión respectiva en fecha del 17 de diciembre del mismo año y aprobada por el Pleno del Congreso, extrañamente, al día siguiente. De igual forma es de recordar que la misma iniciativa propuso modificaciones a 94 artículos de dicha ley orgánica, así como la derogación de 11 numerales y la adición de 6 nuevos, en su mayoría cuestionables tal cual sucede con este 100 Bis.

Así pues, con esta acción se hace evidente que en nuestro estado aún faltan muchas cosas por descubrir y por hacer en materia de reducción de gastos excesivos y despilfarros en las instituciones gubernamentales, y en este caso tocó al Poder Judicial, en el cual, por desgracia, si hay algo que le caracteriza lo es precisamente la falta de recursos económicos que lo mantiene postrado en la disfuncionalidad y la ineficiencia.

Es necesario hablar del nuevo proceso electoral en nuestro estado, el cual seguramente será noticia de principio a fin, mismo que debiera ser el próximo 7 de junio, esto si no le prosiguen sendos juicios electorales por inconformidades o quejas de los actores, ya sea por resultados adversos o bien, por hechos no convenientes suscitados el día de la jornada electoral o antes, cosa que se ve muy difícil que suceda y me refiero a que concluya el día en que la ley lo establece.

Entonces, debo empezar por mencionar que fue el primer día de este año, o sea hace tres días, la fecha en que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio inicio de manera oficial a este proceso comicial mediante el cual los coahuilenses elegiremos a 25 candidatos a diputados, de los que solo 16 ocuparán una silla en nuestro Congreso local por el principio de mayoría relativa y los nueve restantes lo harán a través de la representación proporcional. Por tal motivo, el Consejo General del IEC realizó la respectiva sesión solemne en la que declaró la inauguración del proceso electoral local ordinario del 2020.

Así pues, y dada la condición sociopolítica que actualmente se vive, este nuevo proceso electoral aunque local, podrá significar una prueba dura tanto para los institutos electorales, como para los partidos políticos participantes, en especial para los que actualmente gobiernan tanto en lo federal como en lo local, y no lo digo porque por primera vez en la historia se utilizarán algunas urnas electrónicas, sino porque desgraciadamente, y respecto a los órganos electorales, si hay algo que peligra en esta elección, lo es precisamente su permanencia; lo anterior, dado que, desde que llegó la 4T, están amenazados de muerte, así que deberán tener mucho cuidado de no equivocarse en nada, o de lo contrario darán el motivo perfecto al nuevo régimen gobernante para desaparecerlos del escenario, o por lo menos robarles su autonomía, lo que en términos reales significaría lo mismo.

En cuanto a los partidos políticos gobernantes, este proceso representará una inevitable medición de su fuerza, ya que en esta, o se consolidan, o se van, es decir, que para el PRI la pérdida de cualquier posición en el Congreso del Estado puede representar el inicio del declive en la entidad y por ser el anuncio de subsecuentes derrotas en próximas elecciones, mientras que para Morena, la disminución en los porcentajes de votación a su favor, evidenciaría que los triunfos obtenidos en las últimas elecciones en nuestro estado, no fueron otra cosa que una verdadera chiripada o mera casualidad para no ofender a nadie, y lo peor, harían ver que el desempeño de los personajes electos en procesos pasados de este partido, en nada ayudó a esa causa, o lo que es lo mismo, que de poco o nada sirvieron a los coahuilenses que por alguna causa votaron por ellos.

Entonces, por todo lo anterior, recomiendo al electorado agarrar un buen asiento para seguir muy de cerca todo lo que sucederá en este proceso electoral que ya arrancó, y que necesitará de su participación para hacer sentir a los actores políticos que quienes verdaderamente mandan y definen el futuro de todos lo somos nosotros los ciudadanos, y no al revés, como desgraciadamente muchos de ellos jactanciosamente lo consideran.

La semana pasada Armando Plata Sandoval, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), dio cumplimiento a una sentencia emitida por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), así como del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), respecto a la obligación del Estado de informar los pormenores de la deuda pública de Coahuila, es decir, los montos reales de la deuda, los pagos realizados, la aplicación concreta de los mismos, y el saldo actual de dicho pasivo.

El auditor estatal dio a conocer que la deuda no ha bajado, y que a pesar de que entre el 2012 y 2018 el Gobierno ha pagado más de 30 mil millones de pesos al servicio de la misma, es decir, a las instituciones bancarias y a los asesores, el monto de esta lejos de disminuir en algo, se ha incrementado.

Y es que, según explicó el titular de la ASE en un informe especial, de esos 30 mil 806 millones de pesos que hemos dado a los acreedores, solo se han destinado 5 mil 994 millones al pago parcial del capital, y que el resto se ha consignado al supuesto pago de intereses, gastos de reestructuras, comisiones y coberturas, es decir, que el dinero pagado, en su mayoría se hizo de agua.

Sin embargo, no todo es malo respecto a la información dada por el auditor estatal, ya que anunció que en aquel tiempo en que se descubrió el monto de la deuda, ta0mbién se supo que de la misma, por lo menos 18 mil millones se contrataron con documentos falsos y sin la autorización del Congreso local, es decir, que por lo menos la mitad de la deuda es ilegal y que por tal motivo y desde entonces se presentaron sendas denuncias en contra de los responsables de dicha transa ilícita, pero que por causas de la mala justicia por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia de Estado, y de los ministerios públicos de aquel tiempo, dichas denuncias fueron desechadas mediante acuerdos de no ejercicio de la acción penal, por no encontrarse elementos suficientes para consignarlas, pero que estos injustos acuerdos no quedaron firmes gracias a 12 amparos solicitados por esta auditoría, los cuales fueron concedidos todos por un juez federal.

Entonces, de ser cierto lo dicho por el auditor del Estado, respecto a las denuncias y los amparos favorables, estaríamos ante una clara posibilidad de que, por fin, los responsables de ese megafraude paguen por sus conductas, ya que con estos amparos se obliga a la actual Fiscalía del Estado a retomar las denuncias contra los autores de la megadeuda, además se tendría que dar parte de este ilícito a la recién creada Fiscalía Anticorrupción de nuestro estado, la cual debe investigar desde ahora, dada la vigencia de las denuncias. Pero además, sumémosle que gracias a las nuevas reglas que en materia de corrupción ha decretado la 4T, ahora sí la Fiscalía General de la República deberá procurar el castigo a los delincuentes, sin necesidad de que el Estado se lo solicite.

En resumen, respecto a la megadeuda de Coahuila, tal parece que por fin los coahuilenses podremos encontrar justicia, ya que para lograrlo solo basta la voluntad de nuestros gobernantes, o la aplicación de la ley, por lo que solo nos resta esperar que nuestro Gobierno estatal y la 4T nos demuestren que lo que nos han ofrecido es en realidad un verdadero cambio. O lo que es lo mismo, ¡ya lo veremos!

Como nunca, y gracias a una resolución emitida por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), que a su vez cumple una sentencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), en días pasados, y sin pelos en la lengua, Armando Plata Sandoval, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), aprovechó la entrega que hizo al Congreso local de su Informe Anual de Resultados correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública de 2018, y se refirió a los pormenores de la deuda pública estatal, en un informe especial con el que confirmó lo que todos los coahuilenses temíamos: la deuda de nuestro estado lejos de bajar, a la fecha asciende a más de 37 mil millones de pesos.

En dicho informe, el auditor estatal dio a conocer que a pesar de que entre 2012 y 2018 el Gobierno de Coahuila ha pagado más de 30 mil millones de pesos al servicio de la deuda pública estatal, es decir, a las instituciones bancarias y a los asesores, el monto de dicha deuda no se ha logrado disminuir en nada.

Lo anterior, dado que de esos 30 mil 806 millones de pesos, 21 mil 516 millones de pesos se fueron en pago de intereses, 5 mil 994 en amortizaciones a capital, y el resto se gastó en reestructuras, comisiones y coberturas, o lo que es lo mismo, el dinero pagado se hizo de agua.

Por si los anteriores datos no lograron en usted el efecto de una buena patada en salva sea la parte de su cuerpo, déjeme decirle que en dicho informe, la ASE reconoció también que de 2012 a 2018, el monto de la deuda pública estatal ha venido cobrando por lo menos 79% del presupuesto total del estado en esos años, y que en los primeros se llevó hasta un 111% de nuestro capital total, lo que en verdad, significa que nuestro estado se encuentra en la verdadera ruina.

Así pues, y con el fin de atenuar los aterradores efectos de su informe, el auditor superior del Estado aseguró que aún existen tres denuncias pendientes de resolución, las cuales fueron presentadas en contra de quienes adquirieron esta ilegal deuda.

Además, hay 12 amparos ganados por la ASE, en contra de los acuerdos de “no ejercicio de la acción penal” que fueran dictados a contra justicia por la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, dentro de las averiguaciones abiertas en contra de los autores de esta descarada “megadeuda”.

Acuerdos, que, por cierto, fueron bien aprovechados por los endeudadores para poner tierra de por medio o para dormir tranquilos como si nada hubieran hecho, lo anterior a pesar de que, de acuerdo con la ASE, de los 36 mil millones de pesos adquiridos entre 2005 y 2011, al menos 18 mil millones se contrataron con documentos falsos y sin la autorización del Congreso local, es decir de manera ilícita.

En resumen, desde 2012 los coahuilenses hemos venido pagando una deuda ilegal que consume la mayor parte de nuestro presupuesto, sin que a la fecha se haya castigado a ninguno de los culpables de tenernos en estas precarias condiciones. Sin embargo y a diferencia de ellos, nuestro estado a sabiendas de que la deuda es ilegal, ha cumplido a cabalidad con sus respectivos pagos, a pesar de que por hacerlo corra el riesgo de quedarse con casi nada. Pero no todo es malo…

Continuará.

Este miércoles, el pleno del Congreso Local aprobó modificar el Artículo 57 del Código Penal del Estado, para permitir la legítima defensa privilegiada, con lo cual se podrá evitar la punibilidad de un ciudadano que cause lesiones o muerte a quien le ataque o irrumpa en un domicilio y ponga en riesgo la seguridad de él y de los suyos.

Al final de la sesión el artículo relativo quedó más o menos redactado de la siguiente manera: “Se considerará que obra en defensa legítima quien cause cualquier daño, lesión o prive de la vida a un extraño, siempre y cuando este extraño, sin motivo, ponga en peligro la vida o la integridad corporal. La persona podrá considerarse en peligro si un tercero entra a su domicilio o intenta penetrar, sin causa lícita”.

Luego de esta acción y como suele suceder, las posturas de quienes se dicen especialistas se dividieron entre quienes aprueban esta modificación al Código Penal y quienes piensan que esa no es la solución al problema de violencia.

En este tenor, hubo incluso, quienes se animaron a decir que esta figura jurídica pudiera traducirse como una “licencia para matar”, y que dicha modificación a la legislación penal es más bien una salida fácil ante un problema que es mucho más complicado, pues se debería atacar a la violencia desde la prevención del delito.

Por otro lado, los que consideran acertada esta reforma, aseguran que esta posibilidad de aniquilar o herir a discreción a cualquier atacante otorga mayor certeza jurídica a la víctima que busca defender a su familia, patrimonio o integridad, ante una agresión o allanamiento malintencionado.

La realidad de las cosas es que, no es la primera vez que en nuestro estado y en nuestra nación se puede observar como atenuante de delito la legítima defensa, ya que siempre ha procedido esta consideración para el inculpado, aun habiendo lesiones o muerte.

Entonces, es evidente que por nada debe considerarse esta posibilidad como una nueva licencia para matar, y la prueba está en la diversidad de sentencias y razonamiento de los tribunales colegiados, y de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde hace muchos años permiten la absolución de quien ante una amenaza latente, cause la muerte de su atacante por consecuencia de protegerse o defenderse.

Así pues, y al no ser esta una autorización real para hacerse justicia por propia mano, ni ser tampoco una licencia para matar, o por lo menos un permiso para los excesos en la defensa contra el delincuente; entonces lo único y realmente peligroso de esta nueva reforma lo será que, en cualquier caso, nuestros flamantes agentes coahuilenses del Ministerio Público, podrán determinar a ojo de buen cubero y en primer lugar, quién es la víctima, para proceder entonces a representarlo, ordenar luego las brillantes averiguaciones que realizarán los detectives de nuestra infalible Fiscalía y según la vea, echar mano de esta nueva figura legal, tratando de probar a un juez si en determinado caso, se cumplieron o no los requisitos de la legítima defensa. Bastante aterrador el panorama, o lo que es lo mismo, ¡mejor así nos hubiéramos quedado!

Para nadie es un secreto, que para el empresario minero Armando Guadiana Tijerina, lo único importante en su labor como senador, es el defender sus intereses económicos y los de su sector empresarial.

Por este motivo desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el año pasado que en su Gobierno no se usaría el método de fractura hidráulica –conocida como fracking– para extraer hidrocarburos, el senador Guadiana no ha dudado en defender en cualquier escenario el uso de esta técnica, a la que cataloga como la mejor en las formas de extracción.

Para quien no lo recuerde, el fracking es la abreviatura de fracturación hidráulica, y es un proceso usado para extraer petróleo y gas natural de depósitos inaccesibles subterráneos.

Consiste en la perforación profunda de un pozo recto al principio y después en curva horizontal, en forma de L, el cual es llenado luego con una mezcla de agua, químicos y arena, misma que es bombeada dentro del pozo a muy alta presión, para lograr con esto la fractura de las capas de las rocas por encima y debajo del pozo, entonces el gas o petróleo en la roca sube a la superficie junto con el agua, y así es extraído
el combustible.

El problema viene cuando esa mezcla química regresa ya contaminada con metales pesados e incluso con elementos radiactivos subterráneos y es vertida frecuentemente en estanques sin revestimiento, lo que trae como consecuencia una filtración en acuíferos y arroyos, envenenando fuentes de agua para personas, agricultura y ganadería.

Otros daños documentados del fracking incluyen agotamiento de suministros de agua potable, ya que es excesivo su uso, así como la contaminación del aire por la perforación, grandes emisiones de metano que agravan el calentamiento global, terremotos y daños a la salud que incluyen cáncer y defectos congénitos.

Así pues –y a pesar de lo anterior– para el senador coahuilense sigue siendo más importante la retribución económica de este método que sus evidentes consecuencias, por lo que en sus últimas declaraciones sobre el tema, Guadiana sentenció que de inicio no serán aprobadas iniciativas de prohibición contra esta práctica, atreviéndose a asegurar, que ahora se hace el fracking con más orden, con mayor cuidado ecológico y con menos agua, lo que a todas luces es una completa mentira.

Cabe mencionar que uno de los estados más afectados, de darse esta práctica, será el nuestro, ya que desde que llegó esta novedosa forma de extracción de hidrocarburos, en Coahuila hasta se constituyó de inmediato una asociación civil denominada Clúster de Energía Coahuila, constituida precisamente en marzo de 2014. Fecha en que se anunció la llegada del fracking, la cual espera con “tamañas uñas” el inicio y la concesión para su operación inmediata.

No quiero ser ave de mal agüero, pero debo decir que todo indica que el senador Guadiana podría salirse en próximas fechas con la suya, dado que ahora cuando se le preguntó al Presidente sobre el cumplimiento de su compromiso número 75 de los 100 de su Gobierno de 4T y que se refiere a la eliminación total del fracking en México, éste se limitó a decir que se acatará lo que el Senado determine, lo anterior a sabiendas de que el senador intentará en próximos días hacer aprobar una ley que permita y que regule esta lamentable industria. Triste nuestro futuro.

La reforma laboral recién aprobada en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva tiene dos grandes objetivos. El primero es promover la transparencia y democracia sindical para lograr que los trabajadores estén efectivamente representados. El segundo es implantar un proceso verdaderamente ágil, confiable y justo para resolver los conflictos laborales, ahora en el Poder Judicial, es decir, eliminando las juntas de conciliación y arbitraje. Además esta reforma potencia aún más la conciliación entre las partes en una etapa prejudicial, esto desde el Poder Ejecutivo.

Lo anterior viene al caso dado que fue hasta el pasado 22 de noviembre cuando la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, después de por lo menos tres meses de retraso y gracias a que obligadamente debía presentarse en San Juan de Sabinas a supervisar los trabajos del rescate de cuerpos en la mina Pasta de Conchos, por fin se dio tiempo para reunirse con las autoridades coahuilenses para instalar, por fin, el Consejo Institucional para la Implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Coahuila.

Y digo con tres meses de retraso dado que, según el calendario para la implementación de esta reforma, este Consejo, que tendrá por objeto establecer la política y la coordinación necesarias para efectuar el Sistema de Justicia Laboral, debía estar en funciones desde el pasado mes de agosto por lo menos, dado que desde esa fecha debió recibir de las juntas de conciliación y arbitraje un programa de trabajo para la conclusión de los asuntos que se encuentran en trámite, lo cual no ha sucedido.

Además, la urgencia para la creación de este consejo de coordinación se funda principalmente en el hecho de que será el único capaz de emitir acuerdos, lineamientos, normas y procedimientos necesarios de carácter vinculatorio para el debido cumplimiento de su objeto, lo que hasta el día de hoy brilla por su ausencia.

Ahora bien, no debemos pasar por alto que, si bien es cierto que la reforma contempla un periodo de implementación de cuatro años para que entren en funciones los nuevos tribunales laborales y para que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral inicie sus funciones de conciliación, también lo es que este centro en un tiempo no mayor a dos años a partir de la expedición de la ley, deberá iniciar con el registro de los contratos colectivos, tiempo del que ya casi se ha consumido la mitad, lo que obliga a la autoridad laboral a realizar acciones concretas urgentes que a la fecha no se ven por ningún lado.

Es evidente que los gobernantes han olvidado nuevamente que el éxito de toda reforma dependerá de la calidad y eficacia en su implementación, y es que lo mismo pasó con la ley laboral vigente, antes de esta última reforma, en la cual se estableció que una demanda por despido injustificado no debía tomar más de 105 días en resolverse, lo que jamás sucedió y solo sirvió para arrancar las carcajadas del personal de las juntas de conciliación, el cual, por desgracia, se ha acostumbrado a laborar con una carga impresionante de trabajo que les obliga a prolongar los juicios por años. Es decir, los problemas de justicia laboral no son siempre culpa de una precaria legislación, sino más bien ocurren porque las autoridades pocas veces toman con seriedad la aplicación estricta de la ley.

Los derechos humanos han sido y seguirán siendo para los mexicanos un tema difícil de allanar, lo anterior según organismos internacionales pertenecientes a la ONU que ha evaluado en los últimos 10 años el desempeño de nuestra nación en dicho rubro. Por desgracia México desde su primer Examen Periódico Universal (EPU) ha mostrado un escaso avance tanto en lo normativo, como en acciones realizadas por los gobiernos en turno tendientes a garantizar el respeto a dichos derechos, lo que ha traído como consecuencia que prevalezca la violencia, la corrupción y la impunidad, mismas que llegaron para quedarse.

Así lo concluyeron en el 2018, dentro de la Administración priista de Enrique Peña nieto, más de 200 organizaciones de la sociedad civil, en un documento en el cual se refirieron a hechos como la desaparición de los 43 normalistas, a las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, al aumento en los homicidios dolosos, y al asesinato de más de 40 periodistas, entre otras situaciones graves, de violencia e inseguridad.

Para estas organizaciones de nada ha servido que en México se haya instaurado una Comisión Nacional de Derechos Humanos, dado que en la realidad la ciudadanía mexicana jamás ha visto mejoras relevantes en esa materia, dado que las recomendaciones que la misma expide, pocas veces son acatadas con seriedad por las instituciones nacionales.

Así pues y para desgracia de los mexicanos, el nuevo Gobierno federal nada promete relativo a mejorar este tan delicado tema, y es que es imposible pensar que para la 4T los derechos humanos sean prioritarios, lo anterior si empezamos por aceptar que la elección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNGH) fue por demás inmoral, desaseada y violatoria de los mismos.

Para quien duda de lo anterior debo recordarle que en el proceso de selección de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, el Artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establece que para este fin, se debe proponer una primer terna, y que si esta no consigue los votos necesarios, deberá proponerse una segunda, lo que a pesar de haber sucedido en este caso, jamás se cumplió, dado que nunca se pasó a una segunda terna.

Aunado a lo anterior y contra toda justicia, el mismo día de la elección, el Presidente públicamente dijo que para él, la presidencia debía ser ocupada por alguna persona que hubiera vivido en carne propia un agravio a sus derechos, esto a sabiendas que la señora Rosario Piedra, era la única de las propuestas que tenía tal condición, lo que se traduce en una inminente línea desde el Ejecutivo federal.

Otra violación a la norma lo fue, la oculta afiliación y activismo que tiene la nueva presidenta con el partido en el poder, dentro del cual hasta desempeñó algunas funciones como parte de la dirigencia, poniendo con esto en duda la independencia del ombudsman en adelante.

Así pues y si lo anterior fuera poca causa para dudar, sucedió que la candidata no logró las dos terceras partes de la votación necesarias para acceder al cargo, y a pesar de esto fue declarada triunfadora. Lo anterior, nos lleva a concluir, que de seguir firme el nombramiento, a los primeros que deberá atender la nueva presidenta, serán a sus contrincantes al cargo, a los cuales, sin duda alguna, les fueron violados sus derechos más elementales.

Mal y de malas ha estado el Presidente en últimas fechas en sus conferencias mañaneras, y esto ha sido desde el fallido intento de detención de los hijos del “Chapo” Guzmán, fecha desde la cual sus conferencias se han convertido para él en una auténtica pesadilla, al punto de mostrarse intolerante y hasta soberbio, principalmente con quienes no están en el círculo de sus periodistas aduladores.

Después de eso y por si lo anterior hubiera sido poca cosa, vinieron los hechos relacionados con el ataque a la familia LeBarón en el norte de nuestro país, situación que trajo inevitablemente un severo rompimiento con algunos medios de comunicación nacionales e internacionales.

Y es que aunque muchos no lo quieran ver, la desesperación del Presidente en sus conferencias mañaneras no obedece a otra cosa más que a la falta de respuestas respecto a las políticas y estrategias de seguridad nacional, las cuales están perdiendo la batalla contra la delincuencia.

Entonces, es evidente que con estos dos sucesos y la respuesta errónea del Gobierno federal en ambas circunstancias, a López Obrador no le está quedando de otra más que terminar de manera definitiva con su simpática narrativa promovida desde su campaña, y que se refería a una innovadora manera de enfrentar a la delincuencia consistente en una política más humanista contra los delincuentes, una estrategia basada principalmente en la prevención con posturas de mano tendida frente al asesino, de “abrazos no balazos” y hasta el de becarios no sicarios, la cual nada ha servido en este nuestro México real.

Así pues y con estos dos eventos se detonó un verdadero choque por parte del Presidente con los medios de comunicación, al punto de que en días pasados en la mañanera se apersonaron representantes de la organización europea Artículo 19, los cuales no dudaron en increpar al Mandatario con el supuesto fin de arrancarle el compromiso de hacerlo respetar en adelante, a los periodistas de nuestra nación, a los cuales ha llamado “fifís, conservadores y hasta perros”. El Presidente ante tal acusación negó terminantemente el señalamiento, pero acabó criticando y desestimando como siempre, la labor de dichos activistas.

Con todo lo anterior, se hace evidente que en las mañaneras el presidente Andrés Manuel ya no tiene la última palabra, y que aunque se resista en creerlo, ha perdido el control de la narrativa, respecto a los temas que quiere abordar en sus conferencias –las cuales tenían desde el principio sus días contados– y como no, si al Presidente no se le quita de la mente la idea de sentirse el dueño de la verdad absoluta y de ser el único capaz de poner fin a cualquier debate por complejo que pareciera, lo que terminó por cobrarle la factura.

Sin duda, el fin de las conferencias mañaneras está cercano. Han cumplido a cabalidad su cometido, esto si aceptamos que nunca estuvieron diseñadas para comunicar absolutamente nada importante y que solo han sido el instrumento de promoción del Gobierno federal, lo que vino desgastando día a día su formato al punto de no servir ahora ni para eso.

Inevitablemente, aquí se cumplió lo que dice el viejo adagio: “Todo por servir se acaba”, y en este caso las mañaneras acabaron por no servir.

El pasado fin de mes el Congreso del Estado aprobó la designación de seis nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los cuales estarán en el cargo por un periodo de 15 años. Esta masiva asignación fue necesaria dada la sorpresiva desbandada de magistrados que, al grito de “¡ahí viene la 4T!” y temiendo a las inminentes disminuciones salariales, decidieron poner fin a su carrera judicial, con tal de alcanzar una buena pensión por su retiro.

Sin ánimo de evidenciar lo innegable, debo mencionar que aprovechando la coyuntura, en la misma fecha el Pleno del Poder Judicial designó como su presidente al exdiputado local y amigo cercano del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, Miguel Felipe Mery Ayup, quien llegó a suplir a Miriam Cárdenas Cantú, quien dicho sea de paso, pertenecía al grupo político del exgobernador Rubén Moreira Valdez.

Así pues, y por mayoría, los diputados votaron por la designación de estos nuevos magistrados, de los cuales solo tres, a mi ver, cumplen a cabalidad con la exigencia que impone el Artículo 138 de nuestra Constitución Política estatal, que a la letra dice: “Los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, …deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”, que significa que los magistrados nombrados debieron dedicarse a la ministración de justicia antes de llegar al puesto.

Por desgracia, de este grupo de seis nuevos magistrados, solo tres pudieran figurar como idóneos para el puesto, y es que de tal grupo, solo los abogados Manuel Alberto Flores Hernández, que se desempeñaba como abogado postulante; el licenciado Vladimir Kaiceros Barranco, que era titular de un Juzgado de Primera Instancia en Saltillo desde hace ya varios años, y en todo caso el magistrado José Ignacio Máynez Varela, quien fue diputado local y magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, cumplirían con este requisito, lo que no sucede con el resto.

Para quien dude de lo anterior, le recuerdo que los demás son Luis Efrén Ríos Vega, quien tiene como virtud solo el haberse desempeñado como director fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, es decir que jamás ha impartido justicia; lo que igual sucede con la licenciada María del Carmen Galván Tello, quien se distingue solo por dejar la titularidad de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal. Y en la misma circunstancia se encuentra el ciudadano Carlos de Lara McGrath, quien tiene en su currículum como principal logro, el desempeñarse como director de Ingresos de la Tesorería Municipal de Torreón. Es decir que los tres, de actividades jurídicas o impartición de justicia nada hay.

Así pues, y a pesar de lo anterior, los ciudadanos debemos esperar cosas buenas, y lo digo convencido de que el Poder Judicial de nuestro estado mejorará sin duda alguna, sin embargo, debo reconocer que a esta conclusión he llegado no gracias al producto de un pensamiento positivo, sino que por el contrario, lo he alcanzado dada la evidente imposibilidad de que nuestro Tribunal pueda estar en peores condiciones de las que actualmente observa. O lo que es lo mismo: “Peor imposible”.

El día de hoy, tendrá lugar la sesión de instalación del Consejo local del INE en Coahuila, la cual entra en funciones para enfrentar el periodo electoral local 2019-2020. Con esta sesión del INE, se inauguran los trabajos de preparación del proceso electoral en nuestro estado por medio del cual se renovará nuestro Congreso estatal.

Sin ánimo de pensar mal, le comento que una de las primeras curiosidades que encontraremos en esta nueva elección será que, a pesar de que el INE desde hoy inicia con esta etapa eleccionaria, el Instituto Electoral de Coahuila ha sido frenado para hacer lo propio en esta misma fecha.

Lo anterior por consecuencia de una precipitada reforma aprobada por el Congreso saliente apenas meses atrás, mediante la cual se ordena la postergación del inicio del proceso electoral, sin mediar causa suficiente o beneficio para la ciudadanía.

Sin embargo, la consecuencia inmediata será que de manera formal y con evidente desfasamiento en los tiempos de los institutos electorales, el día de hoy el órgano electoral nacional arranque solo y descoordinadamente con el organismo electoral local.

Así pues y otra de las novedades que trae este nuevo proceso, es que habrá 11 partidos políticos participantes, de los cuales tres son locales y fueron recientemente creados a ultranza o por capricho del Tribunal Electoral Local.

Lo anterior lo digo dado que, a pesar de que el mismo IEC en todo momento hizo ver a este tribunal las carencias o incumplimientos en los requisitos por parte de estos recién formados partidos políticos, el Tribunal Electoral estatal siempre se hizo de la vista gorda, y con sentencias inimaginables, obligó al árbitro a pasar por alto dichas omisiones todo con tal de lograr la creación de estos nuevos partidos.

Aunado a lo anterior y también raro, le comento que en días pasados, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, aprobó una modificación en la aplicación de la Ley electoral local, que intenta para este proceso imponer una nueva Regla de Paridad innecesaria, y digo innecesaria dado que con la regla existente se garantizaba plenamente la participación de la mujer –como muestra sirve la actual Legislatura, en la cual más de 50% de los distritos son representados por el género femenino–.

sin embargo y a pesar de esto, por alguna extraña causa el IEC ha impuesto esta nueva Regla de Paridad, que lo único que logrará será garantizar que los partidos de reciente creación tengan un diputado masculino.

Ante tales hechos, a los coahuilenses no nos queda otra que seguir pensando bien y dejar de malinterpretar todo, hasta la recurrente aseveración que hacen los políticos de que “todo está listo” , y lo digo para que evitemos caer en la tentación de pensar mal y concluir que todo es parte de un mismo plan, y que la postergación del inicio del proceso electoral en nuestro estado tiene como causa que los partidos de reciente creación llegaran con holgura al mismo y a contra justicia, es decir sin trámites pendientes ni mayores requisitos ante los órganos electorales, para luego garantizar su participación y con una regla de paridad que les asegure desde hoy el acceso al Congreso del Estado con una figura masculina, todo esto para beneficiar a quienes se niegan a salir de la palestra política de nuestro estado.

Es falso que todo está mal en estos días en nuestro país, sin embargo lo que sí es grave y que ha sido ocasionado por todos es la polarización de nuestra sociedad, la cual se empeña en tomar partido para justificar o rechazar las acciones emprendidas por esta cuarta transformación, que a la fecha lo único que le ha distinguido es ser excesivamente humana, y que por lo mismo tiene sus errores. Entonces, y sin duda, habrá mucho que decir durante todo el sexenio, por lo que yo le invito a relajarse y evitar ser parte de esta verdadera tragedia social.

Así pues y contrario a lo anterior, lo que sucedido el pasado día 23 de octubre en nuestro país sí es un hecho sin precedentes, una situación que dará nueva vida a las relaciones laborales de los mexicanos, las cuales gracias a las exigencias mundiales en materia de trabajo han tenido que ser adoptadas por nuestro país.

Me refiero a la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desde el 23 de octubre de 2018, y que por proceso de ley un año después cobra vida. Esta norma 035 obliga a las empresas de todos los tamaños y giros a realizar toda acción posible al interior de sus organigramas para acabar con cualquier tipo de daño sicosocial en sus trabajadores, como lo es el estrés laboral, la ansiedad, el acoso, la violencia laboral entre los trabajadores y hasta los trastornos del sueño provocado por cualquier tipo de presión en el trabajo.

La finalidad primordial de esta norma es la de modificar la forma en que se han venido desarrollando las actividades productivas respecto a las relaciones de sumisión entre los patrones y los trabajadores en todos sus niveles, para lograr con esto que se tengan mejores condiciones de trabajo y que todo aquel que preste un servicio de subordinación lo haga en condiciones dignas.

Así que desde ahora, las empresas están obligadas a revisar y mejorar las condiciones y el ambiente laboral, lo anterior mediante acciones que van desde distribuir de manera sensata las cargas de trabajo entre su personal y tener estricto control sobre el mismo, hasta la implementación de ejercicios eficaces tendientes a detectar interferencias en las relación trabajo-familia, liderazgo e incluso el prevenir amistades negativas.

También desde ahora, los patrones deberán castigar y eliminar toda situación de violencia laboral, evitando en todo momento el sentido de pertenencia que muchas veces tienen sobre los trabajadores, así como a respetar que las jornadas regulares de trabajo jamás infrinjan lo mandatado por la Ley del Trabajo, y que en caso de ser así, dichas jornadas excesivas sean rentables para el trabajador, obligando con esto a que se reconozca económica y moralmente, el buen desempeño del subordinado.

Pareciera mentira que hasta hoy nuestro país se haya dignado en reconocer que para mejorar la productividad de los mexicanos es necesario atender primero los factores de riesgo sicosocial, los cuales sin duda existen en el desempeño de todas las profesiones y todos los oficios en nuestro país y que por lo mismo, es obligación del centro de trabajo y del mismo gobierno el proteger la salud y asegurar el bienestar de los trabajadores, sin embargo nunca es tarde para hacerlo. Entonces, esta Norma 035, es una franca muestra de que no está mal.

Nadie puede negar que la 4T ha dado un buen golpe al viejo régimen gobernante, y es que la renuncia forzada del secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, después de 26 años ininterrumpidos de detentar en el peor de los sentidos el poder del sindicato petrolero, no puede interpretarse de ninguna otra forma.

Sin necesidad de recordarlo, para el pueblo mexicano Romero Deschamps siempre fue considerado como uno de los líderes más corruptos, ya que fue él quien se encargó de hacer del gremio que dirige, el sindicato más opaco y más antidemocrático a nivel nacional.

Romero siempre gozó de una impunidad sin límite desde que llegó a la dirigencia sindical de manera interina en 1993, lo anterior gracias a su militancia en el PRI desde 1961, situación que le permitió ser senador y diputado cuantas veces se lo propuso.

El señor Carlos Romero siempre estuvo señalado de ser corrupto, y hasta era acusado de disponer a satisfacción de los fondos del sindicato para enriquecerse, incluso participó probadamente en el Pemexgate y en el desvío de 500 millones de pesos para las campañas del PRI en el año 2000, y jamás se le fincó alguna responsabilidad, inclusive hasta el fin del sexenio pasado no había sido acusado formalmente de ningún delito.

Las mieles del poder lo hicieron cínico, por lo que el líder jamás se preocupó por dar una explicación a los mexicanos del origen de los lujos que llevaban sus parientes, en especial sus dos hijos, Paulina y José Carlos Romero, quienes sin reservas, y a complacencia del padre, siempre fueron aficionados a presumir a través de las redes sociales sus excesivas pertenencias, entre las que se contaban vehículos Ferrari, relojes de oro de 18 kilates, yates y departamentos en las zonas más exclusivas de Miami. De igual forma, se la pasaban presumiendo imágenes de sus viajes alrededor del mundo y de sus compras en tiendas con precios inalcanzables para cualquier mexicano promedio.

Pero la nueva Administración federal parece que le ha alcanzado y existe ya una investigación en su contra, según han dicho los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Fiscalía General de la República, quienes reconocieron que están armando una carpeta de investigación en contra del funcionario por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones inusuales.

Ojalá que lo sucedido al dirigente petrolero sea la señal inequívoca de que a México también ha llegado una nueva etapa de liderazgos en el sistema sindical, ya que en Coahuila también existen líderes como ese, que siguen pensando que es poco el tener toda una vida de inmerecidas canonjías gracias al esfuerzo de los trabajadores, a los cuales jamás les ha sido rentable pertenecer a su gremio sindical. Líderes coahuilenses que siguen pensando que aún es posible mantenerse administrando agrupaciones obreras hundidas en la completa opacidad y protegidos por la impunidad de la que han gozado gran parte de su vida, por lo que a pesar de ver la tempestad, no dudan en pisotear los derechos laborales de cuanto trabajador les resulte incómodo, a pesar de haberse servido de él toda una vida.

Si no lo creen, en próximas intervenciones les platicaré de un caso actual.

Ahora son de salud, los motivos argumentados por la magistrada Miriam Cárdenas Cantú como causa para dejar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Antes había dicho que por cuestiones familiares y personales debía dejar el puesto, sin embargo tal parece que en esta ocasión sí lo hizo, según lo confirmó el miércoles pasado el diputado local Juan Antonio García Villa, quien también es miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Coahuila, quien dio a conocer que en sesión de ese mismo día se trató lo relativo a la solicitud de jubilación de la magistrada, la cual fue aprobada por ese consejo y tendrá efectos a partir del próximo 30 de octubre.

Es de mencionar que con la salida de la magistrada presidenta, serán cinco las vacantes que se acumulen en el Tribunal, esto de 15 magistraturas que integran el Pleno, las cuales deberán ser cubiertas a la brevedad. A lo anterior debemos sumar que el próximo año, sin duda, también el magistrado Óscar Nájera Davis, quien cumplirá los 15 años para los que fue designado, dejará su cargo para buscar también la ahora tan demandada jubilación.

Sin duda, las causas pueden ser muchas, desde la evidente crisis de operatividad que vive el Poder Judicial de nuestro estado a raíz del desfalco sufrido en anteriores administraciones, hasta la conveniencia de aventar la toalla de manera oportuna y alcanzar aún una buena jubilación, esto es, antes de que la 4T alcance y afecte a las grandiosas prestaciones que todavía disfrutan los magistrados que integran el pleno de la máxima autoridad judicial en el estado y que por inercia de lo sucedido a los ministros de la Corte, ahora corren más peligro que nunca.

Entonces, lejos de considerar esta deserción tumultuaria como una mala etapa en la vida judicial de nuestra localidad, la misma podría verse como la mejor oportunidad para que nuestros gobernantes y representantes, ahora sí, puedan elegir a los perfiles más apropiados para cubrir estas ausencias, es decir, que esta vez, y como no ha pasado en las últimas asignaciones, se pueda seleccionar a verdaderos profesionistas del Derecho, los cuales deberán ser capaces no solo de sacar al Poder Judicial del pozo en que se encuentra, sino que puedan elevar la calidad de justicia en nuestro estado, que en la actualidad presenta una profunda crisis de credibilidad y eficacia. Es decir, que la ola de jubilaciones que ahora se presenta en nuestro máximo órgano de justicia debe ser la mejor ocasión para que quienes nos gobiernan dejen de lado esa deplorable práctica de usar las magistraturas como prebendas políticas, tal cual sucedió en las últimas asignaciones, en las cuales se eligieron políticos y no juristas, lo que poca satisfacción ha dado al Poder Judicial estatal y a los mismos coahuilenses.

Perfiles hay muchos: jueces sin señalamientos y de probada eficacia, funcionarios judiciales que han demostrado que el hacer justicia puede ser una labor honesta y hasta abogados litigantes llenos de experiencia forman parte de las alternativas que se tienen para llenar estos espacios. Entonces, la ecuación es sencilla: si en verdad se quiere mejorar la manera en que se imparte justicia en el estado, deberá entonces elegirse a quienes conozcan de la misma, ya que la práctica nos ha dicho que los políticos nada saben de este tema.

Después de 12 años de que el entonces Distrito Federal despenalizara el aborto, Oaxaca hizo lo propio la semana pasada; ambos estados desde ahora consideran que es legal la interrupción intencional y sin motivo del embarazo de hasta 12 semanas de gestación.

Por lo anterior, la legalización o no del aborto ha vuelto a ser el tema del momento. En Coahuila la iniciativa tiene más de un año en espera en el Congreso. Fue presentada precisamente en octubre de 2018 por la diputada local Claudia Isela Ramírez, del PRD, iniciativa en la que pide modificar el Código Penal local para permitir la interrupción del embarazo en términos muy parecidos a la propuesta presentada a nivel nacional por el partido Morena en 2017, y por la aprobada en Oaxaca y Ciudad de México.

En la iniciativa local, la autora funda su solicitud en la consideración de que la interrupción legal del embarazo va más allá de ideas morales o religiosas, y que el mismo es más bien un asunto relacionado con los derechos humanos, ya que al criminalizar a la mujer por tomar decisiones sobre su cuerpo, violenta sus derechos sexuales y reproductivos. Con esto, considera que el derecho a elegir de la mujer puede y debe preferirse, al derecho que el embrión tiene de desarrollarse y vivir. Es decir, la cuestión del aborto solo tiene que ver con los derechos de las mujeres, los cuales dice son violentados al considerar que estas, en un embarazo no deseado, son utilizadas como un medio en provecho para lecciones de moralidad, ideología o creencias religiosas hacia los otros.

Además, en la propuesta se asegura que los detractores del aborto confunden las ideas de vida y persona, ya que comúnmente los principios a los que solemos apelar sobre el tema son, por ejemplo, que “las personas son libres e iguales” o “nacen libres e iguales”, por lo que en todo caso hablamos solo de sujetos nacidos y de personas, y no de seres vivos. Estas distinciones, como sabemos, resultan cruciales en esta discusión legal y filosófica, ya que nadie puede negar que no es lo mismo un ente “vivo” que una “persona”, y cuando hablamos de “igualdad”, lo hacemos pensando solo en personas, obviamente en personas nacidas, lo que de entrada pareciera correcto.

Sin embargo, lo que no prevé esta iniciativa es que el aborto “pulveriza el derecho a la vida de la persona por nacer”, lo que nos debe regresar al principio de que los derechos de las personas no nacidas deberán ser también inviolables y no pueden sacrificarse por las meras pretensiones en contrario de una mayoría ocasional. Es decir, que la idea de preservar derechos frente a cualquier demanda debe prevalecer, y estos derechos forman parte de la esfera de los “no nacidos”, la cual es una esfera ajena, por lo que en consecuencia no se deben descuidar por motivos de una política “progresista” o una mera moda.

En resumen, es evidente que no hay argumento que sea suficiente para considerar que es correcto o incorrecto el autorizar el aborto, lo que nos obliga a dejar entonces este tema por la paz, pero, además, a centrarnos en lograr leyes de bien, que logren hacer que los ciudadanos gocen de iguales oportunidades y derechos, pero que todas estas vayan dirigidas hacia la transformación social que nos beneficie y nos dignifique, y nunca como factor para que nos pierda o nos envilezca. Eso jamás será benéfico.

Hace menos de 10 días, por alguna extraña causa, el exgobernador interino de Coahuila Jorge Juan Torres López envió una inusual carta al canciller Marcelo Ebrard, con la finalidad de informarle, en primer término, que ya no existe impedimento alguno para ser extraditado a la Unión Americana, y en segundo, hacerle patente su disposición para enfrentar a esa justicia estadunidense, por lo que solicitó al canciller que procediera a informar de dicha condición al Estado americano, a fin de que este procediera de inmediato a terminar con su proceso de extradición, es decir, que solicitaba que vinieran por él.

Debemos recordar que Estados Unidos logró el pasado 19 de junio una resolución de extradición en contra de Jorge Torres López, ya que en ese país se le acusa de asociación delictuosa para cometer delitos en materia de lavado de dinero, fraude bancario y fraude mediante transferencias electrónicas, elevándose el monto de las operaciones a una cantidad cercana a los 8.8 millones de dólares.

También es necesario recordar que Torres López fue gobernador interino de Coahuila del 4 enero al 30 de noviembre de 2011, luego de que Humberto Moreira solicitara licencia para buscar la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, y que el momento de dichas conductas delictivas por parte del exgobernador interino coincide precisamente con los tiempos en que este desempeñó su encargo, por tal motivo es ilusorio pensar que poco tiene que ver el dinero de Coahuila con el manejo de estas descomunales cantidades manejadas ilícitamente.

A pesar de lo anterior, y tras darse la noticia de la voluntaria entrega del imputado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que de ser necesario colaborará con el Gobierno estadunidense para recabar y brindarle la información necesaria que le solicite, siempre y cuando lo haga a través de la Fiscalía General de la República (FGR). “Nosotros ya habíamos informado que tenemos concluida una carpeta de investigación en contra del exmandatario estatal, así que el tema de la conducta delictiva es solo en Estados Unidos, aquí no”, dijo el fiscal del Estado, Gerardo Márquez Guevara.

Con tal aseveración por parte del fiscal local, los ciudadanos debemos entender que para nuestros gobernantes estos personajes procesados en el extranjero jamás sustrajeron ni manejaron de manera ilegal un solo centavo de los coahuilenses, y que en consecuencia no existen acciones ni intenciones de llamarlos a cuentas para aclarar lo sucedido con esas cantidades, a pesar de que a la fecha nuestro estado enfrenta una impagable deuda pública. Para los encargados de la justicia y de las finanzas de nuestro estado, las conductas de estos exfuncionarios se encuentran totalmente justificadas, y con esto también se explica su inacción para recuperar dichos recursos.

Ante tal situación se hace evidente que los coahuilenses seguiremos soñando con la posibilidad de que tarde o temprano se ejerza la justicia debidamente en contra de estos exfuncionarios, y que con eso se nos pueda devolver lo perdido, y no me refiero al dinero sustraído, el cual ya está en su mayoría en poder de los extranjeros, sino a la dignidad de la que ahora carecemos y que es causa por la cual nuestros gobernantes siguen creyendo que nos comeremos el cuento de que “aquí no ha pasado nada”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado 15 de septiembre una iniciativa de Ley de Amnistía que pretende otorgar libertad a personas encarceladas por la comisión de delitos que a su juicio deben ser reconsiderados. Estos delitos son cinco y se refieren a los siguientes: el aborto, solo respecto a mujeres que se lo practicaron y que ahora se encuentran encarceladas; sedición, pero como perseguido o preso político; delitos cometidos por indígenas que no tuvieron un proceso debido o justo; delitos contra la salud, en la modalidad de complicidad, pero por engaño o por sometimiento, principalmente mujeres; y el de robo simple sin violencia.

Por este motivo, la Cámara de Diputados, tiempo después, emitió un comunicado en el cual se informa sobre la recepción de dicha iniciativa, y explicó cuales deberán ser las condiciones que se impondrán a los condenados para lograr su liberación, las cuales son no ser reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego, o bien, que no se trate de delitos graves relacionados en el Artículo 19 Constitucional. “La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no para quienes causen graves daños a las personas. La Fiscalía General de la República velará por el cumplimiento de tales condiciones y la Secretaría de Gobernación hará lo propio respecto de los presos políticos”, se mencionó en el mismo comunicado.

Debo reconocer que, para quien esto escribe, esta iniciativa es una de las mejores enviadas por un Ejecutivo federal desde hace ya varios sexenios, en primer término, por su impecable redacción, la cual curiosamente se plantea en primera persona, es decir que quien la propone en todo momento se asume como protagonista de la misma, lo que nos deja ver que sin duda el Mandatario estuvo presente en todo tiempo de su redacción y dictado, como hace mucho no se hacía. De igual forma, esta iniciativa contiene una perfecta técnica legislativa, y lo digo porque en la misma se allanan todas las cuestiones de aplicación y fundamentación, e incluso se prevén hasta las posibles lagunas que en las legislaciones locales pudieran encontrarse.

Hasta aquí todo se ve bien y no dudo que habrá quien diga que con esta iniciativa el Presidente, además de cumplir con un compromiso de campaña, logrará reducir las grandes diferencias que sufren los pobres contra los ricos al momento de solicitar justicia a una autoridad, la cual comúnmente cuando juzga, se aprovecha de la pobreza de alguna de las partes y termina condenando a quienes no cuentan con los recursos financieros para contratar abogados adecuados o para acceder a una vasta defensa sin regateos.

Pero por desgracia, en esta propuesta de ley no todo es miel sobre hojuelas y es que pareciera que al Ejecutivo federal se le olvida que quienes aplicarán esta amnistía serán las procuradurías de los estados, las cuales son la más clara muestra de que nuestro sistema mexicano de justicia penal, es un sistema por demás defectuoso y que en muchos sentidos se encuentra podrido, por lo que de no reformarse primero a estas integralmente, esta amnistía se convertirá en solo un sueño, en una ley sin valor, y todo por no haberse propuesto a la par con otras leyes que se encaminen a un proceso verdadero de justicia renovada. O lo que es lo mismo, ¡una amnistía demagógica!

Si consideramos que no fue sino hasta un día después que el Ejército de las Tres Garantías o Trigarante, de Agustín de Iturbide, entró a la capital de la Nueva España, y que esto sucedió el 27 de septiembre de 1821, es decir, 11 años después de iniciada la justa insurgente, y que la fecha precisa en que México alcanzó su libertad y su independencia lo fue el 28 de septiembre de 1821, día en que se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, entonces debemos reconocer que poco hay que conmemorar los días 15 y 16 de septiembre de cada año.

Sin embargo, este 15 de septiembre deberá ser una fecha especial para todos los mexicanos, y lo digo por causa de que por primera vez el presidente Andrés Manuel López Obrador dará un Grito de Independencia en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, y que a decir de él mismo, con este grito estaremos celebrando el inicio de una nueva transformación para el país, lo cual sin duda ha iniciado desde diciembre pasado, fecha en que un nuevo régimen político dirige al pueblo mexicano.

Entonces, y de ser cierta esta aseveración que hace el Mandatario, a partir de este mes los mexicanos estaríamos dando nuevamente sentido a esa acta de Independencia, la cual a la letra dice: “La Nación Mexicana, que por trescientos años ni ha tenido voluntad propia, ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido… Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados, y está consumada la empresa, eternamente memorable, que un genio, superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su Patria, inició en Iguala, prosiguió y llevó al cabo arrollando obstáculos casi insuperables… Restituida, pues, esta parte del Septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el Autor de la Naturaleza”.

Para quien dude de que esta nueva Administración representa un cambio, debo recordarle que una de las primeras medidas que López Obrador ha ejecutado en esta nueva Administración para alcanzar su meta, ha sido la de imponer la filosofía política de Benito Juárez, a quien el tabasqueño admira grandemente y que se resume en la siguiente cavilación:  “(Los funcionarios públicos deben) Consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”.

Sin duda, este cambio puede significar el verdadero inicio de tiempos mejores, y lo digo porque la mayoría de los mexicanos nos sentíamos bastante agraviados por los elevados sueldos y canonjías que se daban algunos funcionarios públicos y que era urgente reducirlos. Entonces, por tal fin, la Cámara de Diputados ya aprobó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el primer cambio de esta etapa de nuestro nuevo México.

La verdad no sé si con los ahorros que se logren conseguir con este recorte salarial a los altos funcionarios se pueda mejorar significativamente el bienestar de muchos mexicanos, pero lo que sí sé es que con esta simple acción renace en los mexicanos la esperanza de que, tarde o temprano, puedan alcanzarse los anhelos de justicia social que tanto hemos carecido, lo que es suficiente para pensar que el próximo domingo valdrá la pena gritar “viva México”.

No por nada la expresidenta irlandesa Mary Patricia McAleese, en marzo pasado, se refirió al Vaticano como un “imperio de la misoginia”, lo anterior al analizar el papel de la mujer en la Iglesia Católica a lo largo de su historia. Por esto, la expresidenta fue vetada de inmediato por el Vaticano. “La Iglesia Católica es uno de los últimos grandes bastiones de la misoginia”, dijo la política de 66 años, en una conferencia de prensa.

Poco después, en reacción a dicha consigna, al ser elegido en 2013, el papa Francisco aseguró que él siempre ha considerado que “una Iglesia sin mujeres es como el Colegio Apostólico sin María”. “No nos podemos imaginar una Iglesia sin mujeres”, aseguró. Sin embargo, el mismo Papa nunca ha podido explicar el porqué las mujeres ganan menos que los hombres al interior de la Iglesia Católica y la razón por la cual él mismo cerró la puerta a la ordenación de sacerdotisas.

Las duras críticas de la expresidenta de Irlanda, un país caracterizado por su religiosidad católica, se suman a un reportaje publicado este mismo año en el periódico del mismo Vaticano, L’Osservatore Romano, en el cual se expusieron las condiciones de servidumbre en las que se ven forzadas a trabajar muchas monjas para los cardenales y demás miembros masculinos de la Iglesia.

En ese mismo tenor, en días pasados se dio a conocer, en redes sociales, un video en el cual se ve cómo a gritos y empujones, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, intenta amedrentar a unas religiosas pertenecientes a una congregación de nombre Las Adoratrices del Santísimo Sacramento.

En dicho video, frente a testigos, fray Raúl Vera violenta verbalmente a las religiosas llamándolas “idiotas” y “zánganas”, solo porque le negaron la entrada a la intimidad de su convento. “No puedes negarle la entrada al Obispo por ningún motivo”, gritaba don Raúl. Después se supo que, tras el evento y en represalia, se decidió suprimir la congregación en Saltillo desde el Vaticano, y que también en castigo estas monjas fueron excomulgadas y acusadas de desobediencia.

Según se dice, el enojo de Vera López surgió a partir de la donación de un terreno que un creyente le realizó a las Adoratrices para que construyan su monasterio, dado que actualmente viven en una casa rentada y que el obispo, al enterarse de dicha situación, intenta obligar a las monjas a que le cedan el terreno a la Diócesis, decisión en la que no están de acuerdo las religiosas, según dijeron luego algunos feligreses que se quejaron del proceder del líder de la Iglesia Católica en Saltillo.

Así pues, y sea cual fuere la indignación del Obispo, en nada justifica su conducta frente a las mujeres que buscan establecer su orden en nuestro municipio y que ante la violenta irrupción del líder católico en su casa, no tuvieron otra opción más que cerrarle la puerta del monasterio y dejarlo afuera gritando.

Sin duda, algo de cierto tienen las palabras de la primera vicerrectora católica de la Universidad de Queens de Belfast y expresidenta de la República de Irlanda, al asegurar que la Iglesia Católica debe replantearse el tema de la mujer y su importancia tanto al interior de la Iglesia, como en la sociedad. Y es que de no hacerlo, los altos mandos de esa religión seguirán pensando que son permisibles conductas aberrantes como la de nuestro Obispo.

En días pasados, el Gobierno federal inició la elaboración del plan de rescate de los cuerpos de 63 mineros abandonados desde hace 13 años en el interior de la mina de carbón Pasta de Conchos. Con esto se dan los primeros movimientos para cumplir con la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, explicó que aún no se puede asegurar que dicho rescate se lleve a cabo, dado que la viabilidad de la apertura de Pasta de Conchos depende de los resultados de los estudios que en fechas próximas rindan el grupo de expertos nacionales e internacionales contactados para tal fin. Pero lo que sí dijo es que, el rescate podría arrancar de manera simbólica el 19 de febrero del 2020, cuando se cumplan 14 años de la explosión y derrumbes en el yacimiento de Grupo México.

De darse este rescate de los cuerpos olvidados de los trabajadores, a López Obrador le resultará bastante viable dicha acción, ya que con la misma quedará bien con el pueblo, por intentar un rescate que ni Fox, ni Calderón ni Peña Nieto quisieron hacer. Además, si encuentran los cuerpos, AMLO quedará como todo un héroe; y si no los encuentran, lo habrá intentado por lo menos, por lo que en cualquiera de los dos casos, será aplaudido por la ciudadanía.

Y es por lo anterior, que entiendo plenamente la reacción política del gobernador de nuestro estado Miguel Riquelme, el cual se opone de alguna manera a dicho evento, y en como alegato aseguró que dichos trabajos tenían un nivel de inviabilidad, ya que según su perspectiva, los gases que se quedaron dentro de las minas pueden ser fatales, y que la explosión probablemente dejó únicamente las cenizas de los 63 mineros que quedaron dentro.

Pero, lo que no entiendo, es la oposición notoria del senador Armando Guadiana Tijerina de Morena, el cual desde que supo de la posibilidad del citado rescate ha mantenido una postura discordante con la del Presidente y por supuesto con la ciudadanía coahuilense, al punto de calificar la decisión Presidencial como ociosa, innecesaria y onerosa, ya que asegura que con el dinero a invertir en el rescate, se puede ayudar a otras áreas productivas y más importantes para el país.

Además, el senador Guadiana ha insistido hasta el cansancio que este rescate es muy difícil, y que lo mejor sería construir un monumento con el nombre de todos los carboneros que fallecieron en la explosión y de esa forma honrar su memoria.

Y ya en un peor plan, el representante de los coahuilenses por Morena en el Senado de la República se atrevió a decir que no se puede calificar como homicidio imprudencial la explosión en Pasta de Conchos, porque la tragedia sucedida obedeció al descuido de los mismos trabajadores, los cuales son culpables de la acumulación del gas y que por eso se presentó el accidente que cobró la vida de estos 65 mineros.

Entonces, quizá sea por esto que el Presidente de México, desde hace ya algunos meses, decidió poner un marcado distanciamiento con este senador; además de que probablemente intuye, que al rescate de los cuerpos, deberá seguirle la impartición de justicia y el castigo de los responsables. Porque lo sucedido allí, fue sin duda un homicidio industrial, y eso sea quizás la causa principal que obligue al Presidente a no mezclarse con el senador Guadiana.

Gracias a un video en las redes sociales, una jueza del Centro de Justicia Penal de Saltillo vinculó a proceso al responsable de una agresión contra una mujer el pasado 21 de julio. Con base en este video, la juzgadora decidió procesar al inculpado, por lo que de manera inmediata impuso tres meses de arraigo en prisión preventiva al responsable, como periodo de investigación.

En el video se observa la llegada de una camioneta conducida por un hombre. Más adelante, una mujer desciende del vehículo y corre al asiento del conductor en un intento por huir de la situación de peligro. Posteriormente el hombre se acerca a ella y con fuerza la golpea, la arroja a la calle y la patea; la mujer se observa inconsciente, para luego incorporarse y sentarse en la misma calle y seguir discutiendo por un rato con su agresor hasta el final del video.

La anterior evidencia y el señalamiento por parte de la Fiscalía y de los representantes legales de la víctima, respecto a que esta persona ya había sufrido amenazas por parte del mismo hombre, fueron prueba suficiente para que la jueza tomara una decisión con perspectiva de género, la cual la llevó a concluir que existe la “probabilidad de que sí se haya intentado atentar contra la vida de la víctima en esta agresión por medio de la asfixia”, para concluir que el delito a perseguir era el de feminicidio en grado de tentativa.

Sin duda el criterio de quien juzgó en esta primera etapa al agresor encuentra su fundamento en las diversas leyes promulgadas en nuestro estado dispuestas a erradicar la violencia contra la mujer, por lo que tal determinación puede calificarse como acertada a los ojos de la ley y de la ciudadanía, la cual con esta acción empezó a sentirse segura. Sin embargo, encontramos que, según datos aportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SESNSP, en Coahuila existe un promedio diario de seis mujeres víctimas de lesiones dolosas, ya que durante 2018 la Fiscalía General del Estado reportó que 2 mil 438 mujeres denunciaron haber sido víctimas de lesiones dolosas.
Además, se informó que durante el mismo año, Coahuila tuvo cuatro mujeres víctimas de secuestro, 31 víctimas de corrupción de menores y nueve víctimas de trata, y para rematar, en dicho informe se asegura que durante ese año hubo un total de 45 mil 894 llamadas al 911, todas ellas para denunciar actos de violencia de género, y que del total de estas llamadas, 4 mil 340 fueron por golpes a una mujer; 80 por abuso sexual contra una mujer; 222 por acoso u hostigamiento sexual; 97 por incidencias de violación; 4 mil 525 por violencia de pareja, y 36 mil 630 llamadas por violencia familiar.

Así pues, y por si lo anterior fuese poco lamentable, tenemos que la misma Fiscalía General del Estado dijo que en ese mismo 2018 solo abrió 13 carpetas de investigación por violencia de género.

Entonces, nada bien les va a las mujeres en nuestro estado, ya que la autoridad, a pesar de tener las herramientas legales para castigar a los agresores, poco hace por combatir este fenómeno, o quizás lo que estén esperando nuestras autoridades sea que cada una de las víctimas presente y viralice previamente el video de su agresión, como principal requisito para que su denuncia proceda.

Luego de que se viralizara un video en el que un hombre forcejea y patea a su pareja, en Saltillo. Una jueza en materia penal determinó la vinculación a proceso del mismo, al pensar que es probable responsable del delito de intento de feminicidio, o bien de tentativa de feminicidio.

Además, la jueza consideró que el acusado deberá seguir el proceso de investigación tras las rejas, por lo que permanecerá en prisión preventiva durante el tiempo que dure el juicio. Cabe mencionar que de encontrarse culpable el imputado, podría purgar una condena de hasta 33 años.

La jueza responsable dictó estas medidas con base en la perspectiva de género, según lo narró la misma, en la audiencia de vinculación, en la cual dijo “que a su juicio, se lograba acreditar que la víctima sufría de constantes amenazas y violencia familiar”, todo esto, durante el tiempo en que vivió en concubinato con el acusado.

Como ya se dijo, nuestro estado ha sido pionero en la activación de leyes dispuestas a erradicar la violencia contra la mujer, por lo que sin duda, la determinación de la juzgadora se encuentra bien fundada en nuestras leyes, que permiten que con la mínima evidencia se pueda proveer de todo lo necesario para castigar al presunto agresor.

Hasta aquí todo parece marchar de maravilla, sin embargo, lo que no cuadra es el poco número de personas recluidas en los penales de nuestro estado por esta misma causa, y lo digo porque hasta en enero de este mismo año, y de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Coahuila existe una cifra de seis mujeres víctimas de lesiones dolosas cada día.

Así es, y por elevado que parezca, en dicho informe mensual con perspectiva de género, el SESNSP detalló que durante todo 2018 la Fiscalía General del Estado reportó que 2 mil 438 mujeres denunciaron haber sido víctimas de lesiones dolosas, Lo que nos lleva a concluir que Coahuila tiene una media de 157.5 mujeres víctimas de lesiones dolosas, que refleja que esta situación pone a la entidad como la sexta con mayor tasa, y su promedio se encuentra en 63 incidencias, por encima de la media nacional.

Este informe también muestra que durante 2018 Coahuila tuvo cuatro mujeres víctimas de secuestro, 31 víctimas de corrupción de menores, y nueve víctimas de trata. Además de asegurar que durante 2018 hubo un total de 45 mil 894 llamadas al 911, todas ellas para denunciar la violencia de género, y que del total de estas llamadas 4 mil 340 fueron por golpes a una mujer; 80 por abuso sexual contra una mujer; 222 por acoso u hostigamiento sexual; 97 por incidencias de violación; 4 mil 525 por violencia de pareja; y 36 mil 630 llamadas por violencia familiar.

Entonces, estas denuncias, que encuadran una misma conducta y en concordancia con el criterio de la jueza del caso del video, deben ser consideradas todas ellas como tentantivas de feminicidio, y por consecuencia debemos esperar que los centros penitenciarios de nuestro estrado se encuentren atestados de personas que realizaron algunas de estas agresiones citadas en dicho informe. Sin embargo, la triste realidad es que los datos emitidos por la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO son bastante contrastantes, ya que arrojan que en 2018 solo se abrieron 13 carpetas de investigación por esta causa, a pesar de que hubo 15 casos sonados de feminicidio.

El pasado 26 de julio se hizo viral en las redes sociales un video en el cual una pareja discute y forcejea en una de las calles de nuestra ciudad. En el video se observa cómo, de manera repentina, la mujer baja de la camioneta en la cual se trasladaban, mientras es perseguida por su pareja. Luego, la misma intenta apoderarse del volante del vehículo, lo que es evitado por el acompañante, y es ahí donde empieza el forcejeo; de pronto, la mujer se desvanece, el sujeto lejos de auxiliarle, prefiere dejarla caer para luego propinarle algunas patadas para quitarla del camino, con el inequívoco propósito de marcharse del lugar, lo que no hace, ya que decide quedarse y esperar a que ella se recupere.

En un segundo video se ve cómo la mujer, ya consciente, intenta evitar a todas luces que el sujeto se marche, por lo que mete sus pies en la parte delantera de las llantas traseras de la camioneta y sigue discutiendo con su agresor. Por tal situación, la Fiscalía General del Estado de Coahuila en coordinación con elementos de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, cumplimentaron, días después, una orden de captura en contra de Miguel Ángel.

Hasta el día de hoy, el sujeto sigue privado de su libertad y pesa sobre él un auto de vinculación a proceso, lo anterior dado que el juzgador que recibe el caso, consideró que se tipifica el delito de feminicidio en grado de tentativa.

El Artículo 188 del Código Penal, en nuestro estado, establece que se le impondrá una pena de prisión de 20 a 50 años y multa, “al que prive de la vida a una mujer por razón de género”. “Se considera que existe razón de género cuando el cuerpo de la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, previa o posterior a la privación de la vida de la víctima infligida por el sujeto activo; se le haya infligido por el sujeto activo una o más lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes en zonas genitales o en cualquier otra, previa o posteriormente a la privación de la vida; existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia o discriminación por género en el ámbito familiar, laboral, o escolar; haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza; el cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público, en circunstancias que degraden o menosprecien a la víctima”.

Ahora bien, veamos qué dice el mismo ordenamiento respecto a la figura de tentativa: Artículo 50 (Tentativa punible): “Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza mediante la realización de actos unívocos de ejecución para consumarlo, o ejecutando todos los actos que deberían producir el resultado u omitiendo los que deberían evitarlo, si el delito no se consuma o el resultado no se produce por causas ajenas a la voluntad del agente, cuya conducta, además, ponga en peligro de lesionar al bien o bienes jurídicos protegidos… Es decir que cuando se tenga el propósito de realizar el delito y por alguna causa no se concrete, existirá la tentativa”.

Coahuila ha sido pionero en la promulgación de leyes dispuestas a erradicar la violencia contra la mujer. Desde julio de 2008, en nuestro estado, y antes que en muchos otros, se aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual ha venido endureciéndose y perfeccionándose.

El río está revuelto: así las cosas al interior del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Coahuila, y lo anterior no ocurre por la disparidad de criterios que defienden los magistrados que la integran, al momento de resolver sobre alguna controversia legal, puesto que esto es lo último que pudiera suceder en nuestro máximo tribunal, dado a que algunos de los magistrados ni siquiera han de entender qué diablos hacen ocupando una magistratura.

La confusión a la que me refiero es la ocasionada por las inminentes separaciones voluntarias de algunos de sus magistrados, las cuales van desde la misma Presidenta del Tribunal, que en días pasados confirmó que el Consejo de la Judicatura anticipará su jubilación y que dejará el cargo este año a pesar de que debía ostentarlo hasta diciembre del 2020.

Aunque la titular no dio fecha precisa en la cual se separaría del cargo como representante del Poder Judicial en el estado, a pregunta expresa sobre su anticipada salida aclaró: “hay la posibilidad porque es un hecho que esto pueda ser real”.

A lo anterior debemos sumarle que este 31 de julio pasado concluyó sus labores como magistrado del mismo Tribunal Superior de Justicia de Coahuila el dr. Jesús Gerardo Sotomayor Garza, quien después de 34 años de carrera judicial, primero como actuario, luego como defensor de oficio, juez mixto de primera Instancia, magistrado del Tribunal Unitario y por último, magistrado en el Tribunal Superior de la Sala Regional en La Laguna, decidió retirarse.

Entones y por desgracia, otra vez en nuestro Tribunal habrá magistraturas vacantes, las que deben ser cubiertas de manera inmediata, y digo por desgracia, dado que las últimas asignaciones no han sido de lo más acertadas. Para quien dude de mi aseveración debo recordarle que fue en diciembre pasado cuando se eligieron tres magistrados numerarios para este TSJE, quienes no tenían mayor virtud que la de ser miembros destacados del PRI y del PAN, situación que les valió para lograr la validación de su nombramiento por parte del Congreso del Estado, en un puesto que desconocían, pero que desempeñarán por un plazo de 15 años.

Y es que pareciera increíble que a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia tiene más de 90 jueces en funciones, los mismos ni siquiera fueron considerados en la terna de posibles aspirantes a estos cargos, lo anterior a pesar de que en el último párrafo del Artículo 138 de nuestra Constitución local se ordena que los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, requisito que a todas luces estos últimos ni por accidente pueden allanar, lo que sin duda ha traído como consecuencia el peor periodo en la administración de justicia de nuestro estado.

Esperemos, entonces, que en adelante, ahora sí se tomen en cuenta a los aspirantes que cumplan con los requisitos que la misma ley establece y que lo es que quien intente ocupar una magistratura por lo menos sepa en qué consiste la actividad judicial y no por una mera prebenda por su labor política al interior de su partido.

Si hay algo que se le puede reconocer a esta nueva Administración federal, lo es su capacidad de jamás dejarnos impávidos ante sus decisiones, y es que, la verdad muchas veces los ciudadanos no logramos descifrar si este nuevo régimen de Gobierno, tiene realmente definida una estrategia, o bien, si todo obedece a una absoluta tosquedad
en su actuar.

Para quien dude de lo controversial que resulta este Gobierno, le comentaré sobre lo sucedido en los últimos días, en los cuales hubo dos noticias que pueden llevar a los saltillenses al límite del sentimiento, algo así como una suerte de indignación y alegría a la vez, o como se dice en un lenguaje más sentimental, un reír y llorar simultáneo.

Me refiero a la entrada en vigor de la modificación realizada desde enero de 2018 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con la cual se autoriza que las multas que aplique la Profeco a partir de este mes de julio, a los comerciantes por cualquier causa se considerarán créditos fiscales.

Es decir, que este órgano de la Secretaría de Economía con carácter de autoridad fiscal puede cobrar multas por medio de un procedimiento administrativo de ejecución (PAE), el cual consiste en que la autoridad fiscal embargue bienes del contribuyente en caso de darse alguna conducta ilegal.

Recordemos que hasta el mes de junio pasado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la cual en teoría es la encargada de defender los derechos de los consumidores, no tenía la facultad de realizar el cobro coactivo de las multas que imponía a los proveedores o comerciantes de bienes y servicios que hubieren incurrido en alguna falta. De hecho, la Profeco tenía que acudir al SAT y a las secretarías de finanzas estatales, para lograr sancionar al infractor, esto a pesar de haber tenido siempre la facultad de imponerles multas.

Entonces lo anterior, es sin duda una buena noticia, ya que ahora la Profeco tiene dientes para castigar a quienes atenten contra los consumidores; lo malo viene, cuando no enteramos de que existe una gran posibilidad de que Saltillo, se quede sin una oficina que atienda las quejas de los consumidores, lo anterior por consecuencia de la austeridad republicana, que contempla la reducción de oficinas dedicadas a este fin.

Ahora bien, si usted piensa que el presunto cierre de la oficina de Profeco en Saltillo le podría beneficiar en algo por ser usted proveedor o comerciante, debo decirle que esta noticia también le trae perjuicio. Lo anterior, dado que, en caso de que la Profeco le imponga una multa infundada o por medio de actos que pudieran afectarle, ahora mismo no existe un organismo para defenderle, y es que el ombudsman encargado de apoyarlo contra los actos de las autoridades fiscales como la Profeco, o sea la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), sigue sin titular a la fecha y desde abril de este año. Esto en un completo desinterés por parte del Gobierno para proteger los derechos de quienes pagan
de impuestos.

Entonces es triste que los consumidores y los comerciantes carezcan de defensores fuertes. Pero, es motivo de alegría, esta entrada en vigor de la reforma a la Ley de Protección al Consumidor, ambas acciones que nos dejan en la disyuntiva de no saber con claridad, si lo que sucede es motivo de reír o de llorar.

En días pasados, por cuestiones de trabajo, me vi en la necesidad de ratificar un convenio de rescisión de relación laboral, el cual por razón de competencia debió ser revisado y sancionado por la autoridad laboral federal, es decir, por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Saltillo.

A primera hora estuve ahí con mi contraparte. Sin embargo, mi primer acercamiento con los titulares de dicha autoridad laboral no fue sino hasta pasadas las 13:00 horas, momento en que después de suplicar atención, recibimos de no muy buena gana, una serie de recomendaciones, advertencias y requisitos, que a todas luces eran ya incumplibles dado lo avanzado del día.

Haciendo un esfuerzo sobrenatural, regresamos con todos las exigencias allanadas, para recibir un tajante: “ya es tarde, vénganse hasta mañana, temprano”.

Cabe mencionar que como compañeros de espera, tuvimos a un nutrido número de abogados postulantes, y sobre todo trabajadores impacientes por hacer efectivos sus derechos laborales, los cuales por alguna causa no les han reconocido, a pesar de llevar buen tiempo litigándolos ante ese tribunal laboral, el cual se caracteriza por tardar el máximo tiempo posible la emisión de las respectivas sentencias definitivas; lo que sin duda permite a los patrones postergar su cumplimiento a placer.

Ante tan penoso episodio, y el sobrado tiempo para reflexionar, recordé que fue precisamente en abril pasado, cuando la Cámara de Diputados aprobó diversas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, entre las que destaca la necesidad de desaparecer las Juntas de Conciliación para sustituirlas por tribunales federales en materia laboral que dependerán del Poder Judicial. Con lo cual se dijo, se acabará con la corrupción que actualmente existe en el interior de las mismas.

Además, en dicha reforma se contempla la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), el cual se encargará de hacer precisamente los convenios de conciliación, que pongan fin a las controversias entre trabajadores y patrones; trabajadores y sindicatos o bien entre sindicatos, de una manera por demás expedita, y registrará además a nivel nacional los contratos colectivos, contratos-ley, los reglamentos internos de trabajo y las organizaciones sindicales.

Hasta aquí todo pareciera como una luz al final del túnel. Sin embargo, lo malo es que a partir de esa reforma, el Congreso tiene 180 días para expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo que nos lleva a concluir que el tribunal laboral entrará en funciones, aproximadamente hasta dentro de dos años.

Entonces, para los trabajadores seguirá siendo duro el viaje para encontrar justicia en sus procedimientos laborales, lo anterior dada la falta impresionante de modernización y agilización en los juicios que actualmente se ven en ese tribunal. Aunque a decir verdad, la principal razón de su lentitud además de ser la carga alta de trabajo, también es el poco personal que se les ha asignado, el cual ha adoptado la estrategia de ser temerarios, altaneros y ofensivos con los usuarios, a fin de evitar con esto, que los mismos se atrevan a preguntar por sus procesos, los cuales sin duda y por un buen tiempo, seguirán caminando lento.

La bomba legal y mediática del caso del “abogado del diablo” Juan Collado, ahora en prisión bajo los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero, tiene un mensaje para distintos destinatarios, quienes son considerados por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de la mafia del poder, aquellos que en más de tres décadas han saqueado al país con sus políticas neoliberales. Nos comentan que entre los destinatarios están destacados miembros distinguidos de la familia revolucionaria del PRI y uno que otro excandidato presidencial del PAN. Sin embargo, nos dicen, el encarcelamiento de don Juan lleva dos destinatarios que han sido una piedra en el zapato para el tabasqueño, uno histórico y otro que se la ha pasado de fiesta en fiesta, de baile en baile, sin guardar las formas y la discreción que amerita el caso. ¿Adivinó los nombres de los exmandatarios? Bueno, sus iniciales son Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.

Trump pone prueba de fuego a Ebrard

Una vez más el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una amenaza que pone a prueba al Gobierno de México, principalmente al canciller Marcelo Ebrard: la deportación masiva de migrantes asentados en territorio estadunidense. La advertencia, que se puede cumplir este domingo, nos dicen, puso en alerta a la red consular mexicana en el vecino país. Nos informan que las 50 representaciones consulares comenzaron a lanzar mensajes a la comunidad mexicana, a los clubes y a los líderes de los grupos de migrantes para que tomen precauciones, amén de que establecieron una línea de comunicación para orientación legal. El desafío, nos comentan, será grande para el secretario de Relaciones Exteriores y todavía está por verse si la campaña evitará la deportación de connacionales y, en consecuencia, la separación de familias, porque muchos de los migrantes tienen hijos que nacieron en EU.

Bufalada para Mario Delgado

La bufalada marrón, perdón, el anuncio de una posible candidatura de unidad para que Mario Delgado ocupe la dirigencia nacional de Morena calienta los ánimos de los cuadros y liderazgos de cara a la renovación del ahora partido mayoritario en México, programada para noviembre próximo. La razón está, nos explican, en saber quién de las cuatro cartas que se barajan hasta ahora -Bertha Luján, Yeidckol Polevnsky, Alejandro Rojas Díaz Durán y, probablemente, don Mario- tiene la bendición del presidente Andrés Manuel López Obrador, más allá del trabajo interno y de los apoyos de los grupos morenistas. Todo sale sobrando sin la venia del tabasqueño, aunque él diga que no se mete en la vida del ahora partidazo. Así que habrá que hacer apuestas: ¿con quién está el corazoncito del jefe nato de Morena?

¿Evangélicos vs. católicos?

Quienes dicen estar muy orgullosos de ser llamados “soldados de la 4T” son los evangélicos. Nos comentan que el pastor Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, presume tener una amistad de más de dos décadas con el jefe del Ejecutivo, la cual nos indican ha “incomodado” no solo a los defensores del Estado laico, sino también a algunos miembros de la jerarquía católica, como el rector de la Universidad Pontificia de México, el sacerdote Mario Ángel Flores, quien acusó a los evangélicos de tener una postura “servil” con el actual Gobierno. Mientras, el Episcopado Mexicano dijo que no participará en la distribución de la cartilla moral porque tienen su propio proyecto pastoral. ¡Ave María Purísima!

Noticia y escándalo tuvimos esta semana, y ambas recaen sobre lo sucedido el martes pasado, cuando supimos que el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Carlos Manuel Urzúa Macías, renunciaba a la titularidad de la citada dependencia. El escándalo vino, porque lo hizo anunciando su salida a través de una carta dirigida al Presidente, la que luego publicó en su cuenta de Twitter, en la cual a manera de amonestación, le explicó las razones de su salida.

Y es que la significativa carta-renuncia, lejos de explicar los motivos de la separación, más bien se convirtió en una severa crítica y advertencia de lo que sucede en el interior del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La carta de Urzúa, desde su inicio, intenta reforzar lo dicho por otros desertores del Gabinete presidencial, y que lo es, que López Obrador es intratable, que se rehusa de manera sistemática a la autocrítica y que exige una lealtad desmedida, sin confiar en nadie.

A decir de lo narrado en la carta renuncia del secretario de Hacienda, el Presidente solo se ocupa de consolidar a su círculo más próximo, el cual es por demás reducido, ya que solo lo conforman sus amigos, Alfonso Romo, Gabriel García Hernández y Marcelo Ebrard; lo anterior por sentir que como lo que dijo Monreal, que el resto de los del Gabinete no se encuentran a su altura.

Así pues, y por si lo anterior fuera poco, el exsecretario de Hacienda, no dudó en poner en entredicho la política económica implementada por Andrés Manuel en el país, ya que en un atentado directo al futuro económico del mismo, Urzúa asegura que el Presidente ha tomado decisiones de política pública sin sustento, sin evidencia y sin importarle las consecuencias de las mismas.

Ya para finalizar su carta, Carlos Urzúa denuncia actos de influyentismo y corrupción en el actual Gobierno federal, los cuales asegura han traído como consecuencia conflictos de interés, además de afirmar que hay funcionarios impuestos y sin conocimientos. Con dicha aseveración, el renunciante, con toda intención, desmiente la advertencia que hiciera el Presidente el mes pasado, cuando firmó un memorándum en el que se aseguraba, que no se permitirían este tipo de prácticas en funcionarios públicos ni en sus familiares. “Hay vivales”, dijo el Mandatario, “enfermos por la ambición al dinero que no entienden que en mi Gobierno no se permitirá la impunidad, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ni ninguna de esas lacras de la política”, dijo desde aquel tiempo.

Entonces, la renuncia del secretario de Hacienda de México, cumplió con varios cometidos. Primero: darle un duro golpe al Gobierno de AMLO y segundo, el de terminar con la tranquilidad de los mercados y de los integrantes del mundo económico y empresarial, los cuales consideraban a Urzúa como el perfil más acertado de su Gabinete, y que gracias a eso, pocas veces dieron importancia a los insultos del Presidente.

Es decir que la carta de Urzúa, no es poca cosa, y sin duda la misma es prueba fehaciente de que las cosas no pintan bien en el actual régimen que gobierna a México, y no por que el personaje que se fue tuviera una extrema importancia, sino que con la misma se evidencia, que las políticas públicas del actual Gobierno pueden empezar a hacer retroceder a nuestro país.

El pedir perdón es uno de los componentes fundamentales de muchas religiones y corrientes espirituales; por ejemplo, para los cristianos, Cristo vino al mundo a perdonar los pecados de todos los hombres, y por virtud de su sacrificio, todos hemos sido perdonados por Dios y solamente hace falta tomar ese perdón.

Así pues, para los católicos, es necesario cumplir con alguna penitencia para alcanzar el perdón. En ambos casos se requiere que antes de obtenerlo, se haya realizado un examen de conciencia, sentir un verdadero dolor, tener un propósito de enmienda y por supuesto, reconocer los pecados.

Siguiendo esta pauta, el proceso de pedir perdón debe comenzar con un profundo análisis de lo que ha pasado, de las circunstancias y motivos que han dado pie al agravio que se ha hecho y de los efectos que ha causado este mismo.

Es decir, que para pedir realmente perdón, se debe tener un arrepentimiento genuino, que incluye un verdadero dolor por el sufrimiento causado, que no puede quedar solamente en palabras, sino que ha de articularse en acciones comprendidas en un plan concreto que eviten que aquello vuelva a ocurrir y que restituyan por lo menos en algo, el mal realizado.

Profundizando en esto y dejando de lado las connotaciones ideológicas y religiosas del perdón, pero que sin duda vienen al caso, me quiero referir a lo sucedido la semana pasada en nuestra entidad cuando el gobernador Miguel Ángel Riquelme, acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del Presidente y el subsecretario en Derechos Humanos, Alejandro Encinas, realizaron un acto solemne con el fin de pedir perdón al pueblo de Allende, Coahuila, lo anterio, como desagravio de la masacre cometida en esa ciudad en el año 2011.

Por desgracia, para los pocos lugareños que quedaron, el perdón pedido por la Autoridad en ese acto protocolario, lejos de redignificar o de resarcirles un poco el daño sufrido, más bien pareció anunciarles la terminación sin conclusiones de las investigaciones, para castigar verdaderamente a quienes permitieron con omisiones y complicidades que una organización delictiva protagonizara la peor matanza de nuestro estado y quizás la del país, y lo digo así, dado que hasta hoy no existe un número concreto de víctimas ni de desaparecidos.

Y es que pareciera que estas nuevas Autoridad desconocen lo que para nadie es oculto, y que lo es, que para que el terrible evento sucediera hubo sin duda decididas complicidades de autoridades de los tres niveles de Gobierno de aquel tiempo, las cuales ni un dedo movieron para defender a esa población. Omisiones, que sin duda no se narran en los informes rendidos por los gobiernos pasados y recibidos por las nuevas autoridades.

Entonces, quizá sea por esto qué las autoridades consideran que pedir perdón es suficiente, aunque el mismo carezca de lo fundamental (sentir un verdadero dolor, tener un propósito de enmienda y por supuesto, reconocer los pecados) por lo que en nada ayudará a lograr el olvido y aminorar el dolor de los familiares y amigos de las víctimas, quienes seguirán esperando la verdadera justicia: aquella que no se alcanza con un simple perdón y es que ni siquiera Dios cuando perdona, absuelve al culpable del sufrimiento de las consecuencias de su conducta.

A pesar de que quienes integran la comunidad LGBTTTIQA (lésbica, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual, queer y asexual), han logrado ya el reconocimiento de absolutamente todos los derechos a los que puede acceder cualquier ciudadano sin distinción alguna, los mismos insisten en llamarse víctimas de la intolerancia para seguir luego reprochando a la sociedad no ser discriminados, a pesar de ya no serlo, y exigiendo derechos que en la realidad ya no quedan.

Y es que sin duda el movimiento gay ha sido una corriente por demás organizada y llevada a cabo sin descanso, y si hay algo que debemos reconocer a este grupo de personas unidas para este fin es precisamente su habilísima estrategia emprendida desde hace más de 40 años, la cual puede resumirse en tres objetivos: insensibilizar a la sociedad respecto a las libertades sexuales para que las vea como algo natural y normal; insistir en que los practicantes de estas diversidades son víctimas, y finalmente en satanizar a quienes se les oponen.

Así, pues, y con tan claro objetivo la comunidad homosexual ha logrado ya la reestructuración de nuestra sociedad actual; para quien dude de lo anterior debo recordarle que en Coahuila el matrimonio homosexual ha desplazado al matrimonio heterosexual, el cual era considerado como la única institución por medio de la cual se podía formar una familia, que era a su vez, la célula vital de la sociedad y en la cual principalmente se inculcaban al individuo los principios y valores morales que hacían posible una convivencia pacífica y civilizada entre los ciudadanos.

Es decir, que en los últimos tres decenios y debido a una deliberada acción para ganar mayor terreno que el puro respeto, los homosexuales se han constituido en un movimiento que sutilmente ha provocado que se modifique esta realidad. Así, han influido para que diversos actores, por ejemplo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de nuestra Nación incluyan este tema y promuevan nuevos planteamientos que establezcan “derechos” jamás antes definidos ni conocidos que amenazan con modificar en lo absoluto los propios cimientos de nuestra sociedad.

Entonces al tener ganadas todas las prestaciones posibles y seguir sin embargo manifestando su inconformidad, a los ciudadanos no nos debe quedar duda de que las marchas y manifestaciones pretextadas como el Orgullo Gay no son otra cosa más que la promoción descarada de una libertad sexual de consecuencias insospechadas y que por ser tan decidida por parte de sus promotores, ahora puede entenderse como un atentado a la libertad de pensamiento. Por lo que corresponde al resto de la ciudadanía intentar combatir y contrarrestar esta promoción de libertades sexuales.

Para quien esto escribe, la mejor estrategia para buscar equilibrar este férreo intento de impulsar entre la población prácticas sexuales tan libertinas, sería difundir ampliamente el conocimiento de que no existe ningún encanto en adentrarse en experiencias sexuales diversas, y que dar rienda suelta a las mismas puede traer como consecuencia la ejecución de otras conductas poco ortodoxas fuera de la esfera sexual, ya que el deseo permanente de conquistar lo desconocido, comúnmente termina afectando la personalidad entera del individuo.

El pasado 8 de junio, desde la explanada del Instituto Tecnológico de Saltillo, se inició la décima edición de la Marcha del Orgullo Gay. En un colorido evento se congregaron personas que en su mayoría pertenecen al grupo o comunidad que se identifica bajo las siglas LGBTTTIQA (lésbica, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual, queer y asexual), quienes recorrieron el primer cuadro de la ciudad con el fin de promover, según dijeron, la pluralidad de género. Esta singular expresión contemporánea ha sido catalogada por algunos efusivos como Festival Cultural y hasta como el del Día de la Libertad e Inclusión.

Así pues, entre vestuarios poco formales y en un ambiente de fiesta más bien desafiante, las calles de Saltillo se llenaron de este llamado “orgullo gay” sin dejar pasar que el hecho se dio en el marco de los festejos por la celebración del mes que han bautizado con el mismo nombre por parte de la comunidad que habita en Coahuila. Esta marcha tuvo por título La Marcha de la Unidad, ya que con ella celebraron que los integrantes de esta comunidad han sido reconocidos en sus derechos como ciudadanos.

A decir del líder de los organizadores de este movimiento, al evento ocurrieron más de mil 200 personas. “Estamos muy contentos porque ya son 10 años de esta marcha. Al inicio solo recorríamos unas cuantas cuadras del Centro y éramos 37 personas, pero ahora somos más”, dijo. Y agregó: “me da mucho gusto que nos tomen más en cuenta; en esta ocasión son más jóvenes los que vienen y eso nos da alegría; hasta los vendedores ambulantes estuvieron presentes”, concluyó.

Sin duda alguna el movimiento homosexual en México y en nuestro estado es un fenómeno complejo. Por ello es indispensable conocerlo desde todas sus facetas para comprenderlo de mejor manera y evitar con esto caer en opiniones que puedan dañar sensibilidades de cualquier grupo social, ya que sin duda toda las relaciones interpersonales deben basarse en el respeto, la igualdad y el reconocimiento mutuo.

Sin embargo debo decir que el homosexualismo se inscribe en un fenómeno de mayor dimensión en nuestra actual sociedad y se caracteriza por la importancia desmedida que sus miembros otorgan a la sexualidad y por la promoción incansable, y aun justificación, de sus excesos, todas estas, son manifestaciones de este fenómeno, que más bien debería llamarse “Liberalismo Sexual”.

Y es que la retórica de este movimiento homosexual pudiera parecerse a aquellas protestas necesarias en pro de los derechos civiles de aquel tiempo, en el que en realidad la discriminación por razas era una constante en la sociedad. Sin embargo en esta causa de liberalismo sexual que se pretende pasar como una demanda aparentemente inofensiva, se oculta la esencia revolucionaria de sus reclamos nada pequeños por cierto, y es que ellos, quienes insisten en sentirse distintos, exigen más derechos de los que en nuestro estado se les han reconocido e insisten en llamarse víctimas de la intolerancia y siguen reclamando no ser discriminados. Evidenciando con esto, que poco les parece el contar con la igualdad de derechos que en la actualidad tenemos todos los ciudadanos sin distingo de orientación sexual, ya que ahora intentan lograr nada menos que la reestructuración total de la sociedad, prestación que han venido logrando… Continuará.

Si bien es cierto, la actual administración estatal heredó una crisis de los gobiernos anteriores, en materia de administración de justicia, como también lo es, que esta crisis ha venido agudizando en los últimos días.

Sin duda, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en nuestro estado sabe que se tienen que hacer muchísimas cosas para tener un auténtico estado de derecho y que es necesario resolver estos problemas de manera inmediata.

Así pues, la falta de eficacia en la impartición de justicia en Coahuila no es un asunto menor, y mucho menos si tomamos en cuenta que el escenario en que se desenvuelve esta crisis del Poder Judicial, es bastante adverso, y me refiero a las condiciones políticas que imperan en el estado y en nuestra nación.

Lo anterior viene al caso, dado que, a partir de que López Obrador ganó la elección, el primer conflicto que surgió lo fue el del Ejecutivo contra el Judicial, desde entonces, la administración de justicia en todas las materias se puso en riesgo. Y es que para nadie es oculto que los estados de ánimo de quienes imparten justicia en nuestra nación, siempre se encuentran reflejados en las resoluciones que dictan a favor o en contra de los gobernados, lo anterior gracias a la diversidad de criterios consagrados en jurisprudencias y tesis relevantes en nuestro derecho positivo.

Para quien dude de lo anterior, debo recordarle que, si bien los poderes Legislativo y Ejecutivo, pueden emitir normas de carácter general, corresponde al Poder Judicial interpretar las mismas. En muchas ocasiones, de la interpretación dependerá la validez de las decisiones fundamentales del gobernante. Entonces, el Poder Judicial se convierte en el órgano de control más importante. Responsabilidad que recae en los jueces, magistrados o ministros, según su competencia, los cuales dictan sentencias que confirman o invalidan decisiones de los otros órganos de autoridad.

Pero también, de esta manera, los juzgadores resuelven las diferencias entre particulares, y por ende en toda la sociedad. Así pues sus decisiones tienen, sin duda, implicaciones y consecuencias sociales, políticas y económicas bastantes considerables.

Pensemos entonces, por ejemplo, en la decisión de un juzgador que se siente molesto con el modelo político actual o con el gobernante en turno, el cual conoce de los alcances de sus decisiones en materia de amparo; o en las implicaciones de sus sentencias en los casos de acciones de inconstitucionalidad en todos los ámbitos; o en sus resoluciones o controversias constitucionales sobre los derechos de los particulares; o sobre decisiones de los tribunales laborales, civiles o mercantiles.

En esos y en muchos temas más, las decisiones judiciales poseen consecuencias de enorme alcance político y social, ya que se puede afectar directamente con estas decisiones al ciudadano común, con la finalidad de que se sienta incómodo o molesto con el estado y sus gobernantes.

Entonces, ¿será por eso, qué en materia de impartición de justicia estamos tan mal? En el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, México aparece en el penosísimo sitio 100 de 113 en la falta de eficacia en los sistemas establecidos, para que la gente común y corriente pueda resolver sus conflictos de manera pacífica y eficaz en tribunales de justicia civil. ¡Es solo una pregunta!

La noticia más importante en el ámbito político mexicano generada en el mes de mayo pasado, lo fue la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de nuestro país, al ordenar inmovilizar las cuentas de AHMSA, aunada a la detención de su propietario, Alonso Ancira, en España.

La acción mencionada se dio por una venta en precios desproporcionados, que hizo Altos Hornos al mismo Pemex, lo que significó un fraude. La noticia pegó directamente a la comunidad empresarial, y en especial a la coahuilense, quienes de inmediato lamentaron la afectación que la medida tomada por la hacienda pública causará a la actividad económica de nuestro estado.

A pesar de lo anterior, el Gobierno federal, no desistió de la medida implementada para castigar a los responsables del fraude, pero por desgracia, tampoco dijo, quién quedará al frente de AHMSA como administrador interventor provisional y no tanto para que se pague a proveedores, sino para que se logre asegurar que las ganancias de la empresa no disminuyan, lo que al final es la parte más importante en una empresa intervenida o en crisis.

Sin duda, existen las bases para que la administración pública federal pudiera tomar esta decisión, y quizás las conoceremos en fechas próximas, sin embargo lo que parece que no tienen aun es un plan definido para lograr afectar lo menos posible a la economía coahuilense, esto a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera anunció después que se descongelarían las cuentas para pagar las nóminas y a los proveedores.

Ante esta demora por parte del Ejecutivo federal, sobre la dilucidación del destino de la empresa siderúrgica más grande de nuestro país, surgen las dudas respecto a la verdadera intención del Presidente de resolver por la vía no radical los problemas que ahora enfrenta la empresa, por consecuencia del comportamiento ilícito de quien aparece como dueño de la misma. Y es que sin duda, para López Obrador esta pudiera ser la preciosa oportunidad y causa, para iniciar los procesos de nacionalización de las empresas que por causa de corrupción fueron entregadas al sector privado, en sexenios pasados.

Para quien dude de la anterior aseveración, le recuerdo que, hace días, el líder minero y senador por Morena Napoleón Gómez Urrutia, en su papel de esquirol en tiempo de crisis, pidió que el Estado intervenga en la empresa Altos Hornos de México, sugiriendo con esto, la expropiación de esa industria, pero además, destapando la intención oculta del Gobierno federal por administrar desde ahora la empresa en crisis, por lo que de ser así, ya no nos debe sorprender.

Así pues, y visto de esta forma, debemos aceptar que las condiciones están dadas, y que la expropiación de AHMSA estaría por demás justificada, ya que la misma puede obedecer a las políticas estratégicas o planes macroeconómicos nacionales, de los que tanto habla AMLO, además, esta es su oportunidad de demostrar que en verdad su intención es la de buscar el beneficio colectivo y la protección del bienestar común, al entregar la empresa al pueblo.

Pero lo más significativo sería, que con la intervención permanente a la empresa, el Presidente dejará en claro que no le temblará la mano al momento de reprender y castigar los comportamientos ilegales o inapropiados por parte de empresas privadas.

Quizá sea bueno recordar aquel discurso dado por el Presidente en su toma de protesta, en el cual resumió su plan de Gobierno en 5 puntos. En uno de ellos aseguró: “Van a bajar los gastos de los de arriba porque va a aumentar el presupuesto de los de abajo”. Lo anterior viene al caso, dado lo sucedido desde el pasado 3 de mayo, fecha en que AMLO, dio a conocer su decisión de recortar en más del 13% el presupuesto para la investigación de ciencia y tecnología, por lo que ordenó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), tomara una serie de medidas de austeridad, en concordancia con la política de ahorro, que tanto predica el mandatario.

Ante tal anuncio, un gran número de investigadores adscritos al Conacyt, levantaron la voz para protestar contra tal determinación, se dijeron sorprendidos ante este atrevimiento, ya que consideran inconcebible que el Gobierno federal les obligue a laborar con recursos limitados.

Bastante razonable pareciera el disgusto del personal del Conacyt ante el inminente recorte presupuestal. Incluso, debo mencionar que hasta yo, que de tecnológico y científico tengo nada, me sumé al grupo de personas molestas ante tal aberración. Y es que, siempre he sido un convencido de que un país no logrará su transformación evolutiva, hasta en tanto no invierta gran parte de su presupuesto en la investigación científica y tecnológica.

Por si lo anterior fuese poca causa de disgusto, días después nos enteramos, gracias a un video, en el cual una maestra, reclama al Jefe del Ejecutivo federal, su decisión de recortar dicho presupuesto, y que en consecuencia del mismo, El Conacyt le quitó el apoyo a un grupo de niños que participarían en una olimpiada de matemáticas, en Sudáfrica. Por fortuna y con vergüenza, nos enteramos luego, que un alma caritativa, la del cineasta mexicano Guillermo del Toro, ofreció pagar los boletos de avión a Sudáfrica a los 12 niños para que participaran en la Competencia Internacional de Matemáticas.

Como final de esta historia y cuando todo indicaba que López Obrador sería el malo de la misma, surgió la noticia de que el mismo Conacyt, firmó un contrato con Pigudi Gastronómico, SA de CV, para que del 22 de abril al 31 de diciembre de 2019 prepare los desayunos y comidas tipo gourmet, con algunas excentricidades, para un mínimo de 120 trabajadores de lunes a viernes, con un coso de por lo menos 15 millones 78 mil 457 pesos, situación que fue confirmada por la institución argumentando que era un derecho laboral, por lo que no había cargo de conciencia alguno.

Por otro lado, el Gobierno de la Republica mediante un comunicado aseguró que el multicitado organismo había recibido desde hace tiempo, un cheque por la cantidad de un millón seiscientos mil pesos, como apoyo para el viaje del grupo de niños matemáticos. Pareciera que la moraleja de esta historia lo es, que nada es lo que aparenta, sin embargo, lo único que se evidenció fue que esta mentada política de austeridad solo viene a lastimar al eslabón más débil del sistema burocrático, y que lo es el personal que ocupa las vacantes de mandos medios hacia abajo, ya que hasta hoy, no han sido beneficiados, mientras que los de arriba, siguen disfrutando el olvido del Presidente, que como promesa aseguraba que los recortes serían para los de arriba y en beneficio de los de abajo.

Sucedió en días pasados, en el festejo del aniversario de una empresa establecida en alguno de los llamados parques industriales de nuestra localidad, cuando el alcalde de Saltillo intentó justificar la existencia y el trabajo del sindicato adscrito a esa negociación, con buena intención, pero con una mala elección del tema.

En respuesta, los trabajadores se dejaron caer con un concierto de abucheos y rechiflas, mediante las cuales evidenciaron su desaprobación respecto a los trabajos realizados en su representación, por parte del sindicato. De lo anterior, da cuenta un video que circula en redes, en el que se ve al alcalde intentando elogiar al sindicato y a un público bastante disconforme.

Sin duda, el tema viene a colación, dada la reciente reforma laboral promulgada en nuestro país, en la cual solo se replantea y modifica la vida jurídica del sindicalismo mexicano, sin resolver primero, sobre la conveniencia de seguir sosteniendo en nuestra ley dicha figura. Sin embargo y ante el duro ejemplo que nos muestra el video de lo sucedido en esta empresa local, surgen diversos cuestionamientos sobre la necesidad de mantener a los sindicatos en el organigrama del sector productivo de nuestro país.

El primero de los cuestionamientos, es: “¿A quiénes representan los sindicatos?”, y aunque la respuesta debiera ser, que a los trabajadores o a sus derechos, la realidad es que dicha contestación solo es parte del texto de la ley, la cual consigna sin demostrarlo, que los sindicatos deberán representar los intereses de los trabajadores.

Por desgracia, en la realidad no existe antecedente en nuestro estado de alguna nueva conquista lograda por algún sindicato que nos haga pensar que vale la pena seguirlos manteniendo. Y por el contrario, en la localidad tenemos casos de demandas laborales de trabajadores directos de sindicatos con antigüedades de toda una vida, que fueron despedidos de manera injustificada y que sufren la irresponsabilidad patronal de quien debiera velar por los derechos laborales, tal como sucede con la CROC en Saltillo.

En segundo lugar, surge el cuestionamiento relativo al financiamiento de las organizaciones sindicales, de lo cual sabemos que gran parte de sus ingresos vienen de las cuotas obligatorias que las empresas en colusión con los sindicatos imponen a los trabajadores afiliados por la fuerza.

Aunque también muchos de los recursos que los sindicatos o sus líderes manejan, son en parte las prebendas que las empresas dan a los dirigentes, a cambio de la subordinación de los sindicatos, que extrañamente siempre ceden y terminan negociando para mal, los derechos laborales y las obligaciones patronales.

Por lo visto, el alcalde de Saltillo desconoce que la fuerza del sindicalismo en nuestro estado se ha erosionado por la voracidad de sus líderes, los cuales en su afán de conservar el mayor número de contratos colectivos de trabajo y las cuotas que ello representan, han adoptado una política defensiva, y que significa aceptar cualquier acuerdo con el patrón, afectando con esto a los trabajadores, logrando con esto que el sindicalismo vaya en un franco declive por las concesiones que ha dado.

Difícil se vislumbra el panorama para el sindicalismo local, el cual carece de representatividad, pero sobre todo de argumentos que ayuden al alcalde a defenderlos.

Como es de todos sabido, el pasado día 1º de mayo de 2019, se publicaron en el en el díario Oficial de la Federación, las últimas reformas aplicadas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley Federal de Defensoría Pública y a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a la del Seguro Social. Con estas modificaciones se dio la tan anunciada reforma laboral 2019.

Así pues, y con esta reforma, ya materializada y estilo 4T, se terminan con las aspiraciones mexicanas de encontrar en la tan prometida reforma laboral, mayores prestaciones para la clase trabajadora o verdaderas propuestas revolucionarias que le reivindicaran frente al mundo globalizado, lo que por desgracia no sucedió.

Sin duda otra vez, no se tomaron en cuenta las condiciones en las que se desenvuelve el sector obrero en nuestro país y que son de lo más precarias, esto, según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por tal motivo, se esperaría que el nuevo régimen que nos gobierna y que se ostenta como muy cercano a la ciudadanía y con un gran sentido social, aprovechara esta oportunidad, para generar una verdadera legislación de trabajo, capaz de mejorar sustancialmente las condiciones de vida del sector trabajador.

Aspectos como Vivienda, Salud, Condiciones de seguridad e higiene, acoso laboral y hasta jornada de trabajo, pedían y por lo visto seguirán pidiendo, una verdadera modificación en bien del obrero. Para quien dude de mi aseveración, le invito a revisar el informe rendido en noviembre del año 2017, por la OCDE, en el cual se reveló que los trabajadores mexicanos, en los últimos 10 años, han visto una grave disminución en sus prestaciones laborales y en sus condiciones de vida, ya que, los ingresos reales de los mismos, experimentaron muy poca mejoría, en total discordancia con el índice inflacionario. Por consecuencia, los trabajadores actuales sufren lo indecible para pagar educación, alimentos y habitación para sus familias.

Asimismo el resultado de este estudio sostiene que la inseguridad del mercado laboral se elevó notablemente desde el 2009 y hasta esa fecha, y que desde entonces ha permanecido sin mejora. Mientras tanto, el empleo a largo plazo ha permanecido bajo, ya que la probabilidad de perder el trabajo sigue a la alza y es una de las más altas en la OCDE.

Por si lo anterior fuera poco motivo para considerar que se ha dejado pasar una preciosa oportunidad para mejorar las condiciones de trabajo en México, debo mencionar que ese mismo estudio ha descubierto que los trabajadores mexicanos a diferencia de los del resto del mundo que habitan en países con los mismos o con mayores índices de crecimiento económico, trabajan en promedio más de 50 horas por semana, es decir que México tuvo la segunda tasa más alta de empleados que trabajan más tiempo por semana y con un salario bastante bajo, del total de los países que pertenecen a este organismo.

En resumen, la oportunidad pasó y los trabajadores mexicanos seguiremos teniendo una ley que poco protege y poco procura el desarrollo de quienes integran el sector productivo. El nuevo régimen, igual que el anterior, prefirió cumplir con los compromisos contraídos con los mercados (T-MEC). O lo que es lo mismo, “parece que este tampoco”.

El pasado viernes 26 de abril, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) tuvo a bien otorgar el registro a dos nuevos partidos políticos. En la sesión respectiva, el IEC dio el registro como partido político local a la asociación denominada Juntos Podemos Construir un Futuro Mejor, A.C, la cual será encabezado por Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. También obtuvo su registro el Partido de la Revolución Coahuilense, al cumplir con los requisitos necesarios.

Así pues, y más allá de que ambos partidos nuevos en el estado, encuentren como principal coincidencia una mala referencia de quienes los integraron y de los motivos por los que fueron creados, creo que también ambas agrupaciones se caracterizan por llegar en el peor momento, es decir, en un tiempo en el cual pareciera que los partidos políticos son como nunca innecesarios y hasta casi obsoletos.

Hasta hace algunos años, preguntarse por la necesidad de los partidos políticos en un estado democrático se hubiera considerado una pregunta ociosa. Y es que, en aquel tiempo, no se podía coincidir a una democracia sin partidos políticos, pensarlo así, era tanto como creer que en un estado libre se podía prescindir de elecciones periódicas para elegir a sus representantes y gobernantes, o que podría considerarse democráticamente ético evitar el voto libre y secreto.

Antes, en un cambio de poder, los partidos políticos significaban la pluralidad política, la única que podía asegurar una elección con real competencia de propuestas y valores. Sin embargo, en la actualidad la tecnología y las nuevas figuras jurídicas como las candidaturas independientes, la iniciativa popular y hasta las encuestas en las redes sociales han traído una pérdida en el equilibrio entre poderes públicos y los mercados, que está generando una significativa crisis de legitimidad de las instituciones representativas. Y entre esas instituciones están los partidos políticos.

Los partidos eran necesarios cuando luchaban por la democratización del estado, cuando era peligroso emitir un punto de vista distinto al de la clase política dominante, entonces, no quedaba otra que crear partidos de masas, que fueran capaces de inquietar al gobernante, entonces sí, esos partidos fueron necesarios para pugnar por la ampliación del derecho al voto, para modificar las relaciones de fuerzas claramente favorable a los intereses de los poderosos, lo que por nada sucede ahora.

Por desgracia, los mismos partidos políticos vinieron haciéndose prescindibles al dejar de representar a los intereses ciudadanos y enloquecer por el poder. Los partidos políticos desistieron de cumplir su función y se dedicaron a vivir de las prerrogativas que les da el estado.

En su aletargamiento ni cuenta se dieron que perdieron la concesión más importante que la ley le otorgaba y que lo era, la de ser el único canal por el cual se podía acceder a un puesto de elección popular, a través de una candidatura.

Así pues, la ciudadanía entendió, a base de decepciones, que la solución a los problemas sociales no estaba en los partidos políticos, sino en la capacidad colectiva de afrontarlos como ciudadanos.

Al final, los partidos han sido incapaces de entender muchas cosas, entre las cuales está el darse cuenta que tendrán más futuro cuanto menos partidos sean.

El miércoles pasado, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el inicio de los trabajos para el rescate de los 63 cuerpos de mineros que fallecieron hace poco más de 13 años, en la mina de Pasta de Conchos en el municipio de Nueva Rosita, en nuestro estado.

Debo reconocer que el tema de la tragedia no es nada nuevo para el Mandatario, y que desde su penúltima campaña viene prometiendo el rescate de estos cuerpos, los cuales, por absurdo que parezca, siguen atrapados en el lugar de la tragedia.

Así pues, el Presidente anunció que el Gobierno federal está listo para el rescate, y que considera que este acto es necesario, ya que él mismo ayudará a la reconciliación entre los deudos de los muertos y la empresa propietaria de la mina.

Antes de entrar en materia, es necesario definir, quién o quiénes son los propietarios de esta tristemente famosa mina, y si en verdad les preocupa el sentir de los ofendidos, ya que del discurso de AMLO se puede desprender que la empresa busca reconciliarse con los familiares de los obreros que perdieron la vida en aquella terrible jornada, para dilucidar esta incógnita remitámonos a los antecedentes históricos.

La mina de carbón de Pasta de Conchos es propiedad de Industria Minera México, bastante famosa por cierto, dado que operaba en condiciones laborales de higiene y seguridad industrial deplorables.

Muestra de ello es el propio accidente del 19 de febrero de 2006, el cual sepultó a estos 65 mineros (en los meses siguientes a la tragedia, fueron recuperados los cadáveres de dos de las víctimas), en consecuencia de un derrumbe en el túnel principal a causa de la falta de cimentación necesaria de los pilares que sostienen las entradas, también llamado ademe de protección.

Por si lo anterior fuera poca causa para creer que a la empresa poco le importa el sentir de los parientes de los deudos y de los coahuilenses, también debemos recordar que, en aquel tiempo la misma minera determinó unilateralmente, suspender los trabajos de rescate de los mineros que entonces se decía, aun podían ser salvados, dado que no existía razón suficiente para considerar que los mismos habían muerto.

Así pues y en resumen: las condiciones en las que se trabajaba la mina de la empresa Grupo México, cuyo propietario es Germán Larrea, fueron la causa inequívoca del fatal acontecimiento, y los dueños desde entonces han contado con el encubrimiento de la autoridad federal, la cual no ha sido capaz de castigarlos penalmente por la conducta delictiva que sin duda les resulta.

Es decir, la empresa propiedad de esta mina, ha tenido todo el tiempo el apoyo de las administraciones, desde la del gobierno de Fox que intervino, para encubrir esta responsabilidad del Grupo México, con la ayuda del entonces secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, el cual jamás reconoció que tenía conocimiento previo de la falta de instalaciones y equipo para proteger a los mineros, mismos que carecían hasta de mascarillas y tanques de oxígeno.

Así que, es mejor que el Presidente no se ofrezca para mediar entre los responsables de la tragedia de pasta de conchos y los sobrevivientes de los trabajadores asesinados, los cuales sin duda, aún conservan la indignación por la manera en que se les ha venido protegiendo, además, ¿quién le dijo al Presidente que los dueños de la mina anhelan una reconciliación?

La experiencia internacional nos dice que un grupo político que jamás ha estado en el poder, y que de pronto obtiene la administración de una nación o un estado, ineludiblemente tendrá que pasar por un periodo de aprendizaje, y no solo en el funcionamiento del modelo burocrático que estrenará en su administración, sino que principalmente deberán aprender a reconocer cuáles son los poderes reales que se encuentran establecidos en aquel lugar, y que, por consecuencia, tendrá que enfrentar.

Lo anterior viene al caso, dado que hasta hace algunas semanas, quienes seguimos la andanza de esta Cuarta Transformación, pensábamos que el Presidente y su agenda parecían imparables. Y es que al parecer todo marchaba sobre ruedas para él, lo que se proponía lo venía logrando sin mayor esfuerzo por no haber quién se opusiera a sus planes o propuestas.

Sin embargo, en los últimos días las cosas han venido cambiando de manera significativa, tal parece que lo que ahora se opone a los planes del Presidente es mucho más grande que el propio poder que él mismo ostenta, y mucho más difícil de ignorar que lo hubiera imaginado desde que por primera vez se postuló para presidente, y que lo es, la terrible realidad en la que se encuentra nuestro país, el cual sin duda ha sido secuestrado por estos poderes reales a los que me refería en el párrafo primero.

Es decir, que ante este entorno o estado real de México, ahora el gobierno de Andrés Manuel no solo se está viendo obligado a frenarse en sus aspiraciones transformadoras, sino que ahora lo vemos hasta retroceder en cuestiones tan significativas para él como lo son las reformas en materia educativa, revocación de mandato, y hasta en lo relativo a la seguridad que debe o no brindarse a los expresidentes.

Sin duda, la falta de previsión del equipo del Mandatario le ha hecho olvidar que dentro del aprendizaje que se debe tener al imponer un nuevo modelo de gobierno, se encuentra la necesidad de lidiar con los poderes reales que se han constituido en nuestra sociedad, y que no se encuentran precisamente regulados por la ley, pero que gozan de un gran peso, al punto de poder hacer fracasar a cualquier gobierno.

¿Pero, cuáles son esos poderes reales constituidos en nuestra sociedad que empiezan a hacer trastabillar al proyecto del Presidente? La respuesta es, que aunque Usted no lo crea, esos poderes son los mismos que han hecho tropezar a los anteriores gobiernos y que fueron causa de esta alternancia política, y que lo son, los creados por los sindicatos, como el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); o el creado por la misma Elba Esther Gordillo; o bien, el poder que representa el Gobierno de los Estados Unidos; pero sobre todo, el poder que impone la delincuencia organizada en nuestro país y que sigue desgraciadamente rigiéndolo.

Entonces, tal parece que a nuestro Presidente lo ha alcanzado la realidad, y a casi 130 días de mandato, su administración empieza a enfrentar las verdaderas vicisitudes que le imponen los factores reales de poder que dominan a nuestro país, y que ahora lo obligan a retraerse en sus decisiones, y que de no ser dominados por la nueva administración federal representan una amenaza real de la culminación anticipada de lo que pudo haber sido, una verdadera Cuarta Transformación.

Aunque usted no lo crea, la democratización sindical, fue el principal argumento que utilizaron los legisladores, para aprobar en días pasados, la nueva Reforma Laboral, lo anterior en materia sindical; Sin embargo, para quien esto escribe, esta ley poco aporta en su articulado que nos pueda llevar a concluir que efectivamente podrá lograrse tal objetivo.

Y es que de entrada, esta nueva ley obliga a la creación de un órgano único federal de conciliación y registro de sindicatos, según se establece en su Artículo 590, con el que se declara al Ejecutivo federal, como el único facultado para autorizar, registrar y controlar a los sindicatos del país.

Es decir, que con esta nueva Ley Laboral, se termina con la posibilidad, de que dentro de las juntas de conciliación y arbitraje, según su ámbito de competencia federal o local, haya una unidad encargada del registro de contratos colectivos y de asociaciones sindicales independiente, o por lo menos diferenciada de los niveles de Gobierno.

Con lo anterior, se puede concluir, que al concentrarse en un organismo dependiente del Ejecutivo federal este registro de sindicatos, se corre el riesgo de que vuelva el sindicalismo corporativo, del que tanto echó mano el régimen priista de antaño y que sirvió como instrumento de poder político para lograr apoyos económicos, votos y hasta mano de obra gratuita en las campañas políticas. Quien dude de lo anterior, que se remita a la historia de nuestro país.

Aunado a lo anterior, en la citada reforma laboral también se contempla la posibilidad de que sea el Estado quien sancione o apruebe los contratos colectivos de trabajo, esto en contravención a los acuerdos internacionales de libertad sindical, que buscan sacar las manos del Estado en las negociaciones obrero patronales, puesto que puede incidirse en dichas negociaciones para implementar objetivos gubernamentales.

Asímismo, en esta nueva Ley Laboral, se deja de contemplar la posibilidad de que en la valoración de un Contrato Colectivo de Trabajo, se puedan escuchar las voces de los representantes sindicales y de los patrones, es decir que ahora será solo menester del Estado el aprobar o no las condiciones laborales de los trabajadores, esto sin conocer el punto de vista del sector obrero y del patrón.

Por último y por si lo anterior fuera poca causa de depresión por desilusión, me permito manifestar que en esta nueva ley laboral, no encontré un articulado específico que me permitiera confirmar que con la misma, efectivamente los trabajadores de México podrán terminar con líderes vitalicios encumbrados gracias al poder político y a sus ligas con partidos.

Entonces y sin duda, lo anterior descrito, es la causa principal por la cual, hasta el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, consideró oportuna esta reforma.

La advertencia está dada, por lo que a los coahuilense solo nos resta esperar que en próximos días, líderes sindicales locales vitalicios, por lo menos de la CROC y CTM, salgan a defender esta supuesta reforma garantista y libertadora de la que tanto ha presumido nuestra nueva clase política y que sin duda solo viene a darnos, más de lo mismo.

En menos de un mes, los coahuilenses estaremos conociendo sobre la resolución final que emita el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, en relación con la procedencia de los registros como partidos políticos, de las asociaciones que iniciaron su proceso de constitución, en enero del año pasado. Así pues y de darse el caso, a partir de junio de este mismo año, nuestro estado estará contando con cinco partidos políticos locales más, los cuales se estrenarían en el proceso eleccionario que inicia en noviembre próximo y que culmina el primer domingo de julio del año 2021, en el cual se renovará nuestro poder legislativo.

La Ley General de Partidos Políticos, en sus artículos 15 y 16, establecen que una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el organismo público local competente la solicitud de registro. Una vez recibida dicha solicitud, el Instituto verificará el cumplimiento de los requisitos y del mismo procedimiento establecido en esa ley, y formulará entonces el proyecto de dictamen correspondiente, en un término no mayor a 60 días hábiles, los que en el caso concluirá a finales de este mes de abril.

Entonces, tenemos que son cinco las asociaciones políticas que pudieran obtener su registro como partido político local en próximos días. Esto a pesar de que tres de ellas ya lo tenían y lo perdieron por falta de votos en la última elección de diputados realizada en nuestro estado. Sin embargo y por desgracia, la ley en ninguno de sus capítulos contempla la prohibición de que estas mismas asociaciones puedan intentar, cuantas veces lo pretendan, buscar su registro como partido político.

En consecuencia y aunque Usted no lo crea, en la fila de espera para la repartición de los nombramientos como partido político y por ende de sus correspondientes prerrogativas, tenemos otra vez a dirigentes de probada tenacidad, como lo son: José Luis López, quien cuenta con su misma gente, pero con un nuevo proyecto de partido al cual ha bautizado con el nombre de: Emiliano Zapata, la Tierra y su Producto; así mismo al exdiputado, Samuel Acevedo, quien en una muestra de ingenio sin igual, ha decidido hacer pasar a su antiguo partido Sí Coahuila, como Por Coahuila Sí, esto para despistar a la ciudadanía. En igual condición se encuentra al dirigente Abundio Ramírez, quien busca otra oportunidad con un membrete denominado Coahuila Incluyente.

Así pues, y por si lo anterior fuera poco desalentador, como nuevos proyectos de dirigencia y partido, aparecen los nombres de Rubén Humberto Moreira, con un posible partido al cual llamará Juntos Podemos Construir un Futuro Mejor, y al ciudadano Max Antonio Estrada, con uno de nombre Asociación Popular Coahuilense A.C.

Como es de verse, nuestro estado está a pocos días de saber si a su escenario político se suben estos “nuevos partidos”, lo anterior a pesar de la mala experiencia que nos ha dejado el multipartidismo local, el cual lejos de representar a un mayor número de ciudadanos, termina más bien representando, lo que es la terquedad de quienes sueñan con vivir eternamente del presupuesto.

En un acto de patriotismo puro, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en días pasados, solicitó al rey Felipe de España y al papa Francisco que pidan perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la Conquista de nuestro país, sucedida exactamente hace 500 años.

“Envié una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a los derechos humanos”, dijo el Presidente.

“Hubo matanzas, imposiciones. La llamada Conquista se hizo con la espada y con la cruz”, agregó el mismo, en su cuenta de Facebook.

Ahí también el Mandatario adelantó que pedirá perdón a indios mayas y yaquis, lo anterior por la conducta irracional y represiva del gobierno de Porfirio Díaz, en los años 1872 a 1910, la cual ocasionó la muerte de más de 20 mil Yaquis Sonorenses. “Tenemos que pedir perdón y que el año 2021 sea el año de la reconciliación histórica”, remató el Mandatario.

Por alguna extraña causa, muchos mexicanos fueron quienes más se opusieron a la petición de disculpas que el Presidente de México propuso, los cuales se volcaron en las redes sociales y en las columnas políticas para minimizar la propuesta y hasta para buscar ridiculizarla.

Aquellos que sueñan con convertirse en una real oposición al régimen actual, de inmediato hicieron lo propio a fin de lograr que la solicitud del que nos representa fuera considerada como una estupidez o una inequívoca señal de su falta de lucidez, al punto de pretender que dicha postura se considerara causal suficiente para pedirle su renuncia como primer ministro.

Sin duda el planteamiento del Presidente López Obrador, hasta hace unas semanas era impensable, esto a pesar de que a la fecha, quienes amamos nuestra patria, sentimos incomodidad cuando, por necesidad, debemos remitirnos a los pasajes de la conquista, y es que al hacerlo, invariablemente encontramos monstruosas escenas de barbarie ejecutadas por los conquistadores en nuestros antepasados, lo cual hacían con el único de someterlos y defraudarlos, y sin otro ánimo que hacerles entender que ellos eran superiores a nosotros, conducta que por desgracia ahora mismo y por este tema ha renacido en muchos políticos españoles.

Es precisamente por lo anterior, que la idea de que la corona española pida disculpas a la historia de nuestro país, deba considerarse como estupenda y suficientemente fundada, por lo que quien se oponga a la misma o la considere absurda, debe preguntarse la causa de su negativa, estoy seguro que si asume con sinceridad este planteamiento, llegará a descubrir que se siente poca cosa para motivar, que quien le agravió tan violentamente reconsidere su actuación; o lo peor, quizá esté tan dañado, que piense que lo sucedido a nuestro pueblo original fue lo mejor que nos pudo pasar.

De ser así, entonces déjeme decirle, que el daño que le ha causado el conquistador y el régimen que nos impuso, es mucho más profundo de lo que todos hemos imaginado.

Entonces, claro está que merecemos una disculpa de todo aquel que nos ha agraviado, en cualquier tiempo, y ninguna medida que busque la dignificación de nuestra historia puede considerarse exagerada. O lo que es lo mismo, ¿y por qué no?

“Si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría”, así lo consigna un danzón originalmente dedicado a José Martí, en Cuba; el cual luego le fue adjudicado al Chiapaneco Esteban Alfonso, al punto de dejarlo con una dudosa autoría.

Así pues, y en el mismo tema, el día de ayer 21 de marzo, cumpliría don Benito Pablo Juárez García, 213 años de haber nacido en el poblado de Noche honda o San Pablo Guelatao, en el estado de Oaxaca.

Don Benito Juárez pasó a la posteridad como uno de los personajes más importantes y significativos de la Historia mexicana, lo anterior gracias a las reformas constitucionales que impulsó durante su etapa como presidente de la nación, esto durante 14 años, por cierto.

Dichas reformas fundamentalmente decretaban la separación de los bienes públicos y del Clero y con las cuales terminó con muchos abusos y sacrificios que la Iglesia católica imponía al pueblo mexicano.

Sin duda esta fecha, la del natalicio del don Benito Juárez, seguirá siendo recordada por mucho tiempo más, aunque probablemente ya no con la fuerza y el fervor que se venía haciendo, por lo menos en los últimos años, y es que hasta el año pasado Juárez había sido recordado y añorado como nunca por los mexicanos, los cuales veíamos que en México las cosas iban de mal en peor y que difícilmente alguien podría sacar al abusivo, del poder.

Y cómo no. Si principalmente en el último sexenio encabezado por el tristemente célebre Enrique Peña Nieto, hasta Donald Trump decidió demostrarle su desprecio, y con amenazas, venganzas, imposiciones, majaderías y otros abusos extremos, intentó sobajar a los mexicanos frente a la comunidad internacional, lo que logró hasta dejarnos casi sin identidad, por lo que sin duda no es para menos la fecha ni el recordatorio.

Quizá sea por lo anterior, que el día de ayer, el aniversario del natalicio de don Benito Juárez fue distinto. Esta vez, como pocas, un presidente de México con autoridad moral visitó San Pablo Guelatao cuna de Juárez, para conmemorar la fecha.

Y es que esa autoridad se la ganó Andrés Manuel, desde el momento de que postuló los ideales del Benemérito de las Américas, desde su campaña.

Durante este evento, AMLO destacó que Benito Juárez aún gobierna, ya que gracias a su legado y su ejemplo sigue siendo un referente, un ideal, es lo que debe de inspirar siempre a un buen gobierno.

No intento decir que López Obrador sea idéntico a Juárez, pero sí, que igual que aquel, el actual Presidente llegó al poder al parejo que lo hizo Juárez, en un momento crucial y penoso para nuestro país, en el que quienes lo dirigían se distinguían por su ambición, por su inmoralidad, y por la brutal infusión de temor social y sometimiento a través de la pobreza.

No pasa desapercibido, lo que decía el gran historiador y abogado michoacano, don Luis González y González, a los hombres hay que analizarlos en sus propios términos, es decir, en sus circunstancias y condiciones históricas, ya que aplicar criterios actuales a hechos del pasado, puede confundirnos y hacernos caer en un error de comprensión.

Sin embargo, de no haber llegado el nuevo régimen a México, a los mexicanos no nos quedaría de otra que seguir sufriendo y lacerándonos con la pregunta ¿qué pasaría si Juárez no hubiera muerto?

La legalización del aborto en México es, sin duda, el tema del momento. Y es que desde el mes de diciembre pasado, el partido Morena presentó un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto libre hasta las 12 semanas de gestación, proyecto que sigue avanzando en ambas cámaras.

Así igual en nuestro estado, la diputada local, Claudia Isela Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, desde octubre, ya había presentado una iniciativa igual en la que pide modificar el Código Penal local para despenalizar la interrupción del embarazo, en idénticos términos que la propuesta nacional.

Ambas iniciativas se dice, encuentran su mayor fundamento en la ideología progresista de los partidos que las impulsan. Es evidente que los legisladores que se dicen progresistas, desconocen y por mucho, que el progresismo significa principalmente, la posibilidad de que la capacidad del individuo sea la única circunstancia que determine el límite de sus aspiraciones, y no la condición social en la que le tocó nacer.

Es decir, que un gobierno progresista debe limitarse a generar las condiciones ideales de igualdad, que logren que sea el esfuerzo humano la única variable que establezca la diferencia social y nada más.

En palabras formales, el progresismo se define como la tendencia al pragmatismo político que abarca ideologías de la centro-izquierda y centro-derecha, así como doctrinas filosóficas, éticas y económicas que buscan el progreso integral del individuo en un ambiente de igualdad, libertad y justicia.

En resumen, los progresistas persiguen el “progreso indefinido” en lo social, económico, político e institucional, en lo que al estado se refiere y nada más.

Por tal motivo, es absurdo que los legisladores morenistas y perredistas que se dicen progresistas, interpreten a esta ideología como la concesión desmedida para los gobernados de las más amplias libertades, incluso en el área sexual, al punto de pensar que el progresismo concibe el acto sexual como un juego placentero sin complicación ni consecuencias, cayendo incluso en el absurdo de pensar que si la mujer queda embarazada sin haberlo previsto, la única solución es la de liquidar la vida humana que existe en su seno como madre, como si el progresismo pudiese destruir los factores, sentimentales y emocionales por oponerse a la concepción progresista de la sexualidad.

Como esta, muchas otras consecuencias puede traernos esta desatinada concepción de estos disque progresistas, los cuales con su extraño raciocinio pueden llegar incluso a confundir al ciudadano y frenar con ello el verdadero progresismo que afortunadamente viene avanzando en México y Latinoamérica.

Y es que no debe existir otra idea distinta del progresismo a aquella que nos lleve a pensar que lo que el Gobierno debe siempre buscar, es el bienestar del ciudadano, a aquella que se traduce únicamente en la lucha por el progreso, una lucha por la evolución positiva para hombres y mujeres en sus aspectos individuales y sociales, desde una perspectiva humanista.

Es decir, que todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades, pero sobre todo dirigidas hacia la transformación social que lo beneficie y lo dignifique, y nunca como factor para que lo pierda o lo envilezca. Eso jamás será progreso.

En próximos días, la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, presentará a través de su diputado Sergio Carlos Gutiérrez, un proyecto de decreto por medio del cual se buscará reformar los artículos 40, 41, 99, 116, 122 Y 134 de la Constitución política de México, lo anterior a fin de dar continuidad a la tan proclamada política de austeridad, solo que ahora dirigida al rubro de lo
electoral.

En la parte de la exposición de motivos de dicha iniciativa, quienes la proponen afirman que es posible tener procedimientos e instituciones electorales menos costosas, y que a la vez puedan seguir siendo, efectivas y confiables.

Así pues y en la justificación de la proposición, o lo que es lo mismo, en la parte del porqué, el texto de la propuesta se limita a responder con un simple, “porque la tendencia se dirige hacia que el gasto público debe ser lo más sobrio posible”.

Con tal respuesta y en la búsqueda del cómo lograrlo, es decir, la manera en que pudiera disminuirse la inversión tan grande que se hace en las instituciones encargadas de garantizar procesos electorales, pero sin menguar la calidad de la democracia, en la iniciativa se encuentra que tal cuestionamiento se salva con la intención de suprimir o desaparecer a los Organismos Públicos Locales, también conocidos como Oples, lo que incluye por supuesto, a nuestro celebre IEC o también conocido como Instituto Electoral de Coahuila.

Así pues, con dicha reforma, se propone trasladar en su totalidad la función del organismo estatal al nacional, o sea que, lo que los organismos electorales locales hacían como lo era la organización de los comicios estatales y municipales, ahora lo deberá hacer el Instituto Nacional Electoral, a través de un consejo local conformado por personas escogidas desde el Congreso de la Unión; lo anterior con el fin de no trastocar el federalismo en la función electoral, según se allí se dice.

otra de las ventajas que esta propuesta ve, lo es que estos consejos locales desaparecerán y aparecerán según el calendario de elecciones, es decir, que solo cuando haya elecciones en el estado se conformaran estos consejos locales electorales, dado que según advierten, el actual consejo del Instituto Electoral de Coahuila, pasa por tiempos de descanso muy costosos para la nación.

Y es que los de Morena dicen que desde la reforma política electoral del año 2014, los Oples han erogado una cantidad mayor a lo que gastaban los institutos electorales locales, esto a pesar de haberse reducido considerablemente sus funciones.

Hasta aquí todo parece entendible y aceptable, sin embargo lo que “los del poder” olvidan, o bien, ya poco les interesa es que, ya existe en comisiones, otra iniciativa ingresada desde diciembre por el diputado Pablo Gómez, en la cual se propuso una reducción importante de personal y de presupuesto al Instituto Nacional Electoral, además de obligarle a fusionar direcciones y vocalías de organización y capacitación en absolutamente toda su
estructura.

En resumen, el riesgo es inminente, y es que de darse ambas reformas, la carga de trabajo que se le impondría a un solo Instituto haría de su operación una verdadera misión imposible, y desde luego, la afectación a su eficacia seria innegable. O lo que es lo mismo, la democracia cara aún se sigue necesitando en México. O ¿quién piensa distinto?

Por lo visto, a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, antes de recuperar la credibilidad de algunos de sus jueces, le urge recobrar los cerca de 127 millones de pesos, que su antecesor el magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, indebidamente apostó y jamás recuperó. Y es que debemos recordar, que en el año 2015, el Poder Judicial Local, perdió esa cantidad que formaba parte de un fondo de mejoramiento para la administración de la justicia, gravamen que hasta hoy sigue pesando en poder judicial de nuestro estado.

Y es que desde aquella fecha, la justicia en nuestro estado cada día más observa terribles deficiencias en su funcionamiento, y cómo no, si dicho fondo, además de tener como objetivo la capacitación constante del personal y la mejora continua de su infraestructura, también era utilizado para la compra de material consumible necesario para el diario funcionamiento de este poder.

Lo grave de este asunto, es que lo que ahora intenta hacer su titular para recuperar lo perdido, no es ni por poco el imponer castigos a los culpables, si no que, con políticas recaudatorias, la magistrada presidenta

busca recapitalizar a este órgano judicial por medio de la imposición de cuotas y cobros por los servicios prestados por los juzgados y otras dependencias a su cargo, servicios que en todos los casos debieran ser gratuititos y accesibles para el ciudadano.

Por si lo anterior fuera poco lamentable, debemos recordar, que el siniestrado fondo de mejoramiento para la administración de la justicia, se constituye principalmente con los recursos provenientes de multas, fianzas y garantías que imponen los jueces a las partes en juicios de todos tipos y por diversas causas, por lo que sin duda, estos son recursos públicos, así pues y a pesar de ello, el anterior presidente del Tribunal superior de Justicia de Coahuila, sin derecho alguno, decidió invertirlo en una sociedad de ahorro.

En aquel 2014, este fondo tenía acumulada la cifra de 126 millones 938 mil 787 pesos con 40 centavos, los cuales inexplicablemente fueron tomados por el titular para ser desviados de su finalidad y jugados en una caja de ahorros de reciente creación, que funcionaba como Sociedad

Financiera Popular (Sofipo) llamada Ficrea S.A. de C.V., SFP. Así pues y por si lo anterior fuera poca desgracia, meses después la comisión nación bancaria y de valores CNBV. Anunció que intervendría a esta financiera, por sospechas de lavado de dinero, declarando su liquidación en el año 2015, fecha desde la cual el recurso desapareció y se le necesita hoy como nunca en nuestro sistema de justicia.

Así fue como iniciaron las carencias en el poder judicial, las cuales se hacen cada vez más evidentes al punto de poner en riesgo la operatividad del sistema de justicia, sin embargo en un afán de compensar dicha situación, quienes manejan a dicho poder independiente, han decidido hacer de la justicia en Coahuila, una fuente de ingresos, a pesar de que por mandato constitucional debiera ser totalmente gratuita, pero ante la carestía heredada, ahora los justiciables, deben pagar hasta por revisar sus expedientes.

Así pues, la carencia económica y de valores de algunos de los juzgadores, declarada por la presidenta en su informe, hace de la justicia coahuilense una de las más cuestionadas e ineficaces de toda la república.

En un acto sin precedentes, hace siete días, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado, la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, rindió su Tercer Informe de trabajo al frente del máximo Tribunal local, lo anterior, ante el pleno del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, organismos ambos, que la misma funcionaria preside.

Y digo sin precedentes, dado que por primera vez la encargada del Tribunal del estado reconoció la profunda crisis de honestidad que actualmente vive la impartición de justicia en nuestro estado.

La magistrada presidenta, abrió su discurso diciendo: “El Poder Judicial culminó el año 2018 inmerso en una situación inédita ante el inicio simultáneo de procedimientos disciplinarios contra 6 jueces y 12 secretarios de acuerdo y trámite, a quienes se les impuso como medida cautelar la suspensión en sus funciones, al menos por el tiempo que duren dichos procedimientos disciplinarios”, lo anterior se dio, porque los juzgadores, probablemente incurrieron en faltas administrativas consideradas por la ley como muy graves y graves, en la tramitación de diversos juicios promovidos por el Infonavit.

Además, aclaró que los procedimientos administrativos que se tramitan en el Consejo de la Judicatura contra esos funcionarios judiciales “siguen su cauce legal y que de acreditarse las faltas graves que se les imputan, culminarán con la imposición de las sanciones correspondientes”.

Incluso, la magistrada aseguró que de inmediato se dio parte a las autoridades investigadoras de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por los funcionarios públicos, por los evidentes actos de corrupción, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, determinen si las conductas de las y los funcionarios públicos judiciales implicados, significan la comisión de algún delito.

Llama la atención que la magistrada presidenta, de entrada reconozca como inédito el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia, ahora sí, intente sancionar a los funcionarios judiciales que cayeron en actos de corrupción al momento de desempeñar sus funciones, lo que por desgracia, es por bastante cierto.

Y es que, para quien dude de lo anterior, lo invito a que haga un exhaustivo ejercicio de memoria y trate de recordar si en algún momento el anterior presidente del Tribunal Superior, Gregorio Pérez Mata, dio alguna vez cualquier explicación sobre los ilegales movimientos financieros que se realizaron en su gestión para beneficiarse con los intereses de 125 millones 600 mil pesos depositados en una cuenta de Ficrea, empresa que quebró dejando sin sus ahorros a miles de personas y al Tribunal Superior de Justicia de Coahuila sin esa enorme cifra de dinero, que al final es propiedad de los coahuilenses.

Ojalá que lo que actualmente sucede en el Tribunal de nuestro estado sea realmente parte de un proceso de depuración de malos hábitos, los cuales son muchos y bastante vigentes, y no una estrategia oculta para lograr las acciones realizadas en administraciones pasadas, como lo sucedido con Ficrea, queden en el olvido y sin castigo para los infractores, ya que de ser así, estaríamos ante la indudable materialización de aquel refrán mexicano que reza: “Siempre se rompe la soga por lo más delgado”.

En menos de 15 días los mexicanos y en especial los coahuilenses hemos conocido del rigor de la justicia mexicana, lo anterior dado que, el pasado día 3 de febrero, Guillermo Padrés abandonó la prisión y sólo tendrá que presentarse ante una autoridad cada 15 días; de igual forma, el 5 de febrero, supimos de la detención, por parte de la Fiscalía General de la Republica, en Puerto Vallarta, Jalisco, del exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, a quien le cumplimentaron una orden de detención con fines de extradición, dictada por un juez federal, en auxilio de labores en favor de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por el presunto delito de lavado de dinero.

Asimismo, apenas hace algunos días se dictó la esperada sentencia en el juicio en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, también en Estados Unidos. Lo anterior, luego de casi dos semanas en las que el jurado desahogó todas las pruebas presentadas por las partes. “El Chapo” fue encontrado culpable de los 10 cargos que se le imputaban, por lo que recayó sobre él, una condena que lo obligará a pasar el resto de su vida en prisión.

En los tres casos, los familiares de los delincuentes siguen disfrutando de las fortunas que estos hicieron delinquiendo y al amparo de la impunidad, por lo que debemos aceptar que dichas noticias dejaron de ser el escenario ideal en el cual se reivindicaría la idea de impartición de justicia, aquella que entendíamos como que el que infringe la ley tarde o temprano termina castigado, o que quien la hace la paga.

Por desgracia el resultado del análisis de estas capturas es por demás adverso y complejo, ya que la realidad es que a pesar de que los culpables han sido sometidos por la justicia y la ley, también cierto es que, en el mejor de los casos, ha sido un país distinto al nuestro el que ha tenido la iniciativa real de hacerlo, por lo que en nada nos veremos beneficiados, y en el peor, de nada ha servido que la justicia mexicana atrape a quienes se han corrompido para hincharse de dinero.

Es decir que a los ciudadanos, poco o nula gracia nos hace ya la idea de que el Gobierno atrape y castigue a quienes se han servido del pueblo a través de la delincuencia, dado que como ha venido sucediendo, los delincuentes a lo sumo son sometidos al escarnio público, lo que de nada sirve, y es que con las últimas actuaciones del Gobierno mexicano, la idea de justicia ya nada tiene que ver con el resarcimiento de los daños ocasionados por el infractor al pueblo, puesto que jamás se les ha obligado a entregar sus riquezas.

Entonces la gran pregunta es si atrapar y meter a la cárcel a los delincuentes y corruptos realmente es tan necesario como parece ser. La realidad apunta en una dirección distinta, ya que de seguir este esquema, de captura sin castigo, seguirá habiendo personas dispuestas a delinquir, a sabiendas que una vez que compurgue su condena seguirá disfrutando del fruto de sus tropelías, y esto sucederá hasta no darse un verdadero esquema de restricción legal que deje de generar el enorme incentivo económico para la existencia de iguales personajes. O lo que es lo mismo, mientras no se obligue a los condenados a devolver al pueblo lo que le han quitado, la justicia en México nunca pasara de ser circo, maroma y teatro.

Es cada vez más fuerte el rumor entre los funcionarios federales respecto a una inminente renuncia de la secretaria de Gobernación, la exministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, de quien ahora dicen, en esta última semana, nuevamente presentó su renuncia a AMLO.

Incluso, hay quienes dicen que, esta es la tercera vez que Sánchez Cordero intenta separarse de su cargo, argumentando como causal principal el desgaste de su salud como consecuencia de tener que estar de madrugada todos los días en Palacio Nacional para asistir a las presentaciones matutinas.

Dichas renuncias supuestamente han sido rechazadas por el Presidente, disuadiéndole de tal acción para convencerle de que permanezca en el cargo.

De ser cierta la intención de la funcionaria Sánchez Cordero de retirarse del cargo, considero que su renuncia va más allá de un malestar físico traído por las desmañadas que sufre diariamente para asistir a las conferencias matutinas del Presidente, y más bien, obedece a la incomodidad de la funcionaria con las políticas públicas que esta Administración ha venido imponiendo.

Y es que no hay asunto que se anuncie en una conferencia matutina en el cual no le rebote una indirecta a la primera mujer notaria pública en la Ciudad de México, la cual parece carecer de autoridad moral para abanderar las causas que Andrés Manuel con su política busca materializar.

Desde el comienzo de la presente Administración federal, la secretaria de Gobernación, tuvo que tragar saliva y hacerse la disimulada cuando el Presidente emprendió una batalla mediática en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a los altos sueldos que estos mismos se imponían y a los cuales no estaban dispuestos a renunciar, a los que llamó “rancia burguesía neoliberal”; sin reparar que su segunda de abordo fue parte de ese selecto grupo desde enero de 1995 y hasta noviembre de 2015, periodo en que se desempeñó como ministra de ese tribunal.

Igual situación parece sucederle a Sánchez Cordero en el tema del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ya que la perversión de la finalidad de esta dependencia obedece en gran parte a la insensibilidad de la misma exministra, quien era miembro de la Segunda Sala de la SCJN, cuando esta, el 11 de agosto de 2010, emitió una jurisprudencia que obligaba a considerar que el Infonavit, sí otorgaba “créditos baratos” y que cumplía a cabalidad con lo ordenado en la fracción XII del apartado A, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a pesar de ser a todas luces falso.

De igual forma le resulta culpabilidad a nuestra secretaria en la resolución respecto al tema, emitida por la misma Corte en el año 2015, cuando con su ayuda emitió una sentencia con la que se dejó sin efecto la determinación de un tribunal en Nuevo León que consideraba que el crédito social del Infonavit era por demás gravoso para el trabajador y contrario a su finalidad de ser un crédito barato y accesible.

Sin duda la incomodidad de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero tiene su fundamento, por lo que no dudemos que en próximos días se separe de su puesto y es que no debe ser fácil

aguantar las consecuencias de haber pasado una vida, ¡escupiendo al cielo!

A diferencia de lo que sucede en el escenario nacional, en donde por lo menos 52 agrupaciones políticas presentaron este enero su carta de intención para constituirse como un partido político nacional, en Coahuila, al día de hoy, el Instituto Electoral a través de su Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en sesión extraordinaria, dará cuenta ya del número de solicitudes de registro definitivo presentadas por organizaciones de ciudadanos que están a punto de concluir el trámite para constituirse como partidos políticos locales.

Y es que la Ley General de Partidos Políticos en sus artículos 15 y 16, establecen que una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el organismo público local competente, la solicitud de registro y una vez recibida dicha solicitud, el Instituto verificará el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en esa ley, y formulará el proyecto de dictamen correspondiente.

Como es de verse, nuestro estado está a pocos días de saber si a su escenario político se suben otros cuantos partidos locales, lo que sin duda causará el enojo de la ciudadanía, lo anterior dado a que por la experiencia vivida, al coahuilense muy mal sabor de boca le ha dejado el multipartidismo local, que recién empezaba a disminuirse.

Y es que a la lista de desventajas que tiene el pluripartidismo coahuilense, ahora mismo debemos sumarle una más: la de lo innecesario que resulta, dados los resultados de la última elección, en la cual además de elegir al Presidente, se disputaron 3 mil 400 cargos a nivel nacional y que se desarrolló en un ambiente de franca democracia, según los resultados.

Así pues, y en atención a lo anterior, debemos entender que hasta antes de esa elección de 2018, el pluripartidismo era necesario si en verdad se quería construir un estado democrático, dado que hasta entonces, a nuestra nación siempre la habían gobernado las corrientes de derecha materializadas a través de los partidos mayoritarios, que invariablemente seguían y mantenían una misma línea de política económica y social, a pesar de presentarse como alternativas distintas. Lo que traía como consecuencia que las corrientes de izquierda, se quedaran sin representación y sin más alternativa que intentar conformar o adherirse a nuevas opciones políticas, en busca de un verdadero cambio, lo que ahora es totalmente innecesario.

Es decir que con la llegada de este otro nuevo régimen de verdadera izquierda al gobierno de México, es evidente que en la palestra política hoy como nunca, todos los sectores de la sociedad pueden sentirse identificados con las alternativas ya existentes, por lo que la creación de otros partidos, además de ser ociosa e infundada, pudiera ahora hasta tornarse peligrosa, ya que pone en riesgo la evolución de la naciente democracia, por agregarle ingredientes superfluos. O lo que es lo mismo, en materia de alternativas políticas, ahora sí, ¡ya estamos completos!

Es evidente que si hay algo que Andrés Manuel López Obrador conoce, es precisamente el quehacer político, y es que hasta el día de hoy, los mexicanos hemos visto con sobrada tolerancia cómo el Presidente declaró y sostiene una férrea batalla contra los que viven de hacer transas con el petróleo mexicano, en la cual, gran parte de la sociedad es la que más ha batallado, pero sin restarle un céntimo de respaldo a su maniobra, y por el contrario, el macuspanense no deja de ganar popularidad y el apoyo del pueblo, lo que pudiera resumirse ya en un triunfo político por parte del Gobierno federal.

Quien dude lo anterior, le invito a que se remita a lo sucedido el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, fecha en la que se aprobó la propuesta morenista relativa a la institución de la Guardia Nacional, la cual pasó por mayoría calificada con 362 votos, esto con la venia de los gobernadores y diputados priistas que decidieron apoyar al Presidente y darle los 42 votos de sus diputados.

Y es que no dejo de pensar que las conferencias que el Presidente da en las madrugadas, cada día dejan de ser más informativas, para tornarse más bien como una certera advertencia o amenaza en contra de quienes intenten cuestionar sus decisiones, las cuales a decir verdad no tendrían fruto si no fuera porque a muchos de nuestro políticos les nace una tremenda cola susceptible de ser pisada para acallar sus ansias de protagonismo.

Como muestra de lo anterior, me permito recoger la oración lanzada al aire por Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el lunes pasado, en la conferencia matutina cuando con dedo de fuego aseveró: “Un extrabajador de Pemex, un exdiputado local, un expresidente municipal, están relacionados con la venta de gasolina y la comercialización de huachicol”. Para rematar diciendo: “empresarios gasolineros han logrado blanquear más de 10 mil millones de pesos al sistema bancario mexicano”.

Al escuchar dicha aseveración, pensé en Montemayor y Rosendo Villarreal, pero luego recordé a muchos más y me asaltó esta pregunta: ¿Quién relacionado con el petróleo mexicano y con la política nacional podrá estar en condiciones de meterse en controversia o de objetar las decisiones del Presidente en cuanto a la problemática gasolinera? Me atrevo a contestar, ¡Nadie! Sin duda, más de un político y/o empresario gasolinero tragaron saliva y empezaron con súplicas y rezos al creador, pidiendo su cobertura y protección.

Por si la anterior amenaza fuera insuficiente, el mismo funcionario refirió en diversas ocasiones, que ya existen cinco casos que han sido entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) con la idea de que se judicialicen en el corto plazo. Además dijo que, gracias a tareas de inteligencia, se han podido localizar más de 14 mil operaciones inusuales en las 32 entidades de la República, en su mayoría depósitos en efectivo que muestran inconsistencias con los recursos de las empresas.

Con esto último hasta yo me he dedicado a revisar mis tickets de consumo de gasolina, no vaya a ser la de malas y en alguna de esas me hayan implicado en algún ilícito, así que para mayor tranquilidad, seguiré el ejemplo de la oposición, es decir ¡Apoyaré sin chistar las decisiones y propuestas del Señor Presidente!

Para quienes se desbordan en sus críticas y llaman hasta “apocalíptico” lo que está sucediendo al Presidente por intentar cumplir la promesa de campaña relativa a erradicar el robo de combustible, déjeme adelantarle que lo mejor que pueden hacer es dosificar sus fuerzas ya que en este cambio de régimen faltan muchas cosas por ver, las cuales le representarán, sin duda, un sinnúmero de oportunidades para que usted desde su perspectiva, desahogue su lado analítico.

Y es que al modo de Andrés Manuel, no me queda duda que intentará, también de un plumazo, cumplir con muchas otras de sus promesas de campaña, lo cual será para muchos lo mejor y para otros tantos, lo peor.

Por ejemplo, en pocos días veremos cómo le hará el Presidente para lograr que durante su Gobierno no haya rechazados en las universidades, lo cual de ninguna manera se suple con la entrega de las 300 mil becas a los alumnos de nivel superior.

Debemos recordar que este posicionamiento de López Obrador, tuvo lugar en una entrevista realizada tras su encuentro con Enrique Graue, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual dijo: “Nadie se va a quedar sin la oportunidad de estudiar, ese es un propósito y es un compromiso que hemos hecho”, asegurando que desde ese momento estaba en acuerdo con universidades públicas y privadas de toda la República para que sus puertas fueran abiertas a todos los jóvenes que aspiraran formar parte de su alumnado. Ahí mismo, AMLO señaló que se tendrá una cobertura al ciento por ciento en el nivel medio y superior.

El tema del rechazo en las universidades, con el que dice terminará el nuevo Presidente, viene a colación dado que el próximo martes 15 de enero, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dirección de Asuntos Académicos, publicará la convocatoria 2019, para que quienes lo deseen puedan participar en el examen de admisión para alumnos de nuevo ingreso a los niveles de bachillerato y licenciatura para el semestre escolar agosto-diciembre 2019.

Cabe mencionar que en cifras del año pasado, de 29 mil alumnos que presentaron examen de admisión para ingresar a bachilleratos y licenciaturas en nuestra universidad, sólo 10 mil 200 pudieron ingresar, en cantidades de 4 mil 445 en nivel medio y cerca de 5 mil 700 en nivel profesional, lo que sin duda aumentará en esta nueva jornada y alejará aún más a nuestra universidad del propósito y promesa del Presidente.

Ante dicha situación, es evidente que a menos de que el Mandatario abandone esta promesa, las cosas se vislumbran complicadas, al menos para el personal de la universidad, dado que al nuevo estilo del Gobierno federal, es probable que para cumplir esta promesa, en próximas fechas veremos adecuaciones y acciones que a más de uno molestarán.

Es por esto que desde ahora invito a los detractores del sistema, a no desgastarse de más en el actual problema del abastecimiento de gasolina en los centros de distribución, ya que el mismo sin duda, en próximas fechas se resolverá y será entonces una nimiedad como tema de debate, ante la llegada de este otro que promete ser de mayores magnitudes y de mucha más importancia.

O lo que es lo mismo: ¡Guarden sus fuerzas!

Desde noviembre del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó la creación de la nueva figura que fungirá como vínculo entre las secretarías de Estado y los gobiernos estatales: los llamados superdelegados. Según la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se eliminaron las delegaciones federales en las entidades de la República y se crearon las “coordinaciones generales para el desarrollo de programas”.

Así pues, a estos superdelegados se les atribuyó la función de coordinar e implementar los planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, las dependencias y entidades.

Aunque esta representación del Gobierno federal en los estados, no es totalmente nueva, su creación y atribuciones han generado ataques de legisladores y de gobernadores de oposición. Ya desde la presentación de esta figura, los gobernantes opositores los consideraron, más bien, como vigilantes enemigos o supervisores indiscretos.

Lo anterior dado a que estos personajes serán los encargados de evitar los excesos de los gobiernos estatales sobre el destino de los recursos federales, ya que en muchos estados, estos dineros son utilizados para otros temas, muchos de estos políticos; y ejemplos de esto hay muchos.

A decir verdad, la idea parecía ser buena. Y es que el saber que una persona cercana al Presidente estuviese atenta al uso adecuado de los recursos federales en los estados, y que además le mantuviera informado de manera constante al Primer Mandatario de las conductas de los gobernadores y sus políticas públicas era casi un sueño; sin embargo, a los primeros días de mandato, López Obrador reculó y declaró que no serían superdelegados, ya que no podrían inmiscuirse en temas de seguridad, para no violentar la soberanía de los estados, y que tampoco en el tema del presupuesto podrían opinar, ya que consideró que era mejor que este rubro se tratara directamente entre los gobernadores y los titulares de las secretarías, disminuyendo con esto las atribuciones extraordinarias que inicialmente les habían concedido.

Al final de cuentas, resultó que lo único indispensable del trabajo de los superdelegados hasta hoy lo es la realización del bendito “censo del bienestar”, este registro, ordenado por el Gobierno federal en los estados, para ubicar a los posibles beneficiarios de los programas sociales y que es levantado casa por casa por voluntarios denominados Servidores de la Nación.

Entonces, estos menoscabos a su investidura sean quizás la causa por la que el representante del Ejecutivo federal en Coahuila, el abogado Reyes Flores Hurtado, hasta hoy haya sido tibio en sus declaraciones y omiso en sus acciones, ya que hasta el momento nos ha mantenido en la expectativa constante respecto a su línea de trabajo, dedicándose sólo a dar entrevistas con respuestas vagas y carentes de compromiso, postergando día a día su actuar concreto; trayendo como consecuencia que los aún mandamases de algunas delegaciones en nuestro estado, como la SCT e IMSS, sigan decidiendo y acomodando las cosas a beneficio propio, por no decir, que aprovechando esta dilación para acomodar y maquillar el estado real que guardan sus delegaciones. O lo que es lo mismo, ¡ni tan súper, los delegados…!

A pocos días de celebrar las fiestas decembrinas, nuestra entidad ha sido cimbrada por dos terribles eventos: los asesinatos arteros de dos personajes de la política local a manos de personas comunes, que con motivo de perder los estribos en discusiones fútiles, se convirtieron en asesinos casi involuntarios, y es que en ambos casos los homicidas en nada remediaron sus conflictos y por el contrario, perturbaron su existencia en tal extremo que uno de ellos prefirió quitarse la vida antes de enfrentar las consecuencias de su acción a todas luces impensada.

Acciones como estas nos llevan a pensar que el camino que nuestra sociedad está tomando no es precisamente el adecuado, y es que además de estos dos asesinatos, la Fiscalía General del Estado, ha reconocido con sus últimas declaraciones que Coahuila crece de manera exponencial en el número de suicidios.

Es decir, que la población coahuilense es quien más está sufriendo de depresión severa a nivel nacional.

Por desgracia, y desde el año 2016, el récord de suicidios en el estado sobrepasaba la media nacional y de ahí a la fecha ha venido incrementándose año tras año. Hasta hace pocos días, el número de suicidios registrados en Coahuila sumaban más de 239, contra los 214 que hubo en todo el año 2017.

Estos números hacen que nuestro estado se sitúe arriba de entidades con poblaciones mucho más altas como lo son la Ciudad de México y el estado de Nuevo León, lo que nos debe llevar a concluir que existe en los coahuilenses algún factor extraordinario que nos pone en situación de vulnerabilidad frente a este fenómeno tan lacerante.

Debo reconocer, que según cifras de la Organización Mundial de Salud (OMS), los trastornos mentales comunes están en aumento en todo el mundo y que en México, estos padecimientos ocupan el cuarto lugar en la lista de enfermedades públicas comunes.

Es decir, que la depresión es una de las enfermedades más frecuentes y que se ha posicionado como la primera causa de suicidio y la cuarta de discapacidad laboral.

Estas cifras son mucho más preocupantes, si consideramos que esta enfermedad se ha convertido ya, en la primera causa de deterioro en la calidad de vida en mujeres y la novena causa en los hombres.

Sin embargo, no debemos perder de vista que, en Coahuila las cifras de diagnóstico de depresión han alcanzado a cerca del 10% de la población, y los trastornos mentales representan un 30% de la carga de enfermedades no mortales de los coahuilenses, cifras que siguen en aumento, según el número de casos de suicidios en la localidad.

Lo que nos lleva a concluir que ha sido la desatención de los gobiernos anteriores la causa de este incremento.

Es evidente que las políticas públicas en materia de salud mental, implementadas en nuestro estado desde el 2016, no han sido eficaces y en nada han atenuado este flagelo social, por lo que urge que el actual Gobierno diseñe y aplique a la brevedad una verdadera estrategia integral que involucre a todas las instituciones que componen a este gobierno, a fin de contrarrestar a toda costa el número de casos.

Es decir, no hay duda de que la salud mental pública debe ser el principal reto que deberá enfrentar este Gobierno estatal, incluso sobre cualquier otro, ya que de nada servirá tener un estado próspero, con una población enferma.

De pronóstico reservado será el desenlace del enfrentamiento que ahora viven los poderes de la Federación Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, dado que en el mismo se mezclan circunstancias legales, políticas y mediáticas, las cuales hacen tambalear para un lado y para el otro, el conflicto relativo a la austeridad, que tanto detestan los ministros de la Corte.

Y es que, existe la posibilidad de que, las bancadas aliadas izquierdistas, en el Congreso de la Unión, en colusión con el Presidente de la República sometan al poder Judicial y le obliguen a disminuir sus sueldos.

Sin embargo, también es cierto, que los propios ministros serán juez y parte en la decisión de disminuir sus sueldos, ya ellos mismos resolverán la impugnación que los senadores de Morena interpusieron, ante la misma Corte, en contra de la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de suspender la aplicación de la ley de salarios máximos.

Es decir que en materia política y legal, las cosas quedan empatadas.

Entonces, el área que resta es la mediática, consistente en las opiniones que se vierten por todo mundo sobre este tema, por lo que quizá sea esta, la que termine decidiendo si los ministros aceptan la reducción obligatoria o lo hacen por propia iniciativa, dependiendo de la presión que se les ejerza.

De ser así, es evidente que la gran desventaja en el área de opinión pública, la tiene el poder judicial, ya que al haberse dedicado todo el tiempo en agrandar sus prestaciones, lo jueces de la corte desestimaron siempre el sentir del gobernado, lo cual es por demás entendible, dado que un ministro ni se imagina las odiseas que vive el ciudadano común para lograr sobrevivir en este país lleno de
desigualdades.

Es decir, que al olvidarse de los justiciables, los integrantes del máximo tribunal del país, nada bueno pueden esperar de la opinión pública, ya que pudiera ser esta la oportunidad para que el pueblo les cobre los agravios causados con tantas resoluciones adversas, y ejemplos hay muchos: La sentencia dictada en plena crisis del año 1998, cuando declararon legal, el anatocismo, que no es otra cosa que la capitalización de los intereses, de modo que sumándose tales intereses al capital originario pasa a redituar nuevos intereses.

Dicho en palabras simples, permitió entonces que los bancos cobraran intereses sobre intereses generados, esto a pesar de que la mayoría de las legislaciones del mundo lo prohíben.

El principal argumento utilizado por el pleno de la autoridad, era que el deudor desde la firma del contrato aceptaba someterse a tal vejación económica.

Así mismo, las cuestionadas resoluciones dictadas sobre asuntos como, la caída del sistema, Amigos de Fox, Hildebrando, Monexgate, Lydia Cacho, Guardería ABC, el vergonzoso asunto de la francesa Florence Cassez y la última, relativa a permitir que el Infonavit pueda cobrar réditos altísimos a los trabajadores, evitando con esto el cumplimiento del derecho a una vivienda digna y accesible.

En resumen, los integrantes de la SCJN, no deben esperar apoyo del pueblo, ya que ellos mismos con sus actuaciones han logrado alejar cada vez más al ciudadano de la justicia y conceder siempre más canonjías a la clase política, la cual ahora, poco les puede ayudar. O lo que es lo mismo: “Cosechar lo que se siembra”.

El 13 de noviembre pasado, el Congreso del Estado aprobó una Ley del Registro Civil con la que brinda a los ciudadanos la posibilidad de cambiar en sus registros de nacimiento el género y el nombre, sin mayor requisito que el deseo de hacerlo.

El motivo más pronunciado por los legisladores fue el nuevo derecho humano denominado “libre desarrollo de la personalidad”. Este criterio se define como el reconocimiento a la facultad natural de todo individuo a ser como quiere ser, sin coacciones, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás. Es decir, este consiste en permitir a la persona la realización y cumplimiento de sus propias metas, las cuales se ha fijado de manera autónoma, de acuerdo con su temperamento y carácter y sin mayor limitación que la de no violentar el orden público.

Como es de verse, nuestros equivocados legisladores conciben el derecho al libre desarrollo de la personalidad como un valor con mayor peso que el compromiso que la persona tiene con la sociedad civil y con el estado. Ya que, según dicen, debe ser el Estado, el obligado a no interferir por ningún motivo, con el ciudadano para permitirle dar rienda suelta a todas sus libertades, como la de pensamiento y la de expresión verbal o corporal; su forma de vestir, su cabello, su estética, sus preferencias sexuales y hasta sus retorcidos instintos, puesto que piensan que la forma de vida de cada quien sólo depende de sus gustos individuales y del estilo de vida que quiera escoger, a pesar del medio social en que el individuo se desarrolle.

Es evidente qué peligrosa y errónea resulta la interpretación que los diputados dan a este derecho, ya que olvidan que la libertad en una sociedad debe protegerse en un sentido positivo. O dicho de otra forma, el desarrollo de cada de una de las personas dentro de una sociedad debe ser permitido, siempre y cuando el mismo sea para bien o de beneficio para el ciudadano y por ende para su comunidad, ya que sólo de esta manera se podrán engendrar sociedades aptas para desarrollarse.

Lo anterior puede verse en pueblos con doctrinas perfeccionistas, que invitan a las personas a optar siempre por el bien para sí y para los demás, con la finalidad de lograr el respeto de los ciudadanos entre sí como valor fundamental. Es decir, que el ciudadano en sociedad deberá decidir siempre por no atentar contra su sobrevivencia, su dignidad, su moral, su salud física o mental, ya que entender la libertad en contrario, o la simple omisión del Estado para procurar estos aspectos hacen incompatibles cualquier otra libertad dentro de una sociedad que se digne llamarse educada o civilizada.

Entonces, a nuestros diputados les hace falta conocer que la doctrina del Derecho describe al ciudadano común como un ente constituido de derechos y obligaciones y que sólo bajo esta concepción se puede lograr la finalidad del Estado, que es la de procurar la armonía en una sociedad, por lo que al confrontar estas absurdas leyes recién creadas contra las verdaderas necesidades del pueblo inevitablemente debemos concluir que las mismas agravian de manera evidente al bienestar común, el cual día con día se ha ido mermando por los constantes ataques a sus valores fundamentales, lo que llevarán, sin duda, a nuestra sociedad a su propia extinción.

El pasado martes 13 de noviembre, el Congreso del Estado aprobó una nueva ley del Registro Civil, en la cual se consigna la posibilidad de que los ciudadanos que así lo anhelen, puedan cambiar en sus registros de nacimiento, tanto el sexo como el nombre por otro con el que se sientan más identificados, o bien por cualquier otro interés.

En el cúmulo de argumentos utilizados por los ocurrentes legisladores, encontré que los diputados cual disco rayado, en todo momento apelaron a la idea de que esta nueva libertad de elección, era parte de las prestaciones del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. De igual forma y para afianzar su escuálido fundamento a voz en pecho, se dijeron satisfechos por la aprobación de esta absurda ley, al señalar que con la misma se beneficiaba a más de 2 mil 500 personas.

Ante tal afirmación nos surgieron dos dudas, ¿en que podrá beneficiarles a estas personas, el poder cambiar el sexo y nombre en su acta de nacimiento?; ¿En que ayudan estas medidas a nuestra sociedad actual? Los anteriores cuestionamientos nacen de la premisa de que, todo proyecto legislativo debe pasar siempre del individual beneficio, al beneficio de la sociedad y este último, siempre debe considerarse más importante que el primero; es decir, de la protección de un derecho particular, a la orientación de conductas; del derecho subjetivo para el caso concreto, a la política pública, todo esto con el fin de armonizar la vida en sociedad.

Es evidente que la tarea legislativa en nuestro estado carece de sentido común, ya que por la falta de oficio, nuestros diputados se dejan llevar por inercias o presiones individualistas que buscan a cualquier precio el bienestar personal como fin primordial, al punto de perder y pasar por encima de todos los valores y principios éticos, sociales y políticos que habían estado constituidos durante mucho tiempo, los cuales funcionaban a la perfección y engendraban ciudadanos de bien, por estar fundados en la regulación del comportamiento humano para convivir en sociedad.

Es decir, que la equivocada dirección que ahora dan los gobernantes a las políticas públicas se funda en la satisfacción del ciudadano desde una perspectiva individualista, la cual se encamina a la liquidación de una vida en sociedad, y es que nada tendría de malo que el hombre tuviera como propósito primordial el ser feliz y dar rienda suelta a sus emociones y ocurrencias, si este se encontrara viviendo en la soledad de una montaña o en cualquier lugar en el cual no existiera interactuación con otros individuos.

Pero la realidad es otra, ya que el individuo se constituye en sociedad por naturaleza, a partir de la relación que tiene con otros, es decir, a partir del examen de los demás el ser humano se va formando en ciudadano y por lo tanto su equilibrio también, el cual va a representar todo el conocimiento que es producido por las experiencias en una sociedad. La ecuanimidad es la cualidad del ser sujeto en sociedad y se construye conjuntamente con nuestra realidad, historia y necesidades, a partir de las experiencias y costumbres de la sociedad en que nos desarrollamos.

Entonces, ¿cuál es la razón, por la que se está cambiando el objetivo de la política, que siempre había sido y debería seguir siendo, utilizar los cargos y dignidades públicas para beneficio común de la sociedad? Continuará…

Primera parte

El pasado martes 13, el Congreso del Estado aprobó una innecesaria nueva Ley del Registro Civil que establece que la “identidad de género” será por convicción personal. Esta ley contempla que deberá entenderse por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el acta primigenia, según el texto oficial.

Ante tal aberración, intentaré hacer una apreciación crítica a estas reformas y leyes, mismas que una vez publicadas en el Periódico Oficial Estatal, permitirán a toda persona cambiar de nombre y de sexo en su acta de nacimiento, llamado cambio de identidad de género.

Y es que lo más lamentable, a mi parecer, es que dicha ley observa desde su presentación una serie de inconsistencias en su estructura argumentativa. A mi juicio, la libre elección de género en el acta de nacimiento de un ciudadano poco tiene que ver con los derechos o las libertades de una persona y mucho menos, si se considera que esta es la mejor forma de protegerlas.

De acuerdo con lo aprobado por los diputados locales, en ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento para que la autoridad acceda en reconocer la identidad de género, es decir que sin importar cuál género se encuentre consignado en su acta de nacimiento, el ciudadano ahora podrá cambiarlo si es que se siente mejor identificado con el sexo contrario, pudiendo además cambiar su nombre a fin de que haga juego con el nuevo sexo elegido.

En una vaga formulación de los argumentos de los legisladores, el proyecto considera que esta prestación debe entenderse como una expresión del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. A partir de lo anterior, es necesario analizar si esta oficiosidad legislativa persigue una finalidad constitucionalmente válida y, en caso de ser así, analicemos entonces si la medida aprueba un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Lo anterior dado que bajo este mismo esquema, dicen los que consideran acertada esta medida, incluyendo a los diputados que fueron capaces de aprobarla, esta medida beneficiará a más de 2 mil 500 personas en la entidad. A lo que yo me pregunto: ¿en qué podrá beneficiarles a estas personas el poder cambiar el sexo en su acta de nacimiento? Pero, además, ¿en qué ayudan estas medidas a nuestra sociedad actual?

Y es que es evidente que a nuestro Congreso se le olvida que los coahuilenses vivimos en sociedad. Lo anterior dado que uno de los efectos de obligar a la autoridad administrativa, en este caso Registro Civil, a otorgar una autorización no regulada, implica transitar de la protección de un derecho, atendiendo a una lógica de rechazo a las restricciones, al otorgamiento de una autorización que supone una lógica constructivista de relaciones sociales.

Dicho en otros términos, el proyecto legislativo siempre debe pasar del beneficio del individuo al beneficio a la sociedad y este último siempre deberá considerarse mucho más importante que el primero; de la protección de un derecho particular, a la orientación de conductas; del derecho subjetivo para el caso concreto, a la política pública. Vivimos en sociedad y es delicado aprobar leyes sin mediar una profunda reflexión. Continuará…

Como todos sabemos, por nuestro país, ahora mismo cruza una caravana con miles de migrantes centroamericanos que vienen de avanzar de Honduras a Guatemala y después a México, la cual, gracias al éxito que parece ha alcanzado, sigue incitando a otros migrantes a que se organicen para viajar igual en grupos numerosos.

Esta dinámica de migración viene a modificar la forma establecida, que consistía en ingresar a Estados Unidos de una manera silenciosa e indetectable, por la de viajar en grupos, para exigir a los gobiernos permisivos la seguridad y los derechos que en sus propios países no encuentran.

Sin ánimo de justificar, debo mencionar que entiendo por qué la nueva manera de viajar genera profundos sentimientos antiinmigrantes en Estados Unidos, mayormente, si tomamos en cuenta que ese país enfrenta épocas electorales, lo cual me parece no es casualidad, como tampoco lo es que Trump haya calificado a estas caravanas como “hordas de invasores” y que envíe militares a la frontera con México, para tomar acciones urgentes como cerrar el paso, incluso a aquellos que buscan asilo.

Y es que quien esto escribe no puede dejar de relacionar estos éxodos iniciados en octubre pasado con lo ocurrido en la caída del Imperio romano, la cual se dio por consecuencia de una invasión en gran escala de diversos pueblos bárbaros en el año 386, tiempo en que Roma vivía momentos de disidencias internas entre sus políticos.

En ese tiempo, estos pueblos pobres e inseguros, sabedores de las contiendas políticas al interior del régimen romano, iniciaron una estrategia consistente en aproximarse a las fronteras romanas, para luego establecerse en ellas y desde ahí presionar de forma permanente hasta conseguir la entrada.

Así pues y a pesar de que al igual que ahora, las legiones romanas intentaron contener todos los intentos realizados, los bárbaros al final, lograron penetrar lentamente entre los siglos I y IV, para establecerse en el interior, hasta que, finalmente, empujados por otros pueblos, lo hicieron en forma violenta y definitiva.

Una vez dentro del territorio romano, los pueblos invasores se dividieron en numerosas entidades políticas sucesoras y arrebataron a los romanos la autoridad de ejercer su dominio, iniciando el período de declive del imperio de Occidente, hasta la pérdida de su vasto territorio y de la fuerza para levantarse de nuevo.

Es por ello que ahora los estadunidenses, conscientes de que el destino de Roma cada día se asemeja más al de ellos, en un grito desesperado amenazan a todo aquel que permita el paso de estos nuevos invasores.

Por tal motivo los mexicanos debemos estar atentos a las acciones que nuestro gobernantes toman respecto a este fenómeno, ya que de equivocarnos y brindar apoyo a quien no debamos, las consecuencias podrán ser mucho más graves de las que cualquiera de nosotros pudiéramos imaginar.

Es decir, el ser permisivos con estos grupos no solo pone en riesgo la seguridad actual de nuestro país, sino que el futuro integral de nuestro Estado mexicano depende sin duda de las decisiones que tomemos respecto al fenómeno de la migración. O lo que es lo mismo, en esta caravana se juega mucho más que el protagonismo de los curas religiosos Alejandro Solalinde y Pedro Pantoja Arreola.

Bastantes han sido los cambios de los últimos días en el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Apenas el miércoles pasado, las consejeras electorales, Larissa Ruth Pineda Díaz, María de los Ángeles López Martínez y el consejero Electoral René de la Garza Giacomán, rindieron su último informe de actividades, para luego declarar concluido su periodo de tres años de labores.

Debo mencionar, que el trabajo de los consejeros salientes fue bastante bueno, los tres se desenvolvieron sin mayor problema y alejados siempre de escándalos o polémicas que pusieran en entredicho su actuar en ese organismo electoral. Diligentes y preocupados, los consejeros que ahora concluyen, emitieron invariablemente una opinión razonada y acorde al sentir de la ciudadanía, todo esto, sin caer en falsos protagonismo, y a pesar de enfrentarse a la limitante que impone el dirimir cada decisión y criterio, con el del resto de los integrantes de un cuerpo colegiado.

Incluso, la misma consejera presidenta del IEC, Gabriela de León Farías, al tiempo que les entregaba un reconocimiento por su labor y aportación democrática en los procesos en que participaron, aceptó que no siempre fue fácil tomar decisiones con ellos, dado que al ser un cuerpo colegiado, las opiniones son variadas y homogeneizarlas no es por mucho una tarea fácil.

Lo dicho por la presidenta, respecto a la dificultad que enfrentan los consejeros electorales para conservar su autonomía y libertad de criterio no es una manifestación sencilla, y, por el contrario, representa el mayor de los retos que enfrentarán los consejeros que ocuparán las vacantes que quedaron, incluso de los que permanecen en el puesto, y es que para nadie ha sido oculto que uno de los principales problemas que ha tenido este consejo lo es la de la imposición de criterios o líneas al momento de resolver cualquier controversia, de lo anterior han dado cuenta varios acuerdos que con votos particulares han sido aprobados por este órgano de dirección.

Así pues, y ante la inminente salida de estos consejeros, el día de mañana el mismo órgano electoral, en sesión solemne, tomará protesta a los recién nombrados nuevos consejeros: Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, Juan Carlos Cisneros Ruiz y Juan Antonio Silva Espinoza, quienes desempeñarán estos cargos, sólo que ahora por un periodo de 7 años.

En tal virtud, es evidente que estos consejeros recién llegados poco sencilla la tienen, lo anterior dado que deberán decidir, en primer término, si toman en cuenta la primera advertencia que en forma de opinión ha externado la presidenta del IEC, la cual se traduce en la necesidad que se tiene de abandonar en ocasiones la autonomía y libertad de decisión, ya que en muchas de las ocasiones ésta choca con las sentencias que debe emitir el Consejo General, por aquello de cuidar el no pisar callos. O bien, prefieran atender la otra, la que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, también les lanzó, y que es la de contribuir a la imparcialidad en la aplicación de la ley, para favorecer la defensa de la autonomía institucional del órgano electoral con la realización de elecciones libres y transparentes, y de no hacerlo ser expulsados por el Consejo General, el cual estará siempre vigilante de su desempeño.

Lo que en realidad le importa al presidente electo no es el futuro del NAIM. No, el verdadero interés de López Obrador es legitimar el sistema de consulta popular.

Es decir, que detrás de la escandalera entre quienes defienden el nuevo aeropuerto y los que dicen estar dispuestos a tirar la mayor obra de América Latina, no estaría el futuro de una urgente terminal aérea para México.

No, lo que busca el futuro presidente es consolidar su peculiar estilo de consulta a los ciudadanos; opinión obtenida de manera ilegal, alejada de la norma constitucional, sin la regulación elemental y cuyos resultados serán a contentillo; buscaría legitimar la farsa, en pocas palabras.

La hipótesis anterior es de curso corriente en comederos políticos, entre especialistas serios, políticos reputados y analistas acuciosos.

Y si bien es una teoría que parece descabellada, por esa razón supone que la consulta arrojará un resultado igual de sorprendente y que sería aplaudido por todos los que hoy cuestionan con severidad al naciente gobierno de Obrador.

Es decir, que según la hipótesis de que lo importante para AMLO sería legitimar la consulta, antes que el aeropuerto, el próximo lunes veremos que –luego del recuento de votos–, habría ganado la alternativa de continuar con la construcción del NAIM en Texcoco.

¿Y…? ¿Entonces qué ganarían López Obrador y su gobierno luego del escándalo sin freno por la consulta del NAIM? ¿Cómo acallaría el presidente electo la escandalera por una consulta que hace agua por todas partes? ¿Cómo impedirá la risa loca por una consulta en la que periodistas maldosos votaron hasta cuatro ocasiones?

La respuesta a las anteriores interrogantes está en el resultado que arroje la encuesta. ¿Por qué? Porque si se cumple la hipótesis aquí planteada; de que la consulta se hizo sí y sólo sí, para que ganara la pregunta de continuar con el aeropuerto de Texcoco, entonces se habría legitimado el sistema de consultas cuchareadas, a modo con los deseos del nuevo gobierno y sería vista como parte de la normalidad esa manera de preguntar a la sociedad.

¿Y para qué legitimar las consultas tramposas, ilegales y hasta inconstitucionales como la del NAIM?

La respuesta ya la adelantó el propio López Obrador, cuando dijo que “cada tres años” consultará a los ciudadanos para conocer la ratificación y/o la revocación del mandato.

Y, en efecto, pareció haber cometido un tropiezo discursivo cuando dijo que consultará al pueblo “cada tres años” para ratificar y/o revocar su mandato. ¿Por qué? Porque en rigor, sólo tiene tiempo para consular una sola ocasión a los ciudadanos; en 2021.

Pero no, políticos de colmillo largo y analistas acuciosos creen que, en realidad, lo que quiso decir López Obrador es que ya está pensando en la reelección presidencial para 2024. De esa manera, y una vez legitimada la consulta a través de un potente sinodal como es el NAIM, Obrador podrá consultar sin problemas si continúa en el cargo, en 2021, en 2024 y… Va por la reelección.

Al tiempo.

En las dos últimas semanas, a raíz de la propuesta de despenalizar el aborto, que se vertiera en el Congreso del Estado, se han dejado escuchar voces a favor y en contra respecto al tema, por tal motivo y en aras de crearnos un criterio más cercano a la realidad jurídica de esta propuesta, desde la semana pasada he intentado recabar las opiniones legales, que a mi parecer son merecedoras de atención.

Así pues y de entrada la autora de la iniciativa presentada, fundó su moción en la consideración de que la interrupción legal del embarazo va más allá de ideas morales o religiosas y que el mismo es más bien un asunto relacionado con los derechos humanos, ya que al criminalizar a la mujer por tomar decisiones sobre su cuerpo, violenta sus derechos sexuales y reproductivos. Presumiendo entonces que este derecho de la mujer puede sobreponerse al derecho que el embrión tiene.

Esta postura se sostiene en dos premisas principales. La primera, los derechos de las mujeres. Se ocupa principalmente en el hecho de considerar que la mujer, en un embarazo indeseado, es utilizada como un medio en provecho de la moralidad, ideología o creencias religiosas de otros. La segunda premisa de este argumento es que los detractores del aborto confunden las ideas de “vida” y “persona”. Lo que en gran parte tienen razón, dado que comúnmente los principios a los que solemos apelar sobre el tema, son por ejemplo, que “las personas son libres e iguales” o “nacen libres e iguales”. Por lo que en todo caso, tendemos a hablar de sujetos “nacidos” y de “personas” antes y no solo de “seres vivos”. Estas distinciones, como sabemos, resultan cruciales en esta discusión: no es lo mismo un ente “vivo” que una “persona”, y cuando hablamos de “igualdad”, lo hacemos pensando en personas nacidas.

Ahora bien y si Usted pensaba que el pro-aborto con este alegato estaban ganando el debate, debo decirle que no es así, ya que el que condena al mismo, funda su defensa en la siguiente premisa: El aborto “pulveriza el derecho a la vida de la persona por nacer”. Este argumento nos remite al principio de que los derechos de las personas no nacidas también son inviolables y no pueden sacrificarse por las meras pretensiones en contrario de una mayoría ocasional. Es decir la idea de preservar derechos frente a cualquier demanda mayoritaria; la noción de los derechos como formando parte de la esfera de sus derechos, pero en una esfera ajena y a salvo de las presiones de la política mundial.

Como es de verse, no existe argumento legal lo suficientemente firme como para considerar que de autorizarse o no el aborto se haga lo correcto; Lo que nos obliga a remitirnos a la idea de que la ley no puede dar solución a todo, mucho menos en casos como estos, en los que no hablamos de reglas fijas, sino de estándares abiertos, –autonomía, igualdad, daños– que se traducen en que, entre todos, decidamos.

Y es que, en casos como el del aborto, caracterizados por un profundo desacuerdo moral que nos lacera, la decisión depende de los acuerdos a los que lleguemos, de una forma abierta, inclusiva y franca. Por ello mismo, definir hoy lo que deberá decir el derecho en materia de aborto, exige que discutamos como hasta hoy no lo hemos hecho, es decir, escuchando con especial atención a todas las manifestaciones que hasta hoy hemos aquietado, y me refiero a todas.

Hace dos días la legisladora del PRD en Coahuila presentó en el Congreso local, la ya anunciada reforma o modificación de ley, que busca despenalizar el aborto. Con esta propuesta pretende la no imputabilidad de la interrupción intencional del embarazo, antes de la semana 12 de gestación y por cualquier causa, siempre y cuando sea por decisión de la embarazada.

Además, esta iniciativa busca que el Gobierno del Estado cubra los costos de tal práctica, ya que intenta que el aborto sea parte de los servicios que se brindan en las instituciones de salud pública; a decir verdad y sin ánimo de expiar culpas, es necesario mencionar que dicha iniciativa ha sido presentada por el mismo partido a nivel nacional y no es un capricho de la legisladora.

Así pues y por consecuencia o virtud, se abrió el debate por el aborto, por lo que se escucharon desde los más sentidos, hasta los más simples comentarios de todo aquel que se atrevía a opinar sobre el mismo, –la punibilidad o no del aborto– y es que, el tema para los coahuilenses parecía muy lejano, ya que hasta hace pocos meses era tabú y reservado para las voces más extremas de nuestra sociedad.

Pero, a pesar de las diversas posturas y argumentos que se dejaron escuchar, es evidente que para los legisladores las únicas que se deben acatar, son aquellas que tienen que ver con el respecto a los derechos de los involucrados, es decir lo relativo a lo que la ley establece, lo anterior dado que el proceso que ahora enfrenta el tema es inminentemente jurídico, por lo que el respeto a la ley deberá ser el único fiel de balanza para la decisión final.

Ante tal premisa, me permitiré emitir algunos puntos de vista que encontré, los cuales no necesariamente son en contra o a favor, pero sí necesarios de considerar, si es que se quiere tomar una postura informada:

Primero: Quienes defienden el aborto a partir del derecho de la mujer para decidir sobre su cuerpo, lo hacen asumiendo que dicho derecho da a la ciudadana una autonomía desmedida para el ejercicio del mismo sobre sí, pero olvidan que todo derecho establece un límite impasable: El “daño a terceros”, es decir ningún modo permite que nuestras acciones puedan afectar a terceros; por lo que toda acción que perjudique a un tercero debe resultar prohibida o penada.

Segundo: El derecho confronta y resuelve situaciones de conflicto de derechos, pero los arreglos resultan comúnmente fatales, dado que dicha solución implica remover o eliminar uno de los derechos en conflicto, y que por ser un derecho es bastante peligroso prescindirlo.

En el caso del aborto, nadie debe tomar a la ligera lo que implicará desechar por decisión unilateral a un embrión, dado que ese embrión, por derecho natural, ya goza de un derecho, que es precisamente el derecho a la vida del embrión, el cual ante esta disyuntiva, ahora entra en conflicto serio con otro derecho que también es tutelado por el Estado, y que es el derecho de la mujer a su salud física y psíquica. Es allí donde se presenta la necesidad de tomar una elección deplorable, ya que el Estado deberá determinar cuál derecho merece prevalecer, si el de la vida del embrión o el de la mujer.

La operación resulta difícil, en particular, cuando hablamos de que la misma no está vinculada con principios morales, sino con reglas escritas y estrictas, de derecho puro. Continuará…

A 100 días del triunfo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, su caminar con esta nueva denominación no ha sido de lo más afortunado, y es que en los últimos días su estrategia de gobierno ha enfrentado las primeras pruebas de funcionamiento y por desgracia los primeros sinsabores o fracasos.

Sin duda y de la manera más amarga, el presidente AMLO, en vísperas de tomar el poder, ha empezado a entender que deberá cambiar su estrategia de gobierno basada en la consulta directa a la población, (la cual para mí es más, una maniobra de salvar la cara, que de conocer el sentir de la ciudadanía) para empezar a comportarse como un verdadero mandatario, obligado a tomar decisiones unilaterales.

Para quien dude de esta premisa, debo mencionar que del total de foros realizados por el equipo del nuevo presidente de México, nada bueno ha salido y como muestra están los primeros cuatro foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional realizados en Ciudad Juárez, Torreón, Morelia y La Huacana, Michoacán, convocados por López Obrador para delinear su supuesta estrategia de pacificación, con base en consultas con las víctimas de la violencia y con otros sectores de la sociedad, los cuales según los propios participantes han sido la gran decepción.

Incluso, el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, anunció este domingo que los próximos foros de pacificación serán suspendidos hasta nuevo aviso porque quieren compatibilizar y volver a redactar las propuestas presentadas en estos. Es decir, no habrá más foros por lo pronto, así que los estados de Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas deberán esperar a ser escuchados hasta nuevo aviso.

Algo similar sucedió en Guerrero, cuando integrantes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), impidieron la realización del Foro sobre Educación; El evento fue convocado por el Gobierno de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y estaba programado para iniciar a las 10 de la mañana en el Centro Internacional Acapulco, sin embargo, a las 11 de la mañana, el coordinador del Foro y representante de Esteban Moctezuma, Javier Villalpando, informó: “He sido comunicado que este Foro va a ser pospuesto, las condiciones no fueron pactadas para realizar el foro, buscaremos otra fecha para organizarlo, con las fuerzas que representan este estado, yo les pediría su tolerancia y me reuniré con sus líderes para reorganizar y acordar una fecha”, dijo, el representante de Esteban Moctezuma, quien supuestamente será el próximo secretario de Educación.

A pesar de lo anterior, en próximos días se llevará a cabo la consulta relativa a la construcción del aeropuerto, misma que ha sido ya definida y de la cual seguramente poco bueno se sacará, ya que en nada cambiará el resultado el destino de la misma, pero sí seguirá dividiendo a la opinión de los mexicanos, lo cual no era necesario, ya que lo único verdadero es que ya tiene por demás definido el continuar con la construcción del mismo en Texcoco.

Es por todo lo anterior, que el tabasqueño deberá considerar, si es que en verdad le preocupa, dejar de poner a debate todas sus iniciativas, dado que lo único que ha conseguido al hacerlo, es ponerlas en riesgo, lo anterior a pesar de decir que las considera verdaderas posibilidades de solución a los problemas de México. 


El pasado jueves 27 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, en Piedras Negras, Coahuila, declaró como culpable al aún sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez, conocido como el padre Meño, por la comisión de los delitos de violación calificada y violación en grado de tentativa con abuso de autoridad y confianza, delito que se asemeja al de pederastia, pero que por alguna razón extraña nuestros diputados se niegan a adoptar, todo esto dentro del expediente que se le sigue desde el año 2017, al declarado cura pederasta.

Por consecuencia, de lo anterior, ayer el mismo juzgado decidió imponer al inculpado una pena de 15 años de prisión sin beneficio alguno, en castigo del agravio causado a la sociedad y a la víctima. Cabe mencionar que la Fiscalía solicitó al juzgador que se le impusiera una pena de por lo menos 23 años, mientras que la parte defensora solicitó una condena baja y la posibilidad de enfrentarla en libertad condicional.

Aunque cuestionable la penalidad impuesta, este hecho representa para los coahuilenses el inicio de una nueva etapa en el tratamiento de las conductas inapropiadas que sin duda más de un integrante del clero en Coahuila ha observado en el mal desempeño de sus funciones, es decir, que de seguir con esta disposición de la autoridad de procurar justicia para las víctimas de pederastia, nuestro estado estaría en la ruta correcta para frenar estas conductas que hasta hoy eran encubiertas por la Iglesia católica en complacencia con el Estado.

Entonces, y de ser así, la Fiscalía General del Estado deberá continuar motu proprio las investigaciones que ha dejado pendientes y dar con todos los responsables de estos incalificables hechos. Debemos recordar que el fiscal ministerial Norberto Ontiveros reconoció en marzo del presente año que desde entonces existían ya cuatro denuncias en el estado por abusos cometidos por 11 curas contra menores, todos ellos en seminarios e iglesias católicas de Saltillo, Torreón y Piedras Negras.

De igual forma y en el mismo tiempo, el activista contra la pederastia clerical Ignacio Martínez Pacheco reveló que tiene 18 nombres de presuntos curas pederastas que han oficiado misas dentro de la Iglesia católica de Coahuila, entre los cuales se encontraban el de Adolfo Villanueva, párroco de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la calle Leona Vicario del Centro de la ciudad, y el de Jorge Alonso Campos Rodríguez, el cual oficiaba misas en las iglesias de las colonias Teresitas y Guayulera de esta ciudad.

Por desgracia, varios de los curas señalados fueron transferidos a otras localidades por la misma Iglesia con el fin de ayudarles a sustraerse de la acción de la justicia, esta acción obliga ahora a la autoridad a encargarse no solo de sacar adelante el trabajo que tiene pendiente en materia de castigo a pederastas, sino también de responsabilizar a los obispos que ocultan a los curas abusadores.

Y es que para nadie es oculto que si de algo se ha ocupado la Iglesia católica ha sido crear una estructura que fomenta ese encubrimiento sistemático que tanto daño ha hecho a sus víctimas y de la cual sin duda alguna forman parte la mayoría de los obispos de Coahuila y algunos cuantos funcionarios estatales.

El pasado 13 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral publicó una lista de 24 aspirantes que lograron pasar a la penúltima o cuarta etapa del proceso de selección de los nuevos consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila.

Recordemos que en este año, en noviembre, terminan su periodo en el Instituto Electoral tres consejeros que fueron elegidos para desempeñar este papel por un periodo de 3 años solamente, por tal motivo el INE lanzó la respectiva convocatoria para sustituirlos.

Para quien no sabía, debo decir que los consejeros electorales desempeñan una función de carácter público, forman parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Coahuila, el cual es un organismo público autónomo, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones y a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos-electorales, velando en todo momento por la autenticidad y efectividad del voto.

Así pues y una vez concluido este proceso de selección, estaremos los coahuilenses en condiciones de conocer a los nuevos tres consejeros electorales que formarán parte de esta nueva etapa del Organismo Público Local Electoral (OPLE), al cual hasta hoy y desde su constitución en el 2015 le ha ido un tanto regular en la organización de las elecciones que conjuntamente con el INE ha realizado.

Con altas y bajas, aciertos y errores, este nuevo instituto electoral ha enfrentado los últimos procesos eleccionarios en nuestro estado. Es precisamente este instituto el que sancionó la elección gubernamental estatal del año pasado, la cual estuvo a punto de repetirse ante algunas conductas que mostraron los candidatos punteros al momento de la valoración total de ese proceso electoral, así como de algunos cuestionamientos que inicialmente se le imputaron al IEC y que tardó luego en aclarar.

De igual forma, este instituto hasta hoy sigue lidiando con impugnaciones presentadas por algunos actores políticos que se niegan a aceptar los resultados de la elección de este año, y otros que se quejan del manejo de la elección por parte de esta autoridad electoral, situación que mantiene vigente el proceso electoral local 2018 de renovación de ayuntamientos, quedándose muy atrás del federal, que ya ha concluido.

Así pues, en vísperas de la selección de estos nuevos consejeros, a los cuales, dicho sea de paso, se les asignará un salario mensual bruto de $133,456.79 pesos, se hace necesaria la pregunta de si deba o no cambiar de criterios el INE para elegirlos, y lograr con esto mejorar los resultados en la conducción de las elecciones póstumas.

Lo anterior dado que hasta hoy los coahuilenses seguimos añorando una autoridad electoral que luche con el pueblo de manera conjunta para lograr elecciones con justicia, sin favoritismos, y permitiendo que la política sea el único instrumento que recubra la acción de todos los partidos políticos, situación que hasta hoy no la hemos vivido.

Falta mucho por hacer en materia electoral en nuestro estado, por lo que estos nuevos consejeros tienen la obligación de dejar de ser solo una carga burocrática, para convertir al IEC en una autoridad eficiente, que guíe todas y cada una de sus acciones conforme a la ley. Lo que es lo mismo, ¡es lo menos que esperamos!