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Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
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16 Agosto 2019 03:51:00
Una traición dolorosa y un robo de 2 millones
Rosario Robles mostraba enjundia al iniciar la semana. “Estoy aquí para demostrar mi inocencia y confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial”, dijo el martes por la tarde, minutos antes de comparecer por segunda ocasión ante el juez. “Como siempre se los he dicho, con las faldas bien puestas, tomando al toro por los cuernos y dando la cara”.

Sus abogados le habían dicho que con seguridad la iban a vincular a proceso, pero que no se preocupara porque estaba todo arreglado para que no fuera a la cárcel y se defendiera en libertad. Robles se los creyó, le entregó a una persona que estaba vinculada con la defensa 2 millones de pesos y tomó un avión a Europa para irse de vacaciones con su hija. A su regreso descubriría cuántos la traicionaron. En la parte más sórdida de la semana donde Robles perdió su libertad, se encuentran dos episodios desconocidos, cuyos detalles han comenzado a emerger del círculo cercano a la
exsecretaria de Estado.

Ella estaba preocupada por las acusaciones que estaba preparando la Fiscalía General por el caso conocido como La Estafa Maestra, aunque públicamente mostraba una imagen diferente. La ausencia de huellas en los documentos donde presuntamente se probaban triangulaciones con universidades y empresas fantasma, mediante las cuales se calculaba un daño al erario por más de 5 mil millones de pesos, le daba tranquilidad.

No sabía en ese momento que dos exfuncionarios que trabajaban con ella, habían declarado en su contra, inculpándola del delito. Y uno más, de quien jamás hubiera imaginado una puñalada, sospecha Robles, probablemente también la entregó, Emilio Zebadúa, su oficial mayor y quien presuntamente armó el enjambre financiero del presunto delito. Tampoco que dentro de su equipo de abogados le hicieron creer que ya habían negociado
con las autoridades.

Cercanos a Robles revelaron que los abogados le dijeron que con 2 millones de pesos podían comprar a los fiscales para que pudiera defenderse en libertad. La persona que le decían cooperaría con ella tenía un alto cargo en la Fiscalía General de la República.

Lo identificaron como Juan Ramos López, quien fue nombrado originalmente por el fiscal Alejandro Gertz Manero al frente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), y que a la salida de Felipe Muñoz de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a fines de mayo, fue
trasladado a ese cargo.

Ramos López no es una persona bisoña. Fue subsecretario de Seguridad Pública cuando Gertz Manero encabezó la dependencia en la primera parte del gobierno del expresidente Vicente Fox, y trabajaron cerca durante los 18 últimos años. Al llegar Gertz Manero a la Fiscalía no hizo cambios inmediatos en ciertas áreas delicadas. Uno de los que parecía haber sobrevivido el cambio de Gobierno fue Muñoz, que había sido un dique para las investigaciones.

Tan pronto como fue relevado, todas las averiguaciones sobre funcionarios federales se destrabaron. Inclusive, se descongelaron pesquisas que realizó el SAT y que se encontraban archivadas desde hace cuando menos tres años, como la de Robles, Zebadúa y sus cercanos.

Si Ramos López había aceptado 2 millones de pesos, como le hicieron creer, Robles podía sentirse tranquila sobre su futuro mediato, por lo que no regresó de Italia, donde se encontraba, hasta 72 horas antes de ir a comparecer el lunes al Reclusorio Sur, por Xochimilco.

En esa idea debe encontrarse una de las razones subjetivas de su reacción y la de sus abogados, cuando el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, estimó que debía ser enviada a prisión. De acuerdo con sus allegados, Robles no entendía por qué si se había pagado a un alto funcionario para que la protegiera,
no lo había hecho.

La primera reacción de la defensa tras la decisión del juez fue explosiva, acusando al juez y al Poder Judicial de haberse erigido en un tribunal de Estado. Poco a poco, Robles se fue dando cuenta que la habían timado, aunque en su entorno no pueden ubicar con precisión el momento o el día.

Lo que sí les quedó claro es que el subprocurador Ramos López no estuvo involucrado en ningún menjurje de esa naturaleza –de haber revisado sus antecedentes, se habría dado cuenta que esa posibilidad nunca iba a existir– y que el dinero que entregó, nunca llegó ni a la Fiscalía ni al juzgado.

El engaño a Robles no ha alcanzado aún sus últimas consecuencias. Se combina con la decepción de sentirse abandonada. La exsecretaria, que se enfrentó con la parte tecnócrata del Gabinete de Peña Nieto, buscó apoyo en el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong.

Su relación se fortaleció y tejió amistad con su esposa y con la hoy senadora Nuvia Mayorga. Uno de sus abogados, Julio Antonio Hernández Barros, trabajó con Osorio Chong como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y dos de los testigos que declararon en su contra, también pertenecían
a ese grupo político.

No está confirmado quién le mintió a Robles sobre el subprocurador Ramos López, si se es parte del equipo hidalguense o está relacionado con el otro bloque de abogados, encabezado por Xavier Olea. Pero detalles de cómo la entregaron están fluyendo y, según sus cercanos, la ha llenado de incertidumbres.

La última es sobre el rol de Zebadúa, que está amparado. Información que le allegaron esta semana indica que su entrañable amigo y viejo colaborador también está cooperando con la FGR para inculparla, lo que sería el equivalente al tiro de gracia. Estamos atestiguando que la parte oscura de su proceso es más violenta que el juicio mismo.
15 Agosto 2019 04:02:00
Larga prisión para Rosario
Los abogados de Rosario Robles están convencidos de que la exsecretaria de Estado no pasará ni dos meses en la cárcel, que es la fecha en que se prevé la segunda audiencia para desahogar pruebas. Todo indica que su diagnóstico está mal, y lo más probable, como se ve el caso de Robles en este momento, es que pase una larga temporada en prisión. No debió haber pisado la cárcel, pero los yerros de la defensa y una comparecencia ante un juez que se excedió en sus atribuciones, se combinaron para que duerma en Santa Martha Acatitla. Para entender cómo se hundió ella misma, y las dificultades que enfrentará en el proceso ante un juez en sus 15 minutos de fama, hay que empezar por el principio.

El delito por lo cual se le vinculó a proceso está en el artículo 214 fracción III del Código Penal Federal, donde señala su violación si “por cualquier acto u omisión… no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”. En su declaración, Robles dijo que le avisó al presidente Enrique Peña Nieto “de primera mano”, en los acuerdos que tenían o a través del teléfono rojo. Es delincuente confesa. La ley especifica claramente “por escrito”, lo que nunca hizo. Dentro de la administración pública, este tipo de comunicaciones las llaman “save my ass e-mail” o “save my ass brief”, para describir cómo los informes por escrito los eximen de esa responsabilidad.
 
Robles fue omisa, y por esa razón el juez Felipe de Jesús Delgadillo le dijo que la forma como dijo informar al expresidente, no era suficiente. Su incumplimiento fue total. Para efectos judiciales, Peña Nieto no fue puesto al tanto por Robles. Su defensa también planteó que le había avisado a su sucesor, José Antonio Meade, pero una vez más, erró. El presunto delito es porque ante el estipulado legal de que “evite (los presuntos actos delictivos) si está dentro de sus facultades”, Meade no pudo incurrir en él por omisión o comisión, porque no podía “evitar” algo que ya estaba consumado; en este caso, como señala la fracción III del Artículo 214, el daño grave al patrimonio. Cuando la sustituyó en la Secretaría de Desarrollo Social, lo que se hizo mal, irregular o ilegal, ya estaba hecho.

Los yerros de Robles y su defensa no impiden ver, sin embargo, la extralimitación en la que incurrió Delgadillo, un juez de Control que cuando Robles presentó como prueba el acta entrega-recepción en la Sedesol, dijo que “era una joyita porque de este papel pueden devenir acusaciones para otros servidores públicos”. El exceso de Delgadillo fue patente al actuar como un juez de Instrucción, que es una figura que existía en el viejo sistema penal. 

El nuevo sistema penal acusatorio lo obliga a cumplir con los principios de imparcialidad, contradicción y equilibrio procesal, cuya valoración violó, además que socavó la ley que defiende porque el juez de Control no puede ordenar diligencias ni estimular y dirigir líneas de investigación, como lo hizo al pedir a la Fiscalía General que determinara antes de este viernes si era o no procedente que se iniciara una investigación, por los mismos delitos imputados a Robles, en contra de Meade, que estuvo al frente de Sedesol por poco más de un año. Con su protagonismo, Delgadillo violó la autonomía de la Fiscalía General al socavar el artículo 20 de la Constitución y sus leyes secundarias.

Visto de esta manera, si Robles fue a la cárcel de una manera clara al violar la ley, también debería de ser sancionado -administrativamente, en este caso- el juez Delgadillo, por violar el Artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su fracción VIII obliga a preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo, lo que claramente incumplió. Con el juez no va a suceder nada. Es la estrella en estos momentos, el Baltazar Garzón y el Sergio Moro de los tiempos mexicanos de la revolución de terciopelo. Tampoco se espera un extrañamiento del Poder Judicial, que si bien trata de mantener autonomía e independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, cae más veces en la sumisión pusilánime que en el equilibrio entre poderes -por lo menos hasta lo que va del sexenio.

La actitud de Delgadillo dejó mucho que desear al querer dirigir a la Fiscalía General hacia una investigación específica, que es prerrogativa única de los fiscales. También sorprendió el mutis que hicieron los fiscales ante la irrupción ilegal del juez, cuya responsabilidad tiene como fin resolver la situación jurídica de la persona sujeta a proceso, no ordenar oficiosamente diligencias. 

Delgadillo rompió de paso con el principio de presunción de inocencia de Meade, al provocar con su desafortunada declaración el llamado “efecto corruptor”, inspirado en la doctrina constitucional estadunidense, que el ministro Arturo Zaldívar, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, introdujo en 2013 para alegar a favor de la liberación de la secuestradora francesa Florence Cassez, porque el manejo de medios sobre su detención, alegó, había afectado la decisión imparcial del juzgador.

Robles se encuentra en desventaja. Pisar la cárcel, como reconocen sus abogados, no era lo que esperaban. Estaban convencidos de que sería vinculada a proceso, pero que se defendería en libertad. No será así. En las condiciones actuales, sus márgenes de maniobra legal se reducen. A las acusaciones de la Fiscalía hay 105 nuevas indagatorias que abrió la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra. Que se arme de paciencia y sus abogados de mejor estrategia, porque la noche en la cárcel promete ser larga.
14 Agosto 2019 04:00:00
Rosario, Rosario…
Rosario Robles siempre ha sido una mujer terca. En sus luchas políticas y al confrontar a sus críticos. Es soberbia y con un carácter altivo que no siempre le favorece. Su personalidad, de alguna manera, es a la que se le puede echar la primera culpa de que haya pasado la noche en una celda de la prisión de Santa Martha Acatitla, la primera secretaria de Estado en correr por esa suerte judicial en 30 años, desde que Eduardo Pesqueira, secretario de Agricultura en el Gobierno de Miguel de la Madrid, fue detenido en el primer año del sexenio de Carlos Salinas, acusado de enriquecimiento ilícito e irregularidades cometidas durante su cargo. Desafiante, no se preparó con el rigor que debía haberlo hecho, pensando que como no había firmado nada, nada debía ni temía. Por esto mismo, la principal razón de su encarcelamiento y que su caso escalara exponencialmente es gracias a los abogados a los que se encomendó.

La confianza que depositó Robles en sus abogados defensores fue a prueba de armas nucleares. El equipo se lo recomendó Xavier Olea, el controvertido exfiscal de Guerrero, quien sugirió a sus hijos y a un despacho para que la defendieran de la acusación de la Fiscalía General que causó un daño al erario por 5 mil 73 millones de pesos. Los abogados fracasaron al cometer errores elementales. Por ejemplo, que presentaron como prueba de residencia identificaciones con diferente dirección, que fue una de las razones por las cuales el juez Felipe de Jesús Delgadillo la envió a la cárcel.

Pero la políticamente más sensible, es no haber combatido la acusación de los fiscales de que había sido omisa en frenar las irregularidades e informar a su jefe inmediato superior. La forma como sus abogados la defendieron fue decir que ella no fue omisa porque informó al expresidente Enrique Peña Nieto, de las irregularidades, señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, mediante el teléfono rojo, como se identifica la red intragubernamental y en sus acuerdos, y de haber notificado a José Antonio Meade, quien la sucedió en la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que la próxima semana debe presentar copia certificada del acta entrega-recepción en esa dependencia.

El acta entrega-recepción no debe ser un documento toral en el juicio a favor de Robles. Por ley, en todas las actas de entrega se incluyen las auditorías, por lo que deberá contener las observaciones de la ASF y las respuestas que le dieron. Además no son documentos secretos, porque esas observaciones se derivan del análisis de la cuenta pública. Lo que pretendían los abogados defensores, se puede conjeturar, es demostrar que al no seguir ella al frente de Sedesol, no podía solventar las observaciones realizadas por el entonces auditor, Juan Manuel Portal, y que tenían que haber sido respondidas por su sucesor.

Fue otro error de los abogados defensores. Meade presentó denuncias a partir de la información de las auditorías y sancionó donde correspondía, lo que no hizo ella en su momento. En los siguientes análisis de la cuenta pública no se repitieron las imputaciones que se le habían hecho a Robles. La Fiscalía la acusó de omisión en la supervisión de actos que resultaron en daño al erario, que no continuaron en la gestión de Meade, de acuerdo con la información pública. Mencionar sus abogados que informó a Peña Nieto y a Meade alimenta el imaginario colectivo, pero no la exime de la obligación que tenía y su incapacidad para desvirtuar los dichos del auditor Portal.

Robles fue acusada por tres exfuncionarios en la Sedesol y en la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) de que pese a ser informada de las irregularidades no hizo nada, y la forma como la defendieron solo provocó que el caso se magnifique en tribunales. Su defensa rápidamente dijo ayer que no llamaría a declarar ni a Peña Nieto ni a Meade, pero al haber sido señalados durante la comparecencia, pueden ser llamados por la Fiscalía, sobre todo porque el propio juez Delgadillo preguntó si no podrían imputar al excandidato presidencial por los mismos delitos que la acusada.

La defensa de Robles parece dislocada. La semana pasada plantearon la posibilidad de señalar como parte de las irregularidades a Ernesto Nemer, actual jefe de la bancada mexiquense en San Lázaro, quien inició el sexenio de Peña Nieto como subsecretario del ramo en Sedesol. No prosperó, cuando menos hasta ahora, porque Nemer estuvo completamente desvinculado, administrativamente, y políticamente marginado en todos los hechos que le imputan a Robles. Quería la defensa un mexiquense como acompañamiento de su cliente, pero Nemer no podrá ser.

La posibilidad de que Robles se acoja al criterio de oportunidad que prevé la ley, donde ella evita ser juzgada a cambio de cooperar con la autoridad aportando pruebas de irregularidades o ilegalidades de sus superiores, sigue abierta. La gran interrogante es si ella está dispuesta a declarar contra el expresidente, de quien es muy cercana desde que comenzó a colaborar con él en el Gobierno del Estado de México. Esa previsión de la ley abriría la caja de Pandora del Grupo Atlacomulco y conectaría, de acuerdo con personas que conocen detalles de los tratos oscuros de Robles con Los Pinos, con el expresidente Peña Nieto. Una tiene que ver con las instrucciones que recibían sus más cercanos colaboradores directamente de la secretaría particular del expresidente para el manejo de los recursos, y la otra sobre cómo un pariente de Peña Nieto se fue quedando con terrenos federales para su usufructo. De estos temas se hablará más adelante.
13 Agosto 2019 04:01:00
Antídoto contra López Obrador
Estaba tan cantada la victoria de Alejandro Moreno en la elección para presidir al PRI, que se percibió como un hecho irrelevante. No generó expectativas, ni inyectó ánimo. La carga negativa que arrastra el partido habría perjudicado a cualquiera que ganara, porque el lastre va más allá de las personas. Por lo mismo, Moreno tiene una enorme posibilidad y oportunidad para convertir la crisis en la que está el PRI a una etapa de vida, o será quien termine de enterrar al partido cuya hegemonía él vio en su fase terminal. Lo que tiene que hacer es aquello por lo que los gobernadores priistas le dieron su apoyo, al considerar que el partido requería de una cara diferente que tuviera, sobre todo, ganas de encabezarlo.

Moreno lo dejó entrever varias veces durante su campaña, cuando sus adversarios cambiaban su sobrenombre “Alito” por “Amlito”, dada la forma como el entonces gobernador de Campeche trataba al presidente Andrés Manuel López Obrador. En su defensa recordaba las declaraciones que hizo durante la campaña presidencial donde lo confrontó, buscando comprensión por la condición en que se encontraba y la necesidad que tenía para impedir castigos presupuestales. Eso ya acabó, y ahora deberá probar que ni es un apéndice de López Obrador, ni el PRI será un partido satélite de Morena.

“Alito” lo necesita hacer rápido y que la gente lo note. Requiere ganar espacio y credibilidad para recuperar votos y que en las elecciones intermedias de 2021 no se evapore el PRI. Necesita hacer espuma y que López Obrador se enganche con sus provocaciones –porque sólo con provocaciones podrá captar la atención– y, dependiendo de cómo lo ejecuta y gestiona, ganará credibilidad en su liderazgo y construirá expectativas para el PRI. De otra forma quedará sepultado por el PAN, y eventualmente será rebasado por Movimiento Ciudadano, cuya tendencia va al alza.

La única forma como puede hacerlo es aplicar la receta que siguió López Obrador cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y quería atraer la atención de los capitalinos para mostrar que estaba atento y resolviendo los problemas de la ciudad, y después, al ver el peso de su palabra, marcar agenda para construir su primera candidatura presidencial. Es decir, necesita una contramañanera. Si el Presidente ha hecho de su mañanera la forma de gobernar, el mismo formato debe ser empleado para ser oposición. Lo tradicional huele a rancio.

Hasta ahora, López Obrador tiene a la sociedad de rehén a lo que pueda hacer o decir en las mañaneras. Sus interlocutores son pasivos, y exudan temor. Salvo en los medios de comunicación, nadie ha confrontado sus hechos y dichos. Moreno no tiene que imaginarse y diseñar la forma como va a ser líder en la oposición, sino aplicar la fórmula exitosa de López Obrador. ¿Lo logrará?

No es lo mismo López Obrador que Moreno. De hecho, el único antídoto contra López Obrador sería tener como cuña al propio López Obrador. En la visión de los gobernadores priistas, “Alito” es lo más cercano que tienen a ese ideal. En el ideal de “Alito”, eso es lo que desea. La traducción operativa sería esa contra mañanera que podría tener diariamente, una hora después de que el Presidente terminara su comparecencia pública, sólo para refutarlo, mostrar sus contradicciones, imprecisiones o falsedades. Las posibilidades de atraparlo en las propias trampas que construye el Presidente son inmensas. De acuerdo con SPIN Taller de Comunicación Política, hasta ayer lunes, López Obrador llevaba 175 mañaneras –contadas únicamente de lunes a viernes–, en su joven sexenio, donde produce 245 afirmaciones “no verdaderas” por semana, de las cuales seis son claramente falsas.

Si López Obrador ha hablado en promedio 89 minutos durante esas mañaneras y controla de manera centralizada el mensaje, el discurso y el protagonismo, los márgenes de equivocación son enormes. Y algunos de esos errores son monumentales, como cuando dijo que había imprenta en México desde hacía 10 mil años, cuando en realidad Johann Gutenberg la inventó hasta 1452 en Alemania. Este lunes afirmó, como explicación del porqué el equipo mexicano había tenido tan alto rendimiento en los Juegos Panamericanos de Lima, dijo que porque las cosas ya habían cambiado, el ánimo estaba en alto y había desaparecido, salvo en pequeños grupos, el mal humor social. ¿Cómo midió el Presidente el humor social? El cuestionamiento podría ser directo, inclusive con bromas y provocaciones: ¿el humor social lo mide el índice de la felicidad del Presidente?

Moreno no tiene que ser grosero con el Presidente, pero sí presentar el contraste con sentido del humor y trabajo sofisticado, que le dé rapidez y profundidad para poder responderle casi en tiempo real. Su trabajo sería el equivalente a lo que en el Reino Unido es el gabinete en la sombra, que opera dentro del sistema parlamentario donde un grupo de expertos de la oposición, bajo el liderazgo del presidente de la Cámara de los Comunes, forman un gabinete espejo para analizar las políticas y acciones del Gobierno. La oposición en San Lázaro y el Senado no se atrevieron a poner en práctica esa iniciativa, pero Moreno tiene la mesa puesta para ello, si se decide a hacerlo.

Prominencia, reflectores, empatía y credibilidad es lo que necesita Moreno para ser un buen dirigente en tiempos extraordinarios, por las características políticas y mediáticas de López Obrador. Sin embargo, no tiene mucho espacio para donde moverse, si quiere el nuevo líder del PRI trascender, ser relevante, significar algo en la política y, sobre todo, ser un dirigente digno de la oposición y no un palero del régimen, que son las disyuntivas a las cuales se enfrentará.
12 Agosto 2019 04:06:00
Uruapan, recuerdo de la muerte
Diecinueve cuerpos desmembrados y colgados regresaron a Uruapan a la arena pública. Apurado por la prensa a una definición, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que de ninguna manera declararía la guerra a los cárteles de la droga, porque esa estrategia fracasó. Esa es la percepción pública, derivada de un error de la comunicación política del presidente Felipe Calderón, que sigue pagando el costo de la propia distracción causada por haber declarado la guerra al narcotráfico, sin anticipar que su fuerza retórica ocultaría el análisis de su estrategia a partir de sus méritos. 

La estrategia de Calderón rompió los equilibrios de los gobiernos previos con el crimen organizado, donde no enfrentaban a todos en forma simultánea, sino eran aleatorios y selectivos. Los cárteles sabían que si un sexenio les tocaba ser perseguidos, al siguiente la cacería caería sobre otros. De esa forma, pactaban entre ellos territorios y pagos de piso. En Uruapan, precisamente, eso comenzó a desbaratarse en septiembre de 2006, cuando La Familia Michoacana dejó cinco decapitados sobre la pista del prostíbulo Sol y Sombra, en desafío al Cártel del Milenio, placenta del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Semanas antes de tomar posesión, Calderón tenía un diagnóstico sobre la penetración del narcotráfico en México. Más de 80 municipios eran controlados totalmente por los cárteles en Guerrero y Tamaulipas. En Michoacán, la lucha entre criminales rebasaba al gobierno de Lázaro Cárdenas -hoy coordinador de asesores del Presidente-, y le pidió ayuda a Calderón. La DEA, en una reunión secreta en Cuernavaca en septiembre de 2006, presionó para que no fuera laxo como el presidente Vicente Fox, y combatiera decididamente a la delincuencia organizada.

La estrategia cambió. Sacó a la calle a las Fuerzas Armadas para combatir junto con la Policía Federal a todos los cárteles simultáneamente, modificando los incentivos de no pelear entre ellos para evitar la fuerza del Estado, por tener que pelear con los demás para sobrevivir el embate del Estado. La violencia se disparó. El entonces procurador Eduardo Medina Mora decía que se habían equivocado al “pegarle al avispero” sin prever que la atomización de los cárteles haría surgir grupos más pequeños y más violentos con enorme rapidez. Criticaba sutilmente al arquitecto de la estrategia, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que había adaptado lo que hicieron en Palermo, Bogotá, Medellín, Miami y Nueva York.

Calderón se vistió de militar -otro error- y endureció su discurso. García Luna explicaba que el incremento en la violencia era resultado del combate frontal, y que la estrategia consistía en ser más rápidos que los cárteles en su reorganización y reclutamiento. Afirmaba que si lo hacían bien, la incidencia delictiva bajaría. En mayo de 2011, con 2 mil 131 homicidios dolosos registrados, se dio ese punto de inflexión, y comenzó a bajar la tasa. Sin embargo, convencieron a Peña Nieto de que la violencia obedecía a que el Estado los confrontaba y prohibió combatirlos. Ocho meses después, al ver la equivocación, revocó la orden. Llegó tarde. Dejarlos en paz permitió a los cárteles su recuperación.

Uruapan es uno de sus botones, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación recuperó el control territorial y está liquidando a una de las externalidades de la guerra de Calderón, la banda de Los Viagras. El mismo error comete López Obrador. No está enfrentando a los cárteles y quiere que sean las propias organizaciones criminales las que se depuren. Dejar de combatirlos, como hizo Peña Nieto, no resolverá la inseguridad ni bajará la violencia. Permitir que opere el Cártel Jalisco Nueva Generación elevará los índices criminales y aumentará los homicidios dolosos, como se está viendo en el comparativo con los gobiernos anteriores.

Uruapan es claro ejemplo de ello. Como publicó La Voz de Michoacán el viernes pasado a propósito de los 19 cuerpos desmembrados y colgados, “asesinatos, balaceras, cuerpos embolsados, ataques a civiles y servidores públicos, calcinados, mutilados y decapitados han sido los constantes hechos de violencia ocurridos en Uruapan desde que comenzó este año”. Ha sido el semestre más violento en esa ciudad, al incrementarse 175% la incidencia delictiva, y en el primer semestre del año, casi se duplicaron los homicidios dolosos registrados en ese mismo periodo del año pasado.

La segunda ciudad más grande en Michoacán es un microcosmos del país, y un anticipo del destino al que vamos si no se corrige el rumbo. Peña Nieto dejó un desastre de país en materia de seguridad y un sistema colapsado. En el primer mes de gobierno de López Obrador, la cifra de homicidios dolosos llegó a 2 mil 474; en junio, fueron 2 mil 560. Funcionarios federales celebraron la imperceptible baja y aseguran que la incidencia decrecerá. Probablemente subirá porque a la estrategia equivocada de no combatir cárteles se le suma el factor adicional de la política de austeridad, que redujo la capacidad de fuego de las fuerzas federales, mientras que la impunidad a los narcotraficantes les da altos márgenes de utilidad para contratar más asesinos y comprar mejores armas. 

El gobierno de López Obrador va hacia el pantano en donde se ahogó el gobierno de Peña Nieto. Aun así, hay una gran diferencia entre ellos. Peña Nieto y su gobierno fueron incapaces de sanar lo que dejaron pudrir, pero nunca se plantearon como estrategia final abrazos en lugar de balazos. Dada esta visión, si no hay una reconsideración radical, de lo mal que estuvimos el sexenio pasado, estaremos peor en el futuro.

Nota: En la columna del 8 de agosto se menciona incorrectamente que Luis Vega Aguilar es diputado plurinominal. Fue registrado como tal, pero la asignación de plurinominales no le favoreció ante los resultados electorales. 
09 Agosto 2019 04:02:00
Morir en la Mixteca
La muerte en México ha pasado a ser una estadística. Estamos tan expuestos a convivir con la violencia, en la vida cotidiana o a través de la mirada de los medios de comunicación, que alcanzamos niveles de insensibilidad y déficit agudo de asombro. Nos parece tan normal la violencia en la que estamos inmersos –no distantes o ajenos-, que las escenas más dantescas han convertido el horror en memes. Preferimos fugarnos a enfrentarlo. Lo vemos bajo el prisma de la nota roja no de una sociedad enferma que ha sido instrumental de grupos de interés, que durante años han logrado aniquilar el principio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado.

Lo vimos en Tlahuelilpan en enero, donde militares y policías federales fueron testigos de cómo decenas de personas estaban suicidándose al robar combustible de un ducto, porque les prohibieron intervenir ante el temor de provocar violencia. La inacción dejó un saldo de 154 personas muertas. No aprendemos, como lo acabamos de ver en Cohuecan y Tepexco, municipios poblanos en la puerta de la región Mixteca, donde durante 10 horas de este miércoles, la furia se apoderó de esa comunidad que cazó personas que acusaron de secuestradores. Al final de la jornada, siete nombres quedaron en el registro de las muertes que podrían haberse evitado.

La pregunta ya no es a dónde hemos llegado, sino para dónde vamos. La cronologíade la masacre, publicada por el diario digital Cambio de Puebla, da cuenta de un Estado fallido, donde las autoridad, para efectos de su responsabilidad, fue inexistente, y la fuerza militar de la Guardia Nacional o las fuerzas federales, no intimidaron a nadie, pese a que en algún momento llegaron a tener 148 elementos en la zona de violencia.

La bitácora de la barbarie empieza a las 10 y media de la mañana, cuando en el municipio de Tepexco, vecino de Cohuecan, cuatro personas privaron de su libertad a un hombre de aproximadamente 61 años, identificado por Cambio como un ganadero local. A las 11 de la mañana con 17 minutos, sigue la crónica, la Policía Municipal fue alertada por un vecino sobre lo que sucedió, y pidieron refuerzos a sus colegas de Cohuecan, al dirigirse hacia ese municipio los atacantes. Encontraron al ganadero –aún no está claro si vivo o muerto–, pero no alcanzaron a dos de los secuestradores, que huyeron por una barranca. Los otros dos detuvieron a una persona que pasaba por ahí en su camioneta. Al negarse a entregársela, le dispararon un tiro en la cabeza.

A las 12 del día y 23 minutos, según la crónica, 40 personas de la Junta Auxiliar –la autoridad comunitaria– de Los Reyes Teolco, se sumaron a la búsqueda y captura de dos de los secuestradores, a quienes en modo turba comenzaron a golpear. Habían oído que el ganadero estaba muerto, por lo que se negaron a entregarlos a las autoridades policiales. Cuarenta y tres minutos después, tomaron la justicia en sus manos y los colgaron de un tablero de basquetbol frente a la Presidencia Municipal de Tepexco. Ya había 250 vecinos en el lugar, que dijeron que sólo bajarían los cuerpos para quemarlos.

Cuarenta y un minutos después llegaron 72 refuerzos policiales municipales, la Policía Estatal y un grupo pequeño de la Guardia Nacional. Ni así entregaron los cuerpos. Las policías querían persuadirlos a que se los entregaran, pero los pobladores continuaron el avasallamiento de la autoridad. En esas estaban cuando los pobladores notaron que dos personas se escondían a orilla de la carretera y rápidamente los señalaron y juzgaron como secuestradores. La Policía Municipal los llevó a la comandancia municipal de Tepexco, pero la turba enajenada los sacó de la instalación sin que nadie se les opusiera, y ahí mismo los golpeó hasta matarlos.

A las 3 y media de la tarde, un hombre llegó a Tepexco y dijo que los dos últimos linchados trabajaban con él. Sin mayor explicación, lo acusaron de ser el líder de la banda de los secuestradores, lo tundieron a golpes y lo colgaron. Las autoridades no resolvían nada. La calma pareció llegar a esa región mixteca, mientras las autoridades aseguraban que se habían aplicado correctamente los protocolos sobre linchamientos, pero que como la gente estaba muy enojada y había gente armada, optaron por no actuar.

Abiertamente, la autoridad claudicaba de su responsabilidad primaria, proveer seguridad. Para que no sucediera algo más, desplegaron Guardia Nacional, Policía Estatal y municipales. Poco sirvió. Entre las 8 y media y las 9 de la noche, vecinos de Cohuecan y Tepexco, que no habían dejado de buscar a los llamados secuestradores, los encontraron en una barranca, los golpearon y los colgaron. La Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, les habían dejado libre la noche para la cacería, porque como los vieron descontrolados, se replegaron.

La capacidad de fuerza policial era muy superior a la de los mixtecos enajenados, pero la instrucción fue no actuar para evitar actos qué lamentar. Decisiones políticas que no protegen vidas. No es novedad. Hace muchos años que el Gobierno perdió el uso legítimo de la fuerza, que es un derecho único, y es rehén gente como la de Cohuecan y Tepexco. Cuando se apoya el uso legítimo de la fuerza –que está regulado y se sanciona el abuso–, la respuesta colectiva es que es un acto de represión. Es falso. La interpretación es amañada e ignorante, pero sirve políticamente, a costa de muertos y proliferación de linchamientos. Muchos piensan que es mejor ese costo que el que pueda significar evitarlo. Seguiremos apáticos frente a este horror. Ya cambiaremos cuando este crimen nos pegue cerca de casa.

08 Agosto 2019 04:15:00
Con Rosario, la caldera se calienta
Si las cosas avanzan como anticipó la Fiscalía General de la República, Rosario Robles se convertirá hoy en la funcionaria de mayor rango del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en ser imputada por un presunto delito de presunción, y si no ha cambiado de opinión el fiscal Alejandro Gertz Manero, probablemente por delincuencia organizada. Robles decidió dar una batalla política en el campo mediático, entendiendo los principales términos del proceso que le quieren abrir, pero también dejando abierta la posibilidad de que podría llegar a ser un punto de negociación, que le ofrezcan el criterio de oportunidad incorporado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De seguir esa estrategia, la Fiscalía de Gertz Manero podrá encontrar una escalera al cielo.

El Artículo 256 del Código establece la aplicación del criterio “cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”. Robles ha dado muestras de que está dispuesta a cumplir con la segunda parte del enunciado, y falta ver si también lo está para aportar información que presuma delitos más graves. No le queda mucho tiempo, ni tampoco tiene mucho espacio. Su comparecencia hoy en el Reclusorio Sur obedece a la acusación de presuntos delitos investigados por la Fiscalía. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera encontró 105 operaciones de presuntos desvíos de recursos del erario hacia empresas fantasma, por lo que próximamente habrá una nueva denuncia. 

Robles se dice segura de que está limpia de cualquier delito que le imputen, porque no encontrarán su firma en ningún documento. Sin embargo, la Fiscalía General tiene dos testigos que declararon en su contra y que trabajaron con ella en la Secretaría de Desarrollo Social, aunque forman parte del grupo político del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. La investigación de la UIF no tiene testigos, sino documentación sobre las triangulaciones financieras en donde aparece la mano de Emilio Zebadúa, quien fue su oficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En ambos casos, las investigaciones no tienen como destino final el lucro de Robles o sus cercanos, sino la utilización de recursos para campañas políticas. De acuerdo con reportes de prensa, se le vincula al desvío de mil 300 millones de pesos para campañas políticas, en lo que se le denominó coloquialmente como “la estafa maestra”, que según el abogado de la exsecretaria, es una “ficción”. Con la nueva denuncia de la UIF, que encontró operaciones que nunca fueron vistas por la Auditoría Superior de la Federación que observó las irregularidades en las secretarías encabezadas por Robles, las acusaciones en su contra cada vez serán mayores y el caso más complejo para que pueda salir avante. 

En todo caso, podría ir a la cárcel varios años, mientras se defiende. La pregunta es si, dadas las condiciones en las que se encuentra, está dispuesta a guardar el secreto de todo lo que sabe sobre esas operaciones irregulares, aunque ella no sea responsable directa. Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, inició el camino del criterio de oportunidad, y está dispuesto a abrir la cloaca del gobierno peñista.

La puerta que puede tirar Robles y permitir que entre la Fiscalía para subir la escalera es la de Ernesto Nemer, a quien el entonces presidente Peña Nieto le impuso como subsecretario del ramo, y cercano a Luis Miranda, quien fue subsecretario de Gobernación y secretario de Desarrollo Social. Nemer acompañó a Peña Nieto desde que comenzó a escalar en el Estado de México, y fue su coordinador de campaña para la gubernatura. Junto con Miranda trabajó en la operación política para que alcanzara el poder mexiquense y manejaron las elecciones intermedias en el estado y la campaña presidencial.

En aquellos años mexiquenses, el dinero era todo. Aquel grupo guardaba millones de pesos en efectivo en sus bóvedas, donde acumulaban los recursos por lustros, incluso hasta una década, para ser utilizados más adelante. Al llegar al Ejecutivo federal, no hubo muchos cambios en las actitudes. Miranda fue el gran ejemplo cuando, después de muchos desencuentros con la Coordinadora magisterial, sacó la chequera del Gobierno y les repartió dinero para que dejaran de oponerse a la reforma educativa. 

El dinero político de Peña Nieto tenía un cajero, Luis Vega Aguilar, secretario de Finanzas en el gobierno mexiquense de Peña Nieto, y a quien puso en la Secretaría de Finanzas del PRI, donde fue el responsable de la Operación Zafiro, revelada por Mexicanos Contra la Corrupción, mediante la cual presuntamente se desviaron 650 millones de pesos de siete estados, a través de 12 empresas fantasma, para campañas priistas. En la investigación sobre los desvíos de Robles aparece también Vega Aguilar, a quien -como a ella y a Zebadúa- el viernes pasado le congelaron sus cuentas bancarias. Vega Aguilar fue protegido por Peña Nieto haciéndolo diputado, como hizo también con Nemer, sobre quien hay sospechas de su participación en “la estafa maestra”.

La carta de Robles para minimizar el daño jurídico, porque el político y su reputación están hechos añicos, es el criterio de oportunidad para revelar el enjambre que hicieron los mexiquenses durante el sexenio de Peña Nieto. Hacerlo sería reconocer culpabilidad, pero no habría consecuencias legales para ella. Si decide por esa estrategia, podría aportar evidencias para que la Fiscalía y la UIF actúen legalmente en contra de la élite mexiquense, en España o en San Lázaro. Su valoración será personal y política, sin olvidar, como parece ser hasta ahora, que está tragándose todo lo que hizo y lo que no.
07 Agosto 2019 04:01:00
Nos quieren ver la cara de tontos
Desde el domingo pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llena la arena pública con un discurso que a primera vista refleja un compromiso pleno en la defensa de los mexicanos en el exterior, y muestra indignación ante el asesinato de ocho conciudadanos por parte de un supremacista en El Paso. Su retórica escala con los días.
Dice que analizan si acusan al asesino por terrorismo, sugiere su extradición y plantea el interés de saber si Patrick Crusius tenía cómplices, porque el Gobierno está preocupado que haya más personas que piensen como él. La secuencia de intenciones es absurda. No porque Ebrard lo sea, sino porque quiere vernos la cara de tontos. De acuerdo con el Artículo 19 de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, México no tiene jurisdicción en otro Estado, pero le ayuda al Gobierno a desviar la atención de los temas que lo aplastan: la inseguridad y el deterioro económico.

Los señuelos son tragados por muchos, por el horror de la matanza de El Paso y la cercanía por las víctimas mexicanas. Ebrard juega con las emociones, propias de un Gobierno que las transmite todo el tiempo para construir el consenso para gobernar, dentro de una aparente estrategia que estimula el sentimentalismo para olvidar otras preocupaciones y angustias. La empatía del Gobierno para con las víctimas se traduce en empatía de la sociedad con su Gobierno, que ha caminado estos días por un sendero donde no se mete con el presidente Donald Trump, pese al repudio generalizado en su país y el mundo por no comprometerse con una reforma para el control de armas, al tiempo de desplegar juegos pirotécnicos mediante la retórica.

Insistir que quieren acusar a Crusius de terrorismo, es una táctica de distracción. La discusión pública sobre terrorismo doméstico en Estados Unidos, como se ha clasificado políticamente el ataque, no significa que vayan a acusar al asesino de terrorista. Estados Unidos tiene una ley sobre terrorismo doméstico, pero las autoridades texanas no tienen necesidad de ser demagogos y tampoco perderán el tiempo con acusaciones que magnifican el homicidio, pero son jurídicamente vulnerables. Crusius fue acusado de homicidio calificado, y habrá nuevas acusaciones una vez que concluyan las investigaciones y se presenten a un gran jurado del condado de El Paso. El fiscal quiere imputarle el delito de crimen de odio y pedir la pena capital. 

En ningún momento han hablado de acusarlo por actos terroristas. La ley de terrorismo doméstico no incluye en esa categoría a los asesinatos masivos. Un fuerte debate en Estados Unidos es que esta insuficiencia refleja racismo, al calificar a jihadistas como “terroristas” por ser musulmanes, mientras los terroristas estadunidenses son “lobos solitarios”. No existe tampoco una ley internacional sobre el terrorismo, porque no hay acuerdo sobre su definición. 

Ebrard dice que, para México, Crusius es “terrorista”, y plantea extraterritorialidad. Adelanta querer su extradición, pero es un ardid mediático. Aunque el asesinato no fue necesariamente aleatorio por la amenaza contra los “hispanos” en su manifiesto, los abogados del Gobierno mexicano tendrían que probar que Crusius iba directamente a matar a las personas que asesinó. La Fiscalía General, en todo caso, no tiene competencia, y la valoración sobre la acusación chocará con esa realidad.

Todo esto lo saben Ebrard, el fiscal y el Presidente. No son ignorantes ni ingenuos. Es un juego de espejos. Lo más básico de la estratagema es la “preocupación” de que haya más personas que piensen como Crusius. Sobra. Ese pensamiento existe desde la Colonia en Estados Unidos, que motivó la Guerra Civil que no resolvió el problema, que se arrastró en el siglo 20 y no ha cesado. El canciller juega para la gradería en la construcción de percepciones. Que la atención se centre en El Paso, no en México. Los problemas están afuera, no adentro. Regresamos a los 80, cuando el sistema político forzaba a hablar mucho de lo exterior para no hablar de lo interior.

Sin embargo, en el mediano plazo, este discurso podría ser contraproducente para el Gobierno. El artículo 139 del Código Penal Federal establece prisión de 6 a 40 años y hasta mil 200 días de multa, por los delitos que resulten, “al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.

Elevar la atención de los mexicanos sobre la posibilidad de acusar de terrorista a quien comete ese tipo de crímenes, abre una puerta en México. Por ejemplo en Minatitlán, donde en abril hubo una matanza de 14 personas confundidas con un grupo de narcotraficantes. Un comando hizo lo mismo que Crusius: utilizó armas largas, disparó aleatoriamente y causó terror. Bajo el criterio de Ebrard, también son terroristas. 

Los familiares de las víctimas de Minatitlán podrían acusar a los asesinos de terrorismo de acuerdo con el Código Penal, e ir más allá y acusar de omisión a las autoridades estatales y federales para resolver la matanza, y de probable complicidad del Gobierno federal porque no combate narcotraficantes. Crusius y los sicarios son lo mismo, aunque lo fraseen diferente. La estrategia que dice Ebrard seguirá en El Paso, podría ser replicada en contra del Gobierno en Minatitlán. No sería este el único caso, pero la verborrea demagoga de las autoridades lo presentan involuntariamente como un posible arquetipo para juicios por terrorismo en México.

06 Agosto 2019 04:02:00
Desgaste presidencial
Quienes observaron al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa el lunes desde Valle de Bravo, pudieron haber apreciado a una persona que se veía desaliñada, con ojeras notorias y un rostro de fatiga. Se podría entender porque sus horas de sueño, para las cuales es muy disciplinado, se alteraron por la matanza de mexicanos en El Paso. Gobernar a México ha resultado bastante más complejo de lo que pensaba el Presidente, aunque públicamente dice lo contrario. La permanente molestia contra la crítica en los medios exuda frustración ante la observancia de sus yerros, limitaciones y contradicciones, lo que se ha reflejado intramuros. Uno de sus más leales colaboradores admitió que ya prácticamente nadie le dice nada en las sesiones masivas previas a las mañaneras, porque no quieren que los regañe y descalifique en público.

El Presidente sufre un desgaste pronunciado. En febrero, López Obrador alcanzó un máximo de aprobación al llegar a 81%, que representaba 27 puntos arriba del porcentaje de mexicanos que votaron por él en la elección presidencial. Para la medición de junio, había caído 15 puntos, una tasa que se mantuvo estable en julio, de acuerdo con la encuesta de aprobación presidencial publicada por El Financiero este lunes. Es un margen importante que mantiene el consenso para gobernar, pero está lejos de ser una cifra extraordinaria. De hecho, es apenas un punto más de lo que tuvieron Vicente Fox y Felipe Calderón al medirse el primer semestre de sus presidencias. Fox cayó durante su primer año de gobierno, pero Calderón se mantuvo. La duda es qué sucederá con López Obrador.

Si se realiza una proyección a partir de la encuesta de El Financiero, la probabilidad de que López Obrador siga cayendo es alta. Esta afirmación es casi un pleonasmo. Cuando se ha llegado tan alto en las encuestas, se aplica la mecánica clásica de Isaac Newton: todo lo que sube, tiene que caer. La gravedad política de López Obrador muestra claramente esa caída. El porcentaje de aprobación de 66% es el principal dato duro del estudio, pero no refleja el desgaste. Para verlo hay que comparar los resultados de esta última medición con la que hizo el periódico al cumplir el Presidente 100 días en el cargo. 

En los rubros torales donde existe la pregunta expresa, la aprobación de López Obrador cae y el desacuerdo sube. El más pronunciado, paradójicamente, fue su caballo de batalla durante tres campañas presidenciales: la corrupción. A la pregunta si veían muy bien/bien (MB/B) el combate a la corrupción, 53% aprobó las acciones presidenciales en su corte a los 100 días, mientras que 24% lo desaprobaba y lo calificaba de muy mal/mal (MM/M). En la encuesta de julio, la respuesta MB/B se desplomó 37 puntos (21% aprobó), y la MM/M se elevó 27 (51% desaprobó). 

A los 100 días de Gobierno, 58% de los encuestados calificó la seguridad pública como MB/B, contra 22% que la pensaba MM/M, pero en julio, las cifras se habían invertido: 33% respondió MB/B y 42% dijo MM/M, lo que significó una caída en la aprobación de 25 puntos, y un incremento de 20 puntos en la desaprobación. En el tema de la economía, a los tres meses 53% dijo que la conducción económica era MB/B contra 24%, que al responder MM/M reprobaba esa gestión. Tres meses después, la respuesta MB/B cayó 30 puntos (23% de aprobación de los encuestados) y la respuesta MM/M subió 27 puntos (51% de desacuerdo). Los niveles de satisfacción cayeron 16 puntos en la aprobación, y se elevaron 12 puntos en el desacuerdo.

La encuesta de julio reflejó insatisfacción en cómo está enfrentando la pobreza -otro de sus compromisos históricos-, la salud, los apoyos sociales, la educación y la obra pública, que de alguna manera se pueden explicar por los recortes presupuestales en todas las áreas, las deficiencias en la asignación de recursos para la compra de medicinas, el subejercicio y la desorganización dentro del Gobierno que impactó en la no entrega de los programas sociales, así como al parar la construcción, se deshidrató la economía. Dos datos duros del estudio que refuerzan estos desacuerdos tienen que ver con la percepción de los colaboradores del Presidente, donde 39% respondió a la pregunta cómo calificaría al Presidente, con MM/M, contra 35% que dijo MB/B, y la forma como perdió respaldo en su capacidad para dar resultados, donde si bien 45% respondió MB/B, 35% dijo MM/M. 

El Presidente mantiene altos niveles en sus principales atributos, honestidad (58% de aprobación, contra 24% de desacuerdo), y liderazgo (53% de aprobación, contra 32% de desacuerdo), pero al revisar los resultados en el manejo de los temas, cabe la interpretación de que el discurso del Presidente de que todo lo malo que existe es culpa del pasado, está perdiendo efectividad. Los mexicanos empiezan a no creerle, y a cuestionarlo sobre promesas incumplidas, como muestra la mala calificación en el rubro de la corrupción. No le ayudaron para mejorar esa percepción, según refleja la encuesta, los procesos contra la exsecretaria de Estado Rosario Robles, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, y el abogado de las élites Juan Collado.

La medición no prende los focos rojos al Presidente, pero sí es una llamada que requiere su atención. El desgaste tiene que ver con el discurso y su comunicación política, que empieza a mostrar vacuidad e ineficiencia. Los sofismas también han perdido efectividad. La ventaja es que apenas lleva siete meses en el Gobierno, y tiene suficiente tiempo para corregir y administrar de manera más inteligentemente las expectativas -si admite que está mal y va mal.
05 Agosto 2019 04:00:00
Hasta a los de casa muerde
La Fiscalía General de la República es tan autónoma, tan independiente, que hasta a los de casa muerde. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, da muestras inequívocas de su poder y lleva algunas cosas hasta lo inverosímil. De esta manera, se le fue encima a la Secretaría de Hacienda y quiere llevar a la cárcel dos funcionarios y dos exfuncionarios del Instituto de Administración de Avalúos Nacionales porque se negaron a entregarle sin sustento legal seis inmuebles que la vieja Procuraduría General de la República puso a su disposición tras los sismos de septiembre de 2017, porque no estaban en condiciones de seguir siendo utilizados y el riesgo que significaba para cientos de personas.

Gertz Manero quiso forzar las cosas mediante el amedrentamiento que, para algunos, puede convertirse fácilmente en terr-or ante la posibilidad de ir a la cárcel. Cuando el Indaabin, el acrónimo del Instituto, se negó a restituir por la fuerza y al margen de la ley los inmuebles, la Fiscalía General inició de oficio la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000397/2019, y giró citatorios a cuatro personas para entrevistarlos en calidad de testigos –una ca-tegoría donde no pueden dejar de ir a comparecer porque entonces violarían la ley–, y quería imputar a dos altos funcionarios del instituto quebrantar los artículos 214 fracción IIII y el 217, fracción I del Código Penal Federal.

El primero se refiere a que conociendo por razón de su empleo que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal, por cualquier acto u omisión no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. El segundo al servidor público que ilícitamente otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos.

A quien tiene en el umbral de la imputación es al director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Alan Daniel Cruz Porchini, y al expresidente del Indaabin, Julio César Guerrero Marín. Los dos fueron citados a comparecer el jueves pasado –aunque se suspendió la audiencia–, junto con Luis Gregorio Ojinaga de la Luz, director de Gestión de Uso de Inmuebles, y a Angélica Vargas Béjar, en ese entonces subdirectora de Evaluación y Usos Alternos del instituto. De la lectura de la documentación del caso, se puede argumentar el uso abusivo de la autonomía del fiscal, al grado de que pueda criminalizar a funcionarios porque cumplieron con la ley.

Todo comenzó el 1 de febrero de 2018, cuando la extinta PGR puso a disposición del Indaabin de manera voluntaria seis inmuebles porque no podían seguir siendo utilizados, luego que los dictámenes estructurales realizados tras los sismos de septiembre de 2017 establecieron que no podrían seguir ocupados y sugerían su desalojo. Entre estos se encontraban los edificios principales sobre Paseo de la Reforma, otro más donde estaban áreas sensibles de investigación e inteligencia, y tres adicionales, todos ellos en la Alcaldía Cuauhtémoc. La puesta a disposición y la entrega-recepción de los inmuebles se hicieron conforme a la Ley General de Bienes Nacionales. La entrega física de los inmuebles se concluyó en octubre y noviembre del año pasado.

La extinta PGR propuso su venta y que los recursos se le etiquetaran, pero al no te-ner facultades sobre ese tipo de decisiones, no procedió. Entonces, en acatamiento de las normas, el Indaabin notificó a todas las instituciones del Gobierno federal sobre los inmuebles para conocer si había interés en alguna de ellas para que le fueran transferidos. Al no existir interés alguno, conforme a la norma de que en ese caso dictaminara el mejor uso y aprovechamiento de los inmuebles, concesionó cuatro de ellos a privados que invertirían en ellos y los rehabilitarían, sin que dejaran de ser patrimonio federal.

En marzo comenzaron los problemas. Francisco Sáenz de Cámara, coordinador de Planeación y Administración de la Fiscalía, le pidió a la Oficialía Mayor de Hacienda que se le restituyeran los inmuebles y solicitó al Indaabin que evaluara la solicitud. El 15 de abril, la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, le envió a Sáenz de Cámara la respuesta del Indaabin, donde detallaba los resultados de los dictámenes estructurales, las recomendaciones de desalojo y los procesos de concesión, concluyendo que “no resulta procedente atender de manera favorable la solicitud”.

La respuesta de la Fiscalía fue ir tras los que consideraba responsables. Gertz Manero no actuó en contra de Buenrostro o del presidente del Indaabin, Luis Mariano Cortés, sino contra su antecesor y contra funcionarios de segundo nivel del Gobierno actual, y omitió incluir en la carpeta de investigación las respuestas de Buenrostro y de Cortés a la Fiscalía, con lo cual el Mi-nisterio Público Federal, obtuvo información parcial, donde se puede argumentar manipulación de la justicia.

La audiencia original para los testigos y los imputados fue diferida para el 1 de agosto, porque el juez consideró que la Fiscalía General incumplió el Código Nacional de Procedimientos Penales al no proporcionar en tiempo copias de la carpeta de investigación a los imputados, con lo cual no podían armar una defensa adecuada. Se desconocen las razones por las que el miércoles pasado se dio un nuevo aplazamiento de la audiencia.

La actitud de Gertz Manero recupera sus batallas intramuros en el Gobierno de Vicente Fox, por lo cual abrir fuego amigo contra Hacienda no es algo insólito en él. Hace unos 15 años ganó en primera instancia su pleito, pero después lo perdió. Aquello debería haber sido una lección, para recular hoy en su pretensión y buscar una forma no arbitraria de salirse con la suya.

02 Agosto 2019 04:00:00
El rencor del Presidente
El presidente Andrés Manuel López dice que no es vengativo. Pero de que guarda un profundo rencor por lo que sucedió en la elección presidencial de 2006, no hay duda. López Obrador tiene muy bien identificados a quienes no ve como adversarios sino como enemigos, los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón, con quienes tiene un diferendo histórico y, todo sugiere, está en proceso de ajustar cuentas. Lo transpiró ayer en su comparecencia ante la prensa cuando le preguntaron sobre Rosario Robles, y si seguía pensando que era un chivo expiatorio.

“Sigo pensando lo mismo, que los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado, nada más que ya no puedo decirles como les decía antes”, dijo. O sea, “la mafia del poder”.

La pregunta sobre Robles fue fraseada de una manera extraña, donde no se inquirió directamente sobre la investigación, pero le abrió a López Obrador el contexto para regresar 12 años en la historia. “Si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006, no estaría el país como está”, agregó.

“Ese fraude causó muchísimos daños porque impusieron a Calderón. Nosotros hicimos un compromiso que no íbamos a desatar la persecución, no es mi fuerte la venganza, ni siquiera a los que nos hicieron mucho daño, no solo el daño personal, no sólo porque me robaron la Presidencia, sino porque por ese fraude hundieron al país”.

López Obrador no supera la elección presidencial de 2006, que perdió ante Calderón por sólo 243 mil 934 votos. Nunca admitió el resultado y profundizó un conflicto postelectoral para solicitar, por fuera de la ley electoral, que hubiera un recuento general de votos. Calderón envió a un emisario, Florencio Salazar Adame, un expriista que se sumó a su campaña, para hablar con dos personas cercanas a López Obrador y proponerle que abrieran todas las urnas y recontaran todas las boletas, con la condición de que quien resultara perdedor, aceptaría la derrota. Como respuesta solo hubo silencio.

López Obrador revivió ese año con toda fuerza, pero en un contexto donde están alineándose las cañoneras. Salinas es a quien responsabiliza primariamente de “imponer” a Calderón, y “robarle” la elección, tras una embestida para descarrilar su campaña presidencial al difundir escandalosos videos producidos por el empresario argentino mexicano, Carlos Ahumada, a quien el abogado Juan Collado llevó ante el expresidente para entregárselos y fraguar el desprestigio de López Obrador.

Collado está en la cárcel enfrentando un proceso por supuestos nexos con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que Ahumada, de la nada, volvió a la escena pública criminal, al desempolvar la Fiscalía General una denuncia de Robles en su contra por la falsificación de documentos y la firma apócrifa de un pagaré, que había desestimado la vieja Procuraduría General de la República en 2013.

Entonces, lo que tiene es al autor intelectual y material de los videos políticos donde aparecía el secretario particular de López Obrador, René Bejarano, recibiendo miles de pesos, y a su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, jugando en Las Vegas, así como al facilitador del encuentro con Salinas, en la picota. Los dos expresidentes no tienen cargos en su contra, pero ya los colocó López Obrador en la línea de fuego.

Los videoescándalos son una historia de intriga. Comenzó su difusión en marzo de 2003, cuando Ahumada estaba siendo perseguido por López Obrador, que empezó a cerrarle sus empresas y cancelarle contratos en la Ciudad de México. Ahumada había financiado campañas políticas del PRD, incluida la de López Obrador para el Gobierno del entonces Distrito Federal, y como pago le habían dado contratos de obra pública.

Rosario Robles lo metió al partido y Ahumada amplió sus financiamientos. Bejarano no era el único. Le da miles de pesos a Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum –y les pagó una vacación en París, en el espectacular George V–, y a Horacio Duarte, que fue representante de López Obrador en viejo INE y actualmente es subsecretario de Trabajo.

La persecución de Ahumada se originó cuando suponía el entorno del entonces jefe de Gobierno, financiaría la cuarta intentona presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, cruzándosele López Obrador. Ahumada, soberbio e ingenuo, decidió ponerse en manos de Salinas, confiando en que sus videos le impedirían llegar a la Presidencia. Lo dañaron, pero prematuramente.

A Ahumada todos los desecharon por ser un lastre, pero la lucha en las élites continuó. López Obrador revivió ayer esa afrenta y describió a sus enemigos políticos.

Salinas está residiendo en Londres, Calderón en la Ciudad de México y Ahumada, que tiene órdenes de aprehensión en este país, en Buenos Aires, donde ha querido replicar lo que hizo en México, ante la preocupación del Gobierno del presidente Mauricio Macri.

Collado está en la cárcel, y aunque se le relaciona más con el expresidente Enrique Peña Nieto, es el tronco del que se pueden desgajar las ramas. Es él portador de los secretos patrimoniales de toda una generación de priistas, no sólo los que se ven hoy en día, sino otros más, muy influyentes en su momento, que se cruzan a su vez con empresarios metidos en el sector minero, energético y de medios de comunicación, enemigos del Presidente.

Calderón no forma parte de ese grupo, aunque López Obrador lo vincula por la elección de 2006. Es una externalidad revigorizada del rencor de López Obrador, que se reflejó de manera evidente en su tono, retórica y lenguaje de cuerpo, al enseñar que esta vieja guerra que reabrió ayer, no tiene luz al final del túnel.
01 Agosto 2019 04:03:00
Los amigos (extorsionadores) de Lozoya
En el verano de 2015, Emilio Lozoya, el entonces muy poderoso director de Pemex, me recibió con la indignación contenida en su oficina. La reunión pactada para hablar de la empresa se convirtió en un reclamo, al haber puesto en entredicho la integridad de dos personas muy cercanas a él, que trabajaban en la paraestatal. Lozoya quería refutar una columna sobre la corrupción en Pemex publicada en julio, en donde se señalaba a sus amigos, Froylán Gracia, coordinador ejecutivo de la Dirección General, y Arturo Henríquez Autrey, director de Procura y Abastecimiento de Pemex, responsable de las adquisiciones. En aquel encuentro incómodo, Lozoya dijo responder plenamente por la honestidad de los dos. La columna que motivó la reunión decía:

“Nadie quiere decir en voz alta lo que para algunos es un escándalo palaciego: la confrontación entre dos secretarios de Estado, Luis Videgaray de Hacienda, y Pedro Joaquín Coldwell de Energía, con el director de Pemex, Emilio Lozoya. Los temas son variados: mala gestión en Pemex y corrupción. Hay incluso una investigación sobre funcionarios de la empresa por presuntas ilegalidades, como comisiones multimillonarias por entrar a la licitación petrolera, o pagos para conseguir citas con Lozoya…

“Varios inversionistas mexicanos y extranjeros se han quejado en los últimos meses de abusos por parte de mandos en Pemex. Funcionarios federales dijeron que el secretario de Energía investigó denuncias de que uno de los colaboradores más cercanos a Lozoya le pidió 7 millones de pesos a un empresario petrolero mexicano para conseguirle una cita con el director de Pemex. Otro caso se dio el año pasado, cuando representantes de una empresa petrolera texana estuvieron en Pemex para preguntar detalles sobre la Ronda Uno de la Reforma Energética. Les pidieron 20 millones de dólares… Los petroleros se negaron y dejaron de interesarse en los campos que se pondrían a subasta meses después”.

En 2015, la corrupción ya tocaba los pisos más altos en Pemex. Lozoya lo negaba y decía que sus colaboradores no tenían ninguna razón para pedir dinero, porque riqueza tenían de antemano, sobre todo Henríquez Autrey, cuya familia cercana, Autrey Maza, se habían asociado con Alonso Ancira para quedarse con Altos Hornos de México, que se privatizó en el gobierno de Carlos Salinas. Ancira se encuentra en España, perseguido por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por presunto lavado de dinero en relación a la venta de Agro Nitrogenados a Pemex, por el cual la Fiscalía General acusa a Lozoya de corrupción.

Sin embargo, Henríquez Autrey, de acuerdo con información confirmada –en aquella columna de 2015 apenas se esbozaba– se dedicaba a actividades que iban más allá de sus responsabilidades oficiales. El responsable de compras de Pemex extorsionaba a dueños de empresas que tenían relación con la paraestatal. El amigo de Lozoya pedía cuatro millones de dólares mensuales a empresarios que, decía, eran en realidad para el director de Pemex. Gracia, quien era el que cobraba por citas para ver a Lozoya, formaba parte de este círculo. En una casa en la colonia Nueva Anzures, no lejos de Pemex, era a donde se entregaba el dinero en efectivo. Esa casa tenía cámaras escondidas para videograbar a todas las personas que llegaban a ella. Ahí llegaban a llevar mujeres eslavas para divertimento de políticos o empresarios, quedando los videos como seguros de vida o, eventualmente, para extorsiones.

Hernández Autrey renunció a Pemex en septiembre de 2015, luego que se dio a conocer en los medios una fotografía tomada en 2013 en Los Cabos, con Amado Yáñez, socio mayoritario de Oceanografía. La fotografía fue proporcionada por Martín Díaz, socio de Yáñez, de quien se había distanciado. Las imágenes mostraban un ambiente de camaradería lo cual, cuando menos, generaba la percepción de un conflicto de interés. Era todo lo contrario, la PGR del entonces titular Jesús Murillo Karam, recibió información de que Yáñez era uno de los empresarios a los cuales estaba extorsionando Henríquez Autrey a nombre de Lozoya, y que ese encuentro terminó muy mal, pues el empresario petrolero se negó a seguir pagándole a la extorsión. Meses después de ese choque, Lozoya acusó a Yáñez de fraude y logró que lo detuvieran. El dueño de Oceanografía recuperó la libertad en 2017.

Las investigaciones por la venta de citas para Lozoya no siguieron adelante. Tampoco se procedió en contra de Gracia ni de Henríquez Autrey. Aunque el director de Pemex tenía en contra a Videgaray, el alter ego del Presidente, la relación de Lozoya con Enrique Peña Nieto estaba anclada en intereses económicos superiores que incluían servicios a la familia presidencial. En una ocasión, la segunda vez que Videgaray le pedía la renuncia de Lozoya, Peña Nieto le respondió que era la última vez que le permitía hablar del tema, y que no lo cesaría. Toda la información que acumuló Murillo Karam contra Lozoya se congeló. La que construyó el exprocurador Raúl Cervantes en los temas relacionados con Odebrecht, también. El caso contra Lozoya fue congelado por el último encargado de despacho en el Gobierno de Peña Nieto, Alberto Elías Beltrán.

La corrupción en Pemex fue el pri-mero de los grandes casos en los que intervino Gertz Manero. Según personas que conocen la investigación, no es el más sólido sobre Lozoya, pero es el principio. Lozoya, que decía tras salir de Pemex que si lo abandonaba Peña Nieto, hablaría todo lo que sabía, tiene abierta la amenaza. La duda persiste si se va a entregar próximamente a la Fiscalía, y si esta procederá contra sus colaboradores. Pero la información que tiene es nuclear contra un gobierno que avaló o que hizo cómplice por omisión, al ex director de Pemex.
31 Julio 2019 04:06:00
La cobardía de Lozoya
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), dio la cara a la opinión pública desde la clandestinidad, al responder un cuestionario que le presentaron conjuntamente los diarios Süddeutsche Zeitung, de Münich; Tamedia de Zúrich y el portal Quinto Elemento Lab, de la Ciudad de México. Lozoya dijo que había una persecución política contra él y su familia, calificándolo como un “ataque cobarde y sin fundamentos”. El cuestionario que le presentaron los medios fue devuelto, ya respondido, tres días después de que detuvieran a su madre en Alemania, por petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

“En dicha persecución política atacan a mi familia. A mi madre se le acusa que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público”, afirmó Lozoya en su defensa epistolar. “¿Qué clase de delito es ese? Además de los delitos que se nos imputan no ameritan prisión preventiva en México, pero a pesar de eso el Gobierno le mintió o se coludió con un juez en México para general órdenes de aprehensión”.

Las respuestas de Lozoya no se inscriben en las motivaciones que llevaron a la FGR a solicitar las órdenes de aprehensión. Según funcionarios federales, las órdenes en las cuales aparece relacionada su madre tienen que ver con el Caso Odebrecht, donde varios de sus ejecutivos declararon ante la Fiscalía brasileña que investiga la corrupción del conglomerado de la construcción, que le entregaron 10 millones y medio de dólares entre 2012 y 2014, presuntamente para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y para obtener contratos durante ese gobierno. La imputación en México es como autor material de lavado de dinero, que es un delito que no alcanza fianza.

El proceder de Lozoya no sorprende. Las propias autoridades mexicanas están asombradas que el exdirector de Pemex esté más preocupado en él que en su familia, toda vez que sabía de la existencia de un voluminoso expediente que había sobre él. No hay sorpresas en ello.

Lozoya fue a ver al fiscal general Alejandro Gertz Manero antes de que el caso se enredara y saliera la orden de aprehensión en su contra. Gertz Manero le pidió que declarara, pero Lozoya le respondió que él era inocente y, como insiste públicamente, no había cometido ningún acto de corrupción. El fiscal le insistió, mostrándole el voluminoso expediente, que tenían evidencia que lo inculpaba. Lozoya se mantuvo en su posición.

De acuerdo con los funcionarios federales, ante la decisión de Lozoya de no declarar y de fugarse de la justicia, se siguió con el proceso que terminó con la orden de aprehensión de su madre por el presunto delito de lavado de dinero y asociación delictuosa, y la emisión de una ficha roja de Interpol para la ubicación de su esposa, su hermana y una corredora de bienes raíces que participó en operaciones inmobiliarias relacionadas con el caso de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados, que adquirió a sobreprecio de Altos Hornos de México, por lo cual también su dueño, Alonso Ancira, está detenido en España acusado de presuntos delitos de corrupción.

Un funcionario federal defendió la captura de la madre de Lozoya. “Su firma aparece por todos lados”, dijo de manera figurativa para subrayar que documentos que sirven de evidencia sobre el caso Odebrecht, fueron firmados por ella.

Lozoya pudo haber declarado cuando se lo pidió Gertz Manero y haber aclarado la participación de su madre y su familia en los presuntos casos de corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa, pero no lo hizo. Para un funcionario que no está a cargo de la investigación, resulta inverosímil que la madre y la esposa, que pertenecen a una de las familias más ricas de Europa, con el control del mercado de jugos y panes de caja, participaran en una operación ilícita. Pero al mismo tiempo, resulta aún más inverosímil que Lozoya no se hubiera presentado ante la justicia para librarlas de los cargos.

“Es un cobarde”, afirmó.

La Fiscalía General está buscando a Lozoya en varias partes del mundo. No se tiene idea en dónde pueda estar. La última vez que se obtuvo una confirmación de su paradero, antes de que se girara la orden de aprehensión, fue en Dallas.

Pero de entonces a la fecha, nadie sabe, fuera del círculo más cercano del exdirector de Pemex, en dónde se encuentra. Varias personas que trabajaron estrechamente con él en Pemex tienen propiedades en Texas, y uno de ellos, Froylán García, que sigue vinculado a Lozoya, creen las autoridades que pudiera ser el informante confidencial de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, en donde salta el nombre del expresidente Enrique Peña Nieto.

La defensa de Lozoya es responsabilizar al expresidente y al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray por lo que sucedió en Pemex. Ninguno de ellos ha respondido, que es lo que desea la defensa de Lozoya. Paralelamente existe la investigación sobre los presuntos sobornos de Odebrecht para la campaña presidencial de 2012, cuyo coordinador general era Videgaray, aunque quien se encargaba de las finanzas era Luis Vega, cuyo nombre no ha aparecido en todo el esquema de presunta corrupción relacionado con el exdirector de Pemex.

La Fiscalía de Gertz Manero sigue encontrando información sobre Lozoya, pero no la ha judicializado. Es el momento de las estrategias. Por un lado apretar a la familia para que se entregue a las autoridades. Por el otro, forzar a la Fiscalía a cometer errores y que se le caigan los casos. En el Gobierno aseguran que eso no sucederá, aunque la probabilidad con tantos frentes abiertos,
es que así sea.
30 Julio 2019 04:06:00
Rosario, candidata a la guillotina
La investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Rosario Robles, durante su gestión como secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, están apuntando hacia una imputación de carácter penal.

La investigación, como parte de un ejercicio de revisión de expedientes congelados o soslayados durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue llevado a cabo por el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien en seis meses de la actual Administración ha dado la cara pública muy pocas veces, pero se ha metido a revisar, en muchos casos personalmente, las averiguaciones de la vieja PGR. La que toca a Robles se refiere a la llamada Estafa Maestra, donde presuntamente se desviaron cientos de millones de pesos del erario a través de convenios con universidades públicas.

La Estafa Maestra, como tituló una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y Animal Político en septiembre de 2017, surgió en 2015, cuando la PGR comenzó a investigar desvíos de recursos públicos de la Sedesol y de Sedatu, con base en las revisiones de las cuentas públicas realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2011, que la llevó a presentar una serie de denuncias ante las autoridades. El trabajo periodístico reveló la entrega de más de 7 mil millones de pesos en contratos ilegales donde participaron 11 dependencias federales, ocho universidades y más de 50 funcionarios, centrando el ojo de la investigación en las gestiones de Robles en ambas secretarías.

Tras la denuncia ante la PGR hace ocho años, se abrieron 23 procedimientos sobre funcionarios públicos y rectores de universidades en 2015, cuyos
resultados solo produjeron acusaciones en contra de funcionarios de nivel medio y algunos de ellos, incluso, que no habían sido denunciados por la Auditoría.

En enero pasado, Gertz Manero informó que se investigaba a más de 60 funcionarios de la Sedesol y la Sedatu, por el presunto desvío de más de 800 millones de pesos, y que se habían imputado a seis funcionarios de esta última, cuatro de ellos quedaron liberados de las imputaciones al desistirse la FGR de las acusaciones, y uno de los dos restantes, que sí fueron vinculados a proceso, afirmó que habían falsificado su firma, con lo cual se declaraba inocente.

La Fiscalía reestructuró en mayo la investigación y elevó la calidad del delito, al considerar que la Estafa Maestra había sido una operación realizada desde el corazón del Gobierno federal, por lo que las acusaciones se plantearían como un posible delito de Estado para lo cual se incurrió en otro más, el de delincuencia organizada. De acuerdo con Gertz Manero, esa era la posibilidad para poder profundizar en el caso que dijo que provocó un daño por casi 6 mil millones de pesos al erario público.

No se conoce ningún documento firmado por la exsecretaria que pudiera vincularla a un acto de corrupción, pero la reclasificación que realizó el fiscal general a la indagatoria de la Estafa Maestra, abrió la posibilidad de que haya acusaciones en su contra por parte de excolaboradores, por lo que se le pudiera imputar por el presunto delito de delincuencia organizada, que es cuando tres o más personas actúan concertadamente para cometer uno o más delitos graves a fin de obtener beneficio económico, político o material. La corrupción no era un delito grave hasta febrero de este año, cuando la Cámara de Diputados, donde hay una mayoría de Morena, el partido en el poder, la reclasificó.

Nadie en el actual Gobierno ha señalado públicamente a los altos funcionarios del Gobierno de Peña Nieto vinculados a presuntos actos irregulares o ilícitos, pero existe una lista en la Presidencia de ocho exmiembros del Gabinete legal y ampliado sobre los cuales ya se tienen expedientes. Quien aparece en el primer lugar de la lista es Robles, sobre la que han avanzado las investigaciones al umbral de la imputación. No hay información oficial sobre el estado que guarda la indagatoria en contra de la exsecretaria de Estado, que años antes como presidenta del PRD, estuvo involucrada en la campaña de Andrés Manuel

López Obrador para la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México.
Los intentos por hablar con Robles resultaron infructuosos, pero en anteriores comunicaciones sobre las imputaciones de corrupción, dijo que no existían denuncias en su contra en la ASF.

Antes de la elección presidencial, Robles afirmó que estaba “de lo más tranquila” más allá de quien llegara a la Presidencia. En ese momento, aseguró: “Afortunadamente siempre he vivido de mi trabajo y nadie, absolutamente nadie, puede ofrecer una prueba que acredite lo contrario. No hay información alguna. No hay complicidad alguna. No tengo nada que temer”.

En una comunicación en julio de este año, Robles insistió en la inexistencia de denuncias de la Auditoría en su contra, y admitió que las autoridades habían investigado sus bienes y cuentas. “Resulta que como siempre dije, no tengo nada
que esconder”, remató.
En su última comparecencia como secretaria en la Cámara de Diputados en octubre pasado, dijo que los recursos por los que la acusan fueron para realizar trabajos de la Cruzada Contra el Hambre, que fue uno de los grandes programas del sexenio peñista.

De concretarse la imputación, Robles será la segunda alta funcionaria en el Gobierno de Peña Nieto que tiene problemas con la justicia. El primero fue Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra prófugo. Las investigaciones de la FGR se enfocan hasta este momento en funcionarios del Gobierno de Peña Nieto. No habrá tregua. Tampoco, por cierto, para el expresidente.
29 Julio 2019 04:04:00
Asesinato en Artz
Poco más de 24 horas después del asesinato de dos israelitas con un historial criminal en Artz Pedregal, el centro comercial más lujoso de América Latina, cuatro cuerpos fueron encontrados con huellas de tortura en un paraje en la carretera Picacho-Ajusco. Las autoridades investigan si los dos eventos están relacionados. Pero más allá de confirmarse la hipótesis, lo que sucedió la semana es un asunto muy grave: la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva por la Ciudad de México, cuyo corazón es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, por donde llegan ilegalmente el fentanilo, precursores químicos para las metanfetaminas y cocaína, y cuyas venas son el narcomenudeo. Aquí, los delitos federal y del fuero común son indisolubles.

La guerra entre cárteles abrió un nuevo campo de batalla, brutal, y hasta ahora, impune. Lo que sucedió en Artz es la mejor demostración. Un par de asesinos presuntamente alquilados por el Cártel Jalisco Nueva Generación –siguiendo el modelo de su superior, el Cártel del Pacífico, que subcontrataba sicarios para ejecuciones en la Ciudad de México–, que decidieron el crimen en un lugar logísticamente muy difícil para salir bien.

El restaurante donde se cometió se encuentra a casi 100 metros del Periférico y no hay rutas alternas para escapar salvo esa vía rápida, que se encuentra a escasos 180 segundos, corriendo, del cuartel general de la Policía Federal. Sin embargo, al menos uno de los asesinos y dos personas que servían de “muro” para seguridad, se escaparon literalmente, frente a sus narices. Solo se detuvo a una mujer que estuvo a punto de huir.

Lo que mostró este desastre en la seguridad, fue falta de capacidad táctica y nula reacción. La policía capitalina actuó ante la llamada de emergencia, pero sin establecer los “protocolos de tirador activo”. Es decir, buscaron intervenir como si el escenario fuera un incidente ordinario, lo que sugiere por qué dos de los “muros” pudieron someter fácilmente a un policía cuando se iban a dar a la fuga en un automóvil, y cruzaron disparos con una patrulla que llegó sin que pudiera frenarlos. El número era similar entre policías y sicarios –el estándar policial para tener éxito es cuando menos tres oficiales por cada civil–, pero la capacidad de fuego era totalmente asimétrica.

Durante muchos años las zonas donde se movían personas de alto ingreso, con vinculaciones a la clase política o empresarial, tenían una vigilancia especial porque, de sucederles algo, el impacto en la opinión pública iba a ser tan grande, que repercutiría inmediatamente en la percepción de inseguridad colectiva y el Gobierno. Eso ya no existe al haber sido desmantelado.

Por esa razón, para cubrir el hoyo en el que está el aparato de seguridad, se decidió correr la versión de que había sido un crimen “pasional”, a sabiendas de que era falso, pero que ayudó a despresurizar en un primer momento la carga sobre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a costa, sin embargo, del continuo descrédito del secretario de Seguridad Pública y la procuradora locales.

La estrategia mediática blindó políticamente a Sheinbaum, cuando menos temporalmente, pero no resuelve el problema de fondo. El asesinato de Benjamín Yeshurun Sutchi, conocido como “Jony Ben”, y de Alon Azulay, mostró también serias deficiencias en los servicios de migración y de inteligencia del Gobierno mexicano. Los dos, conocidos en Israel por sus actividades criminales, entraron a México y obtuvieron visas de trabajo sin ser detectados. Es una deficiencia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero arrastrada, por la debacle en la estrategia de seguridad, desde el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

La destrucción de las bases de datos de inteligencia criminal realizada por el anterior Gobierno, no se han podido reconstruir y el nuevo Gobierno está considerando tirar todo y comenzar desde cero. El Cisen no alertó sobre la presencia de los israelitas en la Administración anterior, aunque se desconoce si fue por la falta de información de Migración. Su sustituto, el nuevo Centro Nacional de Inteligencia, tampoco tuvo conocimiento aparente de la presencia de los criminales israelitas.

Estas deficiencias alertan sobre el derrotero que está tomando la violencia en la Ciudad de México, y la expansión de la guerra entre los cárteles sin temor al Gobierno, a la Guardia Nacional y a nadie. En paralelo y sin ser excluyente, si se confirma que los casos de Artz y El Ajusco están relacionados, demostrará que los aparatos de contrainteligencia de la delincuencia organizada son más eficientes y efectivos que los del Gobierno. Si la línea de investigación no se sostiene, nos quedamos de cualquier forma con preguntas e incertidumbres, sobre las capacidades policiales y de inteligencia del Gobierno actual, y su visión estratégica del fenómeno.

El Gobierno de López Obrador está pagando las consecuencias del desastre que heredó de la anterior Administración, pero tampoco hay señales que habrá una estrategia diferente. El asesinato en Artz podría ser un punto de inflexión, pero no se ve así dentro del Gobierno, que está decidido a mantener los mismos principios de que produjeron en la Administración anterior la crisis de violencia que se vive.

La racional es que este tipo de crímenes forman parte del enfrentamiento en el país entre grupos criminales, y hay que dejar que se liquiden unos a otros. En el Gobierno de Felipe Calderón se insistió –y no le creían– que el 92% de los homicidios dolosos era entre criminales, pero no dejó de combatir a los cárteles. El mismo diagnóstico hizo el Gobierno de Peña Nieto, pero dejó de afrontarlos. Así le fue. Si el de López Obrador imita al de Peña Nieto, así le irá.
26 Julio 2019 04:06:00
El ‘superyó’ de Andrés Manuel
Las conferencias de prensa mañaneras se han convertido en muchas cosas. Una de ellas, de suma importancia, es que ha permitido ver qué piensa, cómo piensa y qué sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al ser un político con una incontinencia declarativa, sin miedo o prurito a ningún tema que se le pregunte porque para todo tiene una respuesta o una evasiva, el ping-pong que sostiene diariamente, manipulado, improvisado o espontáneo, abre una ventana a su pensamiento, a sus niveles de conocimiento, sus percepciones y sus prejuicios. El lunes fue una de esas mañaneras altamente enriquecedoras sobre el superyó del Presidente, que permitió la introspección de lo que cree debe ser el papel de los medios de comunicación, sus alcances y sus límites.

En su conferencia del lunes, el Presidente se refirió a cuatro medios de comunicación, de diferente historia y línea editorial, a los que agrupó en una misma bolsa, la de la descalificación. Se quejó del portal sin embargo.com, porque dio a conocer un video donde aparece su hijo menor en un campamento de verano que cuesta 40 mil pesos semanales. Fustigó a Reforma porque publicó que al mudarse a Palacio Nacional, ocuparía uno de los 12 espacios donde no hay acceso al público. Se volvió a meter con el diario británico Financial Times, por apoyar las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, y lo más ilustrativo se dio durante un diálogo con Arturo Rodríguez, de Proceso.
“Estamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones”, dijo López Obrador cuando lanzó una crítica a Proceso, porque no es pusilánime con su Gobierno. Rodríguez reviró: “Los periodistas militantes sí”. Le replicó: “Es una visión distinta, sí, pero Zarco estuvo en las filas del movimiento liberal y los Flores Magón también”.

Su visión es distinta porque no entiende la diferencia entre prensa independiente y militante. La militante, como la de Francisco Zarco y los hermanos Flores Magón, cumple un papel distinto al de la prensa independiente. Zarco y los Flores Magón utilizaban el periodismo como plataforma política, y eran más políticos que periodistas. Incluso, su vida periodística inició después de entrar a la política. No obstante, sus aportaciones periodísticas fueron contra la dictadura, por la libertad y la independencia, que es similar a lo que han hecho por décadas –sí, décadas–, los periodistas de Proceso, Reformay sinembargo.com. Cualquier acusación de lo contrario, como hizo el Presidente, es una calumnia.

López Obrador añadió en su visión de los medios: “Los mejores periodistas que ha habido en la Historia de México, los de la República Restaurada, todos, tomaron partido”. Sin embargo, una de las característica de la prensa en ese periodo, reconocida por todos los historiadores, fue que era “libre”, más que militante, y de amplia crítica al poder centralizado de Benito Juárez y su evolución hacia el autoritarismo, un proceso interrumpido por su muerte. Existía una opinión pública “libre y alerta”, recordó Daniel Cosío Villegas, que tenía una “amplia libertad de expresión”. López Obrador piensa diferente y peyorativamente sobre los medios libres.

“Es muy cómodo decir ‘yo soy independiente o el periodismo no tiene por qué tomar partido o apostar a la transformación’”, dijo en la mañanera. “Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla”. Es vasta su confusión. A los cuatro medios les recriminó por informaciones, no opiniones ni editoriales. Mezcló géneros periodísticos sin darse cuenta los géneros. El Presidente no tiene que saber de ellos, pero cuando acusa a medios o periodistas, debería ubicar correctamente el espacio de su interpelación. Quiere juzgar y replicar, bienvenido, pero que lo haga con conocimiento de causa.

López Obrador acusó maniqueamente a todos los medios que no militan por su anunciada transformación de estar contra el cambio que anuncia. No quiere medios libres, sino dóciles y serviles. Ni siquiera su prensa militante se ajusta a esos imperativos caprichosos. Es difícil encuadrar su pensamiento porque no tiene referentes claros al confundir el papel de los medios de comunicación. Nunca han sido agentes de cambio, como él cree, sino que son el vehículo para que los agentes de cambio –el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial– se movilicen.

El mejor ejemplo es el Caso Watergate, que terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon en 1975. La investigaciónla inició el The Washington Posten 1972, que batalló aislado durante largos meses sin que el resto de la prensa se interesara en el tema. Creció hasta que las investigaciones sobre el financiamientode campaña de Nixon se publicaron un año después en The New York Times. El trabajo de los medios hizo que el Congreso iniciara su propia investigación y cuando encontró violaciones constitucionales de Nixon, se movilizó la Suprema Corte de Justicia. Ningún periódico tiró al Presidente, pero sin la prensa, los agentes de cambio no hubieran actuado contra la ilegalidad presidencial.
25 Julio 2019 04:06:00
Otra bomba sobre López Obrador
Señales ominosas están llegando desde Estados Unidos a Palacio Nacional, y el presidente Andrés Manuel López Obrador no las está entendiendo. Así sucedió en la cena con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y asesor especial en la Casa Blanca, cuando le advirtió que si no frenaba la migración habría sanciones comerciales, que produjeron un arrodillamiento para evitar nuevos aranceles. Y así está pasando en estos momentos. En aquella ocasión, la tormenta tuvo dos avisos, en forma de llamadas de la Casa Blanca y del Departamento de Estado a la embajadora en Washington, Martha Bárcena, para presionarla sobre la contención migratoria. En los últimos días, la embajadora recibió dos nuevas llamadas alertando sobre un mismo tema: el arbitraje mediante el cual la Comisión Federal de Electricidad quiere anular contratos con EInova, filial de la gasera estadunidense Sempra, que puso en el limbo compromisos adquiridos. La molestia radica en la violación mexicana del estado de derecho.

El tema de la suspensión de los compromisos es mucho más grave de lo que se imagina López Obrador. Incluso, es lo más delicado y peligroso que ha enfrentado desde que asumió la Presidencia y puede tener enormes consecuencias económicas, comerciales, legales y reputacionales. Lo que detonó el director de la CFE, Manuel Bartlett, respaldado por el Presidente, es el incumplimiento de contratos a partir de la lectura errónea del mismo –si se llega al arbitraje internacional va a perder–, así como una violación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al incorporar la suspensión del servicio de gas a través de un nuevo gasoducto del Sur de Texas a Tuxpan, dinamitando los compromisos legales y comerciales de México con sus socios norteamericanos.

López Obrador no tiene clara la dimensión y profundidad de lo que estas acciones implican. Ayer, en la conferencia de prensa matutina repitió la retórica tramposa de Bartlett: 1) “los contratos no fueron aprobados por el Consejo de Administración ni los firmó el director general”, dijo, lo cual es una verdad falsa porque en ese momento no existía un Consejo de Administración, sino una Junta de Gobierno, que fue la que los firmó y autorizó; 2) quieren un nuevo acuerdo porque “las tarifas están por las nubes” y equipararlas a las que se cobran en Estados Unidos, Alemania y Francia, aunque esas tarifas fueron impuestas por la CFE por contratos de exclusividad, con un costo de 3.5 dólares por un millón de pies cúbicos de gas, contra 3.3 dólares en el mercadodoméstico estadunidense, y 4.5 dólares que paga Alemania por el gas ruso.

La voz de Bartlett tiene más peso que la de varios de sus colaboradores, que han tratado de persuadirlo de que el director de la CFE le ha presentado información errónea o definitivamente falsa y lo que está haciendo es riesgoso. Pero si ignora a quienes le hablan al oído, menor interés debe tener con otras voces. El viernes pasado se reunió en Palacio Nacional con los miembros del Subcomité de Comercio del muy poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Diputados, encabezados por su presidente, Earl Blumenauer, para hablar sobre la aprobación del nuevo acuerdo comercial norteamericano. En la reunión le expresaron su preocupación por el litigio que pretendía Bartlett contra la gasera –que es también contra Trans Canada, cuyo Gobierno ha sido más beligerantey público que el estadunidense. Una semana después, dijo: “No se puede, ya es la última vez que lo digo, aceptar un contrato leonino”.

López Obrador está jugando con el fuego que le puso Bartlett en las manos. El director de la CFE utiliza una cláusula del contrato que prevé sanciones en caso de incumplimiento, para cancelarlo, lo que es una aberración jurídica. Para forzar esa negociación y a otros cambios de contratos similares en diferentes gasoductos, suspendió el servicio en Tuxpan. El gasoducto está terminado y lleno de gas natural que no ha podido descargarse desde el 26 de junio, pese a que el costo por compensarlo con gas natural licuado es de poco más de un millón de dólares diarios.

Ese gasoducto parte de Brownsville, en donde se concentra todo el gas de Texas, que tiene excedentes, y que deberá empezar a quemarlo si no se soluciona este diferendo. El gobernador de Texas, Greg Abbot, por si alguien olvidó, fue uno de los principales partidarios de Trump para llegar a la Presidencia, por lo que Bartlett abrió un flanco innecesario a López Obrador, a quien también convenció de que no afectaría el acuerdo comercial. Los señalamientos de los diputados el viernes pasado son una señal de que no es así. Adicionalmente, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, figura clave en la aprobación del acuerdo, es de California, donde tiene su sede Sempra. Un anterior chantaje que sufrió Sempra en Baja California, fue resuelto por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, tras presiones de Washington para actuar conforme a Derecho, luego que la senadora de California, Dianne Feinstein, alertó a la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, de lo que estaba pasando.

Washington se está agitando. Las llamadas a la embajadora Bárcena son una señal de inquietud sobre lo que consideran una arbitrariedad, y el domingo pasado en su reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario de Estado, Mike Pompeo, fuera de agenda, le expresó la confianza de que el tema de las gaseras sería resuelto conforme a Derecho. Bartlett no quiere hacerlo porque no entendió el contrato, pero está arrastrando al presidente y a México, donde un litigio por violar la ley afectará inversiones, crecimiento y reputación.
24 Julio 2019 04:06:00
Hezbolá en México
La Secretaría de Relaciones Exteriores debió estar sumamente ocupada en política doméstica la semana pasada porque no envió ningún representante de alto nivel a Buenos Aires, donde se llevó a cabo una reunión para coordinar acciones contra el terrorismo en todo América Latina. Estuvieron los cancilleres y representantes de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú. Es decir, naciones donde hay actividad terrorista o se cruza el terrorismo con el narcotráfico. En el comunicado final, las 16 naciones expresaron “su preocupación por las actividades que redes de Hezbolá continúan realizando en algunas áreas del Hemisferio Occidental”.

El comunicado conjunto fue como todos los de su tipo, ambiguo y general, pero el secretario de Estado, Mike Pompeo, que comenzó en Buenos Aires una rápida gira por América Latina que concluyó en la Ciudad de México, para llevar el mensaje de Washington a toda la región, dijo que se requería intercambio de información para combatir el terrorismo, y que la “solidaridad” entre las naciones era el “antídoto” para la amenaza. Diplomáticos mexicanos dijeron que ese tema no estuvo en la agenda de las pláticas que tuvo Pompeo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El nombre de Hezbolá estuvo todo el tiempo en el discurso, por el financiamiento que tiene de Irán para sus acciones terroristas –que es se como considera son en una gran parte del mundo–, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y por los rastros de esa organización islámica chií libanesa –que es un partido político en Líbano–, de sus vínculos con el crimen organizado en América Latina. La presencia de Hezbolá en México ha sido minimizada por el Gobierno desde que comenzó a ser documentada hace casi 20 años, y el actual no es la excepción. Documentos judiciales en Estados Unidos han demostrado que esa organización financió algunas de sus actividades militares con dinero de Los Zetas, y a través de esos vínculos, el Cártel de Sinaloa envió cuadros a Irán para adiestrarse en la preparación de autos-bomba, que comenzaron a usar en 2008.

En un testimonio el año pasado ante el Comité de Servicios Armados del Senado, el almirante Kurt W. Tidd, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, advirtió que China, Rusia e Irán estaban cortejando “algunos de nuestros socios estratégicamemente más importantes en América Latina y el Caribe, y apoyando regímenes autoritarios y antiamericanos”. El Gobierno de Enrique Peña Nieto pagó de manera costosa su acercamiento a China, y tres de los cuatros proyectos de infraestructura del sexenio –Cabo Pulmo, el Tren Bala México-Querétaro y Dragon Mart– se cancelaron por la participación china.

Cuando el nuevo secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, le preguntó a su antecesor Gerardo Ruiz Esparza sobre si seguía existiendo interés chino en el proyecto ferroviario, le dijo que sí, pero que le recomendaba que checaran primero con Washington. En el caso de Irán, ese Gobierno apoyó con votos e influencia a Gabriela Cuevas para que fuera electa presidenta de la Unión Interparlamentaria en 2017, quien consiguió que López Obrador le diera una diputación plurinominal para poder seguir en el cargo. La geopolítica no se le da mucho a los gobiernos de México, aunque le provoque dolores de cabeza innecesarios.

La política de avestruz no frena lo que sucede en su entorno. Un caso que habla de esta característica mexicana se divulgó en diciembre de 2011, cuando la DEA acusó a Ayman Joumaa, un ciudadano colombiano-libanés, de facilitar grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, y lavar dinero para “numerosas” organizaciones de tráfico de drogas, incluyendo –resaltó la agencia– a Los Zetas. Alrededor de 850 millones de dólares de Los Zetas fueron lavados en el Lebanese Canadian Bank, varios de cuyos ejecutivos y subsidiarias estaban ligadas a Hezbolá. Joumaa, de acuerdo con la acusación, recibía de 2 a 4 millones de dólares en la Ciudad de México de Los Zetas y los enviaba a Hezbolá, tras cobrar comisiones de 8 a 14 por ciento.

La presencia de Hezbolá en México fue registrada por primera vez en 2001, cuando se detuvo a Mahmaoud Yousef Kourani, uno de sus operadores, tras meter a Estados Unidos a más de 300 libaneses sin documentos, con el apoyo del dueño de un café en Tijuana, Salim Boughader Mucharrafille. En 2010, con información y presión de Estados Unidos, las autoridades impidieron la creación de una red de Hezbolá en América Central que encabezaba Jameel Nasr, que había contratado a mexicanos que tenían familiares en Líbano. Y en 2012, se detuvo a tres personas en Yucatán, que se sospechaba pretendían establecer una célula de Hezbolá. Entre ellos estaba Rafic Mohammad Labboun Allaboun, que había estado preso en Estados Unidos por un fraude bancario, que las autoridades de ese país ligaron a Hezbolá.

En junio pasado, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta sobre cuatro presuntos terroristas del Estado Islámico que querían entrar sin documentos a Estados Unidos. Fueron detenidos en Nicaragua antes de llegar a México. En ese momento, el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo, minimizó la alerta y descartó la presencia de terroristas en este país –como en el pasado. Sin embargo, las investigaciones en otras naciones sobre la presencia de Hezbolá en la región no paran. Desde hace tiempo Colombia y Estados Unidos investigan la infiltración de Hezbolá en pandillas asociadas con el narcotráfico, por las rutas de las FARC, que cruzan el Triángulo del Norte centroamericano y México, que se mantienen intactas. Afuera están los semáforos rojos. Aquí, preferimos no darnos por enterados.
12 Julio 2019 04:06:00
Lo inmoral de la 4T
La moral para el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene dos caras. La de sus adversarios y oponentes, donde todos son inmorales y por tanto corruptos, y la de él, donde nadie es inmoral ni corrupto porque como él no lo es, tampoco el resto. “Somos diferentes”, dice con frecuencia, “no somos iguales”. Sus dos visiones de moral, sin embargo, se mueven bajo los mismos referentes que en el pasado. Su aplicación es discrecional, y cuando se le llega a confrontar con una contradicción, evade. Es lo que está tratando de hacer luego que Carlos Urzúa, en su carta de renuncia como secretario de Hacienda, denunció la existencia de conflictos de interés de “personajes influyentes del actual Gobierno”. López Obrador respondió: “Yo no veo conflicto de interés”.

Tampoco lo vio nunca el expresidente Enrique Peña Nieto por el escándalo de la casa blanca, pero a finales de noviembre de 2014, López Obrador dijo que era “un soborno, un moche” el hecho que una constructora que hizo obra pública en el Estado de México hubiera adquirido una residencia para su exesposa. Dijo que con acciones como esa “supuesta” compra de la casa “se está pisoteando, socavando, manchando, degradando la institución presidencial”.

Peña Nieto incurrió en un claro conflicto de interés. Se da cuando un interés personal, familiar, profesional, laboral o de negocios puede afectar el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones públicas, y lo limita o le impide cumplir plenamente con sus responsabilidades. Pero también se da cuando provoca la percepción de corrupción que genera ilegitimidad, que es lo que sucedió en el caso de la casa blanca.

La carta de Urzúa es clara, pero a la vez medrosa, al denunciar los conflictos de interés, sin decir de quién se trata, o de qué se trata. Cuando uno conecta sus reclamos de imposición de personas sin experiencia en el sector hacendario, con influencia en Palacio Nacional que incurre en conflicto de interés, es claro que se refiere al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, un empresario que es responsable de la banca de desarrollo –contra la ley que le da esa facultad sólo a la Secretaría de Hacienda–, que apoya proyectos empresariales, como podrían ser los personales. También controla a Margarita Ríos Farjat, jefa del Sistema de Administración Tributaria, donde el sector empresarial es el más revisado de todos por ser el mayor contribuyente.

Pero los conflictos de interés dentro del Gobierno de la cuarta transformación no se limitan a Romo. De hecho asombra el número de ellos que se han hecho públicos sin que causen escándalo. Uno muy notorio es el del fiscal general Alejandro Gertz Manero y Javier Coello Trejo, el abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, revelado por Animal Político y Quinto Elemento Lab. Coello Trejo representó a Gertz Manero en una denuncia penal para investigar la muerte de su hermano. Es decir, tuvieron una relación profesional importante que nunca reveló ninguno de los dos, hasta que fueron descubiertos, y que arroja una sombra de sospecha sobre la imparcialidad y objetividad de Gertz Manero en el proceso que se le sigue a Lozoya. Cuando le preguntaron a López Obrador sobre esto, dijo que le tenía plena confianza al fiscal, que no creía que fuera ilegal, aunque quizás sí moral, dejando esa decisión a su colaborador. Por menos fustigó a Peña Nieto durante más de un año; en esta ocasión, se lavó las manos.

Otro conflicto de interés, público, que no ha causado escozor, fue el nombramiento de Omar Gómez Trejo como jefe de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. Gómez Trejo es un experto en derechos humanos, pero el haber sido secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que rechazó la versión del Gobierno anterior sobre el Caso Ayotzinapa, lo coloca en un conflicto de interés. Más allá de la objetividad con la que pueda desarrollar su trabajo, dados sus antecedentes, siempre existirá la sospecha de parcialidad.

Hay otros conflictos de interés que no han trascendido a la opinión pública que están generando incomodidad en el Gobierno. El más importante es el de José Luis Peña, esposo de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien está vinculado a empresas que hacen negocios con Pemex. Este conflicto de interés es el secreto a voces más sonoro dentro del Gobierno, y el más delicado.

El conflicto de interés se puede resolver notificando a la Función Pública la existencia de un conflicto de interés, como lo hicieron la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el consejero jurídico Julio Scherer, donde dejaron claro en qué temas tocan esos linderos por cuestiones personales o familiares. Cuando es más tenue la línea, como el caso de Peña, se debe romper el vínculo.

El conflicto de interés pasa por reconocer su existencia y aislarlo para evitar que se convierta en corrupción. El nuevo régimen que está tratando de construir López Obrador está infectado de conflictos de intereses, como los señalados, o el nepotismo. La negación absoluta de ello no lo ayuda, ni tampoco el sofisma que todo el Gobierno es honesto porque él lo es. Esta realidad, como otras que estamos viendo, lo podría alcanzar con mayor fuerza que a Peña Nieto, porque el número de casos de estas situaciones es mucho mayor de lo que fue en el pasado. Cuidado. Hay que atender los síntomas antes de volverse enfermedad.
11 Julio 2019 04:06:00
¿Dónde está el piloto?
En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció lo que probablemente es la presentación más cándida de su vida pública. Registrémosla, es la mañanera 152 en su día 222 de gobierno. Estuvo llena de revelaciones sobre las intrigas y enfrentamientos en Palacio, con detalles de quién contra quién y el porqué de las pugnas. La narrativa también muestra la otra cara, de cómo el Presidente, que sabía lo que sucedía en su entorno, dejó que corrieran los conflictos, solapó las diferencias y, en la mayor contradicción de todo, respaldó al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, pese a pensar que representaba el continuismo, que explícitamente rechaza. Es decir, se desnudó como un Presidente que no controla a su equipo, donde cada quien, si lucha por su territorio, puede hacer lo que quiera. El desorden, como modus operandi de un Gobierno extravagante.

El Presidente admitió ante la prensa: “Estamos en un proceso de transformación, aquí no se oculta nada, no es que salió del Gobierno por motivos de salud. Es un hombre con criterios, como nosotros”. López Obrador confunde la transparencia y el ejercicio de gobierno. No tiene por qué mentir, pero la forma como explica su apertura demuestra que cada quien, por tener criterios propios, puede hacer lo que se le plazca, incluso denunciar al Presidente, quien observó cómo se despedazaban sus principales colaboradores para la política económica sin intervenir, ni hacer un control de daños para neutralizar el mensaje de la renuncia de Urzúa de que los conflictos internos son ordinarios.

Luego, añadió: “Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del Plan (Nacional) de Desarrollo, que hubo dos versiones, y la versión que quedó es la que yo autoricé, que incluso me tocó escribirla porque había otra versión. Y sentí que era continuismo”. El Plan es responsabilidad de Hacienda, pero cuando Urzúa llevó el documento técnico al Presidente, le incorporaron 70 páginas de contenido político, sin haber leído el contenido. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, trató de minimizar el escándalo y aseguró que eran lo mismo. Luego el Presidente dijo que el documento de Hacienda eran “anexos” del Plan. Ayer lo presentó como si esa parte nunca hubiera existido. Las mentiras no abonan a su credibilidad.

En esa misma idea, López Obrador agregó: “Era una concepción todavía en la inercia neoliberal y había que marcar la diferencia”. Su política económica, con Urzúa y con Arturo Herrera, su sucesor, hasta ahora, es neoliberal: disciplina fiscal, déficit cero y control macroeconómico. La inercia neoliberal que señala, por diseño estratégico, fue una instrucción presidencial. Urzúa no se mandaba solo. Aplicó lo que le pidió el Presidente y continuó reduciendo el gasto público y la nómina del Gobierno, que evoca la reaganomics del presidente Ronald Reagan, quien junto con la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, lanzaron la segunda oleada del neoliberalismo en 1977-1978.

El Presidente entró entonces a detalles: “También (hubo) discrepancias en el manejo de la banca de desarrollo. Yo le encargué a Alfonso Romo que ayudara en la coordinación para el funcionamiento de la banca de desarrollo y no había en esto acuerdo, o sea, había diferencias entre ellos notorias”. Fueron más que eso. Los consejos de administración los encabezaba Urzúa, quien desacreditaba lo que presentaban los directores de la banca de desarrollo, que recibían instrucciones de Romo, el jefe de la Oficina de la Presidencia. El primer encontronazo fue en Nafín, en diciembre, y desde entonces las pujas no cesaron, sabiendo de ello el Presidente. Cuando le preguntaron a López Obrador si una de las causas de la renuncia era Romo, respondió: “Sí, seguramente eso era algo evidente, tenían diferencias y con otras áreas”. Esta disputa nunca la sofocó, pese a que con el paso de los meses varios miembros de su equipo tomaron partido por Romo en contra de Urzúa.

El Presidente no se contuvo en seguir narrando los problemas: “Diferencias también se tuvieron con el SAT, con la directora del SAT”. Margarita Ríos Farjat, jefa, no directora, del Servicio de Administración Tributaria, que es una de las herramientas de las que dispone Hacienda para manejar la tesorería, fue nombrada por Romo con la aprobación del Presidente. El principal problema con ella explotó el viernes pasado, cuando quiso forzar una ley contra las empresas fantasmas -son cinco grandes evasores fiscales los que tiene en la mira, incluido un neoleonés-, a lo cual Urzúa se opuso. El entonces secretario de Hacienda maniobró y estuvo a punto de colocar a Renato Sales como contrapeso de Ríos Farjat, pero López Obrador lo vetó.

La plática de Urzúa con López Obrador sobre su renuncia fue el lunes, pero no hizo nada el Presidente por que su salida fuera ordenada, como tampoco lo hizo con Germán Martínez, cuando renunció al Seguro Social. En los dos casos hubo recriminaciones sobre obstáculos y sabotajes internos, de los cuales sabía el Presidente y dejó correr. Igual que ahora sucede en Morena, donde dos miembros de la nomenklatura, Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján, están peleando a sartenazos sin que el Presidente ponga orden. Vendrán quizá más renuncias, anticipó el Presidente. 

En efecto, hay algunos en camino, como ha discutido con su equipo sobre los conflictos entre Gobernación y la conserjería jurídica, la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Energía y Pemex, o la Secretaría de Bienestar hacia adentro y con la Presidencia. Son demasiados los choques internos por territorio y poder, al amparo de la omisión del Presidente, a quien por sus funciones podría señalársele una irresponsabilidad. El piloto del Gobierno y el país, no gobierna ni guía. Reina el libre albedrío que produce un desbarajuste sistémico.
10 Julio 2019 04:06:00
Romo derrotó a Urzúa
La carta de renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda es una denuncia. Igual a la de Germán Martínez a la dirección del Seguro Social. El texto de Urzúa es de hastío y derrota, convirtiéndolo en la primera gran víctima del presidente Andrés Manuel López Obrador, por su significancia en el Gobierno y el contexto en el cual se da la salida. Los mercados reaccionaron inmediatamente, actuando intuitiva y emocionalmente, como siempre, a partir de las incertidumbres que revelaba una crisis en el sector hacendario, que lucha todos los días por mantener el control de la macroeconomía -aplaudida hasta ahora por el mundo-, tirando la cotización del peso con el dólar. Pero la renuncia, paradójicamente, puede no ser tan mala noticia como parece, sino todo lo contrario.

En su carta, Urzúa dio algunas claves del porqué de su salida. “Discrepancias en materia económica hubo muchas”, escribió. El único desacuerdo de fondo, y todo el tiempo desde antes incluso de iniciar el Gobierno, fue con Alfonso Romo, el jefe de la Oficina del Presidente, quien le ganó la partida. En la renuncia, Urzúa le cortó un traje a la medida: “Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual Gobierno con un patente conflicto de interés”. Mejor, imposible.

El único conflicto de interés “patente” entre su función de Gobierno y sus negocios es de Romo, un empresario e inversionista a cargo de la relación con empresarios e inversionistas. La “imposición” de funcionarios inexpertos en asuntos hacendarios fue hecha por Romo. La principal se dio en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos Farjat, una abogada neoleonesa que para poder asumir el cargo se tuvieron que cambiar los requisitos. No fue la única cabeza de playa que sembró en el territorio de Urzúa. Todos los directores de los bancos de desarrollo fueron propuestos por Romo. 

Urzúa se iba incomodando cada vez más porque, aparte de Romo, estaba a disgusto con otras acciones, expresado con claridad en su carta, al afirmar que “se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”, refiriéndose al nuevo aeropuerto en Santa Lucía y a la refinería de Dos Bocas, y exteriorizando su molestia por el último choque intramuros, con Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, quien quiso anular contratos con transnacionales del gas, generando incertidumbre jurídica en el exterior.

La molestia de Urzúa fue expresada hace casi tres semanas durante una reunión vespertina en Palacio Nacional, donde se discutieron los ajustes al gabinete y el reordenamiento de la Administración Pública. Su salida estaba anunciada, pero no se esperaba en estos momentos. Una de las principales razones de su molestia era cómo lo había reducido el Presidente, al convertir al secretario de Hacienda en un jefe de compras gubernamentales y no en el funcionario que debería de estar atendiendo y cuidando a los mercados. Su papel de guardián de la disciplina fiscal lo cumplió con creces, pero su papel dentro del gran concierto estratégico interno, estaba disminuido.

Quien tomó ventaja del contexto fue Romo, más enfocado en la inversión y en el sector privado, que es uno de los brazos estratégicos que el Presidente le cortó a Urzúa. Romo, que está previsto deje la Oficina de la Presidencia en manos del actual consejero jurídico, Julio Scherer, tendrá que mantener la relación con los inversionistas y el sector privado, con los que lidia indirectamente a través de sus brazos en Hacienda. Bajo esta óptica, la salida de Urzúa no es perjudicial, como ha sido la primera lectura, al ser resultado de una lucha interna donde predominó aquel que ha insistido al Presidente en la necesidad de cuidar a los mercados y al sector privado. 

En esta misma línea de pensamiento, la llegada de Herrera a Hacienda refuerza el procedimiento estratégico del Presidente. Herrera era el funcionario de Hacienda mejor evaluado por los analistas internacionales, luego de que en enero, cuando se hizo el road show en Nueva York para presentar el plan de negocios de Pemex, Urzúa decepcionó a sus interlocutores que lo describieron excesivamente bromista y frívolo, mientras que al nuevo secretario -que tiene una experiencia internacional que no tenía su predecesor- lo vieron con enorme capacidad y conocimiento de sus temas.

Sin embargo, la promoción de Herrera no significa que el modelo de operación aprobado por el Presidente se modifique. Al contrario, si López Obrador aceptó la renuncia a Urzúa, es porque no iba a cambiar su modelo de operación. Herrera tendrá que seguir haciendo ajustes al gasto público, recortando la nómina del Gobierno y hurgando en los dineros públicos para reforzar la capitalización de Pemex y armar un buen plan de negocios. No va a tener problemas con él. En el pasado, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México y renunció Urzúa como secretario de Finanzas a la mitad de su administración, lo sustituyó el subsecretario Gustavo Ponce, quien fue cesado en medio de un escándalo de conflicto de interés y dispendio, relevándolo Herrera, quien en ese entonces era director de Gestión Financiera.

La renuncia de Urzúa regresa cohesión al equipo económico de López Obrador, que había vivido una ambivalencia por la guerra interna del exsecretario de Hacienda con Romo. La estabilidad interna ayudará al Presidente, al carecer Herrera de la estatura de Urzúa, ante el Presidente, que aliviará las presiones que sentía por la tensión con Romo. 

El Gobierno necesitará explicar a los mercados el fondo del cambio para no generar una interpretación equivocada, pero sobre todo, si el Presidente decidió por la ruta de Romo, mantenerse en ella. 
09 Julio 2019 04:06:00
Prisión para el zar anticorrupción
Ernesto Canales fue el primer fiscal anticorrupción en el país, en el Gobierno de Jaime Rodríguez en Nuevo León, sin que su gestión fuera exitosa. Sí le sirvió, empero, para que durante casi tres años la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no procediera penalmente contra él por el presunto delito de fraude en contra de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, por 6 millones de dólares. Las autoridades capitalinas bloquearon la aplicación de la justicia por considerar que se confrontarían con Rodríguez. Ahora, el blindaje se acabó. El Juez Vigésimo Cuarto Penal ordenó el 24 de junio a la Procuraduría que localice, aprehenda e ingrese a Canales al Reclusorio Oriente.

Durante todo este tiempo Canales, cuya oficina para el combate a la corrupción fue disuelta por la Fiscalía neoleonesa en marzo por su ineficiencia, se declaró inocente y el Gobernador lo respaldó. Desde que se revelaron los detalles del caso en este espacio en marzo de 2016, Canales acusó a quien esto escribe de mentiroso y Rodríguez sugirió que se trataba de una ofensiva de sus adversarios que estaban siendo investigados por presuntos delitos de corrupción. La imputación significaba una contradicción en el ideario de Rodríguez, pero el Gobernador optó por mantenerlo en su Administración pese a la documentación del presunto delito.

La orden de aprehensión girada en su contra y que incluye a su exsocio César Francisco Méndez, tiene su origen en la denuncia que presentó la señora Cusi el 26 de marzo de 2012, por no haberle entregado 6 millones de dólares, en ese entonces unos 64 millones de pesos, como contraprestación por la entrega del 16% de acciones de Televisa de la sucesión testamentaria. Meses antes de que se revelaran los detalles del caso, en 2015, Canales buscó amparos para bloquear fallos del Ministerio Público que impidieran el esclarecimiento del caso. Dos años después un Tribunal Colegiado falló en su contra, pero aún al quedar al descubierto que había mentido, las autoridades capitalinas no actuaron. Tampoco hizo nada el gobernador Rodríguez, que había ganado la elección en Nuevo León con una sola promesa: combatir la corrupción.

Rodríguez reclutó a Canales como su zar anticorrupción pese a que el proceso en su contra estaba abierto y se defendía en los juzgados. El objetivo fundamental de Rodríguez, que puso en manos de Canales, fue documentar actos de corrupción del gobernador Rodrigo Medina y ponerlo en la cárcel. El Gobierno neoleonés investigó operaciones financieras y triangulaciones con empresas off shore, sin que jamás le pudieran probar nada ilícito. Paradójicamente, documentó la defensa de la señora Cusi, Canales se quedó con los 6 millones de dólares mediante transferencias a empresas en el extranjero.

Apenas en junio pasado, Canales le concedió una entrevista al periódico El Occidental de Guadalajara, donde afirmó: “Como una humedad ha permeado la corrupción en toda la sociedad, y si la política es no perseguirla, ahora sí que el país está condenado a ocupar un lugar de los bajos del mundo, lo que impacta en el interior y en el exterior, porque es un enjambre… Por no perseguir los casos de corrupción hay impunidad. Lo que se trata en los juicios penales es castigar a los culpables, y si no hay juicios penales, menos hay culpables, a pesar de que el ojo de la sociedad dice que la corrupción está en todos lados”.

Canales no pudo probar en libertad su inocencia en la acusación de fraude en su contra, y tendrá que seguir el juicio en prisión. Aunque el delito por el que lo acusaron no es grave en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, en el viejo orden sí lo es, y al estar su caso radicado en el anterior sistema, tendrá que ir al reclusorio. En la entrevista, señaló: “La corrupción es un delito establecido en las leyes y se tiene que acabar con las mismas leyes, con el castigo al corrupto y que sirva al funcionario de ejemplo y de antídoto para evitar actos de corrupción”.

El exzar anticorrupción deberá estar a la altura de sus palabras, pero el hecho en sí mismo deja abierta otra puerta, la forma de hacer política de Rodríguez, que lo mantuvo en el cargo pese a los señalamientos en su contra. Ahora pagará el costo político por defenderlo sin al menos haber explicado públicamente por qué, pese a la documentación en contra de su excolaborador, lo mantenía en el cargo. La experiencia vista a través de los ojos de Rodríguez es algo que los políticos no deben minimizar.

El expresidente Enrique Peña Nieto pagó muy caro su omisión al no actuar contra el exgobernador Javier Duarte, pese a las presiones internas y de su partido, convirtiéndose Veracruz en el catalizador de la corrupción en su Gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho de la lucha contra la corrupción una cruzada moral, debe aprender de esos casos, porque las quejas de corrupción en su Gobierno empiezan a emerger. Como dijo Canales a El Occidental, “la corrupción no se acaba con actos de amor o de perdón”. López Obrador, más que nadie, no debe olvidarlo.

Nota: Rosario Robles refutó una mención en la columna de ayer, “Ya se fue Peña Nieto”, donde una persona escuchó una conversación de ella con el expresidente donde le reclamó que la estuviera dejando sola. Dijo que esa conversación no se refería a ella, “porque no he tenido hasta ahora ningún problema”, sino porque le habían dado la espalda a José Narro.
08 Julio 2019 04:06:00
Ya se fue Peña Nieto
Enrique Peña Nieto se convirtió hace dos semanas en el segundo expresidente que decide autoexiliarse ante el temor de represalias políticas o penales por parte del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero fue Carlos Salinas, que partió del país antes que asumiera la Presidencia en diciembre pasado, y obtuvo recientemente la residencia en el Reino Unido.

Peña Nieto partió a España con visa de turista, y no regresará sino hasta finales de año o, si puede, extenderá su ausencia por una temporada más larga. Salinas se fue sin esperar lo que podría venir sobre él en términos de hostigamiento, sabedor de que existe con López Obrador un diferendo insalvable desde hace muchos años. Peña Nieto escuchó los consejos de que sus frivolidades estaban generando un creciente malestar dentro de Palacio Nacional.

El caso del autoexilio de Peña Nieto no debió haber sido fácil su convencimiento. Desde la transición personas cercanas a él y a quienes les tiene gran confianza en sus consejos, le recomendaban que lo mejor sería, por la forma como se estaba construyendo el ecosistema político durante ese periodo, que se fuera una temporada de México, pero sin éxito. Peña Nieto decía que no veía razón alguna para irse, y que se mantendría viviendo entre Ixtapan de la Sal y la Ciudad de México. Las cosas cambiaron por dos momentos que sirvieron para mostrarle que la tranquilidad prometida por López Obrador, estaba cambiando.

La primera llamada de atención vino días después de la boda de la hija del abogado Juan Collado, uno de sus íntimos amigos, a mediados de mayo, cuando circularon fotografías de la mesa de honor donde se encontraba el cantante español Julio Iglesias, pero sobre todo, lo que motivó gran irritación en Palacio Nacional, quienes los acompañaban: los ministros de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Eduardo Medina Mora, el exprocurador interino Alberto Elías Beltrán, y el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. Varios medios identificaron a ese grupo como “la élite del poder”.

Días después de que apareció la fotografía en la prensa, se giró la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el gobierno de Peña Nieto. “Para que sigan tomándose fotos”, dijo un cercano colaborador de López Obrador, como si esa acción judicial hubiera sido consecuencia de la publicidad del evento. Tras el comentario, sin embargo, estaba la molestia de la falta de cuidado y pudor político, que se traducía como un mensaje de desafío al nuevo Gobierno.

Pocas semanas después se reveló que se había iniciado una investigación contra Beltrán. Hay una más sobre Romero Deschamps y, de acuerdo con funcionarios federales, la más acabada es contra Rosario Robles, por el tema de la llamada “estafa maestra”.

Peña Nieto debió haber tenido noticias que había empezado a montarse un cerco judicial contra varios miembros de su gabinete. Robles, que fue secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano, le reclamó en un momento donde estuvieron apartados en esa boda que la estuviera dejando sola. Personas con conocimiento de primera mano de los generales de esa conversación dijeron que en un momento le dijo molesta a Peña Nieto: “Eso no fue lo que habíamos quedado”.

No está claro qué habían acordado, pero en el contexto, dos meses antes de la elección presidencial, hubo un entendimiento entre López Obrador y Peña Nieto –aparentemente a través de intermediarios– de que el entonces candidato se comprometía a no perseguirlo penalmente, si no se entrometía en la elección. Nunca ha quedado claro si ese compromiso abarcaba a varios de sus colaboradores. Como lo ha dicho varias veces López Obrador, Peña Nieto no se metió en el proceso y, hasta ahora, tampoco hay ninguna instrucción para que se inicie una investigación directa sobre él.

Pero fotografías como aquella de la boda han generado crisis dentro de Palacio Nacional ante los reclamos de los colaboradores del Presidente del porqué no actúa contra Peña Nieto, y críticas en la opinión pública de que su promesa de combatir la corrupción no se está cumpliendo. Ese tipo de protagonismo no es bien visto en el entorno presidencial que ven en ello sorna. En el marco de esa presión creciente contra López Obrador, salieron a la luz otras imágenes de Peña Nieto, hace poco más de 15 días, en unos XV años, donde bailó con su actual pareja y con la novia de uno de sus colaboradores de sus tiempos de Presidente.

Las reacciones dentro del Gobierno a esta nueva afrenta de Peña Nieto llegaron a oídos del expresidente. Uno de los argumentos que se le expusieron fue que López Obrador seguía manteniendo el compromiso de no actuar contra él, pero que se tenía la impresión de que cada vez se molestaba más por la imprudencia política de su predecesor, lo que podía llevar en el corto plazo a que autorizara que se le investigara. Haber cruzado la línea de la cautela y el bajo perfil, que había mantenido durante un largo tiempo, prendieron los faros amarillos.

Peña Nieto entendió lo que estaba sucediendo, en el contexto de lo que estaba pasando en Palacio Nacional, donde las presiones económicas y políticas podrían llevar a López Obrador a buscar un distractor enorme –nada más grande que abrir una investigación penal contra un expresidente–.

No se sabe si eso pudiera finalmente suceder, pero es un escenario que ya se concretó en 1995, cuando ante la profunda crisis del sistema de pagos, se persiguió a Raúl Salinas, hermano del expresidente. Peña Nieto empacó y, discretamente, voló a Madrid.
05 Julio 2019 04:06:00
El secreto de ‘Rafael’
La crisis causada por la insurrección -hasta ahora pacífica- de la Policía Federal, obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer lo que no quería que sucediera: ver al retrovisor. El secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, desdobló “la mano negra” detrás de la protesta, disparando en varias direcciones. La que visiblemente parecía más importante, es el viejo ajuste de cuentas de López Obrador con Felipe Calderón -el expresidente que realmente odia- desde la elección presidencial de 2006, a quien Durazo prácticamente responsabilizó de toda la putrefacción de la Policía Federal, aunque en realidad fue quien la reconstruyó del desastre que dejó Vicente Fox, en cuyo gobierno trabajaron varios miembros del gabinete actual. Pero el retrovisor no tiene el alcance de 12 años, sino de cuatro. El dato puntual es la auditoría que se hará a la cuenta pública de 2018 en las áreas de seguridad, y al esclarecimiento de la compra de un sistema llamado “Rafael” en 2015.

Durazo no precisó el tipo de compra en ese año, al proporcionar información parcial. “Rafael” no es un sistema, sino es una empresa israelí, Rafael Advance Defense Systems Ltd., con sede en Tel Aviv, que de acuerdo con un perfil empresarial de la compañía, “desarrolla y comercializa tecnologías para mercados civiles de alto crecimiento basado en tecnologías de defensa”, que abarca los campos de soluciones de seguridad y ciberseguridad. De acuerdo con los expertos, tiene equipos de telecomunicaciones con una plataforma de fusión de datos. Tampoco aportó la información completa para poder revisar la partida que señaló fue por 2 mil 458 millones de pesos, de los cuales, dice, hay pagos pendientes por mil 300 millones.

Pero más allá de los detalles de ese contrato, es quiénes fueron los responsables de ello. Aunque por razones legales la adquisición tuvo que ser firmada por el coordinador de Servicios Generales del Órgano Administrativo Desconcentrado de la Policía Federal, Eduardo Zavala, las decisiones sobre qué comprar y a quién, no dependían de él. En ese entonces, la estructura de la Comisión Nacional de Seguridad, que reemplazó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal cuando fue absorbida por la Secretaría de Gobernación al iniciar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la encabezaba Monte Alejandro Rubido, quien había sustituido en marzo de 2014 a Manuel Mondragón y Kalb, quien desarrolló el primer plan de seguridad, desde ese entonces, para Durazo, a petición de él, que fue el primer diagnóstico que tuvo en sus manos López Obrador.

Como comisionado general de la Policía Federal se encontraba Enrique Galindo, responsable de la matanza en Tanhuato en 2015 y quien fue destituido después del fallido y trágico operativo en Nochixtlán, Oaxaca, en 2016. Pero la pieza crucial en el entramado de la seguridad pública en aquellos años estaba en Frida Martínez, quien, como se publicó en este espacio en febrero pasado, “es muy cercana a uno de los hermanos del actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado, y había sido directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Hidalgo, cuando Osorio Chong era gobernador. Al iniciar el sexenio peñista, el secretario de Gobernación la nombró jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del Cisen, de donde la trasladó a la Policía Federal como secretaria general. Desde ese cargo manejó un creciente presupuesto, donde hay fuertes sumas de dinero que se desconoce por qué fueron manejadas dentro del rubro de seguridad nacional, por lo que no tenían que rendir cuentas a nadie.

“Bajo su administración en la Policía Federal se canceló el pago de equipos y sensores de vigilancia en el penal de El Altiplano, aprovechado por Joaquín “El Chapo” Guzmán para fugarse en 2015; se dejaron de proporcionar uniformes a los federales, a quienes también los abandonaron muchas veces al no pagar su hospedaje cuando estaban de comisión, obligándolos a dormir en la intemperie. El problema de los contratos de alimentos se ubica sobre todo en el campo de las cárceles, que el gobierno de López Obrador está arrastrando porque actualmente no han podido pagar la alimentación en los penales”.

Las explicaciones de López Obrador sobre las razones para acabar con la Policía Federal y tener una Guardia Nacional manejada y controlada por militares, se expuso en esa columna, tienen nombre y apellido: el de Miguel Ángel Osorio Chong, el autor intelectual de la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en Gobernación, aunque el Presidente no lo hubiera mencionado. Aun hoy, no han mencionado ningún nombre, López Obrador o Durazo, pero ya establecieron los años en los cuales están revisando posibles actos de corrupción. Son 2015 y 2018, donde van a revisar las cuentas de Gobernación. Osorio Chong dejó la titularidad de ese despacho en enero del año pasado, pero su sucesor, Alfonso Navarrete Prida, no quedó satisfecho con la entrega-recepción de su antecesor. Había 20 millones de pesos que no se documentaron de la gestión anterior.

La rebelión de la Policía Federal obligó al Gobierno a buscar responsables. Durazo se remontó 12 años a la destrucción de la Policía Federal, pero se ha publicado en este espacio desde noviembre de 2012 cómo fue el gobierno de Peña Nieto el que desmanteló lo que se había hecho y su incompetencia detonó la espiral de violencia que heredó a López Obrador. El Presidente hace bien en buscar las fuentes del desastre que le dejaron para tratar de reconstruir lo destruido. Los oscuros manejos de dineros en la Policía Federal el sexenio anterior son un buen principio. Tienen a “Rafael” para desmontar lo que se tejió en seis años.
04 Julio 2019 04:06:00
Motín en la Policía Federal
La liga finalmente se rompió. Fueron meses de acusaciones de corruptos, de humillaciones políticas, maltrato y desprecio por parte del nuevo Gobierno. Vivieron bajo amenazas de iniciar procesos penales para quienes no quisieran ser trasladados al Instituto Nacional de Migración y al resto lo trataron como objetos desechables. Los mandaron a las calles en condiciones laborales que nunca habían tenido y cuando se quejaron, los insultaron. Ningún respeto se había mostrado a una institución que durante años fue la primera línea de fuego contra los criminales. Desaparecerla e integrarla al Ejército, bajo el paraguas de formar parte de la nueva Guardia Nacional, como planteó el Gobierno, galvanizó la molestia que venía creciendo y que provocó el miércoles una rebelión que cambió el metabolismo en el corazón de las áreas de seguridad pública federal.

La rebelión comenzó a las 4 de la mañana del miércoles. A las 5:08 de la mañana se emitió el primer informe a las autoridades superiores, que daba cuenta de que los policías federales que iban a salir del Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa para pasar exámenes de control de confianza, habían cerrado los accesos para impedir la salida o entrada de cualquier vehículo. A través de los chats de los policías federales, comenzaron a llegar los avisos de refuerzos. Los primeros salieron de la zona de San Juanico, sobre la carretera que conecta la Ciudad de México con Pachuca, donde se encuentra un cuartel de la Policía Federal y de la Gendarmería –una base policial muy grande y considerada modelo–, y bloquearon la autopista.

Una alerta, jamás confirmada, apareció en los celulares: “Compañeros ya vienen los PM (policías militares) con equipo antimotin para sacarnos… compañeros, compañeros hay que apoyarlos y vienen los guachos (soldados) con antimotín no hay que hacerles caso no hay que ser militarizados ánimo, ánimo”. Los reportes mostraban que la rebelión no se limitba a los policías federales a quienes les habían quitado prestaciones, antigüedad y los habían alejado de sus familias para ser tratados como elementos de segunda clase dentro de la Guardia Nacional, sino que se estaban sumando elementos de las siete divisiones de la Policía Federal en todo el país. Solo en la Ciudad de México hubo seis bloqueos, incluidas la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y el cuartel general de la Policía Federal.

La rebelión pudo haber sorprendido a muchos, pero se venía gestando. El detonante fueron unas notificaciones que recibieron policías federales el martes, donde les informaban que a partir de la fecha del oficio estarían bajo las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional que significaba un cambio radical a sus esquemas laborales: se acababan los descansos de cinco días al mes por 25 días de trabajo consecutivo, incluidos los fines de semana. La operatividad, que era el equivalente a un bono de riesgo, de 9 mil 800 pesos, también desaparecía. Serían absorbidos por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas a partir de enero de 2020, cuando también entraría en vigor la homologación de sus salarios con los de los militares. No sabían a cuánto equivaldría porque aún no lo precisa la Secretaría de Hacienda.

Los policías federales dejarían de ser civiles y pasarían a ser militares, aunque asignados a la Guardia Nacional, que es un cuerpo paramilitar mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador dio los primeros pasos para desaparecer a la Policía Federal, y sentar las bases para que, si encuentra las condiciones políticas durante su sexenio, eliminar a las Fuerzas Armadas, que serían absorbidas a esa nueva estructura que entró en vigor el domingo pasado. Las nuevas condiciones perfilaban que cerca del 30%, según circuló en los chats de los policías federales, pensaban pedir su baja, aun cuando no les dieran el finiquito.

El presidente López Obrador dijo durante la conferencia de prensa matutina que no se iba a despedir a nadie que cumpliera con los requisitos –uno muy importante es el peso, donde los militares están exigiendo dietas para reducir hasta 35 kilos– ni tampoco se iban a modificar sus prestaciones, lo que contrarrestó con la información que les habían dado a los policías federales en la víspera. Pero volvió a arremeter contra los policías al asegurar que la institución “se echó a perder” al relajarse la disciplina y se cometieron abusos. El Presidente incurrió una vez más en el error que llevó a esta crisis, al personalizar en los policías las deficiencias, omisiones e incluso corrupciones de algunos mandos superiores, o en la Secretaría de Gobernación durante la Administración del presidente Enrique Peña Nieto.

La rebelión no fue sofocada, y los federales preparaban continuar este jueves la protesta con un paro nacional. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, buscó neutralizar la rebelión con paliativos, algunos concretos –como el regreso de seguros médicos privados, que sirvieron para salvarle la vida a decenas de policías heridos en combate– y la no separación de sus familias. Poco efecto tendrán en el fondo del problema. La convicción es que los desaparecerán, que los militares aceptarán quedarse con un mínimo número de ellos y, sobre todo, que las palabras llegaron tarde. Las humillaciones, vejaciones, amenazas y descrédito permanecen como heridas incurables.

Las autoridades esperan sofocar la revuelta y podrá ser esa la solución inmediata. Pero el daño permanece. La moral dentro de la Policía Federal es muy baja, como consecuencia del maltrato sistemático del Gobierno, como lo ratificó ayer mismo el presidente López Obrador. Más allá de alcanzar un resultado favorable, no ganan él, ni Durazo, ni los policías federales. Esta crisis favorece a los criminales. Nadie parecer saber para quién trabaja.
03 Julio 2019 04:06:00
Los soldados de la 4T
La cuarta transformación tiene un estado superior, el paraíso, pero terrenal, no metafísico. Para alcanzarlo, sin embargo, se necesita la fe. Y para alimentar la fe y utilizarla como catalizador, se necesita un ejército. Esta milicia la tiene lista el presidente Andrés Manuel López Obrador, miles de personas en espera de sus instrucciones para comenzar a difundir el evangelio de la “nueva patria” que anunció el lunes en el Zócalo, que se sustentará en la inyección de principios éticos. López Obrador, un hombre profundamente religioso, fundamenta en ese conjunto de valores el éxito del país que desea. El general que comandará las tropas que diseminarán sus postulados es Arturo Favela, quien fue presentado nacionalmente el 8 de junio, al ser uno de los invitados a hablar en Tijuana, en el acto presidencial tras la suspensión de la aplicación de aranceles.

Favela es presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas, la Cofraternice, y lo conoce hace más de 20 años, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. “Somos amigos”, dice. “Nuestra amistad se basa en una relación cien por ciento espiritual, no política. Mi amistad es con él porque es un hombre de integridad, es un hombre de principios y valores. Un hombre que lucha por la justicia, equidad especialmente de los más desvalidos”. Al mando de él, decenas de pastores evangelistas predicarán en templos y casa por casa la Cartilla Moral, comenzando por 100 mil folletos que repartirán en todo el país en una semana.

López Obrador es cristiano, aunque suele esconder sus creencias, sin esconder su religiosidad, y con Favela ha caminado durante un largo trecho de su vida pública. López Obrador ha hecho de la religión un elemento inseparable de la estructura política del país, como lo hizo Ruyolá Musavi Jomeini, que regresó a Irán del exilio en París a principio de 1979, para encabezar la Revolución Islámica ese mismo año que derrocó al sha Mohammed Reza Pavlevi, y transformó dramáticamente el horizonte político y religioso en su país, escribió en 2008 Gregg Bruno, en un memorando para el Consejo de Las Américas.

El Presidente no ha dado detalles de cómo instrumentará el adoctrinamiento de los mexicanos, pero la semana pasada, en una entrevista con Enrique Hernández en el programa El Hueso de W Radio, Favela reveló cómo lo habían acordado. La entrevista de casi 19 minutos, sintetizada aquí por espacio, no tiene desperdicio.

EH: El Presidente no va a misas católicas o a cultos evangélicos, ¿verdad?

AF:Que yo sepa no. El (miércoles de la semana pasada) le presuntaron en la mañanera qué religión profesaba y dijo “yo soy seguidor de Jesús”. Eso es ser discípulo de Jesucristo. Un seguidor de Jesús es un alumno, un estudiante de la vida de Jesús. Jesús murió en la cruz, pero siempre defendió a los pobres, siempre defendió a las mujeres. Siempre defendió a los niños y a los ancianos.

EH: ¿Es verdad que usted incluso en Palacio Nacional ha orado junto con el presidente López Obrador el Memorial de Benito Juárez, padre del Estado laico mexicano?

AF: No el Memorial, pero sí hemos hecho oración, por supuesto que sí. Y no solamente en Palacio Nacional. Lo hemos hecho en Torreón, Coahuila, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a solas, en público. El Presidente no se avergüenza de tener una vida espiritual.

EH: ¿Cuál va a ser y cómo va a ser la particpación de las iglesias evangélicas en la predicación, o propagación de la Cartilla Moral de López Obrador?

AF: A partir de las dos reuniones que Confraternice ha celebrado con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, una el 21 de febrero y otra el 13 de marzo, el Presidente nos hizo favor de invitarnos para apoyarlo en diferentes programas sociales a las iglesias cristianas evangélicas, aglutinadas en Cofraternice. Una de las invitaciones que nos hizo fue propagar la Cartilla Moral de Alfonso Reyes.

EH: Y esta labor ¿cómo se va a realizar en la práctica? ¿Van a ir de puerta de puerta? ¿De iglesia en iglesia?

AF: Inicialmente, las 7 mil iglesias que están integradas en Cofraternice van a recibir una porción de la Cartilla Moral para los mismos feligreses.

EH: Entonces cuando uno llegue a misa va a recibir la Cartilla Moral...

AF: Correcto. En los templos, nosotros no le llamamos misa, le llamamos culto. Y otra estrategia, el segundo paso, es a personas que no vienen a los templos cristianos evangélicos, como cuando evangelizamos, aprovechamos para repartir casa por casa o en eventos masivos.

La Cofraternice cuenta con feligreses en 7 mil congregaciones. Según Favela, la totalidad de cristianos evangélicos es de alrededor de 35 millones, y en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, estado de México, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, “tenemos más del 50% de la población total”. Favela habla el mismo lenguaje de López Obrador.

EH: ¿Por eso le han ofrecido esa red?

AF: Somos un ejército de Dios, de Jesucristo, pero también estamos listos para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo en la distribución de la Cartilla Moral , sino en otros proyectos sociales.

EH: ¿Le parece que eso es violatorio del Estado laico?

AF: Por supuesto que no. (La semana pasada) el Presidente dijo que “Estado laico es donde caben todas las iglesias de todas las confesiones religiosas, los ateos, los agnósticos, los 125 millones de mexicanos”. Eso es Estado laico, pluralidad, libertad, democracia, derechos humanos, no anti religiosidad. El Estado laico no significa ateismo.

Ciertamente, la religiosidad de López Obrador está presente en todos sus actos, discursos y acciones. Un elemento más de división nacional.
02 Julio 2019 04:06:00
La 4T y el fin del Estado
La celebración para conmemorar el primer aniversario de la victoria en las elecciones presidenciales, es el primer paso para convertir esa fecha en un símbolo de la cuarta transformación. Su discurso en el Zócalo, coronación del día donde comenzó ese cambio profundo que promete, fue la ratificación de lo que se ha propuesto: el desmantelamiento del Estado Mexicano tal y como fue concebido en 1928 para la construcción de otro nuevo. A eso se refiere cuando habla de un cambio radical, una transformación de raíz. “Se trata de construir una patria nueva”, dijo desde el templete en la plaza pública, y acabar con “el régimen corrupto y despiadado que prevalecía”. Ninguna novedad en la retórica, una narrativa épica sobre el antes, el hoy y el futuro.

El pasado era opresor, pero el presente que ofreció construye futuro, mediante la transformación de la vida pública. Esa metamorfosis significa el desmantelamiento de lo que existía y que está tirando a pedazos en forma acelerada. En su discurso lo dibujó de manera sencilla al hablar de las transferencias directas de recursos, sin intermediarios, que es uno de los cambios más profundos que ha hecho en siete meses de Gobierno al cancelar derechos adquiridos en más de 20 programas sociales, como Prospera y el Seguro Popular, y desaparecer el edificio social que levantaron cinco presidentes. El poder centralizado y vertical, contrario a todo aquello por lo que se luchó durante dos generaciones, debilitando el autoritarismo hasta que tuvo que abrirse, restaurado hoy a plenitud, y presumido desde el corazón político del país como una de las grandes rupturas con todo lo que acabó hace un año.

En este poco tiempo, López Obrador demolió prácticamente todo el Pacto por México e hizo una serie de contrarreformas que estableció, jurídicamente, el nuevo andamiaje institucional. Vendrá ahora una segunda fase, que es el reordenamiento del Gobierno para darle una nueva dirección. Dentro de esa nueva etapa está considerando la desaparición de varios órganos autónomos, comenzando por aquellos que le estorban a su transformación. Los primeros, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Regulatoria de Energía, con los que públicamente ha expresado su molestia. La destrucción del Estado como lo conocemos es la aniquilación de las instituciones, como bien lo dijo desde hace más de una década cuando tras perder la elección federal declaró “¡al diablo las instituciones!”.

El Presidente es consistente, y en esa congruencia radica su repudio a las reformas políticas de segunda generación. No le interesa el Instituto Nacional Electoral, porque no encuentra valor a su trabajo o, porque su sola existencia le impide reorganizar el país en su ideal, sugerido en algún momento de su Presidencia, mediante el equivalente de los Comités de Defensa de la Revolución cubanos, que es una organización de masas que tiene permanentemente movilizada a la población para defender las conquistas mediante el trabajo directo con las personas y la comunidad. Tampoco la Comisión Federal de Competencia, porque su visión no es la de una economía de mercado, sino la de una centralmente planificada. La existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la conocemos, está en entredicho, así como todos los órganos de transparencia, a los que considera rémoras que tiene que sacudirse. Estos organismos autónomos también se encuentran en el horizonte de la desaparición. Pero antes que ellos sucumbirán varias secretarías de Estado, o serán compactadas en otras dependencias.

La lista la encabeza Economía, a la que ya despojaron del manejo del comercio exterior, entregándole a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo único internacional valioso que parece apreciar el Presidente: el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. El canciller Marcelo Ebrard está realizando funciones de ministro de Economía sin cartera, como quedó demostrado esta semana al encabezar una misión comercial a China para explorar las formas de incrementar el comercio bilateral. Ebrard también se quedó con la promoción del turismo, mientras que el 75% de los recursos para ese sector, fue desviado para la construcción del Tren Maya. La desaparición de la Secretaría de Turismo también está sobre la mesa, al no interesar el viajero internacional y enfocar la estrategia en lo que llaman “turismo de barrio”, que es el desarrollo turístico en zonas como Iztapalapa.

El achicamiento y reordenamiento del Gobierno en esas áreas desnuda lo que significa la cuarta transformación: voltear hacia adentro y convertir a México en una isla para su desarrollo. López Obrador quiere un país que coma lo que produce, que genere sus propias fuentes de desarrollo energético para el consumo y la industria, que le apueste a la mano de obra intensiva –por definición masiva–, donde la tecnología no sea utilizada con el propósito de incrementar el empleo, optando por volumen y no por calidad. Uno también que no dependa de los empresarios, cuyo sector está en el escenario de ser destruido. Ayer en el Zócalo habló de uno de esos sectores, el de telecomunicaciones, al que le antepondrá una empresa estatal de telecomunicaciones. Pero no será el único.

Su proyecto “por el bien de todos, primero los pobres”, está marchando en forma veloz. Hacia ellos enfoca su esfuerzo, marchando sobre las clases medias y las altas. La victoria, remachó para impedir el olvido, acabó con el “régimen corrupto y despiadado”. Este mismo año, prometió, se terminará de erradicarlo y quedarán sentadas las bases para la transformación política del país. Ya se verá, llegado el momento, si es tan buen gestor de la construcción de un nuevo Estado, como exitoso ha sido en la destrucción del que estructuró y dio orden a México durante nueve décadas.
01 Julio 2019 04:06:00
En espera del manotazo
La declaración del senador Ricardo Monreal sobre un Gabinete que dejaba qué desear y no acompañaba al presidente Andrés Manuel López Obrador, no fue públicamente compartida por él, quien de esta manera escondió del público lo que prepara en privado, el ajuste de su equipo y una reorientación de su Gobierno. Monreal no es el único cercano al Presidente que ha hablado con él sobre el Gabinete, que se ha venido revisando desde mayo. La semana pasada hubo reuniones en Palacio Nacional donde se discutieron esos cambios. Pero lo más importante, de acuerdo a lo trascendido, no fueron las personas sino el rumbo que el presidente quiere imponer a la siguiente etapa de su Administración.

Quedó el entendido de que López Obrador quiere un cambio radical dentro de su Gobierno, pero lo que no quedó del todo claro, por lo difícil que es descifrar al Presidente y lo incierto de sus decisiones, es hacia dónde realmente quiere dirigirse para saber qué aires oxigenarán su golpe de timón. En el interior del Gobierno hay confrontación entre el sector moderado del Gabinete y el sector radical, donde hay líneas claras que los definen.

El moderado es el más capacitado técnica y políticamente, que es el que busca contener aquellas políticas que le han hecho daño –como los enfrentamientos con sectores o incumplimientos de promesas, como no suspender subastas en el sector energético–, mientras que el ala radical se caracteriza por ser dócil a las instrucciones presidenciales y, en términos de capacidad, más limitada.

Los radicales en el Gobierno son los que han encabezado las acciones que más daño le han hecho López Obrador –además del sector energético, el social, por ejemplo–, aunque también lo ha mermado la incapacidad en varias áreas, como documentó la última encuesta de aprobación presidencial elaborada por GEA-Isa, ya sea por la deficiencia de políticas “adecuadas”, carencia de personal experimentado, así como recortes presupuestales “autoimpuestos y desmedidos” que redujeron la capacidad de operación y registraron seis crisis que pudieron no darse. El estudio los enumeró:

1.- Desabasto de gasolina en el Centro y Occidente del país por la reducción de importaciones y el cierre innecesario de ductos para combatir el huachicol.

2.- Crisis de violencia sin contención, por la ausencia de instituciones y estrategias.

3.- Contingencia ambiental en la zona metropolitana de la Ciudad de México, por los recortes presupuestales y el mal manejo de la emergencia.

4.- Deficiencias “severas” en la prestación de servicios de salud por la desaparición de Prospera y Seguro Popular, los recortes presupuestales, las licitaciones tardías y los despidos de personal.

5.- Degradación de la calificación crediticia de Pemex por la ausencia de un plan eficaz de rescate, y la decisión presidencial de hacer la refinería de Dos Bocas.

6.- Crisis migratoria y conflicto con el presidente Donald Trump por la política inicial de puertas abiertas a los inmigrantes centroamericanos y de otras nacionalidades.

En diversas reuniones en Palacio Nacional sobre los ajustes al Gabinete y al equipo de Gobierno, se han puesto los nombres de los y las principales candidatos a ser relevados, pero al final todo queda en la manera como López Obrador concibe su trabajo y su funcionalidad, al ser el eje de todo, y de quien depende si qué ala se impone dentro de su Gobierno y en el diseño de su plan de navegación. Hasta ahora, el radicalismo que lleva adentro lo ha inspirado, y esta ambivalencia también fue planteada, con otro lenguaje, durante la reunión de la semana pasada.

Los moderados en el Gobierno, ha trascendido, están llegando a la frontera de lo posible para resistir, porque tampoco hay mucho espacio para que puedan seguir apuntalando a un Gobierno y buscando persuadir al Presidente de tomar acciones ante los pronósticos negativos sobre el crecimiento y el diagnóstico que ven bancos, consultoras e instituciones financieras en México y el mundo, para que no aísle sus decisiones o las empaquete con fines político-electorales. La posibilidad que le dejaron sobre la mesa es que es a la moderada, de mantenerse la línea actual, se irá del Gobierno, ante los altos costos que estarán pagando por avalar acciones en las que no creen, y que van en detrimento directo de su prestigio profesional.

Lo que hará López Obrador es un enigma. De acuerdo con lo que trascendió de esa reunión, la sacudida que quiere el Presidente en su Gabinete y en toda la Administración pública, no mostró el camino que quiere seguir. Dentro del ala radical hay quien argumenta que las advertencias sobre la economía no son reales, ante indicadores sobre consumo y empleo, sin explicar que los mexicanos siguen teniendo dinero por las tasas de interés, las transferencias directas de recursos no productivos y mejoría salarial por el incremento al salario mínimo.

En el mediano plazo, salvo que haya un milagro, esto se desvanecerá porque la macroeconomía terminará arrollando lo micro. Guillermo Valdés, socio de GEA, lo explica de manera clara: se vienen juntando todos los elementos debajo del centro –que son las personas que tienen liquidez– que están abriendo un socavón, donde tarde o temprano, todos caerán. La visión del Presidente sobre lo que no se ajusta a su realidad, es totalmente distinta, que es lo que tratan de conciliar con él los moderados, que piensan que el golpe de timón tiene que alejarse de la radicalización. Ir en esa dirección, cierto, es afectar a los duros en su Gobierno, que van ganando la partida sin comprender lo que su victoria significaría en estos momentos económicamente tan delicados para el país.
28 Junio 2019 04:06:00
Al rescate de Claudia
El 15 de noviembre del año pasado, a tres semanas de asumir la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum afirmó que no hacía falta la presencia de la Guardia Nacional en la capital, donde la seguridad la iban a manejar con la policía local, para “tomar el control de la gobernabilidad y de la seguridad en la ciudad”. El 20 de febrero insistió que su Gobierno contaba con “una estrategia clara y precisa para disminuir los índices delictivos”. Que se quede la Guardia Nacional en los límites de la capital, y que atienda los problemas en el estado de México, dejó entrever. Lo que vino fue un desastre.

La incapacidad de su Gobierno para combatir la criminalidad fue tan grande como sus declaraciones. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que desplegará la Guardia Nacional en toda la Ciudad de México.

¿Qué es lo que sucedió en el incipiente periodo en el que Sheinbaum ha sido jefa de Gobierno? Un desastre.

Los delitos totales se elevaron 11.94% durante los primeros cinco meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2019, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y la consultoría GLAC. Pero todos los delitos con violencia se elevaron. Homicidios dolosos, 35.62%; robos, 24.31%; robos a casa habitación, 92.44%; a negocios, 172.69%; de vehículos, 42.16%, y 177.27% a transportistas. En todos estos rubros la incidencia delictiva superó ampliamente la registrada en el estado de México, que en un principio señalaba sutilmente como principal foco rojo en la zona.

El secuestro del fuero común se disparó 244.44% (contra 28.79% que subió en el estado de México), y el secuestro del fuero federal se elevó 33.33% (contra una disminución de 5% en tierras mexiquenses). La extorsión subió 95.05%, las violaciones 342.4% –leyó perfectamente bien, 342.4%, y los delitos patrimoniales 12.71%. El pretexto que daban Sheinbaum y su gabinete por el incremento de la violencia, era que la administración anterior había maquillado las cifras, pero que estaban mejor que como les habían dejado el Gobierno. Esa justificación está prácticamente enterrada. El presidente López Obrador explicó en su conferencia de prensa matutina que el desplazamiento de la Guardia Nacional en las 16 alcaldías, responde al incremento de los delitos, especialmente los homicidios.

No se sabe cuántos miembros de la Guardia Nacional serán desplegados en la Ciudad de México, que en papel, es la ciudad más vigilancia en el mundo.

De acuerdo con los especialistas, la capital federal tiene un estado de fuerza de mil policías por cada 100 mil habitantes, que supera muy ampliamente el promedio internacional recomendado, de 289 por cada 100 mil habitantes.

Por tanto, si con esa capacidad de fuerza la seguridad se les descontroló y subió la incidencia delictiva, lo que queda al descubierto es la pésima estrategia que instrumentaron Sheinbaum y su equipo.

La jefa de Gobierno ha estado cambiando a miembros de su equipo de seguridad, pero mantiene a las cabezas, que son quienes diseñaron la estrategia. No pudo contener la incidencia delictiva pese a que, sin que se diera a conocer, desde hace varias semanas lo que queda del Cisen, convertido en Agencia Nacional de Inteligencia, empezó a aportar información sobre las bandas delictivas en la Ciudad de México, que permitió la captura de varios de los líderes de las dos principales organizaciones criminales, La Unión Tepito y Fuerza Antiunión.

La ayuda que ahora recibirá con la Guardia Nacional se hará formalmente y se le va a descargar el problema político que estaba hundiéndola.

En el fondo, si uno recuerda el modus operandi político-electoral del Presidente, de eso se trata. La Ciudad de México es su granero de votos y no puede darse el lujo de perderlos. Si la violencia golpea indiscriminadamente a los habitantes de la capital, el respaldo se le irá mermando, como se puede apreciar la tendencia a la baja en su aprobación presidencial.

Aún se mantiene alto, pero en cinco meses perdió casi 20 puntos de aprobación, que no es poco. La sola presencia de la Guardia Nacional será un inhibidor para los delincuentes, y permitirá avanzar en el abatimiento de algunos delitos, al ser una fuerza de tareas de acción rápida, que es como está concebida.

Paralelamente, al entrar al rescate de Sheinbaum, también saca del hoyo a su delfín para la candidatura presidencial. Si es la Guardia Nacional la que se hará cargo de la seguridad en la capital, los buenos resultados que ofrezca serán capitalizados por López Obrador y Sheinbaum, pero si los resultados son malos, los negativos serán absorbidos por la Guardia Nacional.

Políticamente es una jugada inteligente del Presidente, y en materia de seguridad, puede beneficiar de manera importante a los capitalinos. Eso es lo que habría que esperar.

Lo que no está claro es qué tipo de estrategia seguirán. Si la Ciudad de México tiene una fuerza policial sobrada, la Guardia Nacional incrementará el número de policías por 100 mil habitantes. En el anuncio de su desplazamiento está el primer error estratégico. No es más importante la fuerza en calle que el trabajo de inteligencia.

El desastre de Sheinbaum viene no sólo de la incapacidad de su equipo en el diseño de estrategias, sino en el desprecio a la utilización de la inteligencia como herramienta central para combatir criminales. Si se le sigue despreciando por el cliché primitivo que sólo se usa para espionaje político, nada será suficiente para frenar a la delincuencia. Pero hay que ser optimistas.

Hay señales que, aunque no lo declaren, esos lugares comunes los están dejando atrás.
27 Junio 2019 04:06:00
Cuidado con Pemex
Todo lo que se puede hacer lo está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador para capitalizar Pemex y persuadir a los mercados y a las calificadoras que la ingeniería financiera que se le aplica le permitirá salir del hoyo en el que se encuentra. No ha regateado nada para que no le bajen el grado de inversión, que arrastraría la deuda soberana y con ello al país entero. El esfuerzo del Presidente es muy importante, pero están olvidando importantes detalles en Palacio Nacional que no tienen que ver con lo cual comulga la lucha contra la corrupción, sino con un aspecto que no han visto con claridad: la estrategia para limpiar al país también puede destruirlo.

Expliquémonos para que no haya duda. La lucha contra la corrupción debe profundizarse para desterrarla de Pemex o de donde se encuentre. Pero no debe plantearse como si lo que estuviera corrupto es la institución. ¿Es Pemex el corrupto o son corruptas, corruptos sus funcionarios? La forma como el Gobierno está desdoblando el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, al que se acusa por lavado de dinero, lo ha rebasado. No es el presunto responsable de un delito grave, sino la institución. Lozoya, en la ruta segunda, es más chico que Pemex, y la empresa estatal es el primer blanco para fumigar. Por ello, el fiscal general Alejandro Gertz Manero inició investigaciones sobre el Consejo de Administración, que tomaba las decisiones estratégicas, y sobre PMI Comercio Internacional, que es una filial de Pemex registrada en Houston, para comercializar el petróleo mexicano en el exterior.



Mucho cuidado

Mezclar personas con instituciones suele ser un problema semántico mexicano, y estamos tan acostumbrados a ello que no hacemos distinciones. Existen y, en el caso Lozoya son fundamentales. Si permea en el mundo que la corrupción de la que acusan a Lozoya fue por un problema sistémico, y que en la principal empresa del Estado existía un mecanismo para robar a la nación, el menor problema será Lozoya, o el expresidente Enrique Peña Nieto, o el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, o todos los integrantes del Consejo de Administración de Pemex. El problema será del país, del Gobierno y como consecuencia, de los mexicanos, porque sería Pemex a quien se le señalaría como corrupta y mientras se deslindan responsabilidades, la apretarían financieramente en el mundo.

Un ejemplo para analizar es el de Petróleos de Venezuela, conocida por su acrónimo PDVSA, cuya crisis fue resultado de la corrupción de la burocracia, tanto civil como militar, que hicieron negocios a cambio de comisiones con empresarios locales. Los actos de corrupción propiciaron un descuido en la actividad petrolera venezolana, donde la falta de inversión en la producción propició la caída de su plataforma petrolera y el incremento en los costos de administración. Las ganancias de PDVSA no alcanzaban para reanimar la empresa, ante el tipo de componendas que tenían sus directivos con empresarios, que resultaban beneficiados por el tipo de contratos que les daban los ejecutivos venezolanos a cambio de sobornos.

Esto se paró abruptamente cuando se metió Estados Unidos. La última acción fue el 28 de enero, al designar el Departamento del Tesoro a PDVSA como sujeta a sanciones en Estados Unidos, por lo que toda las propiedades y los intereses de la empresa en la jurisdicción de ese país, fueron bloqueadas y se prohibió realizar transacciones con la compañía. Paralelamente, el Tesoro cortó el acceso al Banco Central de Venezuela a divisas, y limitó sus transacciones financieras internacionales. Desde 2017 ya no puede acceder a financiamiento para su deuda en los mercados estadunidenses, que es una de las razones por las que detonó su crisis.

Es cierto que el problema de corrupción en Venezuela es distinto al de México, pero si se analiza el discurso de sus líderes, es más grave lo que sucede aquí. El presidente Nicolás Maduro rechaza las acusaciones y asegura que es una agresión más del presidente Donald Trump. López Obrador dice que la corrupción es profunda –por eso envió a dirigir Pemex a su amigo Octavio Romero Oropeza–, y Gertz Manero, respalda esa línea discursiva al señalar que el Consejo de Administración deberá responder por los actos de Lozoya. En el caso mexicano, el Tesoro norteamericano no tendría que investigar a Pemex; el Gobierno lópezobradorista ya lo hizo y ya concluyó: es corrupta.

Sin darse cuenta, el Gobierno mexicano abrió la Caja de Pandora. Si Pemex es corrupto y también la estadunidense PMI Comercio Internacional, que aunque no son empresas públicas que operan dentro de las bolsas de valores si pasan sus recursos a través del sistema financiero en Estados Unidos, entonces son sujetos a investigaciones del Tesoro y el Departamento de Justicia. En cualquier momento se podría anunciar que están investigando la corrupción en Pemex, por presuntos daños patrimoniales en Estados Unidos y, como siguiente paso, emitir sanciones como las que impusieron a PDVSA. En el hipótetico caso que eso sucediera, los 100 mil millones de dólares de deuda de Pemex, tendrían serias dificultades para refinanciarse, y la empresa sería acotada para vender petróleo en el mundo.



Las consecuencias serían catastróficas

El presidente López Obrador no puede permitir que ese escenario exista, y no es difícil neutralizarlo. Los casos de corrupción los debe individualizar, separando a las instituciones, y blindando a Pemex. La institución después de todo, no era la corrupta, quienes la manejaban y administrada, en el peor de los casos, son los responsables y deben ir a la cárcel. Pero no deben arrastrar al precipicio a Pemex, que es lo que están haciendo en estos momentos.
26 Junio 2019 04:06:00
La batalla de las medicinas
La suspensión de la subasta para la distribución de medicamentos programada para este lunes por una falla técnica, volvió a levantar tolvaneras y suspicacias. Nada extraño para un negocio de 70 mil millones de pesos anuales y fuertes intereses económicos. El Gobierno ha esbozado el monstruo con el cual se enfrenta al haber consolidado las compras, pero aún no revela la magnitud del tamaño y poder de quienes se sienten afectados. Apenas si lo dejó entrever el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien al subrayar que el aplazamiento no afectaría la distribución de medicinas, dijo que el desabasto es un tema “inducido”. Hay indicios de que así es. Y como botones de muestra:

*En mayo, mientras hablaban representantes de la industria químicofarmacéutica con la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, quien les explicaba los nuevos medicamentos para el VIH con avances tecnológicos para sustituir los antirretrovirales con una década de rezago que querían introducir al mercado para que se diera una competencia que redujera los precios, entró una llamada del IMSS, donde alertaban que había comenzado una manifestación encabezada por el presidente de la organización Derechohabientes Viviendo con VIH/SIDA de ese organismo, Luis Adrián Quiroz, donde denunciaban que había desabasto porque la Secretaría de Salud no había comprado los fármacos. “Ni siquiera habíamos terminado de hablar cuando ya se habían movilizado”, recordó un funcionario involucrado en las pláticas.

*Media hora después de iniciada la manifestación, se dio el primer reporte de desabasto en la Ciudad de México, y unas horas más tarde, llegó otro más de Sonora. Las denuncias de desabasto se dieron casi simultáneamente en hospitales de Baja California, Chihuahua, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, generando “histeria”, como calificó un funcionario. No había explicación para acusar al Gobierno de desabasto, porque el contrato de distribución que se heredó del gobierno de Enrique Peña Nieto estaba vigente -todavía lo está-, y en los inventarios gubernamentales había suficiente medicamento. “Quiroz mintió”, recordó un funcionario al hablar de la protesta que organizó.

*Las autoridades de Salud notaron movimientos extraños, que parecían sabotajes internos en clínicas del IMSS y el ISSSTE. Pero hasta el momento, sólo en una del ISSSTE encontraron evidencia de ello. El responsable de una de las farmacias dentro de una de sus clínicas, se negó a aplicar el antirretroviral porque dijo que no había jeringas, decisión que respaldó con un oficio. Ese documento resultó apócrifo, por lo cual las autoridades presentaron una denuncia penal, cuya investigación ya inició.

*Desde los estados comenzaron a abundar informaciones sobre desabasto. De acuerdo con funcionarios consultados, en efecto hubo desabasto, pero no fue por un problema del Gobierno actual, sino porque los gobiernos estatales, algunos de ellos combinando dos administraciones en un periodo de seis años, dejaron de pagar las medicinas a los proveedores –destacando Veracruz y Tabasco–, utilizando los recursos federales etiquetados para otros fines, con la aceptación de los delegados federales del Sector Salud, que hasta antes de su eliminación, controlaban alrededor del 70% de las compras de medicinas locales.

Los intereses en el sector se comenzaron a golpear desde que se rompió el encadenamiento entre los laboratorios y los distribuidores. De acuerdo con los funcionarios, este esquema propiciaba una corrupción, donde incluso hasta en tres momentos se tenían que pagar comisiones por una misma medicina, el laboratorio, a la logística y a funcionarios del Gobierno. Ese epílogo de intermediarios inició las tensiones.

El 20 de marzo las autoridades de Salud y Hacienda empezaron a hablar con la industria, con los laboratorios, con las asociaciones, y con los representantes de las embajadas cuyos países venden medicamentos a México, para explicarles los nuevos términos de su relación con el Gobierno, y las reglas del juego para las licitaciones que incluyeron, como uno de los elementos centrales, que sólo podrían participar quienes tuvieran el registro sanitario.

Entre jaloneos se llegó al consenso para realizar la subasta para la distribución de los medicamentos el 24 de junio, donde podían participar todos aquellos que cumplieran con los requisitos, y comenzaron a llegar las preguntas para pedir aclaraciones y precisiones sobre el proceso, que es un procedimiento regular. El año pasado se registraron 168 proveedores; este año 311. En total se realizaron ocho mil 500 preguntas, y 80 de ellas mostraron irregularidades.

Por ejemplo, 17 proveedores realizaron una misma pregunta; 15 otra pregunta; otros 15 una más, y así se fueron registrando, como si fuera copy paste, con los mismos errores semánticos y de ortografía. Otro botón de muestra: siete diferentes proveedores, en dos rubros diferentes, hicieron la misma pregunta, que decía: “Por favor confirmar que la inspección física por atributos E REFIERE(el énfasis es mío) únicamente en los printos de entrega y no en los puntos finales de destinos, dado que no se tendrá rastreabilidad en las entregas a destino final”.

La industria de los medicamentos ha reaccionado críticamente a la propuesta del Gobierno, aunque funcionarios federales insisten en matizar el sector, no como un bloque, sino como una sola área donde más se sienten afectados. De acuerdo con el subsecretario López-Gatell, son los distribuidores. La batalla de los medicamentos va a tener víctimas que antes fueron verdugo, según la descripción de algunos funcionarios.

Como se apuntó líneas atrás, hay una investigación penal contra cuando menos un funcionarios del ISSSTE por esconder medicamentos, y está abierto un procedimiento contra uno de los grandes distribuidores que también participar en el sector alimentario. Las sospechas de corrupción en el sector las han ido documentando y se van a dar a conocer. No se sabe cuándo será, pero esta olla de presión se está abriendo.
25 Junio 2019 04:06:00
La mañanera del lunes
La conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes no sólo fue diferente porque se realizó desde Cancún, sino por la forma como la prensa de Quintana Roo lo cuestionó por las afirmaciones sobre seguridad y el sargazo. El Presidente afirmó que en un mes se redujo a la mitad el número de homicidios dolosos, y dijo que el fenómeno –provocado por el cambio climático– era un problema “heredado” que no era “gravísimo”, como muchos lo han asegurado–incluido el Gobierno estatal que hace dos semanas emitió una alerta de emergencia por el sargazo en las playas de la Riviera Maya. Los periodistas locales no aceptaron las respuestas que les dio López Obrador, y lo confrontaron. Sus respuestas fueron la confirmación de lo que viene para el resto del sexenio.

“El sargazo es un asunto menor”, dijo el Presidente. “Lo voy a ejemplificar. En la Ciudad de México se recogen diariamente 13 mil toneladas de basura y el sargazo significa recoger 341 mil kilos. Estamos hablando del 3% de la basura que se recoge en la Ciudad de México”. Un reportero le replicó de inmediato: “Las playas son diferentes, el turismo, la imagen”. López Obrador pidió que lo dejara terminar de responder. “Estamos hablando del 3%, 341 kilos de sargazo, 13 mil toneladas de basura, 341 kilos diarios de sargazo”, repitió. “Una tonelada diaria se recoge al día, según el Gobierno”, atajó otra reportera, y lo metió en contradicciones. “Mil toneladas”, dijo López Obrador. “Eso es.Trece mil toneladas de basura en la ciudad, si estamos hablando de como el 8%, más o menos”. En dos respuestas, el Presidente mostró que había errado su estimación en 5 por ciento.

Los periodistas continuaron. “Presidente –le dijo otro reportero–, nada más una precisión del sargazo. ¿Por qué se declaró emergencia a 11 municipios si nos está diciendo que no es tan importante?” El reportero le pidió explicación sobre porqué los hoteles de Cancún cobran a sus huéspedes dinero para limpiar las playas y datos sobre cuántas estaban contaminadas. López Obrador no respondió, pero insistió: “Lo que puedo decir es que no es un asunto delicado, mucho menos grave, que tiene solución y que ya estamos trabajando. Eso es lo que puedo comentarles”. Sus respuestas incomodaron a los periodistas locales y una de ellas, María Cristina de la Cruz, reportera y columnista del portal Macrix Noticias, lo interrumpió:

“Es un exceso de optimismo, Presidente, y eso es faltar a la realidad de lo que se está viviendo en Quintana Roo. Aquí estoy yo. ¿Y sabe qué? Es una situación realmente tremenda. El Gobierno del estado incluso se trata a través de sus medios de comunicación un día a culpar a su Gobierno de negligencia por la tardía, la mala forma en cómo está atendiendo el tema del sargazo, al día siguiente vemos portadas de usted y del Gobernador casi de cachetito. Entonces, la cosa es que en medio de todo eso la industria hotelera está sufriendo grandemente por el tema del sargazo y no se ha transparentado absolutamente nada de los dineros desde el año pasado, en donde se habló de muchos millones de pesos invertidos para atender esta problemática que está costando hoy a Quintana Roo.

“También en ese exceso de optimismo, Presidente, es que su Cisen o quienes le están informando, le están informando mal. Nosotros, que somos reporteros de aquí y que cubrimos diariamente la nota roja, tenemos más de dos, a veces alcanzamos hasta un pico de ejecutados de tres, hasta cuatro con heridos de siete, siete personas. Es una situación lamentable. El feminicidio está a todo lo que da en Quintana Roo; no hay investigación. Hay tres reporteros asesinados; hay dos reporteros que están huyendo. Es una situación lacerante. La industria restaurantera está realmente castigada, se está reduciendo la vida nocturna en Quintana Roo en la zona norte. Hay una situación realmente grave y muchos responsabilizan aquí a su Gobierno, desde que usted asumió, de todo lo que está pasando.

“Lamento mucho… que usted esté manejando tanto optimismo, cuando nosotros hoy estamos en una situación realmente de emergencia social, Presidente, y hay una miseria, hay cada vez más narcotráfico, hay cada vez más armas circulando, hay cada vez más miseria en Quintana Roo y eso no puede ser posible… No esperamos cifras alegres, no esperamos que nos venga a decir lo que no es, que no corresponde a una realidad… Y espero, por favor, Presidente, que usted hable con mayor sinceridad con base a cifras reales, no maquilladas, no cifras engañosas que no corresponden en lo absoluto a una realidad que a todos en Quintana Roo nos afecta”.

El Presidente respondió: “Yo no digo mentiras y siempre hablo con la verdad, y siempre he considerado la honestidad como lo fundamental, es lo que estimo más importante en mi vida, y no engaño. Tengo tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Yo sé que ustedes tienen una visión distinta, yo la respeto, pero yo voy a defender siempre mis puntos de vista, además, estoy acostumbrado a polemizar y a defender mis posturas… No coincido con lo que tú planteas, pero respeto tu punto de vista”.

En realidad, no respeta puntos de vista u opiniones divergentes. López Obrador no soporta la crítica, aunque dice ser un defensor de la libertad de expresión, y la mañanera del lunes fue un buen ejemplo de lo que no va a cesar en el sexenio: la intimidación a quien ejerza el derecho a expresarse libremente por discrepar del Presidente.
24 Junio 2019 04:06:00
López Obrador no verá a Trump
Como en otras ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue llevado por la prensa a decir cosas que no están seguras, no existen o, incluso, ni siquiera hay intenciones verdaderas de hacer. El viernes dijo que “sería conveniente” una reunión con el presidente Donald Trump después del 7 de septiembre, luego que se cumpla el plazo de 90 días que dio el jefe de la Casa Blanca a México para que reduzca “drásticamente” la inmigración. López Obrador señaló que le gustaría tener ese encuentro como parte de un interés general, porque quisiera “procurar estas reuniones bilaterales” con él y otros jefes de Estado. Esto es falso.

López Obrador no sólo siempre dice que “la mejor política exterior es la política interior”, sino que tiene una aversión al mundo. No lo entiende, ni le interesa. No es algo nuevo, sino una constante en su vida pública. Su cosmogonía es local y no ve importancia a desarrollar un trabajo internacional. En el caso de Trump hay un matiz. Aunque en lo privado sus expresiones no son aduladoras, en público extrema precauciones para no confrontarlo. Depender en más de 80% de la economía de Estados Unidos es la razón. Y poderosa sin duda. 

Su deseo de reunirse con él, no es cierta en estos momentos. Hubo interés verdadero cuando habló en marzo con Jared Kushner, yerno y asesor especial de Trump, a quien se lo sugirió. La respuesta fue que en ese momento no había condiciones para llevarla a cabo, por lo que plantearlo en la Casa Blanca estaba fuera de discusión. Desde entonces no ha habido propuesta de ninguna de las dos partes para ir construyendo las condiciones, para que se reúnan López Obrador y Trump. 

Lo que mencionó el viernes sobre su interés para hablar con él después de septiembre, es una frase que se ajusta a la línea seguida por López Obrador para no confrontarlo e irritarlo. Colaboradores del Presidente admiten que un encuentro con Trump, por lo menos en el corto plazo, no es deseable, y no está en el interés de nadie en Palacio Nacional. La consideración principal es que llevar a López Obrador con Trump es colocarlo en una posición que puede ser contraproducente porque es imposible saber cómo actuará el estadunidense, que suele romper acuerdos o ignorar a sus asesores. Está la experiencia cercana de cómo fue la relación personal con el expresidente Enrique Peña Nieto, que es algo que no quisieran que se repitiera con López Obrador.

Jugar ajedrez con Trump, quien suele utilizar ese tablero como línea de boliche, sería una estrategia más acuerpada si López Obrador entendiera que desarrollar una política internacional activa de su parte, le redundaría en beneficios para lidiar con el Presidente estadunidense al ir logrando respaldo a su postura. No es suficiente que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sea el que vaya tejiendo esos apoyos en el mundo; los presidentes o jefes de Estado son quienes tienen que concretarlos. Pero la real politik, vigente desde los 70, cuando le echó por última vez una mirada al mundo López Obrador, es algo que le es inclusive, quizás, porque no lo entiende.

La mejor demostración de ello fue su falta de interés de ir a las tomas de posesión de presidentes latinoamericanos -donde envió representantes de bajo perfil-, perdiendo la oportunidad para tejer lo que retóricamente dice anhelar, el liderazgo regional, o declinar desde un principio participar en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G-20 en Osaka, a finales de este mes, donde dialogan las economías más importantes del mundo.

Colaboradores de López Obrador argumentan que no había mucho que hacer en el G-20 porque lo único importante iba a ser el resultado del encuentro que tengan Trump y el presidente chino Xi Jinping, lo cual ciertamente dominará el encuentro, pero bajo esa lógica reduccionista, no iría ninguno de los líderes que estarán en Osaka. López Obrador perdió la oportunidad de haber podido tener reuniones bilaterales y cabildear recursos para el desarrollo económico en Centroamérica.

El Presidente de México no se siente cómodo en esos entornos. En realidad, no se siente a gusto en ningún ambiente que no domine o donde no sea el centro de atención. No habla nada fuera del español -aunque hay traductores- y tampoco ha tenido ningún roce o experiencia sustantiva, incluso a nivel privado, con el mundo. Pero sobre todo, carece del interés y de la visión sobre lo que es la globalización, que la repudia a partir de una visión anacrónica de la interdependencia, en donde juegan y buscan aprovechar sus ventajas líderes que son verdaderamente de izquierda sin recovecos analíticos sobre realidades que desaparecieron hace décadas. 

López Obrador comete un error. Aislarse lo debilita. No lo ven así en el Gobierno, donde tienen una visión sobredimensionada de lo que son. Un alto funcionario dijo que el no ir a Osaka enviará el mensaje de que no están de acuerdo con Trump y mostrará la molestia de López Obrador. Eso no sucederá. El que no vaya será interpretado de muchas maneras, pero esa no. El propio Presidente desnuda la sumisión en la que se encuentra. En la conferencia del viernes dijo: “Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Sí nos gustaría tener este encuentro, pero yo no fijo la agenda”. Es decir, sí le gustaría, pero él no decide. Su agenda la maneja Trump, y él se ajusta a lo que le digan de Washington. Así no construye respeto. El Presidente y el canciller tienen que revisar su estrategia porque el camino que siguen no los beneficiará, reuniéndose o no con Trump.
21 Junio 2019 04:06:00
Calma señor Presidente
Andrés Manuel López Obrador tiene la mecha muy corta. No es el primer Presidente que es explosivo. De los últimos sexenios, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo se prendían rápidamente o eran muy groseros con sus colaboradores. La diferencia con López Obrador es que aquellos cuidaban que sus explosiones no fueran públicas, mientras que él exterioriza todo -justifica que su pecho no es una bodega-, y tiene fijaciones en la cabeza.

Ayer, molesto por el titular principal de El Financiero sobre la caída del empleo durante mayo, volvió a disparar, de la nada, contra Pablo Hiriart, quizás el columnista más crítico del Presidente.

López Obrador tiene otros clientes en las mañaneras. Mexicanos contra la Corrupción y Reforma son sus preferidos, a quienes identifica -con otras palabras- como cabezas de playa del neoconservadurismo mexicano y bastión de la resistencia a su proyecto de nación. En esto también es diferente a sus antecesores. Carlos Salinas, molesto por la cobertura de El Financiero sobre la deuda externa, le retiró toda la publicidad de Gobierno, mientras que José López Portillo le retiró la publicidad a Proceso con una frase que se volvió clásica: “No pago para que me peguen”. 

Los medios no son su único blanco matutino. Dependiendo del tipo de acciones que va a seguir su Gobierno, son víctimas de su retórica las instituciones autónomas, el Poder Judicial, los empresarios, los banqueros, políticos del viejo régimen y quien se le atraviese en el camino, incluidos miembros de su gabinete a quienes con inusual regularidad descalifica y desmiente. Las tensiones con actores políticos, agentes económicos o con organizaciones de la sociedad se acentúan porque sus molestias se dirimen en público, a diferencia de sus antecesores, que lo procesaban con discreción, pero también, con mayor efectividad. 

No quiere decir que el Presidente no tenga derecho alguno de expresar su inconformidad con lo que se dice o se publica, pero pierde esa efectividad de antaño porque parecen pleitos callejeros entre iguales. Y aunque López Obrador tiene un comportamiento más de opositor y líder social que de Presidente, esa dinámica de conflicto es asimétrica y pierde por el desbalance. Por ejemplo en el caso de las medicinas, donde ha hablado de presuntos actos de corrupción, pero por la manera casuística e informal, pero agresiva que utiliza, él mismo quita valor a sus señalamientos -perfectamente documentados por cuando a abusos-, porque parece ser uno más de sus agarrones cotidianos.

Quien le caliente la cabeza antes de subirse al paredón que instaló en el Salón de la Tesorería en el Palacio Nacional, es a quien más debería de reclamarle que lo coloque en una situación que a nadie, empezando por él, ayuda. El Presidente ha utilizado la mañanera para controlar la agenda y construir consenso para gobernar, pero la forma como lo hace ha llevado a que no controle la agenda -domina el tiempo de exposición, pero los temas de coyuntura los coloca la prensa, que muchas veces lo arrolla en la arena pública-, ni tenga el consenso necesario para un gobernante, particularmente en situaciones tan complejas y delicadas como las que viven México y su Gobierno.

El consenso que solidifica todas las mañanas López Obrador es con sus clientelas incondicionales, que lo respaldarán incluso hasta la ignominia. Ellos son importantes en elecciones, pero insuficientes para gobernar. La construcción del consenso no puede ser dinamitado todos los días. Requiere el apoyo nacional real, donde cabe la discrepancia, para que comprometa a todos los sectores a respaldar el cambio radical que desea para el país.

Muchas cosas que plantea son necesarias y se habían convertido en indispensables para sanear la vida pública, pero la forma, no el fondo, es lo que lo acota al prevalecer su carácter mercurial sobre su cabeza. Maneja un modelo más apegado a las mayorías populistas -que se dan con mayor frecuencia en los regímenes parlamentarios-, que a la democracia madisoniana, que busca siempre los consensos para afinar la toma de decisiones.

Cualquiera de los dos es funcional y puede ser eficiente, pero dentro de un marco de análisis convencional. López Obrador es todo menos convencional. Muy pragmático, cuenta con la legitimidad de los años de lucha política y de las urnas para poder moverse entre las tormentas, a veces sumido en contradicciones, sin que tenga costo político en su fuerza para gobernar.

Pero como él mismo lo reconoce, el apoyo popular que hoy respalda a su personalidad, no será para siempre. Lo que hace, lo definió nítidamente Sergio Aguayo, quien el lunes escribió en su colaboración en Reforma al hablar de la mesura ante el presidente Donald Trump y la derrota ideológica de la 4T, que la actitud de López Obrador es “rijosa en el interior y sumisa hacia el exterior”.

Rijoso es una persona conflictiva, que pelea. Ese es López Obrador, mediante la percepción construida y proyectada a nivel nacional en la mañanera. Eso no le conviene a él, a su Gobierno o al país entero. Los mexicanos siempre andamos en busca de un líder, y difícilmente habrá alguien que vivió un presidente con sus cualidades de liderazgo. Pero ese líder tiene que ser para todos, no solo para una minoría, que aprecien y respalden su energía y voluntad política para cambiar las cosas. Se requiere convencer, no amedrentar; persuadir a quienes discrepen con él, pero sin amagos ni amenazas. Si así lo hiciera, muchos que hoy lo ven con temor, le darán el apoyo, que tampoco debe regatear. Temple y calma se necesita de López Obrador, que a cambio obtendrá lo que requiere para su éxito sexenal: respaldo y respeto nacional.
20 Junio 2019 04:09:00
Lo peor de nosotros
Los mexicanos somos xenófobos y racistas. No es nuevo. Somos hipócritas y sibilinos, que al escudarnos siempre en sonrisas y calidez al primer contacto, proyectamos una imagen contraria a lo que somos debajo de la epidermis. Discriminamos por el color de la piel, por condición socioeconómica, y hasta por la forma como se habla y viste. Usamos palabras para marcar las diferencias -como al emplear nacos, indios y fifís genéricamente, y georreferenciar el racismo, como cuando al describir comportamientos se habla de los “satelucos”-. Hemos dividido la Ciudad de México en corredores socioculturales que levantan fortalezas de norte a sur y de oriente a poniente, edificados desde una edad temprana, cuando los niños y las niñas cursan la primaria. 

La nuestra es una sociedad refractaria, rígida y hermética, aun entre nosotros mismos. Muchas veces no queremos ver los monstruos que llevamos dentro. Somos de una cordialidad extrema cuando decimos como parte de nuestros modales “la casa de usted” cuando hacemos una referencia al lugar donde vivimos, sin que en la mayoría de las veces demos pasos para adelante. ¿Cuántas personas que suelen decir eso como muletilla de urbanidad pasan a la siguiente fase y abren realmente las puertas de la casa de uno al extraño? Nos excedemos en atenciones cosméticas y siempre decimos a quien hacía años no veíamos: “Qué gusto verte. He estado pensando mucho en ti. ¿Cuándo nos tomamos un café?”. La respuesta es idéntica. Sabemos que eso no se siente ni se piensa, pero forma parte de un código de comunicación muy mexicano, y muy falso.

Vivimos en una sociedad compleja. Recuerda a veces la japonesa, donde los grupos sociales son cerrados y muy difíciles de penetrar. Quienes van a las escuelas preescolares adecuadas, irán a las primarias, secundarias y preparatorias correctas para ingresar a la Universidad de Tokio, estar en los clubes sociales de las élites, en donde se casarán, escalarán en los trabajos y llegarán con solidez a la política. Quienes no recorren ese camino tendrán una vida más azarosa y de posibilidades acotadas. A veces, atisba espejos de sociedades podridas donde no queremos reflejarnos, como el fanatismo ideológico llevó a genocidios como en Camboya, o las diferencias de clase que provocaron la tragedia de Ruanda, o la manipulación de los políticos que enfrentaron a una sociedad, como en Venezuela. 

No hemos llegado a situaciones extremas, pero no hay nada que impida una evolución hacia esos estancos indeseables, porque no estamos reflexionando lo suficiente en cómo la crisis migratoria ha galvanizado nuestros viejos traumas y hecho florecer, por obra y gracia de las redes sociales, la xenofobia y el racismo. La sumisión gubernamental ante los deseos del presidente Donald Trump para que México le haga el trabajo sucio de contener la migración en el Suchiate, ha colocado al presidente Andrés Manuel López Obrador en una contradicción.

La política migratoria con un énfasis en los derechos humanos de los migrantes, sin matices ni orden por la urgencia política y existencial de revertir años de maltrato y corrupción de las autoridades mexicanas en contra de las personas más vulnerables, por su condición de refugiados económicos o que escapaban de la muerte, fue tan éticamente acertada como increíblemente desarticulada, y llevó al cambio radical urgente de dirección, ante las amenazas comerciales de Trump. Los errores los pagamos caro todos, y en el caso del Gobierno, se sigue profundizando el costo. El racismo y la xenofobia son su peor cara, afloradas con velocidad.

Apenas en octubre, la hipocresía mexicana se disfrazaba de solidaridad al paso de las primeras caravanas de hondureños, cuando la gente les regalaba comida, ropa, o convertían sus vehículos en transporte colectivo para trasladarlos. Los gobiernos locales abrieron albergues donde llegaban ciudadanos a expresar materialmente su simpatía. Pero cuando comenzaron a taponearles la entrada a Estados Unidos, el fenómeno se problematizó. Tijuana fue la primera llamada de atención, donde el impacto de una asimilación forzada provocó que en breve tiempo el apoyo a la migración se volviera rechazo. 

La solidaridad se agotó cuando los mexicanos vieron que sus empleos y servicios tendrían que compartirlos con extranjeros que estaban de paso. Los discursos presidenciales de proporcionarles techo, comida y empleo, aceptando las imposiciones de Trump para que se quedaran en México durante meses mientras se procesaban sus solicitudes de asilo, se volvieron contraproducentes. López Obrador insistió, profundizando el malestar, anunciando creación de empleo para los migrantes -cuando se está desplomando el empleo en México por su política de austeridad y la desaceleración económica-, e inyección de recursos en El Salvador, cuando las carencias en medicinas y el empantanamiento de los programas sociales han generado indignación en muchos sectores.

Lo peor de la condición humana emergió en México, al ver que los migrantes se convertían en un grupo privilegiado por el Gobierno a costa de su propio bienestar. Es difícil argumentar con quienes se sienten afectados y despojados, que la reacción desatada enferma a las sociedades de manera irreversible, con odios y rencores que se incrustan en el estómago y envenenan el alma. Estar dispuesto a dar algo a quien más lo necesita, siempre acompaña el discurso, pero es una actitud que no prolifera cuando hay que actuar en consecuencia. No ayuda un Gobierno que hace de la lucha de clases un método para consolidar el poder. Así ha sido siempre López Obrador, quien, sin embargo, no había experimentado la contradicción de sus actitudes políticas. Urge hoy que tome la bandera contra la xenofobia y la discriminación, y que calme al monstruo que despertó, porque es un búmeran que también le pegó.
19 Junio 2019 04:06:00
Peña Nieto: el objetivo
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Estados Unidos, la Securities and Exchange Comission, tiene un Programa de Informantes que ha sido redituable. Mediante este programa para combatir la corrupción, aquellos informantes cuya información lleve al éxito una investigación, reciben entre el 10 y el 30% de las sanciones impuestas, siempre y cuando superen el millón de dólares. Son incentivos muy fuertes para los llamados whistleblowers, y desde 2011, la Comisión, conocida por sus siglas SEC, ha pagado más de 276 millones de dólares a quienes les han soplado secretos. Uno de estos informantes señaló al expresidente Enrique Peña Nieto de recibir sobornos de un empresario italiano por la operación de venta de Fertinal a Pemex en 2015, adquirida con sobreprecio.

Una copia de la declaración del informante a la SEC fue entregada a Noé Cruz, un veterano reportero en temas energéticos, y que publicó en El Universal. Peña Nieto, que se ha caracterizado por ser muy lento en responder, actuó con prontitud. A las 11 de la mañana con 38 minutos escribió en Twitter: “Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también se vio obligado a tomar una posición durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Dijo no tener información de una investigación sobre Peña Nieto, pero señaló que “es muy difícil que un Presidente de la República no se entere de un negocio de esa magnitud”. López Obrador no mintió. En la investigación que se abrió en México no figura el nombre de Peña Nieto, lo que de ninguna manera excluye el presunto involucramiento revelado por el susodicho informante de la SEC.

Las hojas de la acusación del informante que mostró El Universal, dejan más preguntas que respuestas. No es una declaración que haya salido de la SEC, cuyas investigaciones son guardadas con enorme secrecía hasta que dan a conocer los resultados de la pesquisa, cuando esta resulta en una sentencia de culpa y resarcimiento económico. Por lo que se aprecia en el documento, esas copias salieron de un despacho de abogados, quizás del informante o de personas vinculadas a él. En uno de los párrafos difundido se deduce que el informante firmó una petición “TCR”, acrónimo de Tip, Complaint or Referral (Tip, Queja o Referencia), que es un formato de siete páginas con preguntas y explicaciones que se le piden a quien la firme.

El extracto de la declaración difundida por el periódico está expurgado, lo que indica que la persona que se lo proporcionó al diario no quería que una serie de nombres, acciones y fechas salieran a la luz pública, con lo que se evita revelar quién es el o la informante. Los nombres que ahí aparecen son los de Fabio Mássimo Cobarruvias Piffer, que vendió Fertinal a Pemex; el dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, porque los fideicomisos del empresario se manejaban en Banco Azteca, y Peña Nieto. La acusación del informante señala que a través de un fideicomiso que se creó para la operación con Pemex, el Fideicomiso 470, se sacó el dinero para el presunto soborno a Peña Nieto. Ningún otro nombre aparece abiertamente en la declaración, al haber sido expurgado. Ni siquiera, extrañamente, el de Emilio Lozoya, quien como director de Pemex hizo el estudio para la compra de Fertinal en 2015.

El documento publicado tiene algunos detalles que son diferentes a los documentos oficiales en Estados Unidos. Uno de ellos es que aparece el nombre de Cobarruvias sin el segundo nombre, Mássimo, ni el apellido materno, Piffer. Puede ser irrelevante, pero llama la atención. El que haya nombres y aparentemente fechas y lugares expurgados, dejando únicamente tres protagonistas de la operación de Fertinal, sugiere que Peña Nieto es el objetivo central del informante, que también quiere embarrara Salinas, cuyo nombre resurgió colocó recientemente en el escenario Proceso.

La pregunta que queda no es sólo quien aportó los detalles de la operación, sino para dónde va. El abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, ha puesto sobre la mesa los nombres del expresidente y del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y en la víspera de la publicación de El Universal, adelantó su deseo de llamar a declarar a Peña Nieto. En una entrevistaen Foro TV el martes, Coello Trejo reveló que la operación de compraventa de Fertinal no fue con dinero de Pemex, sino que salió de Nafin, que en ese entonces dirigía Jacques Rogozinski, y Bancomext, que encabezaba en el momento que se concretó la venta, Alejandro Díaz de León, actual gobernador del Banco de México. La autorización de quién pagaba, debió salir de Hacienda. Su cliente, precisó, “no se mandaba solo”.

¿Es Videgaray el objetivo de Lozoya? Los dos terminaron muy mal su relación, pero se desconoce si el exdirector de Pemex es el informante. ¿Es Peña Nieto a quien pretende inculpar? Para que pudiera comprobarse, tendría que haber documentos del Fideicomiso 470 que lo vincularan directamente, lo que hay que esperar y ver. Lozoya es prófugo de la justicia, pero la acusación de lavado de dinero no tiene nada que ver con la operación de Fertinal. Esta revelación eleva la presión sobre López Obrador para actuar en contra de su antecesor, a partir de un nuevo escándalo mediático lleno de verosimilitudes e incertidumbres que, lo único concreto que se puede observar, es que regresa la atención al abandonado tema de la corrupción.
18 Junio 2019 04:06:00
Solalinde, la cara de la crisis
En la crisis migratoria que vive México en la frontera con Guatemala, hay un personaje que ha pasado desapercibido desde el punto de vista de las responsabilidades políticas de haber provocado el conflicto político con Estados Unidos. Es el padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino, a quien se le puede adjudicar la paternidad de las visas humanitarias que otorgó el Gobierno mexicano sin control desde diciembre, y de la política de brazos abiertos a inmigrantes de la Secretaría de Gobernación. Solalinde, a diferencia de todos los funcionarios involucrados, no tiene que rendir cuentas a nadie, ni estar sometido al escrutinio público, pero su influencia sobre Andrés Manuel López Obrador metió al Presidente y al país en una situación incómoda y de amenaza permanente desde Washington.

La agenda de Solalinde la adoptó íntegramente López Obrador. En junio del año pasado, al criticar a todos los candidatos presidenciales por no tener un plan sobre el tema migratorio tras el segundo debate, Solalinde propuso cinco puntos, de los cuales tres se convirtieron en parte central del proyecto del nuevo Gobierno:

1.- Se debe desarrollar la Ley Migratoria en lo que va de derechos humanos, pues en los hechos la ley ha servido para perseguir a los migrantes. Se debe separar el aspecto administrativo del de seguridad.

2.- Crear una organización de desarrollo con Centroamérica para proteger a los migrantes y que los gobiernos de origen se corresponsabilicen. México no le debe pedir permiso a nadie para lograr esto.

3.- Continuar los programas de derechos humanos, como el programa especial de migraciones, que fue lo único bueno que quedó del Gobierno de Felipe Calderón.

Solalinde se le metió a López Obrador, quien desde la etapa de la transición comenzó a formular la política a seguir. De hecho, siguió la política que Solalinde dictó. El entonces presidente electo lo incorporó al equipo de transición, donde participó activamente en el armado de la política migratoria, cobijado, por si fuera necesario, con su primo en grado lejano, Alejandro Encinas, que después fue nombrado subsecretario de Gobernación, responsable de los derechos humanos.

Desde esa posición, el padre Solalinde impuso el concepto de “visas humanitarias”, bajo su vieja idea de que el tema migratorio siempre había estado anclado a la seguridad, con una estrategia de combate desde la perspectiva policiaca, donde los derechos humanos eran secundarios.

La apertura de la frontera para recibir a quien quisiera, también fue un concepto desarrollado por Solalinde y aprobado unánimamente en la Secretaría de Gobernación encabezada por Olga Sánchez Cordero. La crisis con Estados Unidos estalló en marzo, cuando al mostrarle la estadística del incremento de capturas en Estados Unidos y la proyección anual de mantenerse el ritmo, le remarcaron que la gran mayoría de las personas detenidas, tenían visas humanitarias extendidas por México.

Solalinde no formó nunca parte de los equipos institucionales que hablaron con los estadunidenses, pero su influencia es enorme en López Obrador. Durante la transición, Alfonso Durazo, quien era el enlace con el gabinete de seguridad, propuso que los agentes de Migración pasaran a formar parte de lo que sería la renaciente Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo cual coincidía con Solalinde que la corrupción en ese cuerpo era incorregible y había que tomar acciones radicales. Sin embargo, el padre se opuso y lo vetó. López Obrador le dio la razón.

Quería tener el religioso el control de todo y el presidente electo le dio carta blanca para entrometerse. Migración permaneció dentro de Gobernación, pero desde el principio se confrontó con el exdirector del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén. Solalinde quería “acelerar” el cambio de las estaciones migratorias en Chiapas en “auténticos albergues”, como los que opera, y donde se gestionaron un importante número de las visas humanitarias que provocaron el choque con el presidente Donald Trump.

Su proyecto personal no estaba a la par de cómo lo iba instrumentando el Gobierno. Incluso, criticó abiertamente a la Secretaría de Gobernación, por no haber actuado de manera más expedita en el armado de un modelo de desarrollo con los países de América Central, y fue agudamente crítico con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por la negociación que llevó a cabo en Washington para evitar la imposición de aranceles.

“Tuvo todo ese miércoles para tomar el camino de la dignidad de México, para exigir respeto e irnos a tribunales internacionales como la Organización Mundial de Comercio, pero aceptó ese juego de sumisión, humillación y vergüenza para México, y en aras de ese 5% traicionó la tradición de México y lo más triste, empezaron a deportar niños, niñas y mujeres”, declaró la semana pasada, refiriéndose al primer día de la negociación en Washington hace casi tres semanas y la prórroga para la imposición de aranceles.

Solalinde excluyó por completo de la crítica a López Obrador, de quien dijo, fue colocado “entre la espada y la pared”, soslayando sibilinamente que Ebrard no hizo nada que no fuera discutido y avalado por el Presidente. El padre está hablando por la herida. El acuerdo limita sus operaciones de albergues en el sur de México, y le ha quitado la iniciativa en la formulación de la política migratoria. Su revés es una derrota para la Secretaría de Gobernación, como se explicó en la columna de este lunes, pero sobre todo, aunque no se perciba, es mayor el descalabro para el Presidente, que tuvo que asumir la humillación ante Trump y acatar sus imposiciones. López Obrador ha sufrido en credibilidad; el Gobierno también. Solalinde salió inmune e impune, cuando tendría que ser el principal responsable de este fiasco.

17 Junio 2019 04:06:00
La derrota de los ingenuos
Las autoridades migratorias en Estados Unidos siguen muy sorprendidas porque la migración indocumentada hacia ese país es extraordinariamente anómala. El diario The New York Times reportó este domingo que en ciudades tan distantes como San Antonio y Portland, en Maine, en la frontera con Canadá en la costa este, arribaron inmigrantes procedentes del Congo y de Angola después de un recorrido que los llevó primero a Ecuador, y de ahí hacia el norte a pie o en autobús a través de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, por donde cruzaron la frontera con Texas. Son parte de los más de 144 mil inmigrantes capturados en mayo que provocaron la reacción del presidente Donald Trump contra México, y que provocó una de las declaraciones más inverosímiles, en cuanto a candidez y reconocimiento de incompetencia que se hayan escuchado en la política mexicana: “No sé por donde pudieron pasar”.

La perla es de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la responsable de la política migratoria hasta hace unos días, cuando si no formal pero sí factualmente, la despojaron de esa responsabilidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador se había tardado. La forma cómo manejó Gobernación el fenómeno migratorio fue un desastre, y peor aún, está demostrado que la política de puertas abiertas con visas humanitarias disponibles para todo aquél que quisiera viajar a México, detonó la más grande crisis en las relaciones bilaterales de México con Estados Unidos que se recuerde en una generación, incluida una tragedia humanitaria de niños en la frontera entre los dos países, y provocó la pérdida de soberanía mexicana, al haberse tenido que tomar decisiones que se acomodaran a los dictados de la Casa Blanca.

La primera víctima visible fue Tonatiuh Guillén, cuya gestión como comisionado del Instituto Nacional de Migración se volvió insostenible. El viernes pasado, de manera escueta, el Inami informó de la renuncia de Guillén, sin ninguna explicación sobre los motivos de su salida. El final de Guillén y su breve paso por la administración pública es la derrota completa de la Secretaría de Gobernación que encabeza Olga Sánchez Cordero, donde la ingenuidad de sus funcionarios le permitió a Guillén impulsar la política de brazos abiertos a quien quisiera viajar a México rumbo a Estados Unidos, otorgándoles visas humanitarias, techo, comida y protección de la Policía Federal. El excomisionado no actuó de manera unilateral. Dentro de Gobernación existió el consenso de que ese debería de ser el camino, sin alcanzar a ver las consecuencias de su reduccionista visión del fenómeno.

López Obrador no puede decirse sorprendido. La división dentro de su Gobierno entre las dos posiciones antagónicas sobre qué hacer, entre Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores se arrastró por meses. En no pocas reuniones de evaluación estratégica sobre el creciente fenómeno, expuesto de manera amenazante con represalias económicas por la exsecretaria de Seguridad Territorial, Kirjsten Nielsen en febrero, y subrayado por el consejero y yerno de Trump, Jared Kushner, directamente al Presidente en marzo, Guillén fue la cara beligerante de Bucareli.

Cuando le exigían al excomisionado explicación del porqué habían desarrollado esa política de brazos abiertos, expresaba como valor supremo la protección de los derechos humanos, sin matices. Cuando le exponían que ello podría tener repercusiones y reacciones por parte de Estados Unidos, respondía que no importaba, pensando que lo iba a doblegar. La soberbia de Guillén fue la ceguera de Gobernación, montada en un Gobierno naciente donde la incompetencia por desconocimiento de su desconocimiento que lleva a tomar decisiones sin contemplar los diversos escenarios, provoca reveses costosos.

El Presidente es quien más los ha tenido. Todos sus compromisos de campaña sobre cómo iba a lidiar con Trump han sido modificados radicalmente. Toda su bravuconería se volvió docilidad. Toda la fortaleza prometida se convirtió en una debilidad, que al tener cerradas las opciones por los flujos de migración inéditos en la Historia entre los dos países, se volvió una vulnerabilidad.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ganó 45 días de tiempo, quizás hasta 90, con la negociación en Washington. Sabe que la prórroga de la imposición unilateral de aranceles podría extenderse más allá del plazo acordado con Estados Unidos, pero será una amenaza permanente durante toda la campaña presidencial, que termina en noviembre del próximo año.

La urgencia por evitar los aranceles se resolvió temporalmente con la militarización de la frontera sur y convertir a 6 mil elementos de la Guardia Nacional en coadyuvantes del Inami, reforzado con 647 elementos de la Policía Federal, que comenzaron a desplegarse en Chiapas este fin de semana disfrazados como agentes migratorios, para ir en busca de los migrantes que se hayan quedado varados o se perdieron en territorio mexicano, y llevarlos a la frontera con Guatemala.

Las maromas de Ebrard habrían sido innecesarias porque también se pudo haber evitado la crisis con Estados Unidos. Dejemos lo retórico, porque lo que falta, aunque parezca una obviedad, es lo que viene. Sabemos las tareas encargadas al gabinete de seguridad y que el Presidente nombró a Francisco Garduño, militante de Morena sin experiencia en el tema migratorio, como sustituto de Guillén, manteniendo el papel periférico del Inami en donde debía ser cabeza, que funcionará como una ventanilla administrativa.

La estrategia y las decisiones tampoco caerán en Sánchez Cordero o el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, otro de los arquitectos de esta crisis, lo que lleva a pensar si su permanencia en el Gabinete se volvió ociosa y es tiempo que, ante la nueva realidad, los cambios en el Gabinete que vienen, comiencen por ahí.
14 Junio 2019 04:03:00
Violencia galopante
¿Alguien se sorprendió por enterarse que el primer cuatrimestre de este año es el más violento en la historia de los registros de incidencia delictiva desde que se iniciaron en 1997? Todo se fue al alza, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se han convertido en una de las estadísticas que se esperan mensualmente con mayor ansiedad, al haberse convertido en pulso de la gobernabilidad y balanza sobre el éxito o fracaso del Gobierno. El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó con una inercia trágica de la Administración del presidente Enrique Peña Nieto, que destrozó los sistemas policiales por ignorancia e incapacidad, pero que tampoco ha mostrado más allá de la retórica, una idea clara de cómo enfrentar el fenómeno.

Los datos del Secretariado ratifican tendencias delictivas. Colima, donde se dieron 7.3 asesinatos por cada 100 mil habitantes –la tasa más alta del país–, no ha logrado restablecer la calma después de que hace poco más de dos años, por el descuido en el puerto de Manzanillo –responsabilidad de la Marina, por cierto–, empezaron a entrar cargamentos chinos de fentanilo, que recorrieron las viejas rutas de las metanfetaminas por el noroeste de Michoacán –las zonas protegidas por los paramilitares patrocinados por el Gobierno peñista que incorporaron a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación–, y entraron a Jalisco para que desde ahí se exportara al ávido mercado de consumidores estadunidenses.

Colima viene en espiral descendiente desde el peñismo, como el caso de Chihuahua, donde el exgobernador César Duarte relajó el esquema de seguridad que se había instalado, particularmente en Ciudad Juárez, y que el gobernador Javier Corral, ha sido incapaz de restablecer. Corral ha estado enfocado en encarcelar a priistas y no ha prestado la atención debida al tema de la seguridad, que se agravó por un factor externo: los acuerdos de paz en Colombia incluyeron la petición de las FARC de que se suspendiera la erradicación, por lo que la producción de cocaína volvió a florecer y se reanudaron las exportaciones hacia Estados Unidos, que en más del 50% pasan por el corredor Torreón-Gómez Palacio-Ciudad Juárez.

Chihuahua tiene una tasa de homicidios dolosos de 4.8 por cada 100 mil habitantes, superior en ocho décimas a la de Guanajuato, que desde el Gobierno de Miguel Márquez se vio involucrado en la lucha de organizaciones criminales por el control del robo de combustible, que llegó a ser más redituable que la cocaína. La zona era controlada por Los Zetas, cuya subsidiaria es el Cártel de Santa Rosa de Lima, pero la estabilidad se rompió con el intento del Cártel Jalisco Nueva Generación de quedarse con el negocio. Van avanzando, en concordancia con la estrategia del Gobierno de López Obrador de acabar con la organización de Santa Rosa, dejando de lado a los jaliscienses. Sin embargo, nada es claro con la estrategia actual. Desde hace casi tres meses la Marina tiene interceptadas las llamadas telefónicas de todo el entorno de su líder en fuga, José Antonio Yépez, apodado “El Marro”, pero no lo han detenido. Varias veces lo han tenido ubicado por zona, según funcionarios federales, pero se les ha escapado.

Las dinámicas en esas entidades no son levantar cejas, como sí lo son los datos que arrojan las estadísticas en tres nuevos gobiernos, todos de Morena, que encabezan el incremento delictivo en el país en términos porcentuales. A la cabeza se encuentra la Ciudad de México, donde la incidencia delictiva subió 237.5% en el primer cuatrimestre de este año, seguida de Morelos, que se incrementó 210%, y Veracruz, que vivía un desastre en materia de seguridad, y que aún así incrementó su tasa 168.51%. En los tres casos han echado la culpa a gobiernos anteriores, pero en los tres casos sus gobiernos han sido incapaces de restablecer el orden. Problemas de aptitud de los responsables de la seguridad y ausencia total de estrategia, o acciones equivocadas, han producido que las peores entidades en la materia estén asociadas a Morena, aunque en el caso de Morelos, es por alianza, y el gobernador Cuauhtémoc Blanco está en choque incluso con el partido que respaldó su candidatura.

Las estadísticas de la violencia no son suficientes para entender el fenómeno que se vive. Hay características locales y regionales, así como dinámicas diferenciadas. Sin embargo, existe un común denominador que se trata de cubrir con la retórica y la expectativa que con la llegada de la Guardia Nacional, habrá un antes y un después. Se trata de la falta de recursos presupuestarios, de la debilidad institucional que muestra su cara más vulnerable en los municipios, del quiebre de los equilibrios en varias partes del país que muchas veces está asociada con corrupción de autoridades. Igualmente de la negligencia del sexenio anterior al desmantelar las plataformas de inteligencia criminal, de inteligencia para la seguridad nacional, y del sistema federal de penales.

Todos estos factores no fueron culpa ni responsabilidad del Gobierno de López Obrador. Tampoco serán su culpa ahora, pero sí su responsabilidad. Puede seguir achacando al pasado todos los males que afectan su Gobierno, pero los muertos de hoy, se le contabilizarán a él, no a Peña Nieto. Por lo mismo, si continúa con la misma línea estratégica del arranque al Gobierno anterior, de dejar hacer dejar pasar, terminará peor que él en materia de violencia y la inseguridad irá erosionando su popularidad y aprobación. Peor aún, es que el país aumentará su teñido de rojo ante la falta de visión, de objetivos claros y de estrategias confusas como las presentadas hasta ahora, sin señales que vendrá una rectificación.
13 Junio 2019 04:03:00
El costo criminal de la austeridad
El secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo galvanizó la zozobra en la Ciudad de México por los altos índices de criminalidad. Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno, ha dicho que las cifras crecientes de violencia se magnifican porque en la anterior Administración se habían “maquillado”, y el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a arroparla el martes, convirtiéndola en víctima de “grandulones abusivos” –que no identificó– mientras la sociedad seguía llorando a Norberto. Algo está muy mal en esta díada de la retórica contra realidad, el eterno dilema de la Cuarta Transformación. Los datos, sin embargo, son alarmantes.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que el secuestro, el detonante de la inquietud en la capital federal, bastión de López Obrador, se elevó 271% en el primer cuatrimestre de este año, superando casi 10 veces el promedio nacional. Vivimos el peor momento desde 2009, al subir los secuestros de 1.5 por mes en el primer cuatrimestre de 2018, a 6.5 en el mismo periodo de 2019. Lamentablemente, no es el único delito descontrolado.

En la edición de Eje Central que circula a partir de hoy, se registra que de diciembre del año pasado a abril de 2019, las mayores tasas de crecimiento delictivo son robos a transporte público, transporte individual, robos a casas, a negocios y a transeúntes, considerados como robos patrimoniales. Pero en homicidios dolosos, como en secuestros, las tasas son inverosímiles. Las tres alcaldías que más altos índices tienen son Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan, donde el incremento de ese tipo de homicidios fue de 165, 162 y 157 por ciento. En el resto de la capital, el aumento fue de 100% promedio.

Sheinbaum tiene un problema con su equipo de seguridad y se anticipan cambios para la próxima semana. Sin embargo, hay otros factores ajenos al fenómeno de la violencia que inciden en la inseguridad. Por un lado, el recorte presupuestal draconiano que impuso el Gobierno de López Obrador. Los fondos para seguridad pública en la Ciudad de México se redujeron 53%, y las alcaldías con mayor disminución, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, son donde mayor número de secuestros se ha registrado. Por el otro, la coincidencia en el crecimiento de la incidencia delictiva con el nivel de desempleo creciente (5.3% de diciembre a marzo), y la pérdida de poder adquisitivo, ante la disminución de salarios en la Administración pública y los despidos.

Se puede plantear como hipótesis de trabajo que la externalidad de la austeridad republicana impulsada por el presidente López Obrador, ha tenido un alto costo en materia de seguridad y los crecientes índices delictivos. No puede ser asumido como el único factor, porque también existe la larga curva de aprendizaje del equipo de seguridad de Sheinbaum, que llevó decisiones estratégicas fallidas, como la disminución de patrullajes en la Ciudad de México y la cancelación de unidades móviles de policía –internamente le dijeron a los policías que no servían para nada–, y al despido masivo de jefes policiales, bajo la concepción, imbuida desde la Presidencia, que todo el pasado era corrupto y había que erradicarlo.

En cualquier caso, el tipo de delito que ha subido exponencialmente es el patrimonial, o secuestros como el del joven Ronquillo, que tiene una tipología que se imita el método de un secuestro exprés, que siempre se ha asociado con necesidades económicas en la sociedad.

La desaceleración general de la economía ha provocado que las actividades productivas tengan un atorón, por lo que las empresas han tenido que recortar sus costos laborales, añadiendo presión a la tasa de de-sempleo, al no absorber personal despedido del Gobierno central. En el caso de la Ciudad de México, decisiones de la Jefa de Gobierno como parar la industria de la construcción, no solo impactó en todo el conjunto de la economía capitalina, sino que provocó desempleo en estados colindantes de la capital.

Luchar contra la corrupción y los excesos es una política necesaria como principio, pero a la luz de los resultados, su instrumentación ha sido un desastre. Reducir a rajatabla los presupuestos en materia de seguridad trasciende a la Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda recortó 3.8% el presupuesto dedicado a la seguridad pública en el país, que incluso ya había sido aprobado.

La necesidad de ajustar el gasto por todos lados para transferir recursos al plan de rescate financiero de Pemex, sin afectar los programas prioritarios del Presidente –Tren Maya, Santa Lucía y Dos Bocas–, han llevado al Gobierno a una contradicción de la cual no se ve cómo va a salir.

Presiones adicionales tendrá en los próximos 45 días al tratar de reducir significativamente el flujo migratorio, con el respaldo de 6 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur.

Si en estos momentos esa fuerza significa el 40% del total de elementos de la Guardia Nacional, ¿qué sucederá en el territorio que vigilaban previamente? Los índices de violencia y crimen seguirán subiendo. La Ciudad de México es el microcosmos que tiene que ver el presidente López Obrador para convencerse de que su política de austeridad sin matices, aunque excelente en concepto y dirección, tiene costos muy altos embarcarse en toda una transformación que quiere ser simultánea, sin gradualismo ni etapas. El problema, como se ve en la capital federal, es que su intransigencia está costando más vidas y más violencia, más inseguridad y más inestabilidad, más incertidumbre y más miedo. El camino es equivocado en su diseño y debe modificarlo porque ni él ni el país irá así a ningún lado.
12 Junio 2019 04:03:00
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Durante largo tiempo en el corto periodo de la Administración de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard guardó el perfil más bajo posible. “Quiere cuidarse de intrigas y no quiere exponerse”, admitía uno de sus colaboradores en el entendido de que aún desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, era una de las figuras presidenciables en el horizonte. Las agresiones del presidente Donald Trump, orillaron a Ebrard a dar la cara.

López Obrador lo mandó a ser la voz que enfrentara a Trump y, al mismo tiempo, quien evitara entrar en conflicto con él. En ese momento, no se imaginaban que en vísperas de iniciar su campaña por la reelección, iba a retomar como tema la migración, utilizando los aranceles como arma política.

López Obrador despachó a Ebrard a Washington para evitar la guerra comercial, para lo cual se comprometió a acuerdos por fuera de su jurisdicción. Los aranceles se pospusieron, pero quedaron condicionados a que en 45 días, el acuerdo para reducir el flujo de migrantes centroamericanos que quieren ir a Estados Unidos, tiene que reducirse de manera “dramática”. ¿Cómo hacer que Ebrard cumpla lo ofrecido personalmente a Trump? López Obrador lo solucionó el lunes por la mañana: lo nombraría coordinador de un grupo especial para cumplir con los acuerdos sobre migración.

El Presidente comunicó al Gabinete por la tarde en Palacio Nacional, lo que por la mañana había definido con su kitchen cabinet, donde estaba el canciller, cómo se integraría la coordinación de cinco grupos, y las personas que serían responsables de cada uno de ellos.

Bajo este esquema, Ebrard tendrá atribuciones sobre tres secretarías de Estado, además de la que él encabeza: Seguridad Pública, que aportará dos cabezas de grupo, la de la Guardia Nacional, y la de la Administración federal de cárceles, que supervisará al Instituto Nacional de Migración; Trabajo y Previsión Social, que deberá de instrumentar programas de trabajo temporal para los migrantes centroamericanos que esperen la resolución sobre su petición de asilo en Estados Unidos en 11 puntos fronterizos mexicanos; y Bienestar Social, que tendrá que desarrollar un plan para que aquellos que se queden en México, tengan salud, educación, empleo y vivienda definitiva.

La alineación de todos esos esfuerzos sería muy difícil de lograr sin una cabeza que esté por encima coordinándolos. La designación de Ebrard al frente, en el tema de mayor preocupación para López Obrador por las consecuencias económicas que significaría un conflicto con Estados Unidos, fue la solución que se encontró. Su nombramiento responde a la lógica de López Obrador de tomar decisiones transversales y recargar el trabajo no necesariamente en quien es responsable de ello, sino en quien le da mejores resultados.

Sin embargo, en los hechos, las atribuciones que le otorgó lo convierten no solo en un supersecretario, por influencia y relevancia, sino con funciones de vicepresidente que van más allá de las protocolares. López Obrador le dio mandato sobre el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y de la secretaria de Bienestar Social, María Luisa Albores. El quinto grupo, que trabajará sobre estrategias regionales, será responsabilidad de Relaciones Exteriores.

Dentro del plan y el cronograma aprobado por el Presidente, Seguridad Pública, Trabajo y Bienestar Social, son las nuevas secretarías integradas en la estrategia para enfrentar a Trump y sus amenazas.

La Secretaría que era responsable de esas tareas era Gobernación, que quedó excluida del diseño estratégico. Su titular, Sánchez Cordero, quedó una vez más marginada. Debió haber sido parte importante del equipo negociador que fue a Washington, y la dejaron en México. No hubo ningún funcionario de esa dependencia en el equipo, que estuvo compuesto únicamente por miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, estuvieron en la comitiva pero no en las negociaciones, porque Ebrard no quiso incorporarlos para que las conversaciones se centraran en migración, sin contaminarlas con el tema comercial.

Es el caso del subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, a quien se excluyó de la mesa de negociaciones porque la percepción de él es como negociador en jefe del acuerdo comercial. “De haberlo sentado en la mesa, hubieran incorporado a (Robert) Lighthizer (representante comercial de la Casa Blanca)”, dijo un funcionario federal. “Se abría abierto la Caja de Pandora”.

La eliminación de Sánchez Cordero del equipo y su marginación en la estrategia para los próximos 45 días es debido a la aceptación interna en el Gobierno, que no tiene ni la capacidad ni la fuerza suficiente para cumplir con lo acordado. El plan que propuso en Miami en marzo, se colapsó. El número de inmigrantes centroamericanos creció de 100 mil en abril a 144 mil en mayo. La secretaria no tiene mal ambiente en el entorno del Presidente, pero para efectos prácticos, está ya descontada como funcionaria ineficiente.

Ebrard asumió funciones de gobernanza y tomó el liderazgo en la formulación de la estrategia a seguir. López Obrador lo está respaldando y le ha dado toda la fuerza para que cumpla lo prometido. Es una buena noticia para el vicepresidente de facto, pero también una mala.

Si no funciona su estrategia, saldrá derrotado y debilitado. El 2024 se alejaría, junto con sus aspiraciones presidencialistas que quedarían francamente mermadas.
11 Junio 2019 04:03:00
El ultimátum de Trump
El viernes por la noche, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló por teléfono con el presidente Donald Trump, que recién había llegado de Europa, para dar el último jalón al acuerdo migratorio que impediría que se impusieran nuevos aranceles. Las condiciones para esa llamada fueron construidas por el vicepresidente Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, al darle un informe sobre las negociaciones con México para evitar la elevación de aranceles, y comentaron que los mexicanos parecían dispuestos a cumplir con los compromisos alcanzados en las 72 horas de pláticas bilaterales. La conversación no fue fácil, de acuerdo con un funcionario federal, pero funcionó.

Ebrard le detalló a Trump lo que había acordado con Pence, Pompeo y el secretario de Seguridad Territorial, Mike McAleenan, que era el reforzamiento de la frontera sur con 6 mil miembros de la Guardia Nacional, el control migratorio en Chiapas, tener un censo completo de los inmigrantes que llegaban a la estación en Tapachula, y la ampliación del programa Remain in Mexico (Permanecer en México), dentro de los parámetros de la Sección 235(b)(C) del Acta de Inmigración y Nacionalidad, y de los Protocolos de Protección de Migrantes.

–Ya nos lo han dicho antes, respondió Trump quejándose de incumplimientos previos del Gobierno de México, “no van a cumplir”.

Ebrard respondió, apelando al beneficio de la duda: Yo apenas llevo cinco meses.

–Si tú ganas tiempo, yo pierdo electores, replicó Trump.

No había duda de las motivaciones centrales de Trump al utilizar los aranceles como una arma de presión migratoria. Ebrard lo supo desde que llegó a negociar el miércoles con Pence y Pompeo en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, donde el secretario de Estado, con cruda franqueza política, se lo había dicho al canciller. El fondo es la migración, afirmó Pompeo, recordaron los funcionarios mexicanos. Y toda la campaña electoral será basada en la migración, le subrayó y agregó a su contraparte.

En la conversación con Trump, Ebrard acotó su escepticismo al establecer junto con él un plazo de 45 días para que los compromisos adquiridos en Washington, mostraran resultados. Si no se veía un punto de inflexión en la llegada de inmigrantes a Estados Unidos por la frontera con México, empezaría la negociación para establecer la figura de “tercer país seguro”, que al ser un acuerdo bilateral que implica cambios en las leyes mexicanas, tendría que pasar por el Senado. Lo que planteó el canciller iba al fondo del problema. “El cambio de paradigma”, describió un diplomático mexicano.

Ese cambio de paradigma es con lo que Pence y Pompeo habían recibido a Ebrard el miércoles, donde además de McAleenan se sumó el consejero jurídico de la Casa Blanca, Pat Cipollone. McAleenan le mostró a los mexicanos la gráfica de detenciones de indocumentados en la frontera con México. El número de capturas se mantuvo estable, en alrededor de 60 mil mensuales, durante el último trimestre de 2018 y enero, que es cuando ante la política migratoria mexicana de brazos abiertos, comenzó a incrementarse. En febrero subió 31%, a 76 mil 533, en marzo a 103 mil 729, abril tuvo 109 mil 474, y en mayo hubo un disparo a 144 mil 278. Ese miércoles en la Casa Blanca, lo que recibió Ebrard, según dijo en la conferencia mañanera de este lunes, “fue un ultimátum”.

El escepticismo de Trump en los primeros minutos de la conversación con Ebrard, se podría asociar al brinco entre marzo y abril, que fue después de la reunión en el aeropuerto de Miami el 17 de marzo entre las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la entonces titular de Seguridad Territorial, Kirjsten Nielsen. En ella habían acordado incrementar la cuota de personas enviadas a México para esperar la resolución sobre su solicitud de asilo en Estados Unidos, de 60 a 300, y reforzar la política migratoria. “Gobernación hizo su parte, pero no cambió el paradigma”, reconoció el diplomático mexicano. Trump lo definía como acciones “insuficientes” por parte del gobierno mexicano.

Ante ese diagnóstico, Pompeo puso sobre la mesa que México fuera “tercer país seguro” o aceptara el principio de “primer país de asilo”, una modalidad donde intervendría Guatemala, para que los guatemaltecos capturados en Estados Unidos fueran enviados a México, mientras que los hondureños y los salvadoreños serían deportados a Guatemala, en espera del resultado de su solicitud de asilo. Ebrard les dijo que México no podría aceptarlo, pero Pompeo respondió que si bien entendía las razones, no eran convincentes. Ebrard propuso una mesa en el Departamento de Estado para persuadirlos de las propuestas mexicanas, que significaban un cambio en la política de brazos abiertos, una modificación en su política de asilo, y priorizar la migración sobre el tema de seguridad pública, al comprometer un alto número de guardias nacionales a la frontera sur.

Cipollone y el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, trabajaron el jueves hasta los alcances de la propuesta mexicana que se acomodaran a las exigencias de los estadunidenses, que fue presentada a Pompeo el viernes. El secretario de Estado la aceptó, y junto con Pence convenció a Trump de hablar con Ebrard. Cuarenta y cinco días fue el plazo máximo para dar resultados o entrarán a un terreno donde Estados Unidos tendrá carta blanca para buscar un acuerdo migratorio profundo con México o, como anticipó Trump, impondrán aranceles.

No estÁ claro que México va a poder cumplir en mes y medio con frenar la migración y lograr un punto de inflexión. Sin embargo, no tuvieron márgenes más amplios. El ultimátum de Trump, solamente se aplazó.
10 Junio 2019 04:02:00
Señor Presidente,  ¡pórtese bien!
Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump son dos presidentes que hacen de la política un juego de símbolos para acomodar la realidad a su favor y construir consensos de Gobierno. Es más exitoso López Obrador que Trump, porque no tiene de rodillas al Congreso o al Senado, ni doblada la Suprema Corte de Justicia o amedrentadas a las instituciones. Pero Trump tiene más recursos de presión porque México depende en 80% de la economía de Estados Unidos, y Estados Unidos, aunque su aparato productivo está muy integrado con nuestro país y Canadá, romper esos puentes no significaría el Armagedón.

En esta realidad se fincó la negociación para evitar la imposición de aranceles a México a partir de hoy, donde se habló de migración y seguridad, y de nuevas concesiones comerciales a Estados Unidos. Por lo que se conoce, se puede concluir que México cedió ante las presiones de Trump y entregó más de cómo llegó a Washington, a cambio de evitar la represalia económica. En consideración de algunas voces en México y la opinión generalizada en la prensa internacional, ajena a pasiones y manipulaciones, Trump ganó la partida porque obtuvo lo que deseaba: concesiones absolutas.

El nombre del juego fue el pragmatismo. ¿Se puede criticar a López Obrador por haber claudicado y aceptado lo que exigía Trump? Frente al escenario económico de lo que supondría una guerra comercial, no. Su decisión fue apegada a la realidad. Las asimetrías con Estados Unidos son enormes en todos los sentidos, y los principios hoy en día en esta materia, solo son para los discursos y las masas, sin cabida en la real politik. Como él mismo lo dijo el sábado en Tijuana, su responsabilidad es como jefe de Estado para con todo un país.

La imposición de aranceles habría significado una devaluación del peso, que según los expertos habría alcanzado 21 unidades por dólar. Esto para empezar. La disrupción en las cadenas de valor se habrían afectado, y ante la respuesta mexicana de represalias recíprocas, la respuesta habría sido más aranceles. Eso lo sabe López Obrador. Cuando se reunió con Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, en marzo, el ejemplo sobre la forma agresiva de negociar su suegro era China, donde a cada respuesta por imposición arancelaria, respondía con más aranceles. China lo puede enfrentar –aunque perdió 30% de mercado-, pero México no. En las negociaciones, México fue más allá de lo que acordaron el 17 de marzo entre las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Seguridad Territorial –ya cesada–, Kirjsten Nielsen, en Miami, cuyos detalles se revelaron en este espacio en abril. Ahí México accedió a que quienes pidieran asilo en Estados Unidos que tuvieran visas humanitarias, fueran regresados no sólo a Tijuana, como acordaron en diciembre, sino también a Mexicali y Ciudad Juárez, y que la cifra crecería hasta llegar a nueve mil por mes a finales de año, para permitir que se fuera preparando México para ese nuevo influjo de personas. La semana pasada se amplió el alcance del Acta 235 para que esperen solución sobre asilo en todos los puertos fronterizos y se aceleró el número de personas en espera; para este mes serán ocho mil, casi los nueve mil acordados para dentro de seis meses.

La reunión de Miami produjo también el entendimiento de que se instrumentarían medidas policiales y financieras para frenar la migración. Aunque el Gobierno mexicano incrementó el número de deportaciones, continuó otorgando visas humanitarias y fue omiso en acciones financieras. La amenaza de los aranceles provocó que el fin de semana antepasado el Ejército empezara con redadas en Tapachula en busca de inmigrantes indocumentados y la Unidad de Inteligencia Financiera actuara contra presuntos responsables del tráfico humano. Para reforzar, comprometieron el envío a partir de hoy de 6 mil miembros de la Guardia Nacional a la frontera sur. Esto significa que el 40% de la fuerza que estará en operación este mes, estará dedicada a deportar inmigrantes, y que en el mediano plazo, será el 10% el que se dedicará a esa tarea. La delegación mexicana fue en desventaja a Washington para cabildear que Estados Unidos no impusiera los aranceles, provocado por la negligencia o incluso omisiones en cumplir con los acuerdos de Miami, lo cual debilitó la posición mexicana y los llevó a aceptar imposiciones que no habían sido antes puestas sobre la mesa, como el incremento de compras agrícolas –de productos que se encuentran en las zonas de mayor apoyo electoral de Trump– a Estados Unidos, cuyos pormenores no ha sido dados a conocer. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien abrió el mitin en Tijuana, dijo que la gran experiencia de esta semana es que tienen que trabajar para que en el futuro estén mejor preparados para cualquier contingencia. El mensaje es importante. Hacia el interior del Gobierno, el presidente López Obrador tiene que poner orden en su equipo, porque parte de las concesiones que se tuvieron que hacer fue por la falta de coordinación, o sabotajes involuntarios entre las secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores, que impidieron cumplir los acuerdos bilaterales.

La política hacia Estados Unidos debe estar alineada, porque lo que se vio es lo que vendrá. Lo escribió el domingo el presidente Trump en Twitter: “Si por alguna razón desconocida no hay (cooperación), podemos volver a nuestra posición anterior y muy lucrativa de (amenazar) con aranceles”. Dijo que no creía que será necesario. A portarse bien, entonces. O, para evitar humillaciones públicas de esta naturaleza, a dejar las improvisaciones en México y actuar con menos romanticismo e hígado, y con más profesionalismo.
07 Junio 2019 04:01:00
Segundo round, la capitulación
Al pan, pan, y al vino, vino. Esta es la vieja frase española para llamar las cosas por su nombre, y que permite establecer que como punto de partida en las pláticas que sostienen representantes de alto nivel de México con sus contrapartes en Estados Unidos para frenar la elevación de aranceles a partir del lunes, no hay ninguna negociación, como se han planteado, sino un trabajo de cabildeo por parte del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para convencer al presidente Donald Trump que quieren cumplir con sus exigencias y demandas en materia migratoria. Entonces, si lo que estamos viendo es capitulación mexicana en materia migratoria, lo que tendría que estar buscándose son los términos de la capitulación para que no resulte humillante para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No hay duda a partir de la lectura de las declaraciones públicas y la información que está saliendo de Washington, que nunca hubo negociación alguna sobre aranceles, sino una rendición mexicana de los resultados de su política migratoria. Aún así, percibiendo la vulnerabilidad mexicana por sus propias contradicciones, le siguen subiendo la presión a Ebrard. La vocera de la Casa Blanca, Mercedes Schlapp, le dijo ayer a la agencia de noticias AP: “Parece que nos estamos moviendo hacia la ruta de los aranceles, porque lo que hemos visto hasta ahora es que lo que están proponiendo los mexicanos, simplemente no es suficiente”. El presidente Donald Trump habló con la prensa de la Casa Blanca que lo acompaña por Europa, y desde el aeropuerto irlandés en Shannon dijo: “Ya veremos qué sucede, pero algo muy dramático podría suceder”. Ya sucedió.

El diario The New York Times reveló que aunque México se había opuesto firmemente a ser un “tercer país seguro”, que sirviera de hostal de migrantes en espera que les dieran asilo en Estados Unidos, su justificación que esperaban que los inmigrantes no llegaran a su frontera sur y se quedaran a vivir en México, se colapsó con la realidad, el incremento acelerado de migración indocumentado hacia aquella nación.

En la reunión del miércoles en la Casa Blanca, Ebrard, primer opositor a ese concepto, reculó. Dijo que su Gobierno estaba dispuesto a reforzar la frontera con Guatemala y le prometió al vicepresidente Mike Pence y al secretario de Estado, Mike Pompeo, que combatirían al crimen trasnacional que trafica humanos y que ofrecería asilo a miles de centroamericanos a cambio de que no fueran a Estados Unidos. Patético.

El periódico The Washington Post añadió elementos sobre la capitulación mexicana. Ebrard comprometió el envío de 6 mil soldados dentro de la Guardia Nacional a la región fronteriza con Guatemala, y que dentro de la aceptación de “tercer país seguro”, recibiría a los guatemaltecos deportados, sin cuota máxima, que llegaran a pedir asilo en Estados Unidos. A su vez, los hondureños y salvadoreños detenidos en ese territorio, serían enviados a Guatemala, de acuerdo con una negociación separada con ese Gobierno. Guatemala y Honduras se han venido quejando que la política migratoria de López Obrador también los afectó, al desestabilizar sus países por ofrecer visas humanitarias y paso exprés y custodiados por la Policía Federal hasta cruzar la frontera norte. Patético, por partida doble. La política lópezobradorista provocó problemas y disgustos con todos.

El Gobierno mexicano despachó a un equipo de abogados a Washington, y se reunieron con Pat Cipollone, el consejero jurídico de la Casa Blanca, para analizar los términos jurídicos para que México sea un “tercer país seguro”. La discusión entonces sobre ese concepto, a decir de los estadunidenses, está rebasada, porque hay una aceptación. En términos conceptuales, esa es una derrota para el Gobierno de México. En cuanto a la estrategia, es el fracaso de la postura de la Secretaría de Gobernación y un revés directo para quien estaba detrás de la política de brazos abiertos, el presidente López Obrador.

La ingenuidad del nuevo Gobierno es el cimiento de la humillación que están viviendo desde Washington. En otoño pasado, durante la transición, Olga Sánchez Cordero, quien estaba designada como la secretaria de Gobernación, fue a una plática con el consejo de uno de los bancos más importantes del país, y le preguntaron cuál era su mapa de riesgos. Sánchez Cordero no sabía qué decir y casi susurró, “¿los migrantes?”. Podría ser, dijo antes de descalificarlo.

“No, no creo”, agregó. La futura secretaria no tenía idea de lo que estaba sucediendo pese a todas las amenazas y advertencias de Trump. En enero, el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que “la política migratoria ya cambió”, anticipando que quienes quisieran emigrar, serían recibidos con los brazos abiertos. Un alto funcionario de Gobernación, admitió que la intención era muy noble –cierto–, pero no calcularon las consecuencias –doblemente cierto–.

Las presiones de Washington hicieron que modularan su postura, pero fueron insuficientes. El consejero presidencial y yerno de Trump, Jared Kushner, se lo dijo a López Obrador durante su encuentro en la ciudad de México. Migración y seguridad es la prioridad. Kushner dejó ver que los recursos de Trump para la represalia eran enormes. China era un ejemplo. Turquía, meses antes, otro. A China le impone aranceles crecientes y en Turquía descarriló la lira y minó al presidente Recep Tayyip Erdogan. López Obrador se comprometió a tomar acciones concretas y lo hizo, pero no convenció. Enviar a Ebrard sin Sánchez Cordero era una señal de lo que estaba dispuesto a hacer México. El único problema, como afirman en Washington, es que la cancelación de aranceles no es un hecho pese a todo lo ofrecido. Trump aún no acepta los términos de la rendición mexicana.
06 Junio 2019 04:06:00
Primer round para Trump
Las prisas y las improvisaciones del Gobierno de México no ayudaron a fortalecer la posición ante las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles si no frenaban la migración hacia Estados Unidos y enfrentaban al crimen organizado, y mostraron su temor. El providencial respaldo republicano que presionó a la Casa Blanca para recular la elevación de aranceles por el costo político que pagarían con el electorado –al ser los consumidores quienes terminarían pagando más por los productos mexicanos–, abrió una puerta de salida al conflicto, pero no solucionó el problema de fondo. En la reunión que tuvieron en la Casa Blanca, la lista de demandas se elevó. Si las aceptan como “concesiones absolutas”, dijo el consejero comercial de línea dura de Trump, Peter Navarro, los nuevos aranceles “podrían no entrar en vigor”.

La falta de estrategia mexicana fue evidente desde el primer momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el jueves que viajaría una delegación mexicana a Washington para negociar con los estadunidenses y despachó a la mañana siguiente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sin estar enterados los dos que sus contrapartes estaban de viaje y no regresarían hasta el miércoles. Salvó la cara la reunión el lunes con el secretario de Comercio, Wilbur Ross, con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que se sumó a la delegación el domingo. Pero esto fue fortuito, aprovechando Márquez una oportunidad que se le cruzó.

Márquez estuvo en San Salvador el sábado pasado representando al Gobierno mexicano en la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de El Salvador, y se cruzó con Ross en el lobby del hotel. La secretaria lo abordó y le pidió una cita en Washington. Audaz, no esperó instrucciones presidenciales, y ayudó a darle cuerpo a un viaje que tuvo que iniciar con conferencias de prensa desde la Embajada mexicana, para llenar los espacios de opinión pública y evitar que el énfasis fuera el de una espera en las puertas de Foggy Bottom.

La entrevista con Ross sirvió para los consumidores mexicanos, pero sin llegar a ninguna parte. El conflicto de Trump con México no es comercial.

Ebrard habló informalmente el domingo con el secretario de Seguridad Territorial, Kevin McAleenan, que mencionó los temas que molestaron a Trump, y donde no veía avances, freno a la migración, falta de seguridad, y el control del crimen organizado del fenómeno. Ebrard no es contraparte de McAleenan, pero López Obrador prefirió hacerlo responsable de esos temas en lugar de enviar como interlocutores a quienes les tocan esos temas en su administración, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el titular de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Es el estilo del Presidente, la transversalidad, encargando funciones fuera de su ámbito, a quien le da mejores resultados.

El planteamiento sobre la mesa en la Casa Blanca fue conciso: 1) medidas enérgicas con quienes piden asilo en Estados Unidos; 2) reforzar la vigilancia en su frontera con Guatemala; y 3) acabar con la corrupción de sus funcionarios en los puntos fronterizos. Estados Unidos quiere un mayor control sobre las visas humanitarias –preferentemente que se cancelen–, y que en lugar de hacerles la vida fácil a los inmigrantes en el cruce de México a esa nación, que les quiten los incentivos para migrar.

Navarro explicó que México debía “comprometerse a recibir a todos los que buscan asilo en Estados Unidos –que son deportados– y que les apliquen las leyes mexicanas, que son mucho más fuertes que las nuestras”. Esto significa que para Trump, el acuerdo con México vigente desde febrero de recibir diariamente un máximo de 60 inmigrantes que quieren asilo en ese país, debe ampliarse y aumentar la cuota, bajo lo estipulado en la Sección 235 del Acta de Inmigración y Nacionalidad, que les fue comunicado el 20 de diciembre pasado.

La “concesión absoluta” que mencionó Navarro significaría revertir la posición del Gobierno de López Obrador de proteger a quienes quieran iniciar un procedimiento de asilo en Estados Unidos, proporcionándoles visas humanitarias con entrada múltiple a México, y para quien lo solicite, visas de trabajo. Trump considera que los migrantes son introducidos por el crimen organizado, que México no combate, y que han aprovechado un procedimiento legal, conocido como “el miedo creíble”, utilizado como “script” por los sujetos a deportación, donde los jueces frenan el proceso al decir que tienen miedo de morir si los expulsan. Las pretensiones no son aceptables todavía.

La segunda concesión sobre la mesa fue el compromiso de México de reforzar su frontera con Guatemala, reforzada por la tercera exigencia de frenar la corrupción en los puntos fronterizos. Los estadunidenses no entienden por qué no pueden frenar la migración si lo que tienen que sellar es una frontera de sólo 240 kilómetros. “Esos puntos de entrada están diseñados para detener el flujo, pero en lugar de eso está la corrupción, los funcionarios del Gobierno que están haciendo dinero del tráfico de personas”, precisó Navarro.

Los planteamientos generales de la Casa Blanca los expuso McAleenan a Ebrard el domingo. Su afirmación que había 80% de posibilidades de llegar a un arreglo sugerían que habían aceptado “las concesiones absolutas”. Navarro, lo dejó entrever ayer en una entrevista con CNN. “Creemos que los aranceles no van a entrar en vigor, porque ya tenemos la atención de los mexicanos”, dijo. La esperada negociación en la Casa Blanca entró en un impasse, aunque las señales son que aceptarán las condiciones. Están muy arrinconados. Trump adelantó que “México quiere hacer un trato”, pero Ebrard pidió tiempo para entender la dimensión de lo que exige Estados Unidos. Cuestión de tiempo. Difícilmente López Obrador romperá con Trump.
05 Junio 2019 04:01:00
El elefante de Trump
La nueva guerra comercial declarada por Estados Unidos contra México es todo menos comercial. Coyunturalmente está la motivación electoral, que entiende bien el presidente Andrés Manuel López Obrador y su Gobierno, por lo que busca una solución política-diplomática que negocie el miércoles el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien tiene encima las presiones del sector empresarial estadunidense y los republicanos en el Capitolio, que ven contraproducente nuevos aranceles para consumidores y electores en ese país. Pero aun si eso sucediera, será insuficiente y efímero, porque la estrategia es equivocada y no ataja el problema de fondo.

El presidente Donald Trump lo ha dejado muy claro con gritos, ataques, mentiras, amenazas y actos despóticos en una serie de tuits que escribió viernes, sábado, domingo y lunes, donde volvió a hablar de que México está gobernado por los jefes de los cárteles de las drogas y los coyotes, que “invaden” a Estados Unidos con sus productos y con inmigrantes y criminales. El elefante en la sala es la seguridad, señalado por Trump desde hace al menos dos años, y centrado por su primer secretario de Seguridad Territorial y luego jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, quien hablaba de la seguridad integral regional entre Estados Unidos, México y Centroamérica. Trump se siente agraviado porque ve retrocesos.

Esto no lo ha asimilado por López Obrador, ni se ha percatado de los errores políticos en los que ha incurrido. Uno fundamental es el repudio a la Iniciativa Mérida. El Presidente dijo a principios de mayo que no continuaría con ella y que cambiaría la ayuda policial y militar por cooperación económica. Por ignorancia, desconocimiento o tozudez, ignoró el origen de la iniciativa y la forma como se inyectaron recursos para construir Plataforma México, una potente base de inteligencia criminal –desmantelada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, los equipos tácticos para enfrentar al crimen organizado, la capacitación de policías, creación de unidades para compartir inteligencia de calidad, y mejoras en el sistema de procuración de justicia.

Nadie en el equipo del Presidente, parece, ha sido capaz de analizar lo que el repudio de la Iniciativa Mérida significa, y persuadirlo que lo que quiere con ella no sólo es un rasgo que va más allá de la ingenuidad, sino revela su incomprensión a las prioridades de Estados Unidos. No son las mismas que las mexicanas, pero entendiéndolas podría reformular de manera más inteligente las prioridades de su Gobierno. Por ejemplo, la insistencia ingenua que Estados Unidos aporte recursos directos para atacar las causas de la violencia en Centroamérica.

El desarrollo centroamericano es secundario para Washington, como acaba de demostrar al apoyar a Guatemala únicamente en materia de seguridad. La política exterior no se sustenta en la buena fe, como cree López Obrador, ni es ética, ni se inspira en la religiosidad. Escribir un memorando al pueblo estadunidense para pedirles que cuiden la “buena y sagrada” relación con México es fútil. En cambio, anunciar que no combatirá al crimen organizado, ni perseguirá a los jefes de los cárteles, o darles amnistía a los narcotraficantes, porque son víctimas del neoliberalismo, son ofertas que han alarmado a Washington, de donde están viajando regularmente funcionarios, militares y miembros de las agencias de inteligencia a México, para medir la profundidad de esa oferta procriminal de López Obrador. Un eje del discurso de Trump tiene origen en estas temerarias declaraciones del Presidente mexicano.

López Obrador piensa que el problema del narcotráfico es el consumo –cierto–, y que al estar en Estados Unidos el mayor mercado de consumidores, el problema es de Trump, no de él. Sin embargo, las cosas no funcionan tan básicamente. Si Norteamérica tiene las economías más integradas del mundo, el problema de uno también es del vecino. Por lo tanto, México no puede abstraerse del fenómeno del narcotráfico y las externalidades que produce, como lo está haciendo López Obrador.

Lo que necesita es que Estados Unidos se haga corresponsable en estos temas, que cancela cuando repudia la Iniciativa Mérida, donde vuelve el problema solo mexicano, como exhiben los tuits de Trump; si no existe ese mecanismo, tampoco hay una contraparte permanentemente sentada en la mesa, como había sido por años. Se ha perdido la paridad, como muestran los desaires del secretario de Estado, Mike Pompeo, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, o la lejanía del yerno y responsable de la política con México en la Casa Blanca, Jared Kushner.

No ayuda el las deficiencias del diseño institucional del actual Gobierno. El subsecretario para América del Norte en Relaciones Exteriores, Jesús Seade, solo atiende el tema del acuerdo comercial. No ve seguridad, ni migración, ni otro de las decenas de temas que involucran la relación con Estados Unidos y Canadá. Más aún, no tiene contrapartes dentro del Gobierno mexicano, como anteriores subsecretarios tenían con otras áreas de la Administración. En síntesis, nadie atiende los temas a nivel técnico y operativo.

López Obrador requiere de mayor sofisticación para entender a Trump y a Estados Unidos. A su favor es que no tiene que ser él quien comprenda el discurso y las acciones en Washington, siempre y cuando haya en su equipo quien lea bien los tuits, entienda sus significados, haga sinapsis y traduzca correctamente las cosas al Presidente. Por lo que se ve hasta ahora, no existe tal traductor, o quien lo pueda hacer, no está en el entorno del Presidente. Así no va a solucionar las cosas con Trump y mucho menos persuadirlo. Predicarle al Presidente de Estados Unidos, como hoy lo hace López Obrador, es tan equivocado como pensar que puede caminar sobre el mar.
04 Junio 2019 04:01:00
La dificultad de lidiar con Trump
Por más esfuerzos que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de quedar bien con el presidente Donald Trump, simplemente no puede. Por más miel que trata de rociar para mejorar su relación con él, la respuesta siempre es hostil y agresiva. En los últimos días, el poderoso jefe de la Casa Blanca decidió romper acuerdos no escritos con el Gobierno de México. En junio de 2016 escogió a México como su principal enemigo al anunciar su candidatura presidencial, y la semana pasada se olvidó de China, Corea del Norte e Irán, para montar en México la plataforma de despegue de su reelección presidencial, que anunciará dentro de dos semanas.

Trump juega con habilidad la realidad alterna y la siembra de imágenes en el electorado estadunidense para crear el nuevo momentum. Primero habló de elevación de aranceles en represalia por no haber hecho lo suficiente para frenar la migración indocumentada a Estados Unidos a través del territorio mexicano, y luego mencionó que van 25 años de mucho hablar de los mexicanos y nada de acción. Ese año marca el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que explica el porqué en uno de sus últimos tuits, afirma que si no hace México lo que quiere, empresas y trabajos regresarán a Estados Unidos. Migración y comercio vinculados fuertemente, con el “America first”, su lema de campaña y eje de su política, injertados una vez más en el imaginario colectivo estadunidense.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha terminado de entender a Trump para responderle o ignorarlo, pese a que son iguales al manejar ambos con regularidad y desparpajo la realidad alterna para construir consensos de gobierno. Sus respuestas han sido contradictorias y sin estrategia, pese a que tendría argumentos para explicar que lo dicho por el estadunidense es mentira, y que los compromisos entre los dos países, no se han incumplido, como lo asegura. Las cosas realmente no han cambiado desde que llegaron a un acuerdo el 17 de marzo, como publicó esta columna, cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tuvo una reunión de emergencia con la entonces secretaria de Seguridad Territorial, Kirjsten Nielsen –solicitada por esta–, en el aeropuerto de Miami.

Las diferencias habían comenzado casi desde que inició el gobierno de López Obrador, cuando se integró un grupo de trabajo para revisar el tema migratorio, encabezado por el coordinador de asesores de Sánchez Cordero, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Estrategia, Política y Planeación del Departamento de Seguridad Territorial, James McCament. La primera reunión se llevó a cabo el 19 de enero, donde McCament planteó que México debía recibir a todos los indocumentados deportados en las garitas, porque la política migratoria de puertas abiertas y visas puesta en práctica por la nueva administración, había generado un incremento significativo en la migración centroamericana.

México rechazó la propuesta, y llegaron al acuerdo que recibiría diariamente un máximo de 20 deportados con visas mexicanas, pero únicamente en Tijuana. La solución no fue bien recibida en Washington, y se buscó un encuentro de Sánchez Cordero con Nielsen, que se dio el 28 de febrero. Nielsen le dijo que la migración se encontraba descontrolada y que para marzo estimaban tener más de 100 mil deportaciones. Si no hacían nada, advirtió, Trump cerraría la frontera. Los dos gobiernos reconocen lo atípico de la migración, al haberse registrado en el primer trimestre 300 mil detenciones en territorio estadounidense, que fue casi 100% superior a las capturas en todo 2017. Las secretarias acordaron que México ampliaría la recepción de migrantes: 20 diarios serían recibidos además, en Mexicali y Ciudad Juárez. Sánchez Cordero ofreció que si se cumplía la cuota establecida, se irían incrementando de 10 en 10, hasta alcanzar un total de 9 mil deportados con visas humanitarias mexicanas por mes.

López Obrador aceptó los términos del acuerdo, que incluía que se incrementaran las deportaciones en la frontera sur mexicana, y parecía que Trump también lo haría. Nueve mil personas por mes, o 108 mil por año, era una cifra sin precedente que otorgaba el Gobierno mexicano, incorporadas a la Ley 235, como se maneja técnica y legalmente lo que coloquialmente se conoce como “tercer país seguro”. El arranque en México con deportaciones, fue impresionante, 13 mil en las tres primeras semanas, en mayo fueron 15 mil 654. En total, durante el primer cuatrimestre se triplicó el número de deportaciones con respecto a 2018. En Estados Unidos, Trump no aguantó más la frustración y despidió a Nielsen. Hasta ahora, no han cumplido los estadunidenses con la cuota aceptada en Miami.

Paralelamente, el presidente López Obrador mantuvo la promesa hecha a Jared Kushner, yerno de Trump y el responsable de la relación con México, durante la cena que tuvieron en la Ciudad de México, de que contendrían la migración centroamericana. Si los acuerdos fueron cumplidos, entonces ¿qué es lo que sucedió con Trump? Funcionarios mexicanos insisten en colocar el diferendo en el marco políticoelectoral, pero quizás no están leyendo correctamente ni a Trump, ni al Gobierno de Estados Unidos. López Obrador respondió al amago comercial con una respuesta política-política, pero todos han soslayado analizar porqué el Presidente Estadunidense se volvió a referir el sábado al tema del narcotráfico y los cárteles de la droga. Ahí está la clave.

Para Trump, el problema de la migración es un tema de seguridad, y los aranceles son una presión comercial para alcanzar un entendimiento en la materia. ¿Qué es lo que no están entendiendo el Presidente mexicano y sus asesores? El fondo del enojo, que se abordará en la próxima columna.
03 Junio 2019 04:01:00
Ante Trump, ¿de rodillas?
En 72 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio muestras de un manejo de crisis totalmente inapropiado ante la amenaza del presidente Donald Trump de imponer 5% de aranceles, que irían escalando en represalia por las insuficientes acciones para frenar a la migración centroamericana. El Presidente fue de una posición enérgica a una serie de equivocaciones tácticas, falta de estrategia, situaciones embarazosas para su secretario de Relaciones Exteriores, y afirmaciones donde mostró un giro de su actitud soberana, para caminar hacia la capitulación. Después de esos tres días erráticos y confusión política, el Presidente continuó enredándose en declaraciones y Trump escalando el costo político para el Gobierno mexicano. El resultado de las pláticas esta semana en Washington no pinta bien para el gobierno lopezobradorista.

La amenaza de Trump llegó prácticamente de la nada, pero en medio de la guerra fría comercial con China, que se había venido escalando ante la imposibilidad de que ninguna de las dos superpotencias pudiera ceder, y sobre todo, en el contexto de la renuncia del fiscal Robert Muller, quien al despedirse como la cabeza de la investigación sobre la intervención rusa en las elecciones presidenciales de 2016, dijo que no exoneraba al Presidente de un crimen, lo que reavivó la discusión sobre un eventual juicio político para destituirlo. Trump, que ha resultado muy hábil en el manejo de la comunicación a través de un recurso de la política exterior donde fuerza la interacción con un tercero y lo lleva al punto de la confrontación para obtener una negociación ventajosa (brinkmanship, se le conoce en inglés), anunció la elevación de aranceles contra México.

La amenaza tuvo el efecto esperado. Ese día, los noticieros de televisión nacionales y las cadenas de cable en Estados Unidos, la colocaron como su principal información. Al día siguiente, los tres periódicos más importantes de ese país encabezaron sus titulares con ella. Los mercados mundiales sufrieron las turbulencias y el peso se fue hasta casi 20 unidades por dólar. El brinkmanship se caracteriza porque al tomar decisiones de alto riesgo, puede concluir en desastre. Trump fue cuestionado en Estados Unidos porque la elevación de aranceles perjudicaría más a ese país que a México, transfiriendo los costos a los consumidores, pero no le importó. En México, López Obrador jugó el jueves en el mismo terreno, aunque después reculó.

En su primera respuesta enérgica y clara ante las amenazas de Trump, fue tan arriesgado como el Twitter del jefe de la Casa Blanca. En una carta que hizo pública antes de que se entregara al Gobierno de Estados Unidos, dijo que su llamado a acción de “America First” (“Estados Unidos Primero”), era una falacia, con lo cual golpeaba al eje de la política e ideología del estadunidense, y planteaba el diferendo comercial como una situación de guerra. Si Trump elevó el tono, López Obrador lo subía aún más. En cuestión de horas, por lo que sucedió después, se puede argumentar que la carta, escrita por el propio Presidente según sus colaboradores, fue un arrebato sin pensar dos veces lo que escribía, al mostrarse en las acciones una clara ausencia de estrategia y falta de análisis sobre las consecuencias.

El primer dato que refuerza esta proposición es que despachó al secretario Marcelo Ebrard a Washington para que fuera “atendido” por representantes del Gobierno de Estados Unidos. Ebrard obedeció la instrucción, lo que es correcto, pero no le dijo al Presidente, aparentemente porque tampoco sabía, algo muy importante: su contraparte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, no estaba en Washington. La ausencia de Pompeo no era un secreto. El miércoles 29 de mayo el Departamento de Estado dio a conocer la agenda de viajes del secretario, donde se anunció que visitaría Alemania, Suiza y Holanda del jueves de la semana pasada al próximo miércoles. López Obrador y Ebrard mostraron estar desinformados, o el Presidente quiso actuar con tal rapidez, que ni siquiera esperó un memorando de la embajadora en Washington, Martha Bárcena, para tomar una decisión informada.

No se sabe si Trump leyó la carta o no, o si Pompeo lo hizo. Pero el viernes, Trump insistió que México “haga finalmente lo que debe” en materia de migración. Ebrard llegó a Washington pero nadie le abrió la puerta hasta el miércoles. La justificación fue que prepararía la estrategia de la conversación con Pompeo, que pomposamente llamó “cumbre”. Para el sábado, la firme posición de López Obrador se había desdibujado con la cadena de errores en la comedia en que se convirtió su política exterior. Pero el Presidente, como suele hacerlo todos los días, nos volvió a sorprender.

En una conferencia de prensa en Veracruz, a una pregunta del corresponsal de Proceso sobre qué propuesta llevaba Ebrard, respondió: “Lo primero, lo más importante es informar sobre lo que ya estamos haciendo en materia migratoria, y si se quiere reforzar estas medidas sin violar derechos humanos, estaríamos dispuestos a llegar a ese acuerdo”. Esto es exactamente lo que está pidiendo Trump. Que hagan más de lo que ya han hecho. López Obrador dijo que no va a entrar en una guerra comercial y tampoco se vio muy dispuesto a recurrir a los paneles internacionales de resolución de disputas. O sea, ni responderá elevando aranceles, ni acudirá a los tribunales internacionales. Así lo hicieron los gobiernos mexicanos que desprecia. Así lo hacen todos los países en el mundo. Él, no.

Al final, regresamos a lo mismo. Que no se enoje más Trump –este domingo respondió: “queremos acción, no hablar”–, y López Obrador le dará lo que pide. ¿La carta del jueves? claro, para consumo doméstico.
31 Mayo 2019 04:01:00
¿El Pemexgate de Lozoya?
Por nota. Así ha jugado Emilio Lozoya de la mano de su defensor Javier Coello Trejo un largo proceso judicial, litigado en medios, sobre presuntos actos de corrupción. No sorprendió que antes que la Fiscalía General pudiera detenerlo, se amparara y se suspendiera, por ahora, cualquier posibilidad de captura. Para Coello Trejo debió haber sido como un juego de niños. Si Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, anunció que sus cuentas serían congeladas, junto con las de familiares, empresas y el dueño de una empresa a la cual compró una planta fertilizadora cuando era director de Pemex, ¿no es como si el Gobierno se pusiera una etiqueta en la frente que dijera: “voy por ti; te vas a ir a la cárcel?”.

Lozoya ha recibido consejo legal de mantener un bajo perfil. Tapadito, le ha sugerido su defensa, lo que no significa pasivo ni paralizado. Desde que comenzaron sus tribulaciones legales hace más de dos años, ha ido cubriendo sus espaldas con amagos a quienes fueron sus jefes y con quienes trabajó en la campaña presidencial de 2012.

Su abogado Javier Coello Trejo dice que si va a juicio, quizás pediría la comparecencia del expresidente Enrique Peña Nieto, y de los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, para que expliquen su papel en las decisiones de Pemex, porque como afirma la defensa, nada importante se movía en la empresa sin autorización presidencial, y los exsecretarios eran miembros del Consejo de Administración.

El exdirector de Pemex ha sido el primero del entorno cercano peñista en ser llamado a cuentas por el Gobierno del presidente Andrés López Obrador. También es el único hasta este momento, al que la Fiscalía brasileña acusa de haber tomado cuando menos 10 millones de dólares de sobornos de Odebrecht, para la campaña presidencial de Peña Nieto. Lozoya lo ha negado y lo más que han llegado las autoridades en la Función Pública es sancionar a la empresa, inhabilitarla para obtener contratos, y proceder contra funcionarios menores.

Los dos casos corren de manera independiente, pero los une Lozoya. La nueva acusación de corrupción contra él, está indirectamente relacionada con Odebrecht, porque el presunto pago que recibió en 2012, aparentemente conectado a una compra de una plata de fertilizantes que no funcionaba, a sobreprecio y tres años después, se trianguló a través de una institución financiera que fue utilizada para transferencias ilegales del conglomerado brasileño. Ese pequeño vínculo puede convertirse en el tribunal en una inmensa puerta a lo desconocido.

Si Peña Nieto, Videgaray y Joaquín Coldwell, rinden testimonio para aclarar cómo se tomaban las decisiones estratégicas en Pemex, ese vínculo con Odebrecht permitirá entrar un tema donde es incierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiera avanzar. Si les preguntan sobre privilegios de Odebrecht a cambio de dinero para la campaña, ¿llegará hasta el fondo el Gobierno si hacerlo signifique que Lozoya hable todo lo que sabe?

Quien escucha hoy al abogado Coello Trejo o conversó con Lozoya sobre estos temas, tuvo que haberse quedado con la impresión que el exdirector de Pemex guarda en su baúl muchos secretos que pueden llevar a que funcionarios del anterior Gobierno, empresas y quizás hasta personeros de la Cuarta Transformación, puedan ser colocados en una situación incómoda, por decir lo menos, o devastadora, no sólo para ellos, sino para un ecosistema político tan cruzado por la sospecha y la ilegalidad.

La acusación de los exejecutivos de Odebrecht contra Lozoya es muy sólida, y el exdirector de Pemex, responsable de relaciones internacionales de la campaña peñista cuando presuntamente recibió los pagos de los brasileños, sostiene en la actualidad que él no se quedó con nada del dinero al que se refieren en la fiscalía suramericana. Los nombres que mencionó el abogado Coello Trejo tienen vinculaciones con el caso de la planta fertilizadora y Odebrecht. Peña era candidato, Videgaray era el coordinador de la campaña, y Joaquín Coldwell era presidente del PRI. Los tres estaban en el cuarto de guerra de la campaña y tenían los detalles de cómo se inyectaban y distribuían los recursos durante la contienda, mayoritariamente, como acostumbran todos los partidos, en efectivo. 

En la campaña, la relación de Lozoya con Videgaray era estupenda, pero se deterioró en el Gobierno porque el exdirector de Pemex lo comenzó a ignorar y a relacionarse directamente con Peña Nieto, cuando aceptó usar recursos de la empresa para cubrir gastos de la familia presidencial. Dos veces le pidió Videgaray al presidente que lo cesara por su pésima gestión en Pemex, y la segunda vez Peña Nieto le respondió que no le volviera a tratar el asunto. ¿Qué tanto tiene Lozoya sobre el expresidente?

Una línea de investigación permitiría establecer si recursos presuntamente adquiridos por corrupción, fueron para él o, como era una intención al arrancar el anterior sexenio, para crear un fondo secreto para campañas electorales. Se trataría de dinero político, y una reedición, 20 años después, del famoso Pemexgate, donde otro director de Pemex, Rogelio Montemayor, se fue a la cárcel por desviar recursos para la campaña presidencial del PRI en 2000.

Mucho de esto debe haber, al nunca haber querido el gobierno de Peña Nieto llevar los responsables de la corrupción de Odebrecht, ante la justicia. Esto mostraría qué tanto está comprometido el presidente López Obrador, con limpiar la casa de corrupción, o si el pacto de impunidad pactado a través de canales secretos dos meses antes de la elección presidencial, se sostiene.
30 Mayo 2019 04:06:00
Lozoya, lo que viene
Cuando Emilio Lozoya Thalman presentó su declaración patrimonial al llegar al Gabinete del presidente Carlos Salinas como secretario de Energía, la sorpresa de quienes la revisaron fue lo rico que era. Su fortuna era superior a mil millones de pesos, producto de su actividad empresarial y de inversiones, con lo que tenía asegurado el futuro de su familia por generaciones. Ese antecedente, junto con una carrera en el servicio público intachable, era lo que durante todos estos años hicieron dudar a muchos sobre la integridad de su hijo, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, hoy en el peor momento de su vida, al tener que enfrentar a la justicia y responder las acusaciones de corrupción sobre él y su familia. ¿Qué necesidad tenía? Por herencia y por su esposa, su fortuna le hacía innecesaria una acción de esa naturaleza. Y sin embargo, las autoridades afirman tener evidencias de ilegalidades en su proceder.

La investigación que lo ha puesto frente a la justicia, es por la compra de una empresa de fertilizantes a Altos Hornos de México a un sobreprecio. De acuerdo con la investigación, 10 días antes de que Enrique Peña Nieto asumiera la presidencia, Alonso Ancira, dueño de esa empresa, hizo un depósito por 2.9 millones de dólares a una cuenta en Europa de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, quien a su vez transfirió esa misma cantidad a una cuenta de su hermano en México quien, entonces, compró una casa en Las Lomas de Chapultepec –que fue cateada el martes– por esa misma cantidad. Lo que dicen las autoridades es que ese monto exacto fue apareciendo y desapareciendo en ese recorrido hasta que terminó en la propiedad, por lo cual los propietarios originales están siendo investigados.

Las autoridades establecen la corrupción por la forma como se hizo la compra de la empresa de fertilizantes con un sobreprecio, que establece el presunto delito de cohecho, y como no se registró fiscalmente, se le añadió el presunto delito de evasión fiscal, producto de los movimientos financieros para ocultar el dinero, por lo que le sumaron el presunto delito de lavado de dinero. En cuanto a los manejos financieros, las autoridades van sobre Lozoya, su hermana y Ancira, sobre quienes presumen también triangulaciones similares posteriores a 2012. La investigación toca de manera directa a un cercano colaborador de Lozoya, Édgar Torres Garrido, a quien nombró director de Pemex Fertilizantes, y quien fue el responsable de operar toda la compra.

El caso de la presunta corrupción en la compra no está vinculado al de Odebrecht, aunque las autoridades dijeron que el pago de Ancira se hizo a una empresa filial del conglomerado brasileño, que a su vez hizo el depósito en una firma suiza donde son socios los hermanos Lozoya. Las investigaciones sobre la corrupción de los brasileños en México está prácticamente terminada, y será un pliego de consignación independiente del caso de la fertilizadora. Lozoya entonces, como se adelantó en la columna de ayer, apenas comienza su batalla judicial.

De acuerdo con la investigación donde lo vinculan con Ancira, su problema sería básicamente de corrupción. La relación entre los dos llegó a niveles donde el conflicto de interés fue evidente. Mario Maldonado, el muy bien informado columnista de negocios, recordó ayer en El Universal que en una difícil conversación que tuvo con Lozoya en marzo de 2017, le admitió haber incurrido en un conflicto de interés por haber volado 54 veces en el helicóptero de Pemex en 2015, a la torre donde se encuentra la oficina de Ancira y la sede de AHMSA. A Maldonado le sorprendió el reconocimiento de Lozoya, quien “no parecía preocuparse por sus dichos”, porque como le dijo en aquel momento, su “profunda amistad” con el presidente Enrique Peña Nieto.

Esa amistad, que lo protegió de la embestida del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que pedía su destitución por su mala gestión en Pemex, o su aislamiento dentro del Gabinete, lo debió haber nublado. Tampoco se cuidó de un conflicto de interés cuando le compró a Gabriel Karam, socio del Grupo Hidrosina, que tiene una de las cadenas de gasolineras más grandes del país, un departamento en la lujosa calle Rubén Darío en Polanco por 28 millones de pesos, donde viven sus padres y que fue una de las propiedades que cateó la Policía Ministerial el martes pasado.

Los casos de AHMSA y Odebrecht podrían no ser los únicos en el expediente ampliado de Lozoya que lleguen a ventilarse. Desde finales del Gobierno de Peña Nieto se investigaba a su excoordinador ejecutivo, Froylán Gracia, ante las denuncias de que cobraba sumas millonarias por citas con su jefe, como reveló esta columna en octubre de 2015. Otro de sus cercanos, Arturo Henríquez Autrey, a quien hizo director de Procura y Abastecimiento, y que también estuvo en la compra de la fertilizadora, pedía regularmente a empresarios 4 millones de pesos que, decía, eran para Lozoya. Siempre lo negó el exdirector de Pemex, quien decía que las acusaciones era porque se habían lastimado muchos intereses.

En un reporte a sus socios, la consultora Eurasia consideró que acusar a Lozoya era relativamente fácil por el cúmulo de información pública sobre él, pero observó que las investigaciones “están motivadas mayoritariamente por consideraciones políticas y es improbable que se amplíen, porque López Obrador probablemente no quiere crear una crisis lanzando investigaciones más grandes”. Es una conjetura quizás aventurada, que supone el interés político del Presidente por no voltear al pasado y destapar la Caja de Pandora. Sin embargo, inició un proceso difícil de detener. El pueblo quiere sangre y Lozoya parece estar decidido a dársela, si con ello sobrevive.
29 Mayo 2019 04:01:00
Lozoya, el principio
Tiempo atrás, cuando Emilio Lozoya era el hombre todopoderoso en Pemex, descalificaba a quien criticaba la compra a Altos Hornos de México de una planta de fertilizantes. “Fue un gran negocio”, afirmaba Lozoya como defensa de una operación que siempre se dijo había sido una compra de chatarra. La realidad demostró algo muy diferente a sus dichos. Las autoridades federales cuadraron un esquema de presunta corrupción de Lozoya Lozoya y Carlos Ancira, propietario de AHMSA, triangulado a través de cuentas bancarias en Europa.

Los dos tienen órdenes de aprehensión para que enfrenten a la justicia mexicana, pero no serán los únicos en caer dentro de la investigación en curso. En el camino viene otra más, en contra de la hermana de Lozoya, directamente involucrada en la triangulación.

Este es el principio de un largo camino que tiene por delante Lozoya frente a la justicia mexicana, sin ninguna red de protección. Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pese a su estrepitosa caída del poder, mantuvo un silencio cómplice pero amenazante. Si actuaban penalmente en su contra, dejaba entrever, hablaría. ¿Qué tanto podría guardarse el exdirector de Pemex? Por ejemplo, cómo la exprimera dama Angélica Rivera había sido la principal beneficiaria de los aviones ejecutivos que había adquirido Pemex con dinero de la Secretaría de la Defensa, que utilizaba para fines personales. O, como hay otra investigación en curso, qué tanto dinero de Odebrecht efectivamente, como asegura la Fiscalía brasileña, terminó en la campaña presidencial de Peña Nieto.

Lozoya inició desde el principio de su administración en Pemex la compra de empresas fertilizantes, por las que pagó 3 mil 575 millones de pesos por Agro Nitrogenados a AHMSA, que tenía el 53% de las acciones, propiedad de Ancira y de Fabio Covarrubias, de Fertinal. Dos años después, de acuerdo con una investigación de Eje Central publicada el año pasado, el Consejo de Administración de Pemex aprobó la adquisición del Grupo Fertinal y sus subsidiarias, con una inversión de 635 millones de dólares. Más adelante, Lozoya pidió que le autorizaran otros 425 millones de dólares para liquidar adeudos, dejando endrogado a Pemex durante 16 años por una planta que nunca sirvió.

La operación fue gestionada por Édgar Torres Garrido, su compañero en el ITAM en la carrera de Economía y en la maestría en Desarrollo Internacional en Harvard, a quien nombró en 2015 director de Pemex Fertilizantes. Torres Garrido fue el primero en caer ante la justicia, y la semana pasada los inhabilitaron para ejercer cargos públicos. Pero la investigación que llevó a girar las órdenes de aprehensión encontró detalles de cómo se dio esa compra.

De acuerdo con parte de la investigación, Lozoya pidió un avalúo sobre la planta de Agronitrogenados, que estaba sin operar realmente, y le dijeron que costaba 30 millones de dólares. Entonces, dice la investigación, pidió un avalúo de la planta “en marcha”, como si estuviera funcionando a toda su capacidad, de donde salió el valor de 203 millones de pesos, más la deuda que tenía con bancos, dio la suma de los 635 millones de dólares. Todo esto pasó por el Consejo de Administración, que aprobó la operación. Las autoridades tienen las minutas de esas reuniones, pero no han trascendido los detalles de las mismas. Lo que sí se sabe es que Lozoya regresó al Consejo para pedirles los recursos para pagar los adeudos, y se los autorizó.

Se desconoce si hubo irregularidades dentro del Consejo de Administración, y cómo presentó Lozoya la compra. Las autoridades federales encontraron sus razones, y presumen arreglos ilícitos entre el exdirector de Pemex y Ancira, previamente a que iniciara el gobierno de Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012. Las autoridades han encontrado triangulaciones financieras en donde aparecen de manera importante la hermana de Lozoya, así también se están investigando tres empresas, una de ellas con cuartel general en Alemania, de donde es originaria la esposa del exdirector de Pemex.

Por el momento sólo existen órdenes de aprehensión en contra de Lozoya y Ancira, obsequiadas desde el domingo pasado y que trascendieron ayer. De cualquier forma, las autoridades seguían la pista a los dos desde que la semana pasada la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda les congeló sus cuentas a ellos, a la hermana de Lozoya y las de las empresas. La Fiscalía General comenzó a vigilar a Ancira, a quien vieron tomar un avión rumbo a Madrid, por lo que pidió la ayuda de Interpol. De esta forma, la Policía española lo detuvo en Mallorca, en las Islas Baleares. Lozoya, según las autoridades, sigue en México.

Este no es el fin del camino para Lozoya, sino el principio. El tema de Agro Nitrogenados era, a decir de las autoridades, el más sencillo de completar. El siguiente, que está en la fase final de la conclusión, por lo que es posible que se gire otra orden de aprehensión es por Odebrecht, por presuntamente beneficiarlo en sus negocios a cambio de millones de dólares, como afirma la Fiscalía brasileña. Hay otras investigaciones que se están armando sobre sus principales colaboradores en Pemex, buscando pruebas que demuestren en un tribunal que cobraban 5 millones de pesos a empresarios para que trabajaran sin contratiempos.

Lozoya siempre ha dicho ser inocente, y por su pasado pudiente y su presente opulento, siempre existió la duda de por qué participaría en esquemas de corrupción cuando dinero no necesitaba. Pero eso es retórico. Las autoridades federales dicen tener bien documentado el caso, que será largo y difícil, antes de que logren llevar a Lozoya de manera permanente a la cárcel.
28 Mayo 2019 04:01:00
¿Quién gobierna, Presidente?
El fin de semana sucedieron eventos en Michoacán de suma gravedad. En La Huacana sometieron a una docena de soldados y los vejaron, para exigir que les devolvieran armas incautadas. En Zamora, decenas de camionetas que llevaban en sus costados las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación, asolaron la ciudad y mataron policías, en un desfile de poder y desafío al Estado mexicano. Lo hicieron porque quisieron y porque pudieron. Si usted se pregunta en dónde estaba el presidente, que tendría que haber actuado, la respuesta es: gritando que todos los males son culpa de la corrupción, dando clases extraordinariamente fallidas de historia, y comiendo barbacoa.

Esto es inadmisible. Su indiferencia revela irresponsabilidad. Las Fuerzas Armadas son la última frontera de la seguridad nacional, y no se puede permitir que sean humilladas de la forma como lo fueron en La Huacana. Su sometimiento es una subordinación del Estado mexicano ante criminales, y la claudicación de su papel garante de la seguridad de todos. El abandono del Gobierno del Ejército y el acotamiento que se hace a su labor debilita a esa institución, al país, y deja a la intemperie a una sociedad que está padeciendo los niveles de inseguridad y violencia más altos desde que se tiene registro. El vacío gubernamental lo llenan los cárteles de las drogas y las pandillas.

Zamora es el ejemplo. En la madrugada del domingo, alrededor de 30 camionetas presumiblemente del CJNG, entraron en esa importante ciudad para sembrar terror y atacar objetivos precisos de funcionarios del Ayuntamiento y el hospital regional. Dispararon contra policías municipales e incendiaron vehículos, durante el tiempo en que fueron los dueños de todo. Zamora tiene 400 policías municipales, divididos en tres turnos, por lo que a la llegada del convoy probablemente estaban trabajando máximo unos 133 elementos. Si resultaron cuatro policías muertos y siete lesionados, significa, de acuerdo con este cálculo empírico, que casi el 10% de la fuerza policial municipal fue víctima de los criminales, que debieron haber sumado cuando menos unos 200 atacantes.

No necesariamente los agresores pertenecen al mismo grupo. En Zamora sí opera el CJNG, legado del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, que hasta 2008 eran los responsables del tráfico de metanfetaminas en toda esa región del cártel del Pacífico. La Huacana se encuentra en Tierra Caliente, en la zona de Apatzingán, donde pelean por el control de esa zona el CJNG, Los Caballeros Templarios y la banda de Los Viagras, un grupo de ocho hermanos que fueron sus aliados y ahora luchan por el control del tráfico de drogas sintéticas. La captura de los militares de la Quinta Compañía de Infantería No Encuadrada, fue para exigirles que les devolvieran las armas que habían incautado durante un operativo, entre ellas una Barrett, que es una arma reglamentaria de las fuerzas especiales de varios ejércitos del mundo.

Era casi pedirles que les regresaran sus arma para que los mataran. La descripción no está alejada de la realidad. El presidente López Obrador ha hecho diversas propuestas, dentro de su idea de estrategia de seguridad pública, como atacar las causas socioeconómicas –solución de largo plazo-, porque no hay mexicanos malos sino que en realidad son buenos y necesitan ser encauzados –principio moral equívoco–, con el planteamiento de fondo de dar abrazos en lugar de tirar balazos –utopía política–. Su plan de mediano y largo plazo es que no combatirá a los cárteles de las drogas ni a las bandas –salvo que se le crucen, como sucedió en La Huacana–, y en su plan nacional piensa concederles amnistía para que se reintegren a la sociedad, como parte de la reconciliación.

Todos los días, en una buena parte del país, los cárteles y las bandas criminales, se ríen de él en la práctica. Mientras no los toca ni en el discurso, avanzan territorialmente y arrebatan espacios a las instituciones. La falta de reflejos del Presidente en el tema de la seguridad, o su silencio porque no tiene respuestas concretas que dar, crean estos vacíos en donde los grupos criminales se mueven sin alteración ni preocupación de que el Gobierno federal salga a enfrentarlos. Los adversarios de los criminales son los criminales, no las fuerzas federales que, por omisión y comisión, se han vuelto involuntarios cómplices de la violencia.

Este lunes fue el mejor ejemplo de esta proposición. Durante la conferencia de prensa matinal en Palacio Nacional, le preguntaron que si ante los eventos en Michoacán adelantaría la llegada de la Guardia Nacional a ese estado. López Obrador divagó. Sin tener conexión absoluta con el tema en referencia, reiteró lo que ha estado diciendo en los últimos días sobre el abasto de las medicinas y lo que estaba haciendo su Gobierno. Al final, ambiguamente, dijo que se estaba trabajando en ello. ¿En qué? Quién sabe qué pasaba en ese momento por la cabeza del Presidente.

Así, ni se puede, ni se debe. La tolerancia presidencial para que cualquier grupo pueda enfrentar y humillar a las Fuerzas Armadas debilita al Ejército y lo debilita a él como jefe del Ejecutivo y comandante en jefe castrense. ¿Con qué autoridad puede hablarle a los militares cuando permite que los humillen? López Obrador ha entregado la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, pero este tipo de laxitud e indiferencia política muestran que en el fondo, no hay el respaldo que afirma tener para con ellas. El doble discurso presidencial beneficia a criminales, no respalda a las Fuerzas Armadas. El vacío que deja con ello hace dudar de quién realmente manda en el país, si el Presidente constitucional o los cárteles de la droga.
27 Mayo 2019 04:00:00
Los desgastes del Presidente
Renunciar al cargo de secretario de Estado como sacrificio por haber incurrido en un acto de influyentismo, no es algo normal. No quiere decir que el abuso del poder deba ser tolerado en cualquier grado, sino por lo inédito de la radical consecuencia de su acto vis-a-vis los precedentes que establece. Que no se entienda mal. Si Josefa González Blanco Ortiz Mena, en un acto de contrición presentó su renuncia al ser descubierta y el presidente Andrés Manuel López Obrador la aceptó, ¿cuál es el siguiente paso? Si el presidente Andrés Manuel López Obrador, que realiza todos sus viajes aéreos en líneas comerciales, se retrasa y el avión lo espera, ¿también renunciará?

La respuesta política a esta proposición es que López Obrador preferirá perder el vuelo que retrasarlo. Pero, la línea aérea, ¿lo dejará en tierra? De sí, las líneas aéreas están incurriendo en una ilegalidad al permitir que se siente en la fila de salida de emergencia, que por su edad, se le debería de impedir. Las empresas tienen problemas logísticos con la decisión del Presidente, que regularmente reciben la petición de hacerle espacio a él y a su equipo de seguridad, con poco tiempo de aviso, por lo que si el avión va lleno, algunos pasajeros resultan perjudicados. ¿Eso no es abuso de poder? Cierto, no es lo mismo el Presidente que una secretaria, pero ¿no en el fondo es lo mismo? Si se llega a dar una situación similar, pensar que el Presidente renunciaría es una tontería, pero las críticas y demandas de sus adversarios y malquerientes caerían sobre él.

Este es el caso hipotético que plantea la renuncia de González Blanco Ortiz Mena a la Secretaría del Medio Ambiente. El castigo, si el Presidente lo considerara así, podría haber sido su destitución sin detallar esa razón, que habría sido implícita, pero no habría puesto una trampa en la que puede caer el Presidente en el futuro. La exsecretaria, desde un principio cuestionada por los ambientalistas, llevaba semanas frustrada por la indiferencia a su trabajo por parte de López Obrador, y el nulo respaldo presupuestal. La renuncia estaba en su cabeza, como también su cese estaba en la cabeza del Presidente, quien ha estado revisando ajustes en su Gabinete. Su salida, como la de varios miembros del equipo de Gobierno, era un asunto de tiempo, ante lo que se prevé como el primer gran cambio de Gabinete, a escasos seis meses de haber iniciado la Administración.

Un reacomodo de esa naturaleza junto con renuncias no programadas, como Germán Martínez en el ISSSTE, parecería que el Gobierno está haciendo agua, lo que no sería una interpretación adecuada. La comparación mecánica con anteriores gobiernos no se aplica porque la velocidad e intensidad con la que inició López Obrador no tiene precedente, como tampoco la forma hiper personalizada del ejercicio del poder que obliga a su Gabinete a trabajar a marchas forzadas, muchas veces improvisando y otras más ajustando su funcionamiento y acciones, o ahogándose presupuestalmente para poder dotar de recursos a los programas prioritarios del Presidente, que son lo único que importa, con la única excepción de mantener los fundamentos macroeconómicos y fortalecer a Pemex para que no bajen su calificación de deuda. Esto lleva a un desgaste importante, que se está notando.

La primera encuesta semestral de aprobación presidencial, acaba de ser difundida por De las Heras Demotecnia, que realizó una encuesta telefónica a mil personas, en donde López Obrador tiene 70% de aprobación entre los mexicanos. Aunque es un porcentaje más que robusto, perdió 10 puntos porcentuales en tres meses, donde tenía 80% de aprobación. La desaprobación subió en el mismo periodo de 14% a 21%. El desgaste de López Obrador, sin bien importante, tampoco es insólito. De acuerdo con los expertos en opinión pública, las mediciones de acuerdo y desacuerdo de los presidentes mexicanos empiezan a mostrar una caída en la primavera, que es cuando se agota la expectativa del cambio que se da al iniciar una nueva administración. Los números de López Obrador, como dato adicional, son similares a los que tuvo Vicente Fox en el mismo periodo.

Los datos de De las Heras Demotecnia muestran también que el ejercicio de propaganda diaria que realiza López Obrador todas las mañanas desde Palacio Nacional le ha permitido seguir manteniendo muy altas las expectativas, pese al desgaste sufrido, y su voz ha sido tan fuerte que opaca los datos duros y las estadísticas. Por ejemplo, el 61% respondió que la seguridad pública está mejor que hace un año (lo que es falso). El 66% dice que la economía se encuentra mejor que como estaba en el primer semestre de 2018, aunque todos los indicadores indican lo contrario.

En capítulos específicos, el 47% dice que ha mejorado el empleo, y sólo 26% dice que ha empeorado, pese a que las tasas de desocupación reportadas por el Inegi registran un incremento. El 56% considera que ha mejorado el combate a la corrupción, aunque hasta este momento no hay resultados concretos en esa materia ni se han iniciado procesos en contra de funcionarios de anteriores gobiernos. Para el 47% la educación ha mejorado, aunque no hay bases para analizar si ha mejorado o empeorado, y el 64% considera que la libertad de expresión ha mejorado, que es un punto donde hay un creciente consenso interno e internacional de que es todo lo contrario.

La propaganda, a decir de los resultados de esta encuesta, le ha funcionado perfectamente, pero no bastará. Para que siga siendo eficiente, tiene que dar resultados. Esa primera prueba se está acercando.
24 Mayo 2019 04:00:00
La austeridad republicana
La mejor defensa es el ataque, como apunta el proverbio inspirado en las estrategias militares de Sun Tzu. Y eso hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa del jueves, cuando acusó a la prensa de pertenecer al hampa –y sugerir que la crítica es una acción delictiva–, por recoger la crisis del sector salud bajo el enfoque de la austeridad. El Presidente atacó al mensajero para defender su política de austeridad, en donde amarra los fundamentos de su narrativa moral. La austeridad la plantea como antítesis de la corrupción, aunque no es lo mismo. Se puede ser austero y corrupto, a la vez y al revés.

La austeridad promovida dogmáticamente por López Obrador ha dado resultados varios. Ha contribuido de manera muy positiva a elevar el costo del dispendio y los abusos, pero también, al seguir ideológicamente el Gobierno sus postulados, a paralizar áreas productivas y afectar la eficiencia gubernamental.

Su pensamiento binario es consistente con su díada austeridad y corrupción. Pero ya hubo quien argumentó sólidamente contra la moral que impulsa la austeridad, que atenta contra el crecimiento. No sólo desarrolló una línea de pensamiento crítica, sino detalló las consecuencias desfavorables de su imposición. Esa persona no era un neoliberal, como descalifica López Obrador a todo aquél que difiera de sus creencias, sino alguien en quien suele inspirarse, John Maynard Keynes, quien renunció a su papel como representante del Tesoro británico durante la Conferencia de Paz en París, por los términos que se estaban imponiendo sobre Alemania, finalmente concretados en el Tratado de Versalles, al término de la Primera Guerra Mundial. El recuerdo de Keynes fue abordado en el contexto de una conversación global sobre la austeridad impuesta como solución de desarrollo y crecimiento, por el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, que también está lejos de las categorías neoliberales de López Obrador, en un discurso en el Festival Charleston en Firle, en el Reino Unido, el 23 de mayo pasado, que la revista New Statesman publicó en una versión editada en su último número. Sen recordó que los pagos impuestos a Alemania fueron liquidados en 2010, 81 años después de firmado el Tratado de Versalles, y provocar el colapso de la República de Weimer, y el nacimiento y surgimiento de Adolfo Hitler y del nazismo.

Sen describió las consecuencias que generó la equivocada lectura de las tesis de Keynes en su libro Las Consecuencias Económicas de la Paz, que han llevado a la aplicación de políticas que él mismo criticó. En Grecia, acota Sen, “la gran retórica sobre la necesidad de imponer la austeridad para remover lo moral y económicamente impropio” en ese país, congeló el crecimiento y mantiene la crisis que se vive desde hace una década. “Aquellas consecuencias desfavorables que temía Keynes, venían de la severa y a su juicio irrazonable imposición de la austeridad, son relevanters hoy, con una geografía alterada del disciplinario moral, y el errante que debe ser disciplinado”, agregó Sen.

La crítica de Keynes al Tratado de Versalles hablaba de que “enfrentaban una Europa ineficiente, desempleada y desorganizada”, que estaba “desgarrada por el conflicto interno y el odio internacional, peleándose, hambrienta, depredadora y mentirosa”. Sen dice que esos problemas son visibles actualmente en Europa, y sugiere que países como Brasil, China, Corea, México y Singapur, podrían aprender de sus lecciones históricas. No se mete en la peculiaridad de los detalles de cada una de esas naciones, donde más allá del rumbo que están tomando, salvo México, todas cohabitan y desarrollan estrategias en el mundo global.

Un punto de inflexión fue la crisis global de 2008-2009, resultado del fracaso de las instituciones financieras privadas, que vigorizó la demanda de restablecer mecanismos regulatorios. Sen recordó que la pérdida de confianza en el sector privado fue detenida por la intervención del Estado, mediante estímulos a la economía pagados con deuda pública. Poco después regresaron las exigencias de disminuirla, con líderes políticos aterrorizando a sus pueblos que si no lo hacían, sus economías podría colapsar. La reunión del G-20 en 2009 revivió la idea de la austeridad como forma de revitalizar las economías. “Todos aquellos interesados en la historia –advierte Sen–, podrían ver fácilmente en ello un recordatorio de los días de la Gran Depresión de los 30, donde cortar el gasto público parecía una solución en lugar de un problema”.

Esta experiencia, subraya, es de donde Keynes hizo su principal contribución en LaTeoría Genera del Empleo, el Interés y el Dinero, que plantea que la demanda es importante como un determinante de la actividad económica, y que la expansión, en lugar de recortar el gasto público, hace un mejor trabajo para expandir el empleo y la actividad económica.

“La austeridad podría hacer poco”, afirma Sen, “ya que una reducción del gasto público agrega a la insuficiencia del ingreso privado y las demandas del mercado, llevando a poner más personas en el desempleo”. Todo esto, aclara Sen, requiere no sólo la teoría de Keynes, sino sentido común.

El caso mexicano es peculiar entre las economías emergentes. López Obrador no piensa global sino local. Ve la historia intrafronteras, nunca por fuera de ellas. Es neoliberal en finanzas públicas, pero sueña con programas sociales keynesianos. La austeridad la ve como imperativo moral, no como solución económica, lo que lleva a distorsiones en su aplicación.

Quiere crecimiento, pero toma decisiones que lo entorpecen. Quiere empleo, pero produce desempleo. El Presidente necesita quién le expliquen a Keynes o le traduzcan el ensayo de Sen. Ya tomará la decisión que quiera, pero que nunca diga que nadie se lo advirtió.
23 Mayo 2019 04:00:00
El orden del paraíso
La renuncia de Germán Martínez al Seguro Social reveló las entrañas de la Cuarta Transformación y más: 1) Si alguien se atraviesa en los proyectos personales y prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, se convierte en desechable. 2) Los verdugos de la Secretaría de Hacienda son intocables; el secretario, Carlos Urzúa, tiene clara la encomienda que los recursos que necesite el Presidente, tienen que salir de donde sea, a costa de lo que sea. 3) Ninguna disposición legal lo va a frenar; si un funcionario como Martínez considera que podría violarse la ley, se le expulsa, porque vendrá otro, como el soldado que ocupaba la Subsecretaría de Gobernación, Zoé Robledo, que lo sustituirá sin importar su desconocimiento técnico o financiero. Lealtad, es el factor clave para entrar en el alma de López Obrador.

Las secuelas de la renuncia de Martínez son el cianotipo del estilo de gobernar de López Obrador. La descalificación personal del exdirector del Seguro Social, la sugerencia de que obedeció a intereses aviesos, el aislamiento gubernamental. La maquinaria funciona. El modelo también. El poder vertical es un diseño que requiere obediencia, y con incondicionales dispuestos a hacer todo lo necesario, suicidarse incluso, para cumplir los programas, deseos y ocurrencias del Presidente. No es algo nuevo en López Obrador. El Presidente tiene clonado el modelo de operación del Palacio del Ayuntamiento, que trasladó a Palacio Nacional. Favor y gracia a los suyos. Y quienes abandonan el rebaño se vuelven desechables.

Una síntesis apretada del estilo es empezar a trabajar alrededor de las 5:45 de la mañana, presidir la junta con el gabinete de seguridad convertidas muchas veces en reuniones tumultuarias, donde acuden secretarios y secretarias por ser la única oportunidad que tienen para plantearle algo, desayuna, revisa temas electorales, toma su siesta de 45 minutos, y de manera mucho menos frecuente que antaño, se va a macanear un poco al estadio de beisbol de Ciudad Universitaria.

Como lo hacía antes, delega de manera selectiva los asuntos de Estado. En Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia y secretario de Gobernación de facto, recaen los temas políticos del Presidente, a excepción de los legislativos, que encarga a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado. Al gabinete de seguridad le da toda su confianza, aunque al secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, le carga cada vez más un mayor número de responsabilidades, algunas tan estrambóticas como prepararse a ocupar áreas en el SAT. Los temas electorales, su verdadera prioridad, los ve con Gabriel García Hernández, coordinador de los superdelegados. 

En un siguiente nivel, opera con los segundos de a bordo. En Gobernación, utilizaba más, hasta ayer, Robledo, por encima de la secretaria Olga Sánchez Cordero. En Educación, la persona de confianza es el subsecretario Luciano Concheiro, relegando al secretario Esteban Moctezuma. En Economía, la relación con los empresarios depende de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, no de la secretaria Graciela Márquez. La manera como establece sus líneas de mando lleva a un desconcierto general.

Antes de sus conferencias mañaneras, tiene reuniones multitudinarias con el gabinete legal, ampliado, subsecretarios, directores de empresas desconcentradas e invitados. En esas reuniones recibe los reportes de algunas de las áreas donde mostró interés en la víspera, y recibe información de su staff, aunque, como se quejan algunos funcionarios, es irrelevante el trabajo que hacen porque el Presidente difunde los números que él piensa que son los correctos, en lo que comúnmente se conoce como el momento de “yo tengo otros datos”.

El estilo híper centralizado de la toma de decisiones es, a la vez, un modelo que deja muchos vacíos y cabos sueltos que tratan de impedir y atar muchos de sus colaboradores de manera coyuntural y emergente. El propio Urzúa padeció las formas del presidente, cuando ante una pregunta de Bloomberg y Reuters en la mañanera, ofreció darles al día siguiente el plan financiero para Pemex, obligando a Hacienda a hacer un copy paste de documentos previamente trabajados, que provocó decepción y preocupación en los mercados internacionales. 

El Presidente, cuyo ejercicio de mando es inflexible, también aplica una rigidez en el proceso, que ocasiona por un lado, que sus colaboradores no lo apoyen en las tareas de gobierno, sino que estén a la deriva –porque son marginados–, en espera de qué instrucción les da en las mañaneras. También, por la forma como aplasta a sus colaboradores en las reuniones de madrugada en Palacio Nacional, ha optado por callar y no dar su opinión, porque si discrepa de la de él, serán cuestionados, maltratados y alejados del núcleo de poder. El silencio del equipo impide que le llegue información oportuna sobre lo que sucede en el para bellum de la Cuarta Transformación, donde para alcanzar su paz presupuestal, se preparan para la guerra contra Hacienda, los enemigos de todos.

Esto es lo que permite entender qué sucedió con Martínez, quien cayó derrotado. Buscó el respaldo del Presidente para reducir los recortes draconianos en su presupuesto, pero sólo encontró su espalda. Es lo que pasa con otros miembros del gabinete a quienes López Obrador ignora.

Hay cansancio en el equipo de gobierno, pero también miedo. Martínez rompió con el Presidente, aunque no lo hizo objeto de sus críticas, porque estaba harto de lo que sucedía. Su realidad es la de muchos. La pregunta es cuánto más tardarán en separarse del Gobierno o lucharán internamente para sobrevivir; es decir, tendrán que matar para no fracasar. En ambos casos, lo que ha provocado López Obrador con su estilo, no es nada promisorio. La carta de renuncia anticipa nubarrones.
22 Mayo 2019 04:00:00
Una renuncia,  una crisis en la 4T
La vida política de Germán Martínez dentro del gabinete ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó difícil y se puso peor. Aceptó ser director del Instituto Mexicano del Seguro Social después, incluso, de que los síntomas neoliberales en el cuerpo de la Cuarta Transformación emergieran en la arena pública. Martínez había escuchado poco de los recortes draconianos que se pensaban hacer tan pronto López Obrador asumiera la Presidencia, y las recomendaciones, casi instrucciones, que se estaba haciendo al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto durante la transición. Por ejemplo, que dejaran de comprar medicinas porque iban a revisar todos los contratos. Todo el discurso del despido masivo de funcionarios y burócratas, de recortes presupuestales y disminución de servicios, se había dado bajo el mismo discurso: austeridad y erradicación de los abusos del pasado. Esa visión finalmente se estrelló contra la realidad con la renuncia de Martínez al frente del Seguro Social.

El cronograma del choque con la realidad se lee en la carta de renuncia de 11 páginas al Consejo Técnico, que integran además del director del Instituto, los titulares de las secretarías de Hacienda, Salud y Trabajo. Pero la carta no es una simple renuncia. Es más bien una denuncia contra el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y la oficial mayor de la dependencia, Raquel Buenrostro, a quienes califica de burócratas, neoliberales y llega a sugerir también que son “insensibles” frente a las enfermedades e incluso ante la muerte de pacientes. Martínez no es un político que se quede callado y ha hecho de la difusión pública de su decisión un ejercicio ético que, dentro del gabinete de López Obrador, tres de sus secretarios de Estado y colaboradores cercanos han sido incapaces de sostener.

Con toda certeza se puede afirmar que la indignación de Martínez es compartida por muchos de sus compañeros en el Gobierno de López Obrador, que se han topado con los muros infranqueables de Buenrostro, quien tiene la encomienda de utilizar machetes, tijeras y bisturí para recortar el gasto público y poder acomodar recursos a los programas prioritarios presidenciales.

La acusación es insólita por sus términos, que no dan margen a la confusión. Martínez quiso evitar la personalización al mencionar que son “algunos funcionarios” hacendarios quienes “tienen una injerencia perniciosa” en el Instituto, queriendo quitar la carga de la denuncia sobre Urzúa y enfocándola, aunque no la menciona por nombre, en Buenrostro, pupila del secretario y a quien colocó en la Oficialía Mayor con el diseño de controlar todas las compras del Gobierno. La centralización de las compras del Gobierno federal, con el argumento totalitario de evitar la corrupción, es lo que ha generado conflictos dentro del Gobierno, tensiones y fricciones que van desde la Oficina de la Presidencia y la Consejería Jurídica, hasta el Gabinete legal y el ampliado.

Un párrafo de su carta revela parte del conflicto con Hacienda y dice: “La Cuarta Transformación no son cambios burocráticos, sino revolución cultural (…) Algunos funcionarios de Hacienda intentan una remodelación cosmética del IMSS, donde (…) se pretende reformar el reglamento para colocar funcionarios administrativos en los estados desde la Secretaría de Hacienda, y así anular a los delegados que este Consejo Técnico aprobó. Buscan nombrar, en todo el país, una suerte de ‘delegados administrativos estatales’, fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS”.

Detrás de de ese párrafo se encuentra uno de los conflictos más serios con Hacienda, que le provocó una reciente fricción con el Presidente que, de acuerdo con funcionarios federales, lo maltrató y llevó a considerar su renuncia. López Obrador apoyó en ese momento a Urzúa, quien le había anticipado que habría un nuevo recorte presupuestal que afectaría a las delegaciones. El argumento de Martínez de que tendría un impacto directo sobre los servicios de salud y los derechohabientes fue ignorado. La falta de apoyo del Presidente no era nueva. López Obrador quería cancelar el Seguro Popular, y Martínez le presentó un modelo para hacer la prestación de servicios de salud a través de él. Cuando preparaba su presentación, sin que nadie le consultara, el Presidente anunció su remplazo, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

La insatisfacción de Martínez se venía acumulando desde hace meses por las reducciones presupuestales y los ajustes que sobre la marcha hacía Hacienda para acomodar las prioridades de López Obrador o deshidratar al Gobierno para darle capacidad fiscal y financiera a Pemex, a fin de que no le bajen el grado de inversión. Urzúa, que difícilmente objeta decisiones del Presidente, y Buenrostro es quien cuida las llaves del dinero y lo distribuye a cuentagotas. La carta de renuncia refleja su derrota completa ante Hacienda, y su indisposición a hacer las maromas que practican excompañeros de gabinete con menos arrestos, sabedor de que era una batalla perdida.

No tardó mucho en comprobarlo. El Presidente dijo que no compartía las razones de su renuncia, y era imposible que coincidiera. Como esboza Martínez, la política hacendaria tiene un corte neoliberal salvaje, que tanto denuncia el Presidente; es excluyente, contrario a la narrativa oficial, y afecta más a quienes menos tienen, contrasentido del discurso de López Obrador. La realidad alterna de la propaganda contra la realidad terrenal, tan víctima en esta ocasión como lo fue Martínez. Esta renuncia es de alcance mayor, porque muestra la crisis que se vive dentro del Gobierno por las irracionalidad de una política de austeridad a rajatabla, porque socializa enfrentamientos que sólo se veían en la prensa política, y porque desnuda las contradicciones de un régimen que se dice del cambio.
21 Mayo 2019 04:00:00
Donde morir es redundante
En Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cambio de prioridad. El dinero de la venta de vehículos decomisados a criminales, dijo, ya no sería para financiar la Guardia Nacional, sino serían destinados al apoyo de Cochoapa, cuyo nombre, para millones de mexicanos, debe haber sido una sorpresa, o la primera vez que oían hablar de esa comunidad. Cochoapa se encuentra en la región de la Montaña Alta de Guerrero, y es el municipio más pobre del país. La marginación ha llegado a ser tan aguda, que hasta las cosechas de amapola se acabaron. Abandonados por todos, finalmente un presidente volteó a ver esa comunidad de 18 mil 458 personas donde sólo 319 no viven en pobreza.

Un reportaje publicado en Eje Central en marzo pasado tomó la primera fotografía de esa comunidad. “Aquí, morir es redundante”, comenzaba el texto. “En esta comunidad de la Montaña Alta de Guerrero se encuentra el corazón de la nada. No hay drenaje, ni calles, ni clínicas, ni escuelas, ni dinero para sembrar la tierra, ni mucho qué comer. Los profesores y médicos se aparecen un par de días cada cuatro o cinco meses, a veces más, a veces ni eso. En Cochoapa se vive entre tierra sin caminos, entre la diabetes y la tuberculosis, entre el olvido y la burla, entre el coraje y la desesperación.

“Este es el México más profundo, el más pobre, el de hombres y mujeres de piel agrietada y oscura, partida por el sol y el caminar; de niños que no estudian y de autoridades ausentes, a donde todavía ni siquiera llega el censo para acceder a los nuevos programas sociales. Pero también es el mismo lugar que los candidatos, de todos los partidos políticos, han utilizado como escenografía para arrancar sus campañas, como muestra de su compromiso para abatir la pobreza y prometer obras, recursos e inversiones millonarias que no han cumplido. Lo han hecho Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Pero hasta ahora ninguno de ellos subió más arriba que la cabecera municipal, nunca pisaron la Montaña Alta de Guerrero”.

Cochoapa es la síntesis que da cuerpo al discurso de López Obrador sobre marginación, desigualdad y corrupción. “Aquí la corrupción ha fracturado el desarrollo”, decía el reportaje. “Un puente que oficialmente fue construido, pero que de él en realidad sólo existe un muro con varillas sueltas que impide cruzar el río; o una carretera que debía ser de cinco kilómetros de pavimento, pero terminó de apenas unos metros y un apelmazado de arena; o escuelas que los programas de la SEP reportan como remozadas, pero que ahora se deslavan”.

Ese municipio que apenas sobrevive, se encuentra en un estado con pobreza endémica y centenaria. Pero aún así, sobresale por sus carencias. Si la población en pobreza en el estado toca a 6.1 personas de cada 10, en Coahocapa es de 9.3 de cada 10. O sea, prácticamente todos. Casi 6.3 de cada 10 tienen salario mínimo y 10.5 dos salarios, aunque la gran mayoría vive en la informalidad sin servicios médicos ni protección social. “Aunque las tierras son productivas, sembrar en alguna de las 152 comunidades que integran el municipio de Cochoapa es una proeza, no sólo por lo agreste de la zona montañosa, sino por los extremos de clima, porque hay poco dinero y casi no hay jóvenes para trabajar, sólo niños, mujeres y adultos ya mayores, que se mantienen de las remesas”, narraba el reportaje.

La población sólo se alimenta de tortillas hechas a mano y salsa de molcajetes. En ocasiones les alcanza para juntar 15 pesos a la semana y comprar una cola o cerveza tibia, porque no hay refrigeradores ni hielos. Para bajar a la cabecera municipal, desde alguna de sus comunidades de la parte más profunda de la Montaña Alta de Guerrero, subrayaba el reportaje, los pobladores tenían que caminar tres días por una ruta terregosa, de una tierra fina que se mete en los ojos, en la boca y llega hasta los pulmones. “Si tienen 150 o 200 pesos, podrán caminar de tres a cinco horas, esperar a la pasajera–una camioneta de redilas–, y entonces la ruta será de entre cuatro y seis horas más”, describieron los reporteros José Antonio Rivera y Jonathan Nácar.

Cochoapa es la metáfora de la simulación. Les ofrecieron educación para sus hijos, pero la escuela está abandonada porque los maestros iban solamente una o dos veces por semana. Les garantizaron que tendrían servicios médicos, pero la gente se muere de diabetes y tuberculosis. Si tienen una emergencia, la clínica que construyeron los pobladores para ese fin, está cerrada porque nunca iba el doctor, por lo que si entra alguien en crisis, tiene que desplazarse en vehículo entre cinco y ocho horas, hasta bajar a Tlapa y encontrar asistencia. Apenas hace siete años llegó la electricidad a la comunidad, y hace menos de una década, la primera carretera de terracería.

López Obrador visitó Cochoapa el 8 de julio de 2008, donde agradeció que en las elecciones de 2006 hubieran votado por él. En aquel entonces les dijo que no los traicionaría. “No voy a dejar de luchar por la gente humilde y por la gente pobre”, les prometió. “No es nada más llegar al cargo público. Lo más importante, lo que realmente vale la pena, es luchar por el bienestar del pueblo, por la gente que está olvidada, marginada”. Nueve años después su mente regresó a Cochoapa para ayudar a esa comunidad, ejemplo vivo de una desigualdad que debería causarnos vergüenza colectiva y reflexión de hasta dónde hemos llegado.
20 Mayo 2019 03:30:00
Los disparates de la estrategia
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es un ejemplo refinado que en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la gimnasia y la magnesia son lo mismo. Por escrito y con seriedad, el gobierno hizo análogos a los cárteles de las drogas y las guerrillas, que dio como resultado una solución de susto en términos conceptuales, al fenómeno de la violencia y la inseguridad. La estrategia, que se trabajó por casi tres años, cuando el entonces aspirante a la candidatura presidencial le dio la encomienda al secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, introdujo una serie de objetivos que se antojan irrealizables y tan descabellados como exigir en una rosticería una carne tártara.

La estrategia, cuyo decretofue publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles pasado, planteó que para “emprender la construcción de la paz”, es necesario un proceso de desmovilización, desarme y reinserción. “La violencia obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados”, señala el decreto. Entonces, ¿la lucha contra el narcotráfico es en realidad una guerra civil? Debe aclararse sobre qué base equiparan la lucha contra el narcotráfico con conflictos armados.

De acuerdo con los Convenios de Ginebra de 1949, un conflicto armado no internacional es uno que surja entre fuerzas gubernamentales y actores armados no estatales.“No existen unos criterios absolutamente claros, aunque en general se requiere un grado de intensidad en la violencia interna”, explica la Oficina para Refugiados de la ONU.

“Un elemento que suele ser importante es el uso de fuerzas militares y no policiales por parte del Estado para enfrentarse a un determinado grupo insurrecto. Por otra parte, esos grupos insurrectos deben estar organizados de forma militar, con una estructura de mando, ejercer un control territorial y llevar a cabo operaciones militares… sostenidas y concertadas”.

Al establecer el parangón, el gobierno reconoce que los cárteles de la droga sí controlan territorios –una de las variables del Estado fallido–, y que hablar en esos términos es otorgarles beligerancia, por lo cual haría a las bandas criminales grupos protegidos por el Derecho Internacional, cobijados por la Convención de Ginebra. Esto es un disparate, sin sustento ni explicación en el decreto.

Por otra parte, la estrategia propone que los criminales entren a una ruta de desmovilización, desarme y reinserción, cuya utilización de términos en el caso de narcotraficantes es inverosímil, porque ese camino sólo se emplea con movimientos armados y guerrilleros cuando se dan procesos de negociación, para que colectiva o individualmente se reincoporaren a la vida legal. Esto se da mediante una amnistía, una palabra que no se menciona en la estrategia, pero que fue propuesta por López Obrador en la campaña presidencial, para los narcotraficantes. El decreto plantea implícitamente la amnistía para criminales, y la sugiere como el camino a “la construcción de la paz”.

Este es uno de los puntos más ominosos de la estrategia, porque muestra que ni el Presidente ni el Gabinete de Seguridad entienden de lo que están hablando, o que quienes sí saben callaron ante López Obrador, o que en curso viene una negociación con los cárteles. Los movimientos armados surgen de causas políticas, económicas y sociales, que optan por la vía de las armas como la última opción para provocar un cambio de régimen, que no pudieron alcanzar mediante la vía pacífica.

De ahí que se puedan dar los procesos de desmovilización y reinserción como resultado de una amnistía y una negociación en donde no hay ganadores ni perdedores. Un proceso exitoso de esa naturaleza fue El Salvador, tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil; uno en vías de fracasar, el de Colombia con las FARC.

El narcotráfico no es motivado ni se mantiene por una causa para cambiar al régimen. Jamás pretenden un cambio de gobierno o de régimen, sino corromper a sus personeros, porque no luchan por un ideal, sino por lucro. Los cárteles de la droga operan en mercados delictivos cuya motivación es el dinero. No es ideológico sino mercantil. Tampoco pretende el cambio para todos, sino el enriquecimiento de sus jefes y los recursos para sostener el negocio de la producción, distribución y comercialización de las drogas. Los cárteles no confrontan militarmente al Estado sino tratan de corromperlo y que sean su primera línea de fuego contra sus adversarios, para tener el control de ese sistema económico paralelo y supuestamente clandestino.

El gobierno no entiende la dinámica de los mercados ilícitos, o simula su incomprensión, ni la integración de los cárteles de la droga mexicanos, o finge desconocimiento. Los cárteles mexicanos son trasnacionales y participan en un negocio que les deja entre 19 mil y 29 mil millones de dólares. La estrategia para disminuir la violencia y la inseguridad, como está planteada en el decreto, no va a resolver nada. Al contrario. Le abrirá posibilidades al crimen organizado, si se cumple con lo que planea el Gobierno, para operar en mercados legales sin dejar los ilegales, aprovechando los hoyos que deja el modelo lópezobradorista que tiene, como el más notable, que no los
combatirá.

En la columna publicada el viernes, se planteó que la estrategia apunta a que preferiría pactar con los cárteles de la droga impunidad para su negocio –salvo en el rubro del lavado de dinero–, a cambio que regresen la tranquilidad a las calles. La Pax Narcadel viejo régimen, ratificada por el Presidente cuando la semana pasada deslizó no descartar llegar a un acuerdo de paz con todos aquellos involucrados en el narcotráfico. Urgen clarificaciones sobre este tema.


17 Mayo 2019 04:05:00
La estrategia de la sinrazón
El 14 de mayo fue la mañana que trajo la sorpresa de mayo en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó sus prioridades en el combate al narcotráfico. Primero, atender las causas, que ha dicho son socioeconómicas. Luego, tener la Guardia Nacional, que es una fuerza de reacción rápida, como un equipo SWAT. Después una campaña dirigida a los jóvenes, que concientice sobre los males de las adicciones. Tras ello “acuerdos con Estados Unidos”, que no está claro qué significa, y modificar el enfoque policial del combate a las drogas, para ubicarlo como un tema de salud, que tiene que ver con la prevención y las campañas para que no se consuman estupefacientes. Finalmente, la bomba. “No descarto la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz”, dijo el Presidente. La prensa le pidió inmediata clarificación. “¿Con el narco?”, se le preguntó. “Con todos”, respondió. “Todos a portarnos bien”.

Ya no se volvió a hablar más del tema. Pero este jueves, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó en el Diario Oficial de la Federación lo que mencionó el Presidente. Fue la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que tiene ocho objetivos que busca la regeneración ética de los criminales y asesinos para que dejen de delinquir, abriéndoles la posibilidad para que encabecen negocios legales y regulares. Con ello, se estableció, se quiere “emprender la construcción de la paz”, y que se dé un proceso de desmovilización, desarme y reinserción. “La violencia obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados”, señala la estrategia. Reeducándolos e inyectándoles valores éticos, sueña, verán la posibilidad de aumentar su esperanza de vida, que lleven una vida tranquila sin preocupaciones e, incluso, que alcancen la respetabilidad social.

Si el documento no es una broma de mal gusto para los mexicanos, la Estrategia de marras es una mezcla de ingenuidad, ignorancia, confusión o, quizás, tramposa perversidad. Un botón de muestra es cuando en su alegato de la reconstrucción de la vida moral de los criminales, afirma que es la manera con la que actuó el Gobierno de Estados Unidos en los años 30 del siglo pasado, “para acabar con las mafias que asolaban sus ciudades. De ese proceso surgió la bonanza en Atlantic City, Las Vegas, Miami y otros centros de inversión”. El periodo al que se refiere es el fin de la Prohibición del consumo y producción de alcohol, durante la Presidencia de Franklin Delano Roosevelt –a quien admira y en quien se inspira López Obrador–, pero la conclusión de la Estrategia es superficial y equivocada.

La era de la prohibición fue capitalizada por las mafias en Estados Unidos, cierto, pero no detonó la violencia –que es la creencia popular expandida incluso en el seno de la Cuarta Transformación–, como argumentó el profesor de Harvard, Mark Moore, en un influyente artículo que publicó en The New York Times en 1989. La violencia subió en algunos estados de la mano del cambio de una población rural y agrícola a una manufacturera en la urbanización de Estados Unidos. En aquellos estados altamente urbanos y ciudades como Nueva York y Chicago, los niveles de violencia se mantuvieron estables.

Hablar de la bonanza de las ciudades como resultado de la legalización del alcohol, es un tanto rupestre. Atlantic City, a 200 kilómetros al sur de Nueva York, era un destino de descanso de los ricos, y sólo fue hasta finales de los 70, con la apertura de casinos, que emergió como un lugar boyante. Las Vegas nació en 1947, producto del sueño de Benjamín Siegel, quien abrió en medio del desierto el Hotel y casino Flamingo. “Bugsy” Siegel era uno de los sicarios de Charles “Lucky” Luciano, y tuvo la visión de levantar un oasis de juego con el apoyo y el dinero de la mafia. Su nacimiento fue un subproducto del negocio criminal, no como éxito del fin de la Prohibición. El Miami en el que deben haber pensado cuando escribieron la estrategia debe ser el actual, cuyo centro es espectacular y crece cada año, después de haber sido un hoyo de pordioseros y drogadictos. Pero su resplandor comenzó en los 80, pero con el dinero de los narcotraficantes colombianos, en especial Carlos Lehder y Pablo Escobar.

La analogía con las secuelas de la Prohibición no es lo único fallido de la Estrategia. También está la mezcolanza que hace la Estrategia entre lo que es un cártel de las drogas, con todo el negocio ilegal en los mercados criminales que crean, alimentan y reproducen, y los movimientos armados, al estar planteando alternativas de negociación con las guerrillas. Esta confusión es mucho más grave que el de la prohibición, porque si bien en esta última solo muestran ignorancia, en las opciones para la “construcción de la paz” se encuentran los detalles del Diablo.

Plantar, como lo hace la Estrategia, que la guerra contra el narcotráfico es igual a una guerra civil, simplemente es no entender ni la esencia ni las dinámicas de un movimiento armado, ni los resortes y motivaciones de un negocio criminal. O, también, entenderlo muy bien y engañar con la verdad. En el próximo texto se abordará este ángulo de la Estrategia, cuyo objetivo es diáfano: legalizar las drogas para replicar el fin a la prohibición, perseguir a los capos del narcotráfico solo financieramente, y acomodarse con ellos a dejarlos en su negocio a cambio de que regrese la paz y la tranquilidad a las calles mexicanas. Es decir, el regreso a la Pax Narca del viejo régimen.
16 Mayo 2019 04:09:00
Día de campo para el cártel
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está desatado. A través de su comunicación en mantas sigue amenazando a autoridades judiciales y municipales en varias partes del país, y abrió la temporada de reclutamiento de policías federales. Las expectativas que había para la captura de su líder, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, se han evaporado, y la persecución de sus cuadros criminales está prácticamente suspendida.

La organización criminal, junto con Los Zetas, es la más violenta del país, y está operando sin aparentes obstáculos, mostrando su músculo financiero y su capacidad de fuego. En estos tiempos, goza de un día de campo nacional. Y por eso salió de pesca.

En los últimos días ha circulado en algunos chats de WhatsApp la fotografía de un joven con gorra y playera negra, que al calce tiene las siglas “CJNG”, donde aparece este mensaje dirigido a los policías federales: “Compañero PF si te llegan a dar de baja no te preocupes aquí te reclutamos, el CJNG invita a todos los expolicías federales que fueron despedidos injustificadamente a unirse con nosotros; ya tienes entrenamiento no lo pienses más, ven aquí si te pagamos”.

El mensaje, que ha sido verificado por personas con conocimiento del modus operandi del CJNG está firmado: “atte. M-1”. Esta numeración, supuestamente corresponde al comandante Isidro Lara, que es como se identifica a uno de los presuntos líderes de la organización criminal en el Estado de México. El nombre apareció hace cuatro años en Oaxaca, de una persona presuntamente miembro de Los Zetas, sin saber si se trata de un homónimo o de quien cambió de bando. El cártel debe querer aprovechar los vacíos que existen actualmente en la estrategia de seguridad y los niveles de impunidad con el que se manejan las grandes organizaciones criminales.

El vacío institucional existente, por diseño gubernamental no por omisión, se inscribe también en el contexto de las salidas masivas de elementos de la Policía Federal. Hasta febrero pasado, se estimaba que entre 3 mil y 5 mil policías federales –de una fuerza de 37 mil– habían iniciado sus trámites para darse de baja de la corporación ante la política de austeridad del Gobierno y la cancelación de prestaciones como el seguro médico de gastos médicos mayores y los bonos de riesgo.

Esas prestaciones nunca fueron consideradas como privilegios dentro de la Policía Federal, sino como apoyos y estímulos para sus miembros, constantemente en enfrentamientos con criminales. Esos ingresos indirectos complementaban el salario de aproximadamente 17 mil pesos mensuales que percibían. El CJNG ofrece 16 mil pesos mensuales a sus reclutas sin experiencia alguna, a los que tienen que capacitar, por lo que pudiera recibir un federal debe ser significativamente superior.

La austeridad republicana del Gobierno federal abrió la ventana de oportunidad a ese cártel para captar mano de obra entrenada y calificada, repitiendo el fenómeno que se vivió hace casi 20 años con los cárteles de Sinaloa y del Golfo, cuando empezaron a reclutar militares de las fuerzas especiales que ganaban 7 mil pesos al mes, que fue el origen de Los Zetas.

El Cártel Jalisco Nueva Generación no tiene problemas de liquidez, y era considerado por las autoridades federales en el Gobierno anterior, como el más rico de todas las organizaciones criminales trasnacionales mexicanas.

De acuerdo con la última evaluación de amenazas de la DEA dada a conocer en noviembre pasado, opera en 22 de las 32 entidades del país como una organización que trabaja múltiples drogas, fabricando y distribuyendo cocaína, metanfetaminas, heroína y fentanilo en los grandes mercados de consumidores de droga en Los Angeles, Nueva York, Chicago y Atlanta, además de tener operaciones en Europa, Asia y Australia.

Es considerada por las autoridades estadunidenses como una organización con un comando y control disciplinado, técnicas sofisticadas para el lavado de dinero, rutas de transportación eficaces y extrema violencia.

Una muestra de su capacidad financiera y de persuasión se encuentra en los avances de investigación en el Poder Judicial reveladas este martes en la prensa de la Ciudad de México. Según lo revelado, las autoridades tienen como el principal investigado al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, que ordenó en 2018 la liberación de Francisco Aguilar Santana, “Juan Pistolas”, una de las personas más cercanas a “El Mencho” Oseguera, según las autoridades. De acuerdo con la investigación, el magistrado recibió entre 2010 y 2016, un total de 18 millones de pesos.

El CJNG ha llevado a sus límites más altos la máxima criminal contra las autoridades de plata o plomo, que está presente en todas sus mantas amenazantes. La última apareció este martes en Miahuatlán, al sur de Oaxaca capital, donde amenazaron a todos los funcionarios de la prisión federal que se localiza en la pequeña comunidad de Mengolí, y donde está recluido José Bernabé Brizuela Meraz, “La Vaca”, que era el jefe de asesinos de Rubén Oseguera, “El Menchito”.

Lo que llama la atención de esta y otras mantas de la organización jalisciense contra funcionarios en las cárceles, sin embargo, es que coinciden con la investigación sobre presuntos actos de corrupción que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre todo el Órgano Administrativo Desconcentrado, responsable de las prisiones, que comprende la segunda parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

La forma como está operando el Cártel Jalisco Nueva Generación proyecta un velo de impunidad. “¿Por qué no habría de serlo?”, dijo una persona que ha seguido su evolución por años. “Tienen impunidad institucional garantizada”. La imputación es fuerte, pero hay razones objetivas para hacerlo, que se analizarán más adelante.
15 Mayo 2019 04:00:00
Castigo a los pobres
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es una mujer con un enorme conocimiento científico y técnico y, se puede presumir, con las mejores intenciones para lograr una mejor vida para quienes menos tienen.

Después de todo, ese es el objetivo ulterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la está preparando para que sea su sucesora en 2024, y bajo cuya guía ella se ciñe como su mejor pupila. Funcionaria honesta sin duda, ha inyectado fuertes dosis de integridad y control a su joven administración, entrando en la contradicción de la vida política real.

Uno de los muros con los que está chocando, sin visos de que vaya a corregir, es en el sector de los desarrollos inmobiliarios, que tiene detenidos por dos razones. La primera es para verificar si el anterior gobierno autorizó las obras conforme a ley –han encontrado irregularidades en 17 de ellos–, y la segunda, derivada de su visión personal, es que la capital federal no necesita más edificios de ese tipo. En ambos casos, las cosas está saliendo contraproducentes, afectando a quienes menos tienen.

Como se planteó en la columna del martes, Sheinbaum ha frenado completamente la construcción en la Ciudad de México, provocando una crisis que afecta a los desarrolladores inmobiliarios, al empleo en el sector y a la economía de la capital, que representa el 18% del total nacional. No hay todavía un cálculo de la afectación económica que esto provocará, pero de acuerdo con personas vinculadas al sector de la construcción, las ventas en esta industria han bajado de manera considerable. Sólo en Cemex, agregaron las personas, se calcula que las ventas en la capital cayeron 35% en el primer trimestre, estimando porcentajes similares en varilla, tubos e instalaciones eléctricas, al impactar la industria de la construcción en una treintena de sectores más.

En término de empleo, los números no son alentadores. De sí, la desaceleración de la economía, que se arrastra desde el último trimestre de 2018, que en su mayoría le correspondió al gobierno anterior al de Sheinbaum, provocó que al primero de mayo, de acuerdo con la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Soledad Aragón, existieran 227 mil 775 personas sin empleo. De acuerdo con personas con acceso al sector de la construcción, unas 150 mil de esas personas perdieron su trabajo por la cancelación de los desarrollos inmobiliarios y obras como el nuevo aeropuerto en Texcoco, que mandó a la calle a 45 mil personas.

En febrero, reportó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el número de trabajadores de sus afiliados inscritos al Seguro Social se contrajo a menos 0.1%, comparado con el mismo periodo en 2018, que fue la tasa más baja desde octubre de 2013, tras la aprobación de la Reforma Fiscal.

La política de la jefa de Gobierno en materia de construcción no se ha limitado únicamente a la suspensión de los permisos de obra. De acuerdo con abogados, se han clausurado más de 100 obras durante el primer trimestre del año de manera que calificaron de “arbitraria”, y violando el debido proceso. Un número no precisado de acciones de juicios de amparo se han presentado en el Tribunal de Justicia Administrativa, así como también cuando menos una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Se abre también la posibilidad de que las acciones del gobierno capitalino hayan violado la Constitución de la Ciudad de México, que en su Capítulo 7 denominado Ciudad Democrática, establece un novedoso concepto, el “derecho a la buena administración pública”, donde se establece que “toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.

El desempleo, que seguirá en aumento ante la parálisis inducida en la industria de la construcción, tiene externalidades. Una es la que planteó recientemente Federico Pérez Cruz, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, al hablar de una baja en las ventas del 10 de mayo. Explicó que una de las razones fueron el desempleo y los despidos que se han dado en la capital, que no se han frenado. “A mayor desempleo y más despidos, menor consumo”, declaró a la prensa.

Pérez Cruz mencionó que la inseguridad también impactó en la baja de ventas. El creciente desempleo coincide con la creciente violencia en la capital. De acuerdo con un reporte de David Saúl Vela en El Financiero este martes, el robo violento en el transporte público de la capital se incrementó 197% durante los primeros cuatro meses de gobierno de Sheinbaum, con relación al mismo periodo anterior, y sin violencia se elevó 237%. Los robos a transeúntes se elevaron 157% en el primer trimestre, el robo con violencia a negocios subió 54%, y los homicidios dolosos 133 por ciento.

La inseguridad en la Ciudad de México es bastante democrática. Sin importar códigos postales, la incidencia delictiva ha crecido en las alcaldías más pobladas, y se nota un creciente número de incidentes donde para robar se está asesinando a las víctimas. Pero en el caso de la construcción, los más afectados son quienes menos tienen, y a quienes más se desea proteger.

La jefa de Gobierno tiene que atender lo que está sucediendo en el sector, que es un indicador de crecimiento y empleo y que, en este momento, es todo lo contrario.

14 Mayo 2019 04:01:00
La crisis que no se ve,  pero se siente
El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a los desarrolladores inmobiliarios Abraham y Elías Cababie. La reunión pasó desapercibida, pero de acuerdo con los antecedentes sobre lo que está pasando en el sector de la construcción en la Ciudad de México, hay que prestar atención. Los Cababie encabezan el Grupo GICSA, que ha sido responsable de algunos de los desarrollos sobresalientes en la capital, como Paseo Arcos Bosques, el corporativo de HSBC o el Forum Buenavista, y su encuentro con López Obrador se inscribe en las crecientes críticas que le han hecho llegar al Presidente los constructores sobre el actual gobierno de Claudia Sheinbaum en la capital federal.

La queja, cada vez más insistente, es que Sheinbaum ha frenado completamente la construcción en la Ciudad de México, provocando una crisis que afecta a los desarrolladores inmobiliarios, al empleo en el sector y, como consecuencia, a la economía de la ciudad, que representa el 18% del total nacional. El planteamiento es que esta política tendrá consecuencias en la política económica federal, al provocar una desaceleración que impactará negativamente las tasas de crecimiento y empleo. Como botón de muestra, sólo en el corredor inmobiliario en Cuajimalpa, ya hay 6 mil albañiles sin trabajo por esta razón.

El atorón inmobiliario tiene como origen la creencia de Sheinbaum que hubo corrupción en el sector durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y su convicción de que la Ciudad de México ya tiene demasiados desarrollos inmobiliarios. Al hacer una evaluación de sus primeros días de gobierno en marzo, dijo que “estamos acabando con la corrupción que llevó al desorden inmobiliario”, y que se habían revisado los 174 polígonos de atención autorizados. Un polígono de atención a una superficie delimitada de suelo que integran uno o más predios para realizar proyectos urbanos, que tienen que ser autorizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda local.

Sheinbaum detalló en su informe que 48 de ellos tenían “irregularidades graves” y la construcción en 17 había sido suspendida, pero la forma como maneja los números y emplea los argumentos ha sido inconstante y, en algunos casos, de manera muy preliminar. Un mes antes de su informe de los 100 días, dijo que se habían suspendido las actividades en 12 obras inmobiliarias, a fin de atender los reportes de la ciudadanía ante anomalías detectadas en la autorización de los 174 polígonos de actuación. En este caso, habló de irregularidades en todos los polígonos, que en febrero ya no resultaron todos los que mostraron anomalías, sino únicamente en el 25% de ellos. Las obras restantes, sin embargo, no se reanudaron en las alcaldías de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Coyoacán y Benito Juárez, donde se concentran las obras.

Sheinbaum ha dicho que se abusó de los polígonos de actuación durante 2017 y 2018, al autorizar obras sin fundamento legal con base en los programas de desarrollo urbano, como permitir una mayor cantidad de niveles de construcción, la ampliación de la superficie de desplante y la relocalización de usos entre las demarcaciones. Daniel Narváez, director de mercadotecnia del portal especializado Lamudi, dijo en marzo en una entrevista de prensa, que además de los 17 proyectos suspendidos, había otros 29 cuya construcción creía también sería detenida. Eso no sucedió, ni se ha vuelto a hablar del tema. No obstante, se golpeó al sector inmobiliario al suspenderse las obras, no por iniciativa de los desarrolladores sino, como señalan algunos afectados, porque las alcaldías dejaron de autorizar permisos para la construcción.

Las políticas de vivienda del Gobierno central han permeado en las alcaldías, mayoritariamente gobernadas por Morena, el partido en el poder, lo que ha acentuado la crisis del sector. Desde junio del año pasado, antes de las elecciones presidenciales, se estimaba que las ventas en el sector se iban a ralentizar en este año, dada la experiencia que en cada cambio de Gobierno federal caen entre 15 y 20%. Eugenio Towle, socio de la consultoría inmobiliaria Softec, dijo durante un foro en junio que la disrupción de los procesos llega a tomar seis meses de curva de aprendizaje antes de que se normalice el sector. En esta ocasión, sin embargo, eso no sucedió y todo se congeló.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, durante el primer bimestre de este año, la actividad productiva de la industria permaneció prácticamente estancada, con un crecimiento marginal de 0.1% con respecto al mismo periodo de 2018, lo que afectó en la generación de empleos. Por ejemplo, Susana Miranda, presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, dijo a la prensa que durante ese bimestre, alrededor de 300 de sus afiliados estaban sin trabajo desde el cambio de gobierno, y anticipaba que podría detonarse una crisis si las alcaldías seguían negando permisos de construcción.

Aquellos síntomas se volvieron una enfermedad, y el sector privado –aún quienes no están dentro de la industria–, están sonando las alarmas en el Gobierno federal. No tuvieron interlocución en el Gobierno de la Ciudad de México, por lo que el problema le llegó a López Obrador. No hay una claridad aún sobre qué decisión tomará el Presidente, ni qué tanto ha sido convencido que tiene que actuar para reactivar al sector inmobiliario y de la construcción, que va en beneficio no sólo de estos y de trabajadores, sino de su propia política económica y laboral.

Nota: En la columna del lunes, se identificó erróneamente a la responsable del proyectos de las universidades públicas “Benito Juárez”, como Bertha Luján. La responsable es Raquel Sosa.
13 Mayo 2019 04:01:00
Gabinete a revisión
Desde hace poco más de dos semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador viene revisando y discutiendo internamente sobre las fortalezas y debilidades de su gabinete. En el horizonte se encuentra un primer ajuste al primer nivel del equipo de Gobierno, aunque el momento no está decidido. Personas que conocen de las conversaciones del Presidente con diferentes interlocutores, dicen que se había pensado el reacomodo en mayo, pero que se pospuso cuando menos para finales de junio o principios de julio, una vez que se tengan los indicadores económicos del segundo trimestre y que se tenga conocimiento sobre cómo saldrán los grados de inversión de la deuda de Pemex y la soberana.

La calificación sobre el grado de inversión en Pemex y su repercusión sobre la deuda soberana de México, ha sido minimizada públicamente por el Gobierno, pero es una de sus dos principales preocupaciones. Colaboradores del Presidente señalan el daño que causó el recorte de dos escalones que hizo Fitch Ratings en enero pasado, cuando colocó las notas de bonos de Pemex en perspectiva negativa, en los límites de ser considerados bonos basura, y en el umbral de perder el grado de inversión. Esa baja fue un mensaje a los inversionistas que en número importante decidió suspender todo con México en espera de claridad sobre la política económica del Gobierno tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco. La decisión de Fitch fue días después de que Pemex y la Secretaría de Hacienda presentaron un plan para aligerar la carga fiscal de la empresa petrolera, que lejos de generar confianza, exacerbó la incertidumbre.

En las últimas semanas el Gobierno ha anunciado una serie de medidas para aliviar esa carga fiscal y dotar de recursos a Pemex para enfrentar sus problemas, que incluyen recortes draconianos al gasto y las nóminas de la administración pública. De acuerdo con los analistas mexicanos y extranjeros, no es suficiente lo que se ha hecho, subrayando el pesimismo de los mercados sobre las acciones tomadas. No se sabe, sin embargo, cómo vendrán los reportes sobre la calificación de la deuda de Pemex en verano, pero coincidirá con otro plazo determinante, la ratificación del acuerdo comercial norteamericano en el Congreso antes del receso de verano, porque si es después coincidirá con el inicio del proceso electoral, lo que haría mucho más difícil lograr el voto. La ratificación depende de la implementación de la reforma laboral y de la nueva política migratoria restrictiva, que marchan en la dirección que quiere Washington.

Las discusiones sobre el ajuste al gabinete se dan en un marco general, que tiene que ver con esos presupuestos en donde la solución parte de México, aunque con un fuerte componente en el extranjero, y con el rendimiento que ha tenido el gabinete. El equipo ha sido de claroscuros, y se ha recargado sobre muy pocas personas, algunas de ellas en el staff presidencial. Esta forma de operar no es extraña en López Obrador, quien cuando fue jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal hacía lo mismo: delegaba el trabajo en dos o tres personas, varias de ellas fuera del gabinete local. Varias veces se ha señalado ante el Presidente la inexperiencia de diversos funcionarios y los problemas que ello ha generado, a lo que siempre responde que prefiere una larga curva de aprendizaje que “el bandidaje”. El estado de cosas, sin embargo, se ha ido modificando.

Los supuestos sobre lo que se ha venido hablando, según quienes saben de las discusiones, versan sobre la manera como la incapacidad abierta de algunos y los conflictos dentro del equipo de gobierno, afectan el funcionamiento de la administración y provocan percepciones hacia fuera del Gobierno de desorden y falta de control. Hay algunos conflictos muy públicos, como el del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Hay otros menos visibles, pero muy fuertes, como el del fiscal Alejandro Gertz Manero con el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto. Pero no son los únicos.

En la Secretaría del Bienestar se vive uno de los choques más violentos, entre la titular María Luisa Albores, y la subsecretaria Adriana Montiel, la responsable de los programas sociales. Otro, que tiene incidencia directa sobre la educación superior, es el que sostienen los viejos aliados y amigos del Presidente, Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, y Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena y responsable de la creación de un nuevo sistema de universidades “Benito Juárez”, que es lo único que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo en el capítulo de educación superior. A la baja se encuentra la secretaria del Medio Ambiente, Josefa González Blanco, y el secretario de Turismo, Miguel Torruco.

Dos casos de aislamiento dentro del gabinete y con mala imagen en la opinión pública son los de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aunque a su favor se encuentra su responsabilidad sobre dos de los principales proyectos de infraestructura del Gobierno, la refinería de Dos Bocas, y el aeropuerto en Santa Lucía. Un caso de debilidad interna es el de Olga Sánchez Cordero, disminuida como secretaria de Gobernación, donde la operación política la lleva el subsecretario Zoe Robledo, y muchas funciones de la Gobernación se las encarga el presidente a su consejero jurídico, Julio Scherer.

El futuro del gabinete es incierto en estos momentos, pero la coincidencia es que tendrá que haber un ajuste bajo cualquier escenario. Se verá si es un equipo para reforzar al Presidente, o para enfrentar una emergencia económica.
10 Mayo 2019 04:05:00
El desastre de Cuauhtémoc
La vida en Morelos no vale nada. Por 5 mil pesos, un joven mató a dos personas, a plena luz del día, a un costado del Palacio de Gobierno en el centro de Cuernavaca. Era una apuesta –la muerte o la cárcel como alternativas opuestas– que jugó con la esperanza de huir. Fracasó en este intento, pero tuvo éxito para subrayar las condiciones de inseguridad en ese estado, donde el ecosistema de impunidad es parte del paisaje local. El gobernador Cuauhtémoc Blanco declaró estar muy enojado, en una reacción emocional.

Tampoco hay que sorprenderse. Blanco llegó a la Gubernatura no por su talento político, sino como parte de una manipulación de políticos para hacerse del poder, aprovechando la popularidad del exfutbolista por quien se volcaron en las urnas. El desastre de Morelos, en ese sentido, es una culpa colectiva.

Blanco está gobernando un estado difícil, al ser parte del corredor del narcotráfico que se extiende de la Ciudad de México hasta Acapulco, que desde hace una década ha sido un botín disputado por organizaciones criminales. Las autoridades estatales han identificado células de cuando menos cinco grupos delincuenciales, de presencia nacional como el Cártel Jalisco Nueva Generación, y local, como el Comando Tlahuica, enfocado en el control del sistema de agua potable y el alcantarillado de Cuernavaca –un negocio de 300 millones de pesos anuales–. También se encuentran los violentos grupos regionales Los Rojos, Guerreros Unidos –que tiene una estructura y niveles de operación que permiten considerarlo como un cártel–, y La Familia Michoacana.

Morelos no era un estado de criminalidad atomizada, pero la degradación en los sistemas de seguridad y un gobierno incompetente, dispararon el fenómeno desde octubre de 2018, cuando Blanco llegó a la Gubernatura. Desde entonces, la espiral de inseguridad se volvió incontenible. Se incrementaron los homicidios dolosos, el robo, los secuestros y las extorsiones, particularmente en la zona sur del estado, donde personas que conocen la entidad reportan que los alcaldes son víctimas preferidas de los criminales, así como los comerciantes a quienes cobran derecho de piso. Si no pagan, dicen estas personas, balacean e incendian los locales, o privan de su libertad a los propietarios para asesinarlos como mensaje de escarmiento para quien desee imitarlos.

Los homicidios dolosos, que son delitos de alto impacto, crecieron 36% en el primer trimestre de este año, comparado con el mismo periodo en 2018, y solamente entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 se elevaron 10%, lo que refleja el desbordamiento del crimen ante la inoperancia gubernamental. Morelos es el sexto estado donde más crecieron los homicidios dolosos, después de Nuevo León (103.87%), Quintana Roo (71.79%), Tabasco (69.60%) Sonora (46.05) y Jalisco 45.57. La organización Semáforo Delictivo llegó a contabilizar uno de estos crímenes cada hora.

La alta incidencia delictiva supera los máximos alcanzados en el Gobierno de Graco Ramírez, que desató protestas y marchas. Ello, pese a que la cifra negra de delitos es muy elevada. Según el INEGI, sólo 10 de cada 100 delitos son denunciados, ante la falta de confianza en las autoridades y las pocas sentencias condenatorias. La mala gestión de Blanco es el principal factor al que le atribuyen en Morelos la crisis de seguridad, aunque el gobernador no es quien toma las decisiones de fondo, sino su jefe de Oficina, José Manuel Sanz, que acompaña a Blanco desde que era alcalde de Cuernavaca.

Sanz ha sido el arquitecto de la ruptura de la coordinación entre las corporaciones de seguridad estatal y municipales, al anular a las alcaldías al imponer un modelo donde el Gobierno del Estado concentra todas las funciones de seguridad pública y tránsito, incluyendo los ingresos derivados de las multas. El resultado ha sido el desinterés de los alcaldes en cooperar en materia de seguridad o, como es el caso del presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, de enfrentamiento total. Blanco no tiene buena relación con él, a quien considera cercano al exgobernador Ramírez, y cuando no pudo impedir que tomara posesión en enero, cerró la Presidencia Municipal y lo obligó a rendir protesta en la calle.

Los problemas políticos de Blanco, que se reflejan en el resto de su gestión y del combate a problemas como el de la inseguridad, se extienden dentro del gabinete y con sus aliados políticos. Uno de los choques más significativos es con el fiscal –que asumió en el Gobierno de Ramírez–, Uriel Carmona Gándara, a quien ha buscado destituir, pero no ha podido negociar su salida con el Congreso local. Esta falta de respaldo político está asociado con otra disputa en la que se embarcó el gobernador actual con sus aliados de Morena, y en particular con la presidenta nacional Yeidckol Polevnsky, con quien se peleó públicamente.

Blanco, es uno de los gobernadores más incompetentes, con problemas de seguridad y gobernabilidad. Sin embargo, no es el principal culpable del desastre en Morelos. Un partido local, el Social Demócrata, lo hizo su candidato –reportes en la prensa morelense hablan que a cambio de 7 millones de pesos– para alcanzar el poder. Tras ganar la Alcaldía se pelearon y Blanco fue reclutado por Encuentro Social como su candidato a gobernador. Ese partido le añadió el apoyo del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y en su conflicto con Ramírez, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también lo respaldó.

Blanco y Sanz están peleados con todos, sin encontrar salida a los problemas. La inseguridad los devora, la ingobernabilidad crece, y los responsables de que sea gobernador guardan irresponsablemente silencio, mientras Morelos, que no parece importarle a nadie en la clase política fuera de procesos electorales, se pinta de rojo.
09 Mayo 2019 03:36:00
Resentimientos
México es un país con una sociedad desigual, clasista y racista. La inequidad se amplió con el modelo económico que arrancó a finales de los 70 en el Reino Unido ante la múltiple esclerosis del viejo sistema de la posguerra. Margaret Thatcher, la “Dama de Hierro” británica, fue implacable con los sindicatos, provocó la depresión económica en Manchester y Liverpool, las puertas de la Revolución Industrial, y acabó con generaciones de obreros. Ronald Reagan siguió en las zonas obreras del norte de Estados Unidos y luego, la izquierda en Francia y España hicieron la reingeniería de su economía. En México arribó en 1985 el modelo llamado neoliberal, donde el entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas, construyó su escalera a la Presidencia.

La desigualdad se acrecentó. El modelo neoliberal resolvió los problemas macroeconómicos y le dio viabilidad financiera a las naciones, pero ensanchó la brecha entre ricos y pobres, generando muchos más pobres que ricos y provocando una distribución deforme de la riqueza. Varias naciones iniciaron correcciones desde hace una década, sin alcanzar todavía el objetivo buscado, mientras otras, como México, permanecieron insensibles a ello. La victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales y el apoyo social masivo que obtuvo, mostró quién entendió esa realidad y quién la soslayó.

López Obrador llegó a la presidencia con su viejo lema, “por el bien de todos, primero los pobres”, y su llegada a Palacio Nacional los empoderó. Aún no se ven las reformas fiscales que puedan de manera sólida y duradera atacar la desigualdad, pero una externalidad sí se ha instalado con rapidez: el resentimiento social, que está tomando cuerpo activo, hostil y agresivo, alimentado por un discurso político reivindicatorio, de polarización de clase y estigmatización: todo el pasado fue corrupto y lleno de privilegios; hay que erradicarlo.

Las consecuencias abandonaron el mundo virtual y crean nuevos fenómenos sociológicos. Un botón de muestra lo aportó la periodista Carolina Rocha en su cuenta de Twitter, al narrar una reciente experiencia en la Ciudad de México. Escribió:

“Iba rumbo a TV Azteca. Me pasé por distraída y ensimismada. Tomé por ello el retorno de periférico Ajusco y volví en U. Vi un chico que dudó en cruzar frente al coche delante de mí. Bajé la velocidad. Lo voltee a ver y justo ahí me aventó un vaso con agua en la cara. No supe qué hacer. Sólo alcancé a gritar (ofrezco una disculpa por escribirlo) ‘hijo de puta’. Enojada y asustada. No sabía si regresar y lanzarle insultos. Pensé que quizás era un líquido peligroso. Intentaba captar olores. Tocarme el rostro…

“Sentir si estaba caliente o con alguna alergia. Nada. Quise llorar. Pero seguí el camino. Ya en el canal me quité el chal que traía y olí que eran orines. De verdad me pregunto qué motiva a alguien a hacer algo así. Pues lastima y llena de rabia e impotencia al atacado. JODER. Así de sencillo. Pero ahora que escribo pienso que no importa que quiso ese muchacho que no se veía drogado o enfermo. Pienso que la vida me lanzó un despierta. Abre los ojos. Una cubetada en días en que justamente he estado encerrada en sí misma. Despierto, pues”.

Carolina Rocha es rubia, educada en escuelas privadas y trilingüe. Pero también, desde hace más de una década ha hecho un periodismo con alto contenido social y crítico del priismo y el panismo. Ha viajado por todo el país dándole voz a quienes no tienen, y visibilidad a los más marginados. Pocos periodistas en este país han sido tan consistentes y comprometidos con ese tipo de cobertura periodística. El joven que la atacó muy probablemente no sabe quién era, ni qué hacia. Simplemente la agredió por lo que pareció que representaba, de acuerdo con los estereotipos del discurso de la Cuarta Transformación. Una situación similar vivió poco antes Danielle Dithurbide, conductora en Televisa, a quien tras darle el paso a otro joven transeúnte, le tiró una cubetada de lodo al automóvil.

Si uno se detiene a pensar un momento, ambos jóvenes realizaron sus agresiones con premeditación. ¿Qué lleva a estos extremos? Hace poco más de dos años apareció un libro del indio Pankaj Mishra, llamado La Edad del Rencor: Una Historia del Presente, donde argumenta la crisis universal ocasionada por la privación de millones de personas a los avances económicos, sociales y políticos de esa era, marginados por el inescrupuloso capitalismo global. La solidaridad social, agrega, se ha roto, con lo cual se han creado masas de individuos atomizados cuyos resentimientos se expresan en repudio de ese orden aquí identificado como el viejo régimen.

Mishra sostiene que se vive una violencia “endémica e incontrolable” alimentada por los odios. Es claro el diagnóstico. El fenómeno es universal. Ni México representa un nuevo fenómeno, ni el presidente López Obrador es único. Es una figura que se ha sumado a la revolución que vive el mundo. El contexto y el discurso, como en cada nación en particular, añade variables. Aquí, se podría argumentar, está sacando lo peor de todos. No lo quisimos ver a tiempo para corregir. Hace muchos años, Pedro Vargas, un gran cantante mexicano, bromeaba con crudeza, que para que no lo discriminaran en Sanborn’s tendría que bañarse en leche para hacerse más blanco. La humillación, constante histórica en el resentimiento social.


No hay receta en el libro para enfrentar el fenómeno, que tampoco es optimista. Pero sus descripciones, información y análisis nos lleva a reflexionar sobre lo que podemos hacer. Cada uno, en lo individual y colectivamente, para evitar que esta ola de rencor global nos continúe arrasando de manera creciente, como hasta ahora, sin darnos la oportunidad para transformar lo que ya no sirve.


08 Mayo 2019 03:44:00
La renuncia de Romo (2ª. Parte)
Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, realizó una operación de control de daños urgente en medios electrónicos. Le urgía, después de que terminó la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, desmentir que había presentado su renuncia al cargo –que no le aceptaron–, como se apuntó en esta columna. Inició la operación mediática en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, donde dijo además que el Presidente no lo ha maltratado, que está trabajando mucho y que de haber presentado la renuncia el pasado 2 de mayo, la habría sostenido. Su equipo fue pidiendo espacio en los programas de radio matinales y en los vespertinos para repetir el argumento e impedir que la especie sobre su renuncia creciera.

Romo hizo lo que políticamente debía hacer para evitar, precisamente, infligir el daño al Presidente que habría causado su renuncia. Si no fue irrevocable y aceptó la negativa del Presidente a aceptarla, también tuvo que asumir el costo de dar la cara y decir cosas que, fuera del escrutinio público es totalmente contrario a lo declarado, su inconformidad por el poco espacio que tiene para incidir e influir en Palacio Nacional. Romo, incluso, no cuenta con una oficina cercana al Presidente, sino despacha en el edificio inteligente que se construyó en Los Pinos durante el gobierno de Felipe Calderón, a 9 kilómetros en línea recta de Palacio Nacional, lo que lo hace el primer jefe de Oficina de la Presidencia que despacha lejos del Presidente, y el primero cuyo peso político dentro del gabinete y el Gobierno es prácticamente nulo. Como anécdota de fondo y forma, está tan alejado del imaginario del entorno presidencial, que en la Feria Aeroespacial en Santa Lucía en abril, se les olvidó reservarle una silla en el presidium.

Los motivos de la renuncia de Romo y su deseo de dejar el Gobierno, están directamente relacionados con el maltrato del Presidente que optó por respaldar al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, por encima de él, con quien se ha enfrentado desde los meses de la transición, en una lucha por espacios y poder donde ha fracasado. Romo quiso poner al secretario de Hacienda, pero el Presidente nombró a Urzúa. También buscó a uno de los suyos en la cartera de Economía, pero López Obrador le aplicó la misma receta.

Logró colocar a leales en organismos descentralizados, pero Urzúa los fue anulando, como sucedió con Eugenio Nájera, vinculado al sector empresarial regiomontano, que trabajó con Romo en la coordinación del gabinete propuesto por López Obrador durante la campaña, y a quien llevó a la dirección de Nacional Financiera. En su primer Consejo de Administración, Urzúa lo anuló y le hizo ver que ese organismo dependía de él, no de Romo.

Los choques entre los dos comenzaron de manera abierta temprano en la transición. El primer roce fue en septiembre, cuando Urzúa reforzó una declaración de López Obrador sobre el costo de las gasolinas, y dijo que sólo subirían la tasa de inflación, y que no habría gasolinazos. Romo declaró, sin embargo, que no habría control en los precios de gasolina, que no iba a haber subsidios y que no se haría nada que no fuera regido por el mercado; es decir, dejó abierta la puerta a gasolinazos. 

Un segundo choque fue durante la discusión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Aunque los dos favorecían su construcción, Romo afirmó a los inversionistas del aeropuerto que la construcción seguiría y que no había de qué preocuparse por la consulta ciudadana que se iba a organizar. Urzúa siguió las instrucciones del entonces presidente electo, y a diferencia del jefe de la Oficina presidencial, no perdió credibilidad ni interlocución ante los inversionistas. Romo no ha dejado de entrometerse en el terreno de Urzúa, como cuando adelantó en público que se realizarían nuevos recortes en la Administración Pública, que tuvo que ser desmentido por el secretario de Hacienda. En todos los casos, López Obrador ha respaldado a Urzúa, en perjuicio de Romo.

Romo está muy disminuido dentro del Gobierno, sin equipo ni recursos. El Presidente le prohibió utilizar su avión privado para viajar los fines de semana a Monterrey, donde está su familia, y su equipo no dispone de viáticos para hacer lo mismo, teniendo que subsidiar al Gobierno por trabajar en él para poder regresar a Monterrey los días de descanso. En sus diferentes apariciones en los medios este martes, dijo que estaba organizando grupos empresariales en todo el país. En realidad, de acuerdo con miembros de las cúpulas del sector privado, no tiene nada concretado, y quiere colgarse y arroparse en las nuevas organizaciones que se están construyendo dentro del Consejo Coordinador Empresarial.

El espacio de maniobra de Romo es muy reducido y está acotado. El choque con Urzúa lo ha ido desgastando aún más que al secretario de Hacienda, a quien el Presidente le ha encargado el rescate económico del país, ignorando por completo lo que pueda hacer su jefe de Oficina. Esa realidad ha hecho de Romo un token, un anglicismo que se utiliza para describir a quienes sólo son utilizados como símbolo, sin ningún peso para quien los emplea de esa manera, y él está consciente de que perdió la batalla con Urzúa y que el Presidente no ha tenido dudas en quién apoyarse.

La salida de Romo del equipo presidencial se contuvo por ahora, pero salvo que todo lo que ha sucedido en los últimos siete meses se modifique, será inevitable. ¿Cuándo? Para el Presidente es un asunto de tiempos y oportunidades, de lo cual se hablará en un siguiente texto.
07 Mayo 2019 03:56:00
La renuncia de Romo
El maltrato del presidente Andrés Manuel López Obrador a sus colaboradores no había hecho crisis hasta hace unos días, cuando el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, presentó su renuncia. No se la aceptó, pero la herida quedó abierta. Este episodio grita el estado de ánimo que se está viviendo en Palacio Nacional –aunque Romo despacha en un edificio inteligente en Los Pinos–, y las dificultades internas que tiene el equipo presidencial para ayudar a gobernar a López Obrador. El rechazo a aceptar la renuncia sofocó lo que habría sido el principio de una crisis profunda, pero está lejos de haberse resuelto la tensión que se vive en los corredores palaciegos. A los problemas naturales del ejercicio del Gobierno se están acumulando los agravios del Presidente contra su propio equipo.

Romo ha acompañado a López Obrador desde la campaña presidencial de 2006, esforzándose en explicar al sector privado lo que significan sus palabras y su proyecto de nación, y tratando de minimizar los costos de sus constantes choques con los empresarios. Siempre lo había respaldado, como cuando en la campaña de 2018, el Grupo Monterrey le dijo que establecerían un diálogo regular con él, pero que cambiara a Romo como su enlace. El entonces candidato se negó y forzó a los empresarios a tener a su coterráneo como el puente con él. Parecía tener, en ese momento, toda la confianza de quien apuntaba para ser presidente.

Como lo ha sido desde hace casi tres lustros, Romo es su cara ante el sector privado, nacional e internacional, y lo llevó a su equipo cercano en Palacio Nacional aún cuando el deseo del empresario regiomontano era quedar fuera del gobierno. El Presidente insistió y comenzó a trabajar muy cerca de Julio Scherer, el consejero jurídico de la Presidencia, a quien los une una vieja amistad común, la de Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda, consultor y empresario exitoso. La cercanía con López Obrador, se fueron dando cuenta los inversionistas, no significaba realmente mucho.

El episodio público más claro fue cuando las deliberaciones sobre si se cancelaba o continuaba la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco, donde dos semanas antes de una consulta ciudadana a finales de octubre, con López Obrador en calidad de presidente electo, Romo les dio todas las garantías a los inversionistas que la decisión final, sin importar los datos de esa medición, sería continuar la construcción. Para sorpresa de Romo y varios en el círculo cercano de López Obrador, la decisión fue que cancelaría la obra, y forzó a su consejero a sentarse junto al él en una conferencia de prensa donde dio a conocer el rumbo que seguiría.

En menos de 24 horas, Romo perdió credibilidad ante inversionistas y el sector privado. No representaba a López Obrador, ni estaba enterado de lo que iba a decidir, fue la conclusión. El consejero aguantó la humillación, pero el maltrato, de acuerdo con personas cercanas a él, no ha cesado. No es algo personal, habría que atajar, sino parte del estilo del Presidente. Por ejemplo, no ha intervenido en el creciente conflicto de Romo con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa -que también ya ha dado muestras de desgaste por razones similares-, generado por el propio presidente al no establecer con claridad las líneas de responsabilidad y mando, donde los dos se han venido cruzando y enfrentando. La decisión que muestra López Obrador en público al transmitir todas las mañanas que está al mando, se vuelven vacíos de autoridad y silencios cuando de ordenar a su equipo de trata.

El maltrato con Romo no es personal, en abono al Presidente. A veces parece hasta inopinada la forma como ni siquiera se da cuenta del daño que le hace a sus colaboradores, al Gobierno y a sí mismo. Públicamente ha desautorizado a la secretaria de Energía, Rocío Nahle; al de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú y, de manera sonora, en dos ocasiones muy importantes, porque se trata de inversionistas a quienes envía mensajes contradictorios, al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, a quien desmintió que se pospondría la cancelación de la refinería en Dos Bocas, y que se estaba evaluando imponer la tenencia a nivel federal.

Ninguno de ellos ha reaccionado. Herrera ya conoce de los descolones de López Obrador desde que trabajó con él en el Gobierno de la Ciudad de México, y parece no importarle su prestigio. Nahle nunca hubiera llegado a donde se encuentra, si la mano de López Obrador no la cuida y la impulsa hasta la cartera de Energía, donde por su incompetencia y falta de conocimiento, no habría habido ningún otro gobierno que le delegara tanta responsabilidad. Jiménez Espriú ha figurado en los gabinetes de López Obrador desde el primero que anunció en 2006, recuperado del retiro para servir como fusible y pararrayos, con el convencimiento total de que será incapaz de llevarle la contra a su jefe. Romo no está hecho del mismo material.

No se revelaron los detalles que llevaron a la decisión de renunciar, ni los argumentos del Presidente para rechazársela. El entorno económico, sin embargo, no es favorable al Gobierno, aunque López Obrador insista que la economía se encuentra saludable. Internamente, el Presidente sabe que el panorama económico está muy complicado, que se pondrá más difícil si se baja la calificación de Pemex, y que lo agrava el mal clima de inversión actual. La salida de Romo en este momento equivaldría a un mensaje que las fuerzas moderadas perdieron la batalla, y que el radicalismo en el equipo presidencial, ganó una partida que llevaría probablemente a una crisis económica.
06 Mayo 2019 04:00:00
Degradación social
La violencia contra políticos ha aumentado de manera dramática: 46% subió en el primer trimestre de 2019. El dato ha dejado de ser relevante. Hay tanta violencia y asesinatos todos los días que no importa uno más. Ya no son nombres, son números o, en el peor de los casos, apodos. Sólo cuando hay menores entre las víctimas se asoma la indignación y se reacciona.

Lo paradójico de estos datos compilados y analizados por la consultoría Etellekt, es que a diferencia del proceso electoral del año pasado, donde la variable del crimen organizado aparecía detrás de la mayoría de los asesinatos de los políticos, en el primer trimestre éste no es el factor, sino la lucha entre partidos y por los recursos presupuestales en los municipios más pobres. Es decir, estamos peor.

La degradación de la vida pública es lo que refleja el último estudio de Etellekt, cuyos datos fríos de sí, hablan de un país rumbo a la anomia. Los homicidios dolosos, que ha sido indebidamente tomados como referente del éxito o fracaso de la estrategia de seguridad del Gobierno, bajaron en el caso de los políticos 14% en relación con el primer trimestre de 2018, de 38% a 24%, pero la privación ilegal de la libertad o el secuestro (que no son lo mismo; por el segundo se pide rescate, por el primero no), subió 450%, y las intimidaciones y las amenazas, 192%. Dato importante también, el incremento en la violencia este año se focalizó en las mujeres, de 21 agresiones en el primer trimestre del año pasado, a 79 en este, que significa un crecimiento de 276%.

No hay un diagnóstico claro y concluyente sobre el cambio de fenómeno de violencia contra los políticos entre el proceso electoral del año pasado, donde no sólo el primero sino el segundo semestre tuvieron un crecimiento espiral en los indicadores de muertes, y lo que está sucediendo en este primer trimestre. El año pasado Etellekt registró que las entidades con mayor violencia política eran aquellas con la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, relacionadas en gran parte con acciones de la delincuencia organizada. Pero en el primer trimestre de 2019, la violencia está concentrada en estados con altos índices de pobreza y que tuvieron elecciones muy cerradas.

Estos datos sugieren la lucha no tanto por el control político de los municipios, sino de sus recursos presupuestales. Etellekt registró que el 62% de las 180 agresiones contra políticos se concentraron en Oaxaca (27), Veracruz (22), Puebla (14), San Luis Potosí (12), estado de México (15), Guerrero (12) y Guanajuato (11), quienes rebasaron la media nacional de agresiones por seis. La mayoría de los incidentes de violencia (47%) se dieron en contra de militantes de Morena, seguido lejanamente por militantes del PAN (14%), lo que se explica por el tsunami electoral producido por el candidato Andrés Manuel López Obrador, que llevó a cientos de sus simpatizantes a puestos de elección popular, rompiendo no sólo viejos controles territoriales y poderes caciquiles, sino generando envidias patológicas.

En el primer trimestre de 2018, recuerda Etellekt, el 17% de los políticos agredidos en el país eran de Morena, por lo que los datos del mismo periodo este año reflejan un incremento de 405% en la violencia contra morenistas, mientras que la que afectaba a priistas decreció 55%. Sin embargo, resaltó la consultoría, la tercera parte de las agresiones contra los morenistas fueron realizadas por militantes de Morena, lo que confirma una vieja premisa en la política, donde los conflictos internos en un partido se empiezan a acentuar y a agravar cuando las posibilidades de acceso al poder son reales. No obstante, de ese 62% mencionado, los incidentes se registraron en cinco de las siete entidades de mayor violencia, y el abanico de ataques se extendió de 10 entidades en el primer trimestre de 2018, a 22 en 2019.

El cambio en la demografía política del país aparece como una variable directamente asociada a esta reorientación de los objetivos de la violencia política, como se puede argumentar en el caso de las mujeres afectadas por el fenómeno. Aunque no hay suficiente información aún para descartar feminicidios, la violencia contra mujeres parece responder al avance en la paridad de género como resultado de las reformas electorales de 2013 y 2014, que llevó en números sin precedentes a mujeres a congresos estatales y cabildos. Esta inclusión igualitaria.

Resalta Etellekt, “ponen en riesgo el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales”.

La radiografía que proporciona la consultora, que se ha especializado en la medición de la violencia política, muestra un cuerpo enfermo y en algunos casos comenzando a apestar por la putrefacción. El 82% de los políticos asesinados en el primer trimestre eran opositores a los gobiernos estatales, y el 85% de las amenazas e intimidaciones fueron contra autoridades electas, particularmente y en orden de número de agresiones, alcaldes, regidores y diputados locales.

Una vez más se demuestra que la parte más vulnerable para la contención y el combate a la inseguridad, está a nivel municipal. Si no hay una estrategia que refuerce ese tercer nivel de autoridad, la anomia se va a convertir en una realidad extendida en el país. La otra variable, que no es nueva pero persiste de manera indómita, es la impunidad, que como ha sido en otros años, sigue siendo el puente comunicante con todo tipo de violencia, acentuado hoy por ambición de poder y de dinero. Pero sobre todo, por la falta de un sistema de procuración y administración de justicia. En síntesis, por la ausencia de un país de leyes.
03 Mayo 2019 03:55:00
El teflón se le acabó
La alineación de las estrellas cambió para el presidente Andrés Manuel López Obrador en las últimas dos semanas, aunque todas las mañanas, de manera inexorable, sale a dar la batalla contra todos. El viraje se dio con la matanza del 19 de abril en Minatitlán, donde su indiferencia inicial ante un evento de alto impacto en la opinión pública –un menor de un año fue una de las víctimas–, le generó una fuerte crítica que marcó una inflexión en términos de opinión pública, que hasta hace muy poco manejaba de manera positiva. Ese asesinato colectivo se sumó a las persistentes críticas por el aumento a la gasolina y la cancelación de las estancias infantiles, que ha transformado el ánimo de la gente que antes lo recibía efusivamente en donde llegara, a expresiones de molestia y reclamos que han hecho mella en el Presidente, mostrándolo cada vez más irritable ante las críticas.

La matanza de Minatitlán generó una intensa actividad en las redes sociales desde el día en que se supo de ella, pero el Presidente sólo se refirió a ella 48 horas después. El Índice GLAC registró entre el 19 y el 22 de abril 259 mil 86 menciones en las redes sociales y los medios de comunicación digitales, donde el 64% hacían responsable del asesinato a López Obrador, descalificando su respuesta ante la inseguridad y recriminándole no ofrecer el pésame a los familiares de las víctimas. La mañana del 20 de abril comenzó a aparecer el hashtag #AMLORENUNCIA, que fue tema de conversación durante más de cuatro horas, hasta que fue neutralizado por #AMLOElPuebloTeApoya. El primero contra el Presidente fue alimentado por 25% de bots -que es estándar-, pero el segundo tuvo que recurrir a 37% de bots, lo que habla de cuánto tuvieron que invertir en recursos los defensores del Presidente para acallar las críticas.

Las redes sociales son un pulso del ánimo de la gente, pero sus tendencias fueron gradualmente confirmadas por otros estudios. La encuesta de GEA-ISAde marzo sobre su gestión de gobierno, puso a la seguridad como el tema de mayor preocupación de los mexicanos (46%). La segunda de mayor interés fue el de la economía (35%), que al sumarse mostraron que dos de cada 10 mexicanos están enfocados únicamente en esos dos temas. Los indicadores de ambos muestran un deterioro agudo.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende del Gobierno federal y toma sus datos de todas las procuradurías y fiscalías del país, reportó que el primer trimestre de 2019 fue el más violento en la historia de México, desde que se tienen estadísticas -en 1996-, y fue 9% superior al primer trimestre de 2018. Esto da un promedio de 95 homicidios diarios, superior a lo que se ha registrado en Venezuela, que está sumido en el caos y la violencia, en el mismo periodo. El presidente López Obrador, sin embargo, niega los datos de su propio gobierno. En su conferencia de prensa de este jueves, dijo que los índices de violencia venían a la baja.

No hay ninguna evidencia de que esto sea cierto, salvo que juegue con las estadísticas. Por ejemplo, en marzo se registró una ligera baja en el índice de homicidios dolosos, pero con respecto al mes anterior, puesto que en el comparativo con el mismo periodo de 2018, seguía al alza. El manejo de las cifras puede ser engañoso, aunque se diga la verdad, como es este caso. López Obrador lo hizo previamente cuando semanas antes aseguró que la violencia se había contenido, al utilizar datos preliminares que después mostraron ser parciales. El manoseo de la estadística y la participación de funcionarios en diferentes oficinas ha llevado a fuertes contradicciones dentro del Gobierno. La peor, por evidente, en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se contradicen las cifras de incidencia delictiva. Ciertamente, el juego con los números y las frases no es algo inusual en el Presidente.

El comportamiento de la economía es otro de los fantasmas que combate prácticamente todos los días. Sin importar qué institución hable de un crecimiento a la baja, López Obrador la descalifica mediante el calificativo de “conservador” y de señalar a quien da a conocer su expectativa de crecimiento como parte de sus “adversarios” que quieren que le vaya “muy mal a su gobierno”. También minimiza con retórica pura. Por ejemplo, tras informar el Inegi el miércoles que el primer trimestrede este año había sido el peor desde la crisis financiera global de 2009 -de la que Europa aún no termina de salir-, dijo que la economía iba “requetebién”. Al comentar el reporte de El Financiero del subejercicioen el arranque de su gobierno, sobre la base de los datos de Hacienda, dijo que no era subejercicio, sino ahorros.

A menos que el presidente López Obrador sepa lo que nadie conoce en el mundo, las dos variables seguirán en caída afectando su gestión y su aprobación. La encuesta de GEA-ISA refleja un creciente rechazo al Presidente y dudas sobre su eficiencia. El 60% no lo creen capaz de gobernar y el 63% considera que no será capaz de resolver los problemas. Su aprobación general está en 64%, que sigue siendo muy alta, pero ya viene cayendo.

El teflón de López Obrador, que construyó desde hace unos 15 años cuando el presidente Vicente Fox lo quiso meter a la cárcel por una falta administrativa menor, se ha deteriorado rápidamente. Los síntomas en el país no pintan bien para su gobierno, y sus reflejos políticos, de fuga eterna hacia delante, no anticipan nada bueno para muchos. El verano y el otoño, se puede decir, lucen borrascosos.
02 Mayo 2019 03:28:00
El Cártel de los Soles
Detrás de la crisis venezolana y la sublevación que no obtuvo el objetivo inmediato que buscaban, porque recularon los principales altos mandos militares que aparentemente habían aceptado traicionar al presidente Nicolás Maduro a cambio que le garantizaran a él y a sus cercanos una salida honrosa, hay un factor que ayuda a entender por qué no se dio, cuando menos hasta ahora, la fractura esperada: el Cártel de los Soles. Así se llama a todos los militares y funcionarios del gobierno de Venezuela implicados en el narcotráfico, y se puede plantear como hipótesis de trabajo, que el entramado criminal dentro del aparato de Gobierno de Maduro, llevó a considerar a varios de sus leales que en las condiciones actuales, era mejor seguir cohesionados que divididos. Difícilmente una salida “con honor”, como se había planteado, podría darse con tantos leales a Maduro, denunciados y perseguidos por la justicia en Estados Unidos.

La variable criminal en Venezuela hace más difícil la solución negociada a la crisis que se vive, porque es un factor donde no hay concesiones. El Cártel de los Soles fue un término utilizado por primera vez en 1993, al darse a conocer que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramón Guillén, jefe la Unidad Antidrogas, financiada por la CIA, y su sucesor Orlando Hernández, eran investigados por tráfico de cocaína a Estados Unidos. Esta organización no es propiamente un cártel, porque no controla los medios de producción, distribución, comercialización, ni los precios de las drogas, sino que transportaba la cocaína de las FARC colombianas de Venezuela a Honduras y México, para ser transportada a Estados Unidos por el cártel del Pacífico, y a República Dominicana y Surinam, para ser enviada a Europa y África.

La estructura de mandos del Cártel de los Soles, explicó Brenda Fiegel, analista de inteligencia en la Oficina de Estudios Militares en el Fuerte Leavenworth, Kansas, en un artículo en Small Wars Journal, fundado por exinfantes de Marina de Estados Unidos, sólo comprende altos mandos militares y del Gobierno, en un modelo jerárquico híbrido, a diferencia de los cárteles mexicanos y colombianos, que tienen una estructura piramidal con un líder, jefes de plaza y lugartenientes, que tienen que invertir fuertes sumas de dinero y utilizar sus conexiones gubernamentales para evitar que los capturen. El Cártel de los Soles, agregó, son los militares y los funcionarios quienes manejan la organización, determinan las detenciones y crean leyes que los beneficien.

Fiegel señaló que el líder histórico de la organización es Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, aunque su poder es repartido de manera horizontal, a diferencia de los cárteles mexicanos y colombianos. Cabello, hombre cercanísimo a Maduro, es sólo la punta de la madeja. Una investigación de tres años realizada por la fundación InSight Crime, con sede en Washington, que fue dada a conocer el año pasado, encontró a 123 personas relacionadas con el Cártel de los Soles, de las cuales identificó a un puñado que incluía, además de Cabello, por asociación a la esposa de Maduro, Cilia Flores, cuyo hijo, Walter Jacobo Gavidia, y dos sobrinos están involucrados en el narcotráfico; Tareck El Aissami, vicepresidente para el Área Económica; el mayor general Nestor Reverol, actual ministro de Justicia; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del interior y de Justicia; y Henry Rangel Silva, gobernador de Trujillo y exjefe del Comando Estratégico del Ejército, entre otros.

Los nexos criminales abarcan al sector empresarial. La investigación de InSight Crime recordó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aplicó el Acta Kingping a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros para sancionar a siete personas, la mayoría empresarios, encabezados por el presidente de Globovisión, Raúl Antonio Gorrín, por su presunta vinculación con una red de corrupción en el que participó la extesorera, Claudia Díaz Guillén, donde le daban dólares a un tipo de cambio preferencial que generó ganancias legales por 2 mil 400 millones de dólares.

InSight Crime reveló que el narcotráfico se encontraba en cuando menos 12 instituciones, incluida la Vicepresidencia, la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Petróleos de Venezuela –hoy controlada por militares–, y siete ministerios. “El presidente Maduro, en lugar de hacer a un lado a los acusados de narcotráfico, los ha ascendido a los más altos cargos, quizás calculando que si el régimen cae ellos serán los que más tengan que perder y por consiguiente harán lo máximo posible para preservar al régimen, y a su cabeza”, afirmó InSight Crime. “Las figuras más influyentes del régimen bolivariano llevan ahora el estigma del narcotráfico en diversos grados”.

La crisis venezolana, en el segundo día de sublevación, estaba caracterizada por dos facetas. La primera, que comenzó con la asonada militar llamada Operación Libertad, tiene que ver con la narrativa de la victoria entre Maduro y el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidí. La otra, la de las negociaciones con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Rafael Hernández Dala, y con Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que no han sido señalados de vínculos con el narcotráfico.

Elliott Abrams, un halcón en política exterior y encargado especial de Estados Unidos para la crisis de Venezuela, confirmó a la agencia EFE que habían negociado romper con Maduro, pero que cuando llegó el momento de la acción no estuvieron dispuestos a hacerlo. En ese momento de definiciones, quienes le iban a dar la espalda a Maduro reevaluaron sus costos y pérdidas, y cerraron filas, cuando menos por ahora, con el Cártel de los Soles.

29 Abril 2019 03:23:00
Lo que sigue con Odebrecht
El presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a referir al caso Odebrecht y la corrupción en México. Dijo el sábado que se “metió hasta la cocina” en gobiernos anteriores y que incluso llegó a tener una sesión de su consejo de administración en Los Pinos. Uno supone que debe tener información sólida, como el que tenga en sus manos la agenda de actos y eventos en Los Pinos, que prueben su dicho, aunque a veces parece que la tiene sólo parcial, como al afirmar que se inhabilitaría al conglomerado brasileño de tener contratos con el Gobierno, lo que es un dato obsoleto, porque desde el Gobierno anterior hay 12 sanciones de inhabilitación, multas por más de 500 millones de pesos, y 10 procesos contra exfuncionarios y empresarios. El tema de Odebrecht, sin embargo, no salió de la nada ni fue un distractor.

En Minatitlán, donde abordó el tema, saben mucho de ello, al participar Odebrecht en trabajos dentro de la refinería llenos de irregularidades, que incluye un sobrecargo de alrededor de mil millones de pesos adicionales a lo que se había proyectado. El estilo de López Obrador no es directo y toma los caminos más largos para establecer un punto, o incorpora tantos enunciados y deja tantos cabos sueltos que a sus declaraciones hay que aplicarle una técnica de arqueología para conocer para dónde y el alcance de lo que afirma.

Por ejemplo, dijo: “Esas empresas corruptas del extranjero no van a tener posibilidades de participar en licitaciones. Ya saben ustedes que hasta gobiernos extranjeros intervenían a favor de esas empresas”. Su afirmación, aunque puede ser imprecisa, definitivamente tiene puntos de contacto con la tierra. En diciembre de 2016, días después de darse a conocer la corrupción de Odebrecht en 11 países, se publicó en este espacio: “Por años, los ejecutivos de Odebrecht hablaron con gobernadores en todo el país, y a través de la intermediación de Luis Inazio Lula da Silva, el expresidente que recibía sus favores y fuertes compensaciones económicas y materiales, obtuvieron citas al más alto nivel en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”.

La relación de Odebrecht con Peña Nieto ya era vieja. En 2010 viajó el entonces gobernador Peña Nieto a Sao Paulo para reunirse con el propietario de la empresa, Marcelo Odebrecht, y en octubre de 2011, como precandidato presidencial, platicaron en Toluca. A dos semanas de asumir la Presidencia se volvió a encontrar con él en Querétaro. Documentos de la fiscalía brasileña sobre la investigación de corrupción incluyen las minutas de un encuentro del director de Odebrecht Carlos Fadigas en 2012 –hoy testigo contra su vieja empresa–, donde afirmó: “Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI y del actual presidente Peña Nieto”. Fadigas habló con Peña Nieto ya instalado en la Presidencia, pero no se sabe aún si ese encuentro es del que habló López Obrador.

El acompañamiento de la campaña de Peña Nieto se diio por parte de la filial de Odebrecht, Braskem, que ganó la licitación para hacer trabajos en la refinería de Coatzacoalcos, cercana a Minatitlán y donde trabajaba la secretaria de Energía, Rocío Nahle y su esposo, y cuyo fundador es el suegro del actual secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, y de la cual es consejera –como él lo fue en algún tiempo–, su esposa. En la reconfiguración de la refinería en Minatitlán estuvo directamente Odebrecht, con otras tres empresas, y desde 2011 la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades. Entre ellas, un retraso de cinco años de la entrega de la obra y un incremento en sus costos de 66%. Una de las empresas que participaron en la obra fue Arendal, fundada en 1997, con sede en Monterrey, y su nombre no hay que olvidarlo.

Cuando inició el gobierno de Peña Nieto, Emilio Lozoya, director de Pemex, ratificó en su cargo como director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica (hoy llamado Pemex Transformación Industrial), a Alejandro Ramírez Sibaja, quien recibió la instrucción de su jefe, de acuerdo con exfuncionarios de Pemex y documentos de la fiscalía brasileña, de atender a los ejecutivos de Odebrecht. Ramírez Sibaja recomendó Arendal, junto con Odebrecht –a través de su filial TAG Pipelines– y la argentina Technit –seleccionada por el Gobierno de López Obrador para participar en la construcción de la refinería de Dos Bocas–, para que participaran en la construcción del tramo Los Ramones II Norte.

Al cese de Lozoya de Pemex, el nuevo director de la empresa, José Antonio González Anaya, realizó el primer despido de esa administración, el de Martínez Sibaja –oficialmente se manejó como jubilación adelantada–, quien poco tiempo después entró a trabajar en Arendal, hasta que salió de la empresa en 2016. Martínez Sibaja había sustituido en Pemex a Jordy Herrera, cuando el presidente Felipe Calderón lo nombró secretario de Energía. Herrera, como publicó Eje Central en junio de 2016, formaba parte del cártel del Gasen Pemex, al igual que Martínez Sibaja, una red de relaciones familiares y empresariales para controlar ese producto, donde las empresas vinculadas a Odebrecht jugaron un papel importante. Nunca se investigó en el gobierno de Peña Nieto los alcances de ese grupo, ni se determinó si actuaron dentro de la ley o incurrieron en iregularidades.

Odebrecht es un caso abierto en el cual puede comenzar a demostrar que de acusaciones no sólo se llena la boca, sino las cárceles.
 
Nota: El candidato al Gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, en réplica a la columna publicada el viernes pasado sobre su salud, rechazó que su campaña sea de gabinete, como se mencionó, y aseguró que realiza mítines multitudinarios con decenas de miles de asistentes. También negó que haya hecho declaraciones “indignas” sobre la muerte de la gobernadora Martha Éricka Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle, y que por el contrario, pidió guardar luto.
26 Abril 2019 03:07:00
La salud de Barbosa
El 2 de junio, los poblanos votarán por un nuevo gobernador en una elección extraordinaria. Miguel Barbosa, que contendió contra la panista Martha Érika Alonso el año pasado y perdió, se volvió a presentar como candidato tras tener palabras indignas cuando al morir junto con su esposo Rafael Moreno Valle en un incidente de helicóptero el 24 de diciembre, en lugar de dar el pésame a sus familiares como dicta la civilidad republicana, celebró sus muertes como si fuera justicia divina contra la corrupción.

En medio de críticas por su actitud, su segunda candidatura enfrentó una dura oposición interna y externa. Finalmente la venció, y la tozudez de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, para que así fuera, sólo se explica por la gratitud del presidente Andrés Manuel López Obrador con aquellos que lo apoyaron contra las adversidades, como hizo Barbosa en el Senado, cuando representaba al PRD.

Barbosa tiene allanado el camino legal para la Gubernatura, y la fuerza de López Obrador lo ubica en todas las encuestas como el probable ganador de la elección extraordinaria, con una ventaja cómoda de más de un dígito de diferencia. La campaña de Barbosa, como ha sido la del resto de los candidatos, ha carecido de mítines y eventos masivos, sustituidos por campañas de gabinete donde lucha sus batallas en los medios de comunicación. Esta peculiar forma de hacer campañas le ha beneficiado a Barbosa quien, si fuera un político honesto, no debería de estar compitiendo, por razones diferentes a su comportamiento político. Pero no puede ser gobernador, como apuntan las evidencias en la opinión pública, y jamás debería haberlo respaldado López Obrador por un problema serio de salud.

No hay honestidad pública, y lo impulsa la ambición. El neomorenista asegura que está en plenitud de salud, aunque cada vez que lo dice su voz refleja todo lo contrario. Concluir sobre algo tan subjetivo como la voz de una persona en un diagnóstico empírico de su salud es absurdo. Sin embargo, su salud es precaria. En 2013, por desatender su diabetes, estuvo en el umbral de la muerte. No le costó la vida, y su pérdida se redujo en ese momento al pie derecho, que le amputaron. Pero esa enfermedad sigue haciendo estragos en su salud. 

Esta situación lleva a considerar la viabilidad de Barbosa de cara a sus electores. ¿Es honesto que un político quiera un puesto de elección popular cuando su estado de salud probablemente le impedirá estar con sus facultades plenas para cumplir con el mandato de las urnas? En este espacio se ha tocado regularmente el estado de salud de los políticos. Durante la pasada campaña presidencial se habló de la salud de López Obrador como una variable a considerar por los electores, en el entendido de que nada de lo que tenía afectaría sus capacidades plenas para gobernar. 

Años antes se mencionó la salud del presidente Enrique Peña Nieto, de la maestra Elba Esther Gordillo, en sus años de gloria sindical, y de su adversaria, Josefina Vázquez Mota, entonces secretaria de Educación. En 2003, en este espacio se reveló que el presidente Vicente Fox tomaba el antidepresivo Prozac. Y cada vez que escribí sobre el tema, las reacciones fueron negativas. Pero la tesis central del porqué es un tema de interés público, se mantiene. En 2016, dentro de ese alegato recurrente, ejemplifiqué:

“El problema de ocultar una enfermedad a los electores puede llevar a situaciones como las que se vivieron en Rusia, cuando Boris Yeltsin buscó –con éxito– un segundo mandato y controló a la prensa para ocultar que tenía cáncer. Yeltsin, afecto también al alcohol, tuvo momentos difíciles por su comportamiento como jefe de Estado. Por ejemplo, durante una visita a Suecia, en 1997, tomó una copa de champaña que le generó un efecto secundario que lo llevó a comparar la cara del tenista Björn Borg con albóndigas. Por salud, Yeltsin tuvo que renunciar y dejó el cargo en manos de su primer ministro, Vladimir Putin, por quien no habían votado los rusos”. Este es el problema de fondo; llegan al poder quienes no fueron electos.

Dos años después de publicarse el Prozac de Fox, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública determinó que el expediente médico de un candidato o un gobernante debía mantenerse en privado y no era de interés público. A raíz de una solicitud de acceso a la información de Proceso en 2009 sobre el expediente médico del presidente Felipe Calderón tras fracturarse el hombro al caer de una bicicleta en 2008, la entonces comisionada presidente, Jacqueline Peschard, afirmó que los servidores públicos estaban protegidos en todos sus niveles.

En una entrevista con el semanario, agregó que “informar a la población sobre la salud del presidente podría ser importante, siempre y cuando lo permitan las normas. Si se hiciera de otra manera, advirtió, privilegiando el interés público sobre el marco legal, estaríamos invadiendo el terreno del derecho privado”.

Este criterio tiene que ser revisado, pero es cierto que es un terreno gris donde se cruza lo público con lo privado. Una forma de avanzar y madurar como sociedad sería que la divulgación de los expedientes médicos fueran de manera voluntaria, como un ejercicio de transparencia y responsabilidad ética y política. Siempre ha sido un tema difícil en sociedades políticas maduras, y será más complejo que avance en México. El caso de Barbosa, el más extremo en los tiempos de la transición y la democracia mexicana, es el mejor ejemplo del atraso que tenemos en la materia. Pero no podemos dejar de luchar contra la opacidad política, cuya deshonestidad afecta a los electores.
25 Abril 2019 03:27:00
La acusación de Trump
Donald Trump tiene en la mira a Andrés Manuel López Obrador, pero el Presidente mexicano dice que no caerá en la provocación. Es un insulto abierto del Presidente de Estados Unidos al especular venenosamente que el Ejército mexicano protege a los cárteles de la droga, pero López Obrador sigue con temor a enfrentarse a Trump, y trasladó su precaución a la frontera de lo pusilánime.

Las palabras del jefe de la Casa Blanca caen en un momento donde crecen las sospechas de que el Gobierno tiene un pacto no escrito con el cártel del Pacífico y su brazo armado, el Jalisco Nueva Generación, lo que brincó a la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional cuando le preguntaron ayer si negociaría con criminales para lograr la pacificación del país.

“Nosotros no vamos a negociar con ninguna banda, con ninguna organización dedicada a cometer ilícitos”, respondió López Obrador. “Se va a actuar con rectitud, con integridad. No va a haber componendas, está bien pintada la raya, la frontera entre delincuencia y la autoridad. No va a haber mescolanza, no va a haber contubernio y vamos a avanzar de esa manera. Esto también significa que no se va a perseguir a una banda para proteger a otra, como se llegó a hacer”. Este ping pong retórico no es gratuito. El lunes se reveló en este espacio que dentro del equipo de López Obrador han sugerido regresar al status quo de principio de los 80, donde un cártel domine el país y coadyuve en la pacificación.

Hay razones para conjeturar que, formal o informalmente, eso está sucediendo. A mediados de enero pasado, se publicó en este espacio que Miguel Ángel Treviño, el Z-40, jefe de Los Zetas y preso desde julio de 2013, aprovechó la oferta de amnistía a narcotraficantes que propuso en campaña López Obrador para enviarle un mensaje: reduciría en 50% la violencia en Nuevo Laredo, el tráfico de drogas, armas, el contrabando de migrantes y el robo de combustible, si al llegar a la Presidencia no lo extraditaba a Estados Unidos. No hubo tiempo de nada porque el 19 de julio salió de México extraditado. Durante la campaña, López Obrador fue detenido en dos retenes en el norte del país controlados por Los Zetas, pero lo dejaron pasar cuando lo identificaron.

Lo más notorio, sin embargo, es que en la cruzada contra el huachicol en Guanajuato, sólo se está persiguiendo al cártel de Santa Rosa de Lima, y nadie aparentemente de sus rivales, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los golpes a huachicoleros son en zonas controladas por Los Zetas o donde están enfrentados al cártel del Pacífico y su brazo armado. Coincidentalmente en este miércoles aciago para López Obrador en el tema del narcotráfico –cuyo combate renunció públicamente a hacer hace varias semanas–, apareció en Naucalpan una nueva narcomanta atribuida al jefe de los sinaloenses, Ismael “El Mayo” Zambada, que insiste sobre lo que se ha venido anunciando en todo el país por esa vía: “Comienza la limpia en el país regresa la vieja escuela”.

No hay ninguna evidencia que permita afirmar de la existencia de un pacto entre el gobierno de López Obrador con los cárteles de la droga, pero todas sus acciones y decisiones en materia de seguridad pública, los ha excluido del combate y sus líderes están exentos, por declaración presidencial, de persecución. La percepción popular de que existe tal vinculación, lo llevó este miércoles a negar que exista un pacto con las organizaciones criminales. La declaración se dio después de que apareciera tuit de Trump a las siete de la mañana, donde escribió: “Los soldados mexicanos recientemente sacaron sus armas a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica distractora para los narcotraficantes en nuestra frontera. ¡Mejor que no suceda otra vez! Estamos enviando soldados armados a la frontera”.

Trump ha hablado despectivamente del Ejército en varias ocasiones, aunque en el pasado los presidentes mexicanos respondieron a Trump o a otros funcionarios estadunidenses. No había sido tan contundente, sin embargo, acusándolo de proteger a narcotraficantes y ser parte de su estrategia. El tuit de Trump mezcló su molestia por las caravanas de inmigrantes y la insuficiencia que ve en su contención por parte del Gobierno mexicano, y a propósito de un incidente el 13 de abril, cuando soldados mexicanos detuvieron a punta de pistola a dos soldados estadunidenses en el Condado de El Paso, que fue interpretado por el Pentágono como una confusión.

El Presidente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hablaron ayer sobre el tema, pero sin tocar lo dicho por Trump sobre el Ejército mexicano. “Lo más importante es decirle que no vamos a pelearnos con el Gobierno de Estados Unidos”, dijo López Obrador. “Queremos una relación de respeto mutuo y de cooperación para el desarrollo, y que así como nos hemos venido entendiendo en estos meses, vamos a seguir actuando para mantener relaciones cordiales y de buena vecindad.

“Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Le digo al presidente Donald Trump que queremos mantener una relación respetuosa y de amistad con su gobierno, que vamos a analizar este incidente. Vamos a tomar en cuenta lo que está señalando y se va a actuar de conformidad con la ley, en el marco de nuestra soberanía”.

La acusación de Trump queda y la sospecha de un pacto con criminales se ha socializado. Al Presidente le urge más claridad en su deslinde de los cárteles, no sólo retórico. Combatir a los cárteles, no otorgándoles una carta de impunidad, como hasta ahora, es el camino.
24 Abril 2019 03:47:00
La medición incorrecta
Desde hace dos gobiernos, la definición de la victoria del combate al narcotráfico se ha regido por el número de homicidios dolosos. Si subían, se consideraba una derrota; si bajaban, una victoria. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue al extremo de presionar y forzar el despido de periodistas de medios que contaban los muertos de la lucha contra la delincuencia, porque así, pensaban, se reducirían el temor y la angustia social. Esa política de comunicación estalló, al demostrarse que esconder los muertos o manipular las cifras de homicidios dolosos no modificaba la realidad. Hoy, sin llegar a la censura de Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador está cayendo en un error similar: evaluar la estrategia de seguridad a partir del número de homicidios dolosos. Es un referente reduccionista y de valoración inversa: si baja la tasa en plazos cortos, es porque la lucha contra la delincuencia se perdió.

La suma de homicidios dolosos encuadrado en el contexto del combate al crimen crea percepciones equivocadas. México es considerado por muchos como una de las naciones más peligrosas del mundo, con cifras de muertos que rebasan los mínimos internacionales para determinar si una nación se encuentra en guerra civil. La realidad es que si bien los índices muestran una tendencia al alza –aunque en marzo el total de homicidios dolosos tuvo un mínimo decremento–, México no se encuentra en el rango de las naciones de alto riesgo, como son Afganistán y Siria. De hecho, se si ve el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, México se encuentra en el séptimo lugar latinoamericano, según la fundación InSight Crime, con 25.8 delitos de este tipo por cada 100 mil habitantes, en el mismo rango de Brasil y Colombia, pero muy debajo de Venezuela, que encabeza la lista, con una tasa de 81.4 por 100 mil habitantes.

Todo esto no significa que se magnifique el problema de seguridad, o que no sea un asunto delicado que se tiene que resolver. Es muy serio, cuesta miles de millones de pesos al año, y afecta a la población, en distinto grado y de manera creciente, lo que impacta a un conjunto de políticas públicas, en materia de salud e inversión, por ejemplo. Es el principal tema de preocupación de los mexicanos y el de mayor prioridad para López Obrador. Pero el interés en resolverlo no debe llevarlo a la trampa de cómo medir el éxito de su estrategia. Si de homicidios dolosos se trata, como se planteó ayer, de antemano se puede prever que el resultado será negativo.

La tasa de homicidios dolosos es un referente, pero no es el todo. En el gobierno de Peña Nieto, la presión sobre los medios ocultó ese indicador de la opinión pública hasta que cuando bajó la tasa, lo presumió. Pero en ese periodo de aproximadamente dos años, ¿qué sucedió? Se dejó de combatir a los cárteles, con lo que se fortaleció y expandió el Cártel del Pacífico, y creció su brazo armado, el Jalisco Nueva Generación. Los Zetas, que se habían quedado sin drogas, se diversificaron en el negocio criminal y restablecieron sus rutas de narcotráfico.

Al igual que ellos, los cárteles del Golfo y de Juárez volvieron a tener control territorial y reconstruyeron sus redes de protección institucional, lo que propició una vez más un estado fallido, si no nacional, sí regionalmente. En ese desorden conceptual sobre la estrategia de seguridad, ese gobierno armó a grupos paramilitares vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, para liquidara Los Caballeros Templarios, abriendo la posibilidad de que lo juzguen en tribunales internacionales por genocidio. También aplazó los exámenes de control de confianza, con lo que policías municipales vinculados al narcotráfico, como los de Iguala y de otros seis municipios relacionados a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pudieron operar bajo el manto criminal.

El éxito de una estrategia de seguridad no depende de la tasa de homicidios dolosos, ni tampoco, en el corto y mediano plazo, de la implementación de programas sociales o de tener más militares en las calles. Es mucho más que eso. Una estrategia necesita, y no es verdad de Perogrullo, una estrategia contra los delincuentes y un método para romper el ciclo de incidencia criminal que incluya la afectación de la producción, el financiamiento y la logística, de donde salen los recursos para comprar autoridades y jueces, reclutar periodistas o pagar para que los asesinen.

Una forma medible y comprobable de evaluar una estrategia incluye todos los indicadores de incidencia delictiva, pero también el número de hectáreas de cultivos de drogas erradicados, los volúmenes de exportación de drogas, el total de decomisos (por número y toneladas), el total de detenciones, o de sentencias condenatorias, por mencionar indicadores básicos para comparar resultados con otros periodos y conocer, con información y datos concretos, sobre los avances, retrocesos o empantanamiento. Si una estrategia real fracasa, seguirán subiendo los índices delictivos, como en la actualidad ante la ausencia de lucha al crimen, y las evaluaciones comparativas serán negativas. Si la violencia y los homicidios dolosos disminuyen sin haber estrategia, peor aún. Significará que por omisión o comisión, el Gobierno permitió que el cártel más poderoso aniquile a sus enemigos y aplique la Pax Narca, creando un narcoestado paralelo al Estado Mexicano.

Hay que cambiar la definición de la victoria. De esa forma ni el gobierno de López Obrador pagará por lo que no debe, ni engañará con el bálsamo existencial del “cochinero”, como afirma, le heredaron sus antecesores, ni sorprenderá con soluciones pragmáticas sugeridas en el pasado, negociar con un cártel la coadyuvancia en la pacificación.
23 Abril 2019 03:55:00
Los discursos no vencen criminales
Siempre, como líder social, candidato presidencial, presidente electo y presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador ha hecho el mismo diagnóstico sobre las razones que llevaron a la violencia. Una semana antes de asumir la Presidencia, afirmó ante las Fuerzas Armadas en el Campo Militar No. 1, que la inseguridad es producto de una “política económica antipopular y entreguista”, que repitió textualmente el domingo en Veracruz, a propósito de la matanza en Minatitlán. Igualmente ha reiterado la receta para acabar la violencia, atacando sus causas con programas de empleo y educación para los jóvenes, y tener en la Guardia Nacional la llave de la puerta de la pacificación del país.

Con los programas sociales, aclaró en su conferencia de prensa mañanera este lunes desde Veracruz, se permitirá “alejar a los jóvenes del mal camino. Con su atención se garantiza que no sean jalados por bandas del crimen organizado”. La Guardia Nacional, dijo, “permitirá tener un mayor control de las regiones donde se concentren y garantizarán la estabilización de la seguridad”. Todo esto arropado en que “ya no existe colusión entre gobiernos y grupos de delincuencia”. Está por verse, en el plazo de seis meses que él mismo estableció para que se empiecen a notar los resultados de su estrategia de seguridad.

¿Porqué está obsesionado con fijar plazos en temas tan volátiles como la seguridad? Sobre todo, ante su falta de claridad al respecto. En enero de 2018, López Obrador dijo que de llegar a la Presidencia, disminuiría la delincuencia “en muy poco tiempo”, dependiendo del crecimiento económico, la creación de empleos y la aplicación de los programas de desarrollo social. En diciembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que los primeros resultados positivos se darían en los primeros 180 días del Gobierno. En febrero matizó. Ya no sería en los primeros tres meses, sino en los primeros seis, donde habría “un punto de inflexión en la tendencia creciente”. En marzo se fue al otro extremo. Para terminar con la ola de inseguridad, dijo, se necesitarían 360 mil policías y un plazo de 100 años. El Presidente ya estableció una nueva fecha: no será en febrero, ni en mayo, como prometía Durazo, sino en octubre, 10 meses después de iniciado su gobierno.

De antemano, sobre la base de las experiencias, se puede adelantar que eso no sucederá, y que las variables señaladas por López Obrador no se cumplirán. En octubre pasado dijo que el 70% de la estrategia radicaba en atender las causas económicas, pero las expectativas de crecimiento no son promisorias y el empleo formal ha disminuido. Pero aún si esto, para efectos de argumentación, fuera superado, hay otros factores que sugieren que fracasará en sus tiempos. Uno es la estacionalidad. En muchos países los índices delincuenciales se elevan en verano por razones tan subjetivas, incluso, como el calor. Un factor objetivo es cómo bajar los índices si la estrategia no toca al crimen de manera reactiva, si no se concentra en la parte preventiva.

Esto es correcto, siempre y cuando también se modifiquen los incentivos contra delinquir. Se necesitaría que el ingreso de un empleo formal superara al ingreso que deja el negocio de las drogas, lo que se antoja imposible: un joven recluta de los zetas, empieza ganando casi 10 mil pesos por mes por el cobro de piso o de extorsiones. Si lo hace bien, lo entrenan dos meses y le dan una esquina para que venda droga y lo proveen de armas, con lo cual, si es exitoso, puede triplicar sus ganancias en seis meses. Visto económicamente, no hay forma de competir con un empleo formal.

Una manera de orillarlos a la legalidad es eliminar los incentivos de la vida criminal, que se daría atacando la impunidad. Sin embargo, la racional de López Obrador es que no se debe criminalizar a quienes menos tienen, por tanto, un narcomenudista no será perseguido. Bajo su lógica, Joaquín “El Chapo” Guzmán, que ha declarado ante el Ministerio Público ser agricultor, sería un hombre libre en México. Para el Presidente, ser pobre o percibirse pobre es salvoconducto para cualquier conducta criminal.

De cualquier forma, combatir la delincuencia per se, no es importante en su estrategia. López Obrador dijo en octubre que el 30% restante del modelo tenía que ver con lo coercitivo, “para que se actúe con eficacia”, lo que significa, si se le entiende bien, luchar contra la corrupción. Entonces, si un funcionario no es corrupto, como dice de quienes forman parte de la Cuarta Transformación, eso ya no existe. Ergo, la estrategia funcionará.

Los discursos de López Obrador se inscriben en una realidad que no comparten muchos de sus gobernados. Las principales diferencias estriban en la tensión de argumentos cristianos del alma buena de los criminales, frente a quienes pensamos que los discursos no persuaden ni doblegan delincuentes. El Presidente descalifica las visiones discordantes, pero pocas veces reflexiona sobre las críticas, y prácticamente nunca rectifica.

López Obrador está inmerso en el problema planteado por el filósofo David Hume en el Siglo XVIII sobre el ser y el deber, que lleva a una “falacia naturalista”, al confundir descripción con prescripción. Por ejemplo, la descripción es la violencia y la inseguridad, mientras que la prescripción es que con alternativas económicas los criminales debendejarán de delinquir; o es un nuevo régimen, por lo que ya no debeexistir colusión del Gobierno con delincuentes. Esta confusión, escribió Hume, es parte de la naturaleza humana, pero cuando se trata de la vida de las personas, una revisión objetiva del rumbo escogido, bien vale la pena.

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